TEXTOS: TERESA MONTAÑO/CORRESPONSAL teresa.montano@eluniversal.com.mx FOTO JORGE ALVARADO
El Universal
TOLUCA.— Ser adulto mayor, pobre, bisexual, gay, tener una discapacidad, no ser católico o sostener una ideología política de minoría en el estado de México, puede tener sus riesgos.
En suma ser distinto, por convicción o condición, podría acarrear consecuencias insospechadas, cuyo “castigo” en general será segregación, indiferencia, negligencia, rechazo, señalamiento social, violencia —en todas o alguna de sus formas— e intolerancia.
A menos de un mes de que la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado de México cumpla el tercer año de su entrada en vigor, las lagunas y omisiones del documento se extienden a la vida social de los mexiquenses más vulnerables de todo el territorio: mujeres, indígenas, pobres, analfabetas, gays, discapacitados, adultos mayores y portadores de VIH-sida, principalmente.
Lizandra Hernández, subdirectora de atención a grupos vulnerables de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), reconoció que no obstante los avances en el respeto a las libertades y derechos de los grupos minoritarios en el citado ordenamiento, no se ha logrado avanzar en un cambio de “actitud social” en el que las “supuestas” diferencias o creencias de “superioridad” que prevalecen en el inconsciente colectivo de los mexiquenses, se transformen en una mayor conciencia de la igualdad como seres humanos y de tolerancia hacia las diferencias.
Las historias
Antonina Hernández, mazahua de 71 años, resume en su humilde persona algunas de las condiciones que desatan las formas más comunes y agresivas de discriminación en la entidad, pues es indígena, adulto mayor, mujer, pobre en extremo, analfabeta e indigente.
No poder ingresar a algunos lugares públicos, incluyendo oficinas de gobierno y del propio Congreso local, donde pide limosna desde hace no menos de 10 años; no tener un ingreso mínimo para comer ni un lugar seguro donde dormir sin ser molestada; lidiar con policías, niños o señorasque la ahuyentan con groserías, trato indigno o inhumano, son sólo algunas de las situaciones con las que lidia a diario por “ser lo que es”.
Aunque lleva años “rodeando” oficinas del Palacio Legislativo, de palacio de gobierno, el ayuntamiento y hasta de la catedral de Toluca, no ha logrado, pese a tantos intentos, contactar a alguien, dice, para ingresar al programa del gobierno estatal en el que se entregan despensas mensuales a ancianos, lo que constituye “su máximo sueño”.
Dice que simplemente “no la ven”… no le hacen caso. Y es que según Antonina, ni siquiera cuenta con un acta de nacimiento que le permita demostrar a las autoridades que es ella… ¡Antonina! y que existe.
El programa operado por la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno mexiquense apoyó este año a 220 mil personas de 40 municipios con más de 200 millones de pesos en despensas mensuales en especie.
Elías, de 17 años, es un caso algo similar. Ser gay en el seno de una familia católica y tradicionalista, lo tiene en vilo. Su tragedia se desató hace un año, cuando decidió confiar a su madre su preferencia sexual. Después de tremenda paliza ha tenido que lidiar con el repudio de su propia familia, pues ahora hermanos, primos, tíos y hasta vecinos saben su situación y le aplican la “ley del hielo como castigo a su pecado”, dice.
Asegura que ni en la escuela lo dejan en paz, ya que para colmo su familia insiste en mantenerlo en un colegio dirigido por monjas, donde es sometido, a diferencia de sus compañeros, a maratónicas sesiones de rezos, “para expiar su falta y reconciliarse con Dios”, lo que él mismo, dice, será más fácil que alcanzar la aceptación en su propio hogar.
Juana Rodríguez de 39 años, es otro caso pero mucho más común. Lleva cinco años en interminables entradas y salidas a oficinas de la Procuraduría de Justicia, de la Defensoría de Oficio y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), intentando que el padre de sus tres hijos le pase una pensión alimenticia. La justicia en este caso no existe, advierte, primero porque es mujer, segundo porque es indígena y tercero porque es pobre y no cuenta con los recursos que requiere “para que me hagan caso”.
Lo que dice la ley
La ley estatal contra la discriminación aprobada el 26 de diciembre del 2006, promulgada el 17 de enero del 2007 y puesta en vigor el 18 de enero de ese mismo año, busca generar condiciones de igualdad, al margen de condiciones físicas, psicológicas, económicas, preferencias sexuales, religiosas, origen étnico, lenguaje, género e ideologías políticas.
El artículo segundo, de un total de 29, señala: corresponde a los organismos públicos autónomos, auxiliares y autoridades municipales “observar, regular, intervenir, salvaguardar y promover el goce y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales en condiciones de equidad e igualdad de las personas”.
