Posteado por: elobservadorcampechano | enero 13, 2009

EL REGRESO DE CARMEN ARISTEGUI A LA RADIO

CORTESÍA RESISTE ACAPULCO


Responses

  1. El regreso de Carmen Aristegui a la radio, 102.5 F. M., es trascendental como aportación cultural, periodística e informativa para poner los casos a discusión, análisis y participativos de la sociedad civil en su conjunto, sobre los asuntos más significativos en estos ámbitos, por lo que se perfila día a día, como paso importante en la Democracia, que los mexicanos (as) pedimos insistentemente por medio de aportaciones de denuncias por la vía penal (en mi caso concreto) en contra de servidores públicos que pretenden mantenerse impunes por los delitos en que incurren y que se tipifican como Abuso de Autoridad, Coalición de Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia; debido a la procuración de justicia de forma selectiva, que imparten ilegalmente y realizan, “autoridades” que están sometidas a consignas desde la cúpula de dichas Instituciones, fungiendo como servidores públicos de los órganos de procuración e impartición de justicia en nuestro País: MÉXICO, transgrediendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, violentando el orden social, económico, cultural, de trabajo y gubernamental, en los tres niveles de gobierno.

    MIL FELICIDADES NUEVAMENTE Y NUESTRO RECONOCIMIENTO A LA LABOR PERIODÍSTICA, DE CARMEN ARISTEGUI FLORES.

    Sinceramente:
    Norma Esperanza Falcón Ruiz.

  2. La Periodista Carmen Aristegui, se mantiene en un punto de resonancia de credibilidad, en el ámbito de la Comunicación Profesional, que desarrolla y lleva a efecto en sus participaciones de la prensa escrita y hablada, por sus opiniones, entrevistas, reflexiones e investigaciones, apoyada por un grupo de colaboradores, que conllevan un reflejo exacto de la realidad que estamos palpando día con día, en términos de gobernabilidad, de consistencia política en los tres poderes de la Unión, y lo relativo a la cultura e interpretación de los expertos en distintas materias, dignos de nuestro más sincero reconocimiento.

    Gracias por el impulso de Carmen Aristegui en temas delicados, que son llevados a la opinión pública con una claridad oportuna y efectiva para coadyuvar con grandes expositores de dichos asuntos, como es la pederastia, las muertas no únicamente en Ciudad Juárez, Chihuahua, sino en varios estados de la república, el secuestro, la imposición del gobierno de manera abrupta, ineficaz e irreflexiva, sobre las injusticias acaecidas en cientos de miles de trabajadores, como el caso más reciente del despido y cierre de Luz y Fuerza del Centro, que traerá sus graves consecuencias para el gobierno de la república.

    ENHORABUENA, CARMEN.
    Que continúen los éxitos.
    C o r d i a l m e n t e
    Norma Esperanza Falcón Ruiz

  3. Es de gran responsabilidad como mexicanos, (as) el hecho de estar comprobando y denunciando por medio de las participaciones que se nos dan a través de los medios de comunicación, referente a las consecuencias en que se perfilan las actuaciones de servidores públicos del ámbito federal, en cuanto a gobernabilidad, honestidad, profesionalismo, y amor a la patria, se trata.
    Por lo que, remito otro de mis señalamientos a la Periodista Carmen Aristegui, le envío mi análisis, mi expresión, mi comentario de éste día, jueves once de febrero del 2010, dos mil diez, señalamiento que presento por tratarse de las graves fallas del gobierno Calderonista, al continuar con sus discursos que en voz del panista César Nava, verdaderamente nos parece totalmente incongruente, el insisitir en hacer creer con sus “discursos” el querer atacar de fondo el empobrecimiento en que se encuentran millones de familias mexicanas, siendo que el Gobierno Federal, el Poder Ejecutivo que tiene a su cargo el Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, permite a granel, con toda impunidad, el que se roben las riquezas de nuestro suelo mexicano.
    DENUNCIO severamente, el que pretenda César Nava, dar atole con el dedo, exponiendo como tema principal de ataque a la pobreza, el programa oportunidades, cuando fortunas enteras se las están robando con el oro que están extrayendo de las minas que fueron localizadas recientemente en el Estado de Guerrero, beneficiándose directamente los canadienses, quienes con la anuencia del Gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, se están robando las riquezas del pueblo de México.

    ¿Cómo es posible que hablen de aliarse el Partido Acción Nacional, con el Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo, Convergencia, con éste descomunal ROBO de las riquezas del país?

    MÉXICO ES DE TODOS LOS MEXICANOS, NO SÓLO DE UNOS CUANTOS.
    Norma Esperanza Falcón Ruiz.
    E-mail: norma_efr7@yahoo.com.mx

  4. En cuanto se deslindan las responsabilidades en que incurren servidores públicos del ámbito federal, no hay por qué atrasar la aplicación del Estado de Derecho, por lo que en estos reclamos generalizados llegamos hasta el punto de inicio de donde se generan las indicaciones que deben ser de orden jurídico en un planteamiento de legalidad, de aprobación de restitución del daño que causan a la sociedad civil en su conjunto, los que deben ser el punto de partida en cumplimiento de sus obligaciones y compromisos tal como lo registra nuestra Carta Magan, para conjuntar los códigos, estatutos, y lo que indican las garantías individuales y sociales, en una realización de aprticipaciones oportunas de las autoridades, y en ese sentido, hago pública mi petición extra_urgente al Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, como Titular del Poder Ejecutivo Federal, que presento a detalle a continuación, de forma congruente, fundada y motivada:

    LICENCIADO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
    P R E S E N T E

    México, D. F., 23 de julio del dos mil diez
    ASUNTO: PETICIÓN EXTRA_URGENTE, EN RELACIÓN AL EXPEDIENTE 700/42899 Y LOS ACUMULADOS AL MISMO, DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

    > NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho, en este día miércoles veintitrés de julio del dos mil diez, en mi carácter de Ofendida, y también de Denunciante, con domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones, el que señalo de Calle 1 Pioquinto Roldán, Supermanzana 3, Manzana 7, Lote 4, Unidad Habitacional Vicente Guerrero, Delegación Iztapalapa, c.p. 09200, México, D. F., correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

    Una larga tradición de pensamiento, nos dice que los conflictos entre los seres humanos deben ser dirimidos a través de cauces previamente establecidos por aquello que algunos han comparado con la representación más clara de la racionalidad: el derecho.El asunto pudiera complicarse; pero no es así, porque el derecho es algo que atañe no solamente a los jueces, a los legisladores o a los abogados, sino algo que nos atañe a todos. El derecho es parte de la vida. Concierne, incumbe, afecta a todos los campos de la vida; pero además, el derecho es una herramienta poderosísima de cambio social.
    Cuando el Congreso sanciona una nueva ley, al mismo tiempo modifica la conducta de quien es sujeto de esa ley, lo cual significa que si la ley es regresiva, la conducta regulada será regresiva; pero si en cambio la ley es progresista obliga a las personas a modernizarse, a tomar actitudes diferentes. Como se ve, no sólo refleja la sociedad a quien regula, sino que también la cambia, la orienta, la transforma.

    > MOTIVACIÓN, de forma congruente y fundamentada conforme a derecho, sintetizando lo que se especifica en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 113 sobre las responsabilidades patrimoniales del Estado, que permiten apoyándome en nuestra Carta Magna, dentro de lo que establecen los artículos 8º, 17 y 20 Apartado B, fracción IV, exponer los puntos discordantes de acuerdo a mis peticiones por escrito que he hecho llegar a los Señores, Dr. Javier Laynez Potisek, Procurador Fiscal de la Federación, Ramón Ignacio Cabrera León, Director General de Investigaciones de delitos fiscales, financieros y diversos de la misma Institución, para ser resueltos sin demora, dentro de la canalización de lo que corresponde en base a una regulación permanente de lo que proporciona la funcionalidad de las Instituciones de México, en un parámetro de capacidades e instrumentos de confiabilidad, en que nos conduce la transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos.

    > CONCRETANDO: Señor Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, el asunto que le trato en mi presente escrito de petición urgente, coincide en un conglomerado de sustanciaciones de mis gestiones legales en mi carácter de Ofendida y también de Denunciante, que anexo en el presente ocurso, para una mayor comprensión, siendo que lo que solicito, es el obtener en mi carácter de ofendida, el cheque de pago de reparación de daños, respecto del Fraude Genérico cometido en mi perjuicio por los defraudadores de cuello blanco en Grupo Nacional Provincial, S. A., resultado de la revisión de expedientes (auditorías practicadas a Grupo Nacional Provincial, S.A., expedientes 730(09)112595 de la Dirección General de Seguros y Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, J-5216/2000 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en conjunto con lo que denuncio y ratifico por el delito de Fraude contra Grupo Nacional Provincial, S. A., en mis averiguaciones previas 2095/RN/98 y 1588/FESPLE/2000, de la Procuraduría General de la República, indagatorias acumuladas a la número UEDE/021/2007 de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República) que registro puntualmente en mis escritos que anexo y que le solicito sean analizados con la prontitud que este caso requiere, para concluir de manera satisfactoria en lo que legítimamente me corresponde obtener de la reparación de daños que vengo refiriendo.

    ENFATIZO:
    La justicia es la concepción que cada época y civilización tiene acerca del bien común. Es un valor determinado por la sociedad. Nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes. Es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones.

    Recordando su discurso señor Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, como Presidente de la República, sobre lo que debemos reconocer de lo que representa para los mexicanos (as) el año dos mil diez:“En el 2010 conmemoraremos también el Centenario del inicio de la Revolución, epopeya en la que los mexicanos reivindicamos el sufragio y las garantías individuales, además de los derechos sociales y la soberanía de la Nación sobre los bienes y recursos naturales. Estoy convencido de que la dignidad de una Nación se expresa en la forma en que se conoce, reconoce y respetan las ideas y los ideales. La forma en que se reconocen las obras y las hazañas de los antepasados individuales o colectivos. Conmemorar el nacimiento de una Nación es hacer vigente su pasado, es mantener viva la memoria, es tener presentes los valores sobre los cuales esa Nación se edificó: libertad, igualdad y justicia. El 2010 será, sin duda, tiempo de júbilo y alegría; en cada hogar, en cada escuela, en cada barrio o plaza pública viviremos intensamente el orgullo de ser mexicanos, el orgullo de provenir de ese pasado nuestro, rico en complejidad, dramatismo y gloria, pero celebraremos también el orgullo de nuestro futuro. Un orgullo que construiremos juntos, con la firme determinación de engrandecer cada día nuestra Patria, como fue el ideal de nuestros libertadores; porque finalmente la Patria es de todos, la Patria es para todos”.

    PUBLICACION: 14-06-2002.
    DECRETO por el que se aprueba el diverso por el que se modifica la denominación del Título Cuarto y se adiciona un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

    “LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 CONSTITUCIONAL, Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASI COMO LA MAYORIA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, D E C R E T A:

    SE APRUEBA EL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO CUARTO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTICULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

    ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica la denominación del Título Cuarto y se adiciona un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
    Título Cuarto. De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado.

    Artículo 113. ……….
    La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

    > ANEXOS EN COPIAS SIMPLES
    a).- Escrito de fecha 21 de julio del dos mil diez, correspondiente a la Denuncia para Juicio Político que presenta y ratifica NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ la Suscrita, el día de hoy viernes veintitrés de julio del dos mil diez en el Área Jurídica de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, conjuntamente con escrito de Petición de fecha 22 de junio del dos mil diez que dirijo al Señor Secretario de Hacienda y Crédito Público, Licenciado Ernesto Cordero Arroyo.

    b).- Escritos de fechas trece de enero, catorce de mayo, dos, doce y veintiuno de julio del dos mil diez.

    c).- Oficio de fecha veintiuno de julio del dos mil diez, 529-V-DGDFD-0571-2010, relacionado al expediente 700/42899 de la Procuraduría Fiscal de la Federación, que firma Ramón Ignacio Cabrera León, conjuntamente con anexo de ese oficio, número 529-V-DGDFORPI-04343, fechado once de diciembre del dos mil dos, en igual forma, respecto del expediente 700/42899 de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

    PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

    BENEFICIOS: INSTITUCIÓN / SOCIEDAD / USUARIOS ESPECÍFICOS

    “Se están estableciendo las bases para una mejor coadyuvancia en el control procesal de los asuntos que han sido materia de denuncias ante el Ministerio Público Federal, por posibles delitos tales como defraudación fiscal, contrabando, los que se realizan infringiendo leyes de carácter financiero, los cometidos por servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ejercicio de sus funciones, etc., logrando con ello que la sociedad tenga una mayor atención en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, lo que redundará en que con más ingresos el Gobierno Federal pueda atender los servicios públicos a favor de los gobernados”.

    POR LO EXPUESTO, ATENTAMENTE PIDO:

    ÚNICO: Se cerciore de la falta de cumplimiento al Artículo 20 Constitucional Apartado B, fracción IV, en que se ubican las autoridades de la Procuraduría Fiscal de la Federación que menciono en el presente ocurso, (PRETENDEN ROBAR MI CHEQUE DE REPARACIÓN DE DAÑOS DE 6 MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS, CON MOTIVO DEL FRAUDE GENÉRICO COMETIDO EN MI PERJUICIO CON TODAS LAS AGRAVANTES DE LA LEY, POR LOS DEFRAUDADORES DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.) en lo que me confiere en mi carácter de Ofendida y también de Denunciante, requiriendo Usted Señor Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, de acuerdo a sus facultades y atribuciones como Presidente de la República, el que den el trámite de la entrega de mi cheque del pago de reparación de daños tal como expongo y vengo refiriendo en mi presente escrito de petición, dándome, proporcionándome la confirmación al respecto de parte de la Dirección General de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, (con la verificación por parte de su personal de confianza de lo que denuncio de la falsificación de dicho documento), concluyendo éste asunto en una resolución con el contenido real, original, (no cambiado, falsificado por los Servidores Públicos Dr. Javier Laynez Potisek y Ramón Ignacio Cabrera León respectivamente, en el texto del oficio 529-V-DGDFD-0571-2010, precisamente, el Oficio que me entregan en la Procuraduría Fiscal de la Federación el día miércoles veintiuno de julio del dos mil diez), (se quedaron en la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el Oficio DGDFD-0571-2010 con el contenido original, el que me ocultan) por lo cual pido su pronta intervención.

    ARTICULO 87. EL PRESIDENTE, AL TOMAR POSESIÓN DE SU CARGO, PROTESTARÁ ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN O ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE, EN LOS RECESOS DE AQUEL, LA SIGUIENTE PROTESTA: “PROTESTO GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA QUE EL PUEBLO ME HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA UNIÓN, Y SI ASÍ NO LO HICIERE QUE LA NACION ME LO DEMANDE”.

    (MODIFICADO POR LA REIMPRESIÓN DE LA CONSTITUCIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 6 DE OCTUBRE DE 1986)

    TÍTULO PRIMERO. RESPONSABILIDAD PENAL
    CAPÍTULO I. REGLAS GENERALES SOBRE DELITOS Y RESPONSABILIDAD. Artículo 7o. Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente.

    POR UN MÉXICO LIBRE DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD,

    PROTESTO LO NECESARIO
    México, D. F., veintitrés de julio del dos mil diez.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ

    c.c.p. Licenciado Carlos Navarrete Ruiz Senador de la República. Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Para su conocimiento y pronta intervención.

  5. Otra de las reflexiones en el ámbito de la gobernabilidad y lo que corresponde al ataque contra la delincuencia organizada, que vale lampena considerar y valorar en toda su dimensión:
    Expediente Político.
    José Contreras
    “La declaración del presidente Felipe Calderón en el sentido de que se debe dar un debate sobre la legalización de las drogas en un marco de pluralidad es una buena noticia. Esta aceptación del debate representa un cambio en la postura inicial del gobierno encabezado por Calderón, de no aceptar ni siquiera que el tema fuera discutido.
    Es positivo que el gobierno federal no esté cerrado a la posibilidad de debatir la legalización de las drogas como una de las alternativas para combatir y desarticular al crimen organizado. Ayer, el empresario Eduardo Gallo, víctima de la delincuencia organizada y de la ineficacia del Estado para hacer justicia, planteó ante el presidente Calderón la legalización de las drogas como un plan B “ante el fracaso de la estrategia actual de lucha contra el narcotráfico”.
    Y aunque la legalización de las drogas no es la panacea, sí podría ser determinante para desarticular al crimen organizado, pues terminaría con un mercado ilícito multimillonario que genera violencia extrema.
    La estrategia actual del gobierno federal no ha arrojado los resultados esperados, como fue expuesto ayer durante el segundo día del Diálogo por la Seguridad. Evaluación y Fortalecimiento. No se puede hablar de buenos resultados cuando, de acuerdo con el director general del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, esta guerra ha dejado 28 mil muertos en lo que va del sexenio.
    Han sido detenidos decenas de narcotraficantes y han sido ubicados y eliminados importantes capos, como Arturo Beltrán Leyva y Nacho Coronel, > pero las mafias del crimen organizado siguen operando como si nada hubiera ocurrido, pues el gran negocio no ha sido tocado.
    Ayer, el presidente Felipe Calderón reconoció que muchas veces las instituciones del Estado operan sin reflexión y análisis ante la premura de actuar cuando la gente es víctima de extorsión, secuestro, asesinato o violencia. El momento de la reflexión y del análisis ha llegado y qué saludable que llegue con la disposición del presidente de la república para que se someta a debate el tema de la legalización de las drogas”.

    OPINIÓN DE NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.
    Por supuesto que es correcta la dirección tomada por el Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la República Mexicana, iniciada de forma preponderante ante las circunstancias, los hechos, los resultados en un sinfín de consecuencias por lo que ocurre de muertes de ciudadanos inocentes de lo que comprende la guerra contra el narcotráfico, delincuencia organizada y demás.
    Entendiendo, comprendiendo a fondo lo que da a conocer en una entrevista radiofónica, Edgardo Buscaglia:

    “La esencia de la delincuencia organizada son los empresarios y los políticos que forman parte estructural de estos grupos criminales, no el pistolero que se reemplaza en cuestión de días”
    ENFATIZANDO:
    Los conocimientos de los prestigiados Académicos, Investigadores, Periodistas, analistas en este tema, deben ponerse sobre las mesas del debate propuesto para la legalización de las drogas.
    No se trata de ver quien es el que más sobresale, se define así, una situación que es responsabilidad del gobierno federal y de la sociedad civil en su conjunto, para poner en práctica el principio fundamental que nos identifica como mexicanos (as) en acción, defendiendo los derechos de nuestra nacionalidad, ejemplificando los escenarios de los más cruentos ataques sin resultados, acorde a lo que se creyó en un bien para la seguridad, legalidad y de la justicia.
    ¡ENHORABUENA!
    Con mis mejores deseos,
    Norma Esperanza Falcón Ruiz.
    E-mail: norma_efr7@hotmail.com
    .

    • Saludos me interesaria platicar con usted sobre un asunto con GNP por seguros de linea prisma, parece que el fraude va mas alla de lo que usted reclama pero me gustaria charlar con usted saludos y gracias.

      • Señor Javier Montalvo Nava, estoy a sus órdenes.
        Por favor darme a conocer a través de mi correo electrónico norma_efr7@yahoo.com.mx día, lugar y hora para que podamos entrevistamos personalmente. Radico en la Ciudad de México.

        MIL GRACIAS, por estar en la misma línea de acciones legales, que puedan favorecer a las distintas denuncias de la sociedad que pide, que reclama insistemente justicia, con el derecho que les asiste como mexicanos (as).

  6. No he recibido el mensaje del Señor Javier Montalvo Nava para entrevistarnos, tal como le hice saber este medio el dìa 28 de Septiembre del dos mil diez. Estoy revisando mi correo electrónico norma_efr7@yahoo.com.mx y no encuentro la respuesta del Señor Javier Montalvo Nava.

    Lo hago presente por Internet, para evitar confusiones al respecto, siendo que no he recibido la respuesta, por lo que dejo aclarado este punto a la opiniòn pública.
    Norma Esperanza Falcón Ruiz.

  7. A TODA LA OPINIÓN PÚBLICA:

    Es de imaginarse el que se concreta por la falta de comunicación del Señor Javier Montalvo Nava, quien pidió por este medio, tener una entrevista con NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita, lo que resulta que se trata de algún integrante de la parte contraria en relación de mi asunto legal que doy a conocer por este medio, pues es tanta la urgencia de que obtengan la trampa preparada para que al cabo de los días, si le sucede algún “accidente” a NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ la Suscrita, tengan los corruptos en sus manos una información fraudulenta, supuesto que no he recibido ninguna comunicación en mi correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx del supuesto Javier Montavo Nava, por lo que advierto que dicho nombre es fantasma y no daré ninguna oportunidad a los contrarios para que inventen mentiras.

    Todo cae por su propio peso.
    Norma Esperanza Falcón Ruiz

  8. Lo dicho, la comprobación de lo que denuncia Norma Esperanza Falcón Ruiz, (la suscrita) con pruebas documentales públicas, periciales y testimoniales por lo que con toda severidad pongo de manifiesto, LO DENUNCIO por este medio con motivo del FRAUDE GENÉRICO cometido en mi perjuicio con premeditación, alevosía y ventaja por los autores materiales e intelectuales de dicho delito en Grupo Nacional Provincial, S.A., lleva las consecuencias legales por lo que están siendo requeridos en el H. Congreso de la Unión los servidores públicos que encubren a los que delinquen y por lo mismo, se hacen cómplices delictivos de Martha Sahagún Jiménez de Fox, (delitos conexos) la autora intelectual del delito de Suplantación de mi Persona, Falsificación de Documentos, Tráfico de Influencias, Falsedad de Declaraciones, Cohecho, que conlleva la red de corrupción e impunidad en el sistema de procuración e impartición de Justicia en México, obstruyendo la justicia con la finalidad de intentar el ROBO de mi cheque de pago de reparación de daños.

    En estas acciones, intentan los defraudadores de Grupo Nacional Provincial, S. A., provocarme un “accidente” que me prive de la vida, tal como comprobé hace unas horas el día de hoy jueves 25 de noviembre del 2010 al salir del edificio donde vivo aquí, en la ciudad de México, D. F., plantándose a pocos metros del edificio dos vehículos de GNP que conducen los ajustadores de dicha empresa pero sin haber ocurrido ningún siniestro ni nada por el estilo. Es decir, estaban preparados para que según ellos, al cruzar la calle Norma Esperanza Falcón Ruiz, (la suscrita) me atropellaran; me di cuenta al ver que en dichos vehículos se encuentran los conductores que se llevaron el desaliento de que no crucé la calle sino por el contrario continué por la acera hasta cruzar del lado contrario en que se encontraban estacionados los automóviles de Grupo Nacional Provincial, S. A.

    Los que delinquen son responsables de las consecuencias que sus actos delictivos producen y van a pagar de acuerdo a la magnitud del daño que causan.
    Nada ni nadie por encima o fuera de la ley.
    Norma Esperanza Falcón Ruiz

  9. Es de todo interés de la opinión pública, enumerar los errores en que incurren en la Radiodifusora 102.5 FM, a través de justificaciones erradas, anulando de forma improcedente, a CARMEN ARISTEGUI FLORES, en la conducción de noticias y entrevistas, de su programa matutino de noticias de lunes a viernes, nos referimos específicamente de la participación de una Periodista Calificada, honesta, clara, objetiva, sencilla, y muy profesional, en una apertura plural y participativa de la sociedad, de manera conjunta, por lo que expongo lo siguiente, de manera congruente, fundada y motivada:

    MÉXICO, D.F., 7 DE FEBRERO (APRO).- “La periodista Carmen Aristegui ya no conduce la primera emisión de MVS Noticias. En su lugar apareció esta mañana el conductor Luis Cárdenas. La salida de Aristegui fue confirmada ayer domingo en twitter por su colaboradora Kirén Miret quien escribió: “Supongo que (Carmen) lo explicará cuando lo considere pertinente”. En la página web de la empresa fue retirada toda mención a Carmen Aristegui. Se mantienen solamente los anuncios de la segunda y tercera emisión de noticias que conducen Luis Cárdenas y Ezra Shabot.

    De acuerdo con la periodista Lydia Cacho, el despido de Aristegui habría sido por negarse a leer al aire una carta de disculpa escrita directamente en Los Pinos luego de solicitar a Los Pinos contestara oficialmente si Felipe Calderón tenía o no un problema de alcoholismo. De acuerdo con mensajes en Twitter de Lydia Cacho, integrantes del staff de Carmen Aristegui habrían confirmado esta versión. “Me confirma staff de #Aristegui. Presidencia exigió que Carmen leyera carta de disculpa a Calderón. Vargas se dobló Carmen NO”, escribió Cacho en Twitter.
    El viernes pasado Aristegui comentó al aire la nota sobre la manta que legisladores del PT exhibieron en la Cámara de Diputados y en la que aludían al presunto alcoholismo del presidente Felipe Calderón. En su comentario de ese día, la periodista dijo: “No es la primera vez que se habla de este tema, de un presunto alcoholismo de Felipe Calderón. Si usted es usuario de las redes sociales –por ejemplo–, pues en ese circuito de comunicación de la sociedad mexicana es frecuente ver expresiones que aluden a esa circunstancia que no podemos corroborar (…) “Debería realmente la propia Presidencia de la República dar una respuesta clara, nítida, formal al respecto. No hay nada de ofensivo –me parece– cuando alguien, si es que fuera el caso, atravesara por un problema de esta naturaleza (…) “¿Tiene o no Felipe Calderón problemas de alcoholismo? Esto merece, insisto, una respuesta seria, formal y oficial de la propia Presidencia de la República.” El retiro de Aristegui del noticiero MVS ocurre cuando a esa empresa no se le han renovado las concesiones de sus estaciones”.

    “¡Carmen sí, Felipe no!” gritan frente a MVS

    JENARO VILLAMIL

    MÉXICO, D.F., 7 DE FEBRERO (APRO).- “Un centenar de personas participaron en un plantón de protesta por el despido de la periodista Carmen Aristegui, a las puertas de MVS Radio, en la avenida Mariano Escobedo, con consignas como “¡Carmen sí, Felipe no!” y portando cartulinas con el lema “MVS: Aristegui, ¿por renovación de la concesión?”.
    La protesta que se prolongó por tres horas recibió el apoyo de los automovilistas que pasaban por la avenida de la colonia Polanco y tocaban el claxon en señal de protesta. Decenas de manifestantes portaban tapabocas con dibujos de cierre, en señal de censura. Otros expresaban su malestar con otros símbolos de mordaza y cartelones de la campaña “¡Ya Basta de Sangre!”. Los gritos de “¡boicot, boicot!” a la empresa MVS se generalizaron después de la participación de varios radioescuchas que subrayaron que el noticiario de Carmen Aristegui era el de mayor credibilidad. Otros gritos fueron “¡Carmen sí, fascismo no!”.
    En el plantón desplegaron la misma manta que generó el escándalo el jueves 3 de febrero, en el recinto de San Lázaro. En ella se observa al presidente Felipe Calderón con la mirada extraviada, en medio de varias copas de licor.
    “¡Extra, extra! Borracho atropella a periodista Carmen Aristegui!”, gritaba una de las manifestantes con ganas de ironizar el reciente episodio de censura durante el sexenio de Felipe Calderón.
    COMUNICADO DE MVS Simultáneamente a la manifestación, la empresa MVS distribuyó un comunicado que explicó de esta manera la abrupta salida de Aristegui: “El pasado viernes 4 de febrero, la periodista Carmen Aristegui dio por válida una presunción, transgrediendo nuestro código de ética y al negarse a ofrecer, como lo solicitó la empresa, una disculpa pública, decidimos dar por terminada nuestra relación cntractual”. En la página web de MVS desapareció la foto de Aristegui, conductora de la emisión matutina de 6:00 a 10:00 am que durante los últimos meses se mantuvo en el primer lugar de preferencia de la audiencia en la zona metropolitana. PRESIDENCIA NO INTERVINO EN CESE DE ARISTEGUI: ALEJANDRA SOTA La vocera Alejandra Sota detalló que el fin de semana, la empresa multimedia le informó a la Presidencia de su decisión.
    La funcionaria de Los Pinos dijo a CNN: “No interferimos en lo absoluto para que MVS tomara la decisión que tomó. Es una decisión que tomó la empresa y nos la comunicaron una vez que fue tomada. Durante el fin de semana ejecutivos de MVS confirmaron su decisión de terminar el contrato laboral con Aristegui por haber incumplido el código de ética que había firmado con la empresa”. CNN en español difunde de lunes a viernes un programa nocturno con Carmen Aristegui”.
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    REFLEXIÓN: Crítica constructiva: Se puede definir como todo aquel discernimiento que solemos realizar, con el objetivo de ayudar a los demás. Se la considera como una actitud madura, responsable y llena de respeto hacia quienes esta dirigida.
    Su valor se funda básicamente en el propósito de lograr un cambio favorable que beneficie a cada una de las personas involucradas en determinadas circunstancias, en sentido de colaboración y respeto fundamentalmente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a veces corremos el riesgo de sujetarnos a este único punto de vista, sin tener presente cuales son verdaderamente las necesidades de los demás.
    Ejemplo: Expresión de la Periodista Carmen Aristegui: “El viernes pasado(4defebrero del 20011) Aristegui comentó al aire la nota sobre la manta que legisladores del PT exhibieron en la Cámara de Diputados y en la que aludían al presunto alcoholismo del presidente Felipe Calderón. En su comentario de ese día, la periodista dijo: “No es la primera vez que se habla de este tema, de un presunto alcoholismo de Felipe Calderón. Si usted es usuario de las redes sociales (por ejemplo), pues en ese circuito de comunicación de la sociedad mexicana es frecuente ver expresiones que aluden a esa circunstancia que no podemos corroborar (…) “Debería realmente la propia Presidencia de la República dar una respuesta clara, nítida, formal al respecto. No hay nada de ofensivo –me parece– cuando alguien, si es que fuera el caso, atravesara por un problema de esta naturaleza (…) “¿Tiene o no Felipe Calderón problemas de alcoholismo? Esto merece, insisto, una respuesta seria, formal y oficial de la propia Presidencia de la República.” El retiro de Aristegui del noticiero MVS ocurre cuando a esa empresa no se le han renovado las concesiones de sus estaciones”.
    Es por ello, que esta actitud de criticar constructivamente desarrolla valores muy importantes como lo son la lealtad, honestidad, sencillez, respeto y la amistad. Siempre debemos dejarle en claro al receptor de que nuestra intencionalidad es criticar para construir y de esa manera cambiar y mejorar nuestra forma de vida. Todo ello evitará malos entendidos y una mejor predisposición del sujeto a recibirlo.
    Por lo general, nos ocurre que manifestamos inconformidad casi de todo, lo que tiende a realizar una crítica en forma de oposición y rechazo a todo aquello que nos disgusta; es decir hablamos sin fundamentos como simples autoridades competentes. Y por lo tanto son pocas las veces que realizamos un juicio objetivo y valiente sobre nuestro comportamiento y modo de pensar.
    Las críticas que realizamos son porque no nos gusta la forma en la que se trabaja en el ámbito diario en el que nos encontramos, calificamos negativamente a nuestros colegas, señalando sus defectos, costumbres y hábitos de nuestros conocidos y amigos, nos enfurecemos cuando en casa las cosas no se hacen a nuestro antojo.
    Sin embargo, todas ellas son críticas duras y severas hacia personas que conocemos y lugares al que concurrirnos. La cuestión sería preguntarnos si todas estas opiniones negativas son favorables o constructivas en algo.
    No debemos olvidarnos que las actitudes honestas, leales y sencillas; determinan que nuestras críticas adquieran valor. Si hay determinadas cosas que nos incomodan, la acción más acertada es acercarnos a los interesados y expresarles abiertamente nuestro punto de vista, logrando que ellos dispongan de su escucha y obtengamos un resultado provechoso para todos.

    Carmen Aristegui como toda una profesionista de la comunicación, con capacidad de análisis, congruente del decir con el pensar y el hacer, y con la madurez que genera sus experiencias, es doblemente auténtica aclarando su ética y honestidad a toda prueba para con sus radioescuchas y teleespectadores, miles y miles de personas que participan con sus opiniones al igual que Analistas Reconocidos, Periodistas, Intelectuales y de la sociedad civil en su conjunto, con lo que es fácil de deducir, se sobreentiende dentro del desarrollo de su actividad periodística, el que trata de aclarar: Viernes, lo que se registra: 18 de Noviembre de 2005.
    Código de Ética de la Presidencia de la República.

    . BIEN COMÚN

    Declaración del valor: “Asumo un compromiso irrenunciable con el bien común, que se refiere al bien de todos, sobre mis intereses particulares. Entiendo que el servicio público es patrimonio de todos los mexicanos y de todas las mexicanas y por tanto procuraré, el bien común por encima de los intereses particulares

    “El Código de Ética del Gobierno Federal y el Código de Conducta de Presidencia de la República forman parte de las actividades del Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción (POTCC), de la Secretaría de la Función Pública y que Presidencia de la República está comprometida a cumplir”.

    INTEGRIDAD
    Declaración de valor: “Ceñiré mi conducta pública y privada de modo tal que mis acciones y palabras sean honestas y dignas de credibilidad, para fomentar así, una cultura de confianza y de verdad”; es decir, una situación que prevalece públicamente dentro de un marco de pronunciamientos de Legisladores del H. Congreso de la Unión; con lo cual, se determina como una reflexión y de antemano se conjugan los factores de credibilidad, de confianza y de la verdadera democracia.

    RENDICIÓN DE CUENTAS

    Declaración de valor: “Convencido de que la sociedad tiene derecho a conocer el resultado de mis acciones como Servidor Público, entiendo mi responsabilidad de informar y presentar cuentas claras de mi trabajo a la ciudadanía”.

    EN CONCRETO:
    Ser autocríticos, es evaluar con sencillez y valentía nuestro modo de ser, para concretar finalmente los propósitos que nos ejerciten el verdadero valor de la crítica constructiva. Por ejemplo; escuchar y preguntar a las personas tratando de evaluar cada situación que se presenta, para obtener los elementos que formaran un juicio correcto y acertado para la misma”.
    Norma Esperanza Falcón Ruiz.
    E-mail: norma_efr7@hotmail.com

    Además, lo que también indica el Código de Ética y de Conducta de la Presidencia de la República:

    RESPETO.- Declaración de valor: “Respetaré sin excepción alguna la dignidad de la persona humana, los derechos y libertades (libertad de expresión) que le son inherentes, siempre con trato amable y tolerancia para todos y todas las mexicanas”.

    LIDERAZGO.- Declaración de valor: “Promoveré y apoyaré estos compromisos con mi ejemplo personal, siguiendo los principios morales que son base y sustento de una sociedad exitosa en una patria ordenada”.

    POR LO QUE OPINO: El Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, en un acto de compromisos adquiridos en su gestión de Presidente de la República Mexicana, debe cumplir: ACTITUD CONSTRUCTIVA, como lo señala el Código de Conducta de la misma Presidencia de la República:

    “Tener una actitud constructiva, considerando siempre una sólida cultura ética y de servicio a la sociedad, durante mi desempeño en el cargo público”. Dicho de otra manera, el Licenciado Felipe Calderón Hinojosa debe plantear estas consideraciones a los directivos de MVS, y procurar con su participación el que la Periodista Carmen Aristegui continúe con su programa matutino de noticias en dicha Radiodifusora 102.FM del cuadrante de la radio, como un Presidente que sabe examinar una verdadera expresión periodística que engrandece el ámbito cultural, redoblando el esfuerzo de conquistar los más altos objetivos que pongan muy en alto el nombre de México y los Mexicanos (as).
    Sinceramente,
    Norma Esperanza Falcón Ruiz.

  10. Considero de interés para la opinión pública la siguiente información que está en los medios de la prensa escrita y hablada, por lo que debemos participar en un espacio que consultan millones de mexicanos (as)

    Padierna rechaza alianza; Bravo Mena se asume candidato
    La Redacción
    MÉXICO, D.F., 28 de marzo (apro).- El resultado de la consulta ciudadana en el estado de México provocó reacciones contrapuestas entre dirigentes y líderes del PAN y PRD; Dolores Padierna, secretaria general del sol azteca, rechazó la votación a favor de la coalición e insistió que el candidato debe ser Alejandro Encinas.
    Aparte, Luis Felipe Bravo Mena, quien ha sido perfilado como posible abanderado de la alianza, urgió a que esta semana se defina el abanderado.
    “No va a haber alianza con el PAN. Los perredistas no vamos a ir a hacerle el juego ni a Felipe Calderón ni a los suyos. Esa estrategia es para que gane el PAN la Presidencia. No van a ganar el estado de México porque están bajísimos, porque no tienen candidato, porque están anclados hacia abajo, están en picada”, arremetió Padierna.
    En tanto, Bravo Mena adelantó: “Estoy listo para ser el candidato de la alianza, para ser el candidato de todos los mexiquenses que queremos cambiar las cosas en nuestro Estado y que queremos tener una vida mucho mejor, con calidad, con seguridad y con justicia social”.
    Alejandro Encinas Rodríguez anticipó que rechazará participar en la alianza con el PAN:
    “Estoy convencido de que la alianza que necesitamos apuntalar es entre las fuerzas de izquierda, con quienes podemos derrotar a nuestros oponentes como en otras ocasiones”.
    Reflexión: Es para que se discuta en el pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, y en los H. Congresos de los Estados de la República, dado que los integrantes de los partidos expuestos a la consulta ciudadana en el Estado de México, deben cotejar dicho “resultado” de dicha consulta ciudadana con los integrantes del Partido del PAN, que establecen distintos conceptos dentro de lo que se refieren como protagonistas “Del bien común”? ¿De defender los intereses de los más necesitados? De no importarles que la construcción de las refinerías se las otorguen a la iniciativa privada tanto nacional como del extranjero, habiéndose comprobado el desvío de fortunas del dinero de los mexicanos, dentro de lo que marca el Presupuesto Federal que se aprueba año con año en el H. Congreso de la Unión y que nadie pida cuentas para que regresen esas partidas multimillonarias; existe en fondo el dinero suficiente para que las refinerías sean propiedad de la Empresa de PEMEX, con dinero del pueblo y para beneficio de todos los mexicanos, no sólo de unos cuantos.
    Se impondrá la razón, la verdad y el derecho.
    Norma Esperanza Falcón Ruiz.

  11. C. SALVADOR VEGA CASILLAS.
    SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
    PRESENTE.

    México, D. F., 5 de abril del 2011.

     ASUNTO: PETICIÓN URGENTE DE NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA, EN MI CARÁCTER DE OFENDIDA. EXPEDIENTE JAG97/2010 DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS. DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA JURÍDICO CONTENCIOSA. DIRECCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho en mi carácter de Ofendida, con domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones, en Calle 3 No. 118, Colonia General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15000, México, D. F., correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

    ARTÍCULO 108. PARA LOS EFECTOS DE LAS RESPONSABILIDADES A QUE ALUDE ESTE TÍTULO SE REPUTARÁN COMO SERVIDORES PÚBLICOS A LOS REPRESENTANTES DE ELECCIÓN POPULAR, A LOS MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL Y DEL PODER JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Y, EN GENERAL, A TODA PERSONA QUE DESEMPEÑE UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN, EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL O EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL O EN EL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ORGANISMOS A LOS QUE ESTA CONSTITUCIÓN OTORGUE AUTONOMÍA, QUIENES SERÁN RESPONSABLES POR LOS ACTOS U OMISIONES EN QUE INCURRAN EN EL DESEMPEÑO DE SUS RESPECTIVAS FUNCIONES.

    (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2007).

    LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS, LOS DIPUTADOS A LAS LEGISLATURAS LOCALES, LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES Y, EN SU CASO, LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE LAS JUDICATURAS LOCALES, SERÁN RESPONSABLES POR VIOLACIONES A ESTA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES FEDERALES, ASI COMO POR EL MANEJO INDEBIDO DE FONDOS Y RECURSOS FEDERALES. (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 31 DE DICIEMBRE DE 1994).

    LAS CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA PRECISARAN, EN LOS MISMOS TERMINOS DEL PRIMER PARRAFO DE ESTE ARTICULO Y PARA LOS EFECTOS DE SUS RESPONSABILIDADES, EL CARACTER DE SERVIDORES PUBLICOS DE QUIENES DESEMPEÑEN EMPLEO, CARGO O COMISION EN LOS ESTADOS Y EN LOS MUNICIPIOS.

    (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE DICIEMBRE DE 1982).

     Licenciado Salvador Vega Casillas, me permito dirigirme a Usted nuevamente en virtud de recibir el oficio número 1102.3.-1811 fechado 30 de marzo del 2011 que me envía el Licenciado Juan Valverde Martínez. Director General Adjunto Jurídico Contencioso de la Secretaría a su digno cargo, por lo que es de toda trascendencia legal que repercute en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, siendo que el Licenciado Juan Valverde Martínez, únicamente refiere de mi escrito de fecha de recibido 16 de febrero del 2011, omitiendo con dolo mi escrito de petición urgente fechado 30 de marzo del 2011 y que asigno precisamente al Licenciado Juan Valverde Martínez en mención, lo que se atribuye en igual forma lo que se canaliza al artículo 7 del Código Penal Federal: “Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales”.

    ME INCONFORMO, RECLAMO, DENUNCIO E IMPUGNO SEVERAMENTE, lo que expone el Licenciado Juan Valverde Martínez, en el oficio que vengo refiriendo fechado 30 de marzo del 2011: “En relación a su escrito recibido el 16 de febrero del 2011 en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, en el que solicita del suscrito requerir al Servicio de Administración Tributaria, el resultado de lo confiscado de las inversiones de Grupo Nacional Provincial, S. A., tal y como dio a conocer en su escrito de 11 de febrero del 2011 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que retenga y obtenga del SAT, el pago de impuestos y se expida el cheque que le corresponde, así como someter a revisión la actuación de la Mesa I de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero”.

    POR LO QUE DOY RESPUESTA: Me estoy refiriendo a que mi escrito dirigido a Usted como Secretario de la Función Pública recibido el 21 de diciembre del 2010 en la Secretaría Técnica de la Oficina de Usted como Secretario de la Función Pública, mismo escrito remitido mediante volante de turno número 615 a dicha Dirección General Adjunta Jurídico Contenciosa de la Unidad de Asuntos Jurídicos, el motivo consiste precisamente el que Usted como Titular de la Secretaría de la Función Pública giró instrucciones a la Dirección General Adjunta de Responsabilidades e Inconformidades de la Contraloría