Asimismo el artículo cuarto sujeta a los particulares que presten u ofrezcan servicios al público o presten servicios concesionados por el gobierno estatal o municipales, a evitar prácticas discriminatorias, lo que en teoría implicaría que transportistas, restauranteros, comerciantes, empresarios, industriales o cualquier otro negocio, servicio o establecimiento con permisos de autoridades municipales, estatales o federales, estarían obligados a no excluir a nadie.
Pero es en restaurantes, bares y tiendas departamentales, además de cines, donde hay más reportes de exclusión, algunos atendidos por la Codhem.
La Ley Contra la Discriminación, en su artículo 23, establece sanciones a los particulares que incurran en conductas de discriminación, las cuales pueden ir desde una sanción económica de 10 y hasta mil salarios mínimos vigentes, esto es desde casi 500 pesos hasta unos cuatro mil 800 pesos.
No sólo eso, en el caso de algunos negocios que restringen el acceso a indígenas —por ejemplo— ahora podrán hacerse acreedores a una clausura temporal o definitiva; la suspensión y hasta la revocación de permisos, licencias, autorizaciones o concesiones otorgadas por autoridades municipales o estatales.
No obstante estas sanciones, la Codhem no tiene antecedente de que alguna autoridad haya sido sancionada “específicamente” hasta el momento por discriminación . No hay estadística disponible al respecto, argumenta.
De hecho este año el organismo reporta sólo 73 quejas por discriminación y 147 durante todo 2008, mientras que en 2007, con la anterior administración, se reportaron más de 450 casos, principalmente por discriminación de niños en centros educativos.
Los grupos vulnerables
Lizandra Hernández, subdirectora de atención a grupos vulnerables de la Codhem, refirió que a nivel nacional, de acuerdo a una encuesta publicada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), los adultos mayores, como Antonina, representan el grupo más vulnerable en todo el país, mientras que a nivel estatal se observa una mayor incidencia de casos de discriminación en ancianos, personas con VIH-sida, con discapacidad y mujeres.
De acuerdo a la funcionaria, el pivote de la discriminación tiene orígenes diversos y está instalado en la creencia colectiva de “superioridad” y “distinción” de ciertos sectores.
Y es que algunos de estos colectivos creen que por ser mayoría, por su poder adquisitivo, vestimenta, creencias, educación o apariencia son especiales, mejores o “normales”, y excluyen todo lo diferente a ellos. Se trata en concreto de “prejuicios sociales” arraigados en nuestra idiosincrasia, señaló.
Ricardo Moreno, diputado de la fracción parlamentaria del PRD, quien destacó que hoy por hoy la pobreza, ligada a otros factores como la discapacidad, el analfabetismo o el hecho de “ser mujer” constituye uno de los rasgos propios de la discriminación en el Edomex.
El humanista y ex comisionado de los Derechos Humanos en el Estado de México, Jaime Almazán Delgado, aseguró que en la entidad se registran grandes grupos sensibles a la discriminación entre los que destacan alrededor de 4 millones de niñas y niños de hasta 14 años de edad; las mujeres en lo general y las indígenas en lo particular.
Lo mismo destacan los grupos con preferencias sexuales diferentes; grupos étnicos provenientes de otros estados; además de 590 mil adultos mayores; 190 mil discapacitados y cerca de 500 mil indígenas y miles y miles que integran las religiones minoritarias.
Por su parte el visitador general de la Codhem, Víctor Manuel Mhulia Mello, aseguró que al menos 20% de todas las quejas que recibe cada año el organismo, tiene que ver con actos discriminatorios contra personas identificadas dentro de los llamados “grupos vulnerables”.
Explicó que los actos discriminatorios se revelan cuando una persona es rechazada de un círculo, apartada o se le niega una atención o un servicio (en el caso de instituciones públicas), simplemente por su aspecto, condición, lengua, preferencia u orientación sexual, color de piel, grupo étnico, religión, lengua, sexo, condición física, edad, etcétera.
De acuerdo al especialista, el mayor número de este tipo de denuncias están referidas al sector educativo y destacó que si bien el organismo sanciona estas conductas, provenientes del sector público, es un hecho que es en el sector privado donde persiste más agresivamente este fenómeno.
Aseguró que incluso en estos casos la comisión también ha tratado de intervenir en ocasiones, sobre todo cuando indígenas, indigentes o ancianos son restringidos en su acceso a centros comerciales, cines o sitios “exclusivos”.
Ley perfectible
Por lo anterior el legislador estatal, Ricardo Moreno, consideró que la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Discriminación “es perfectible” como todos los ordenamientos vigentes.
Aseguró que la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local está dispuesta a revisar la legislación en la materia para perfeccionarla y complementarla o, si es necesario, crear las instancias necesarias para avanzar más rápidamente en la erradicación y sanción de todas las formas de discriminación.
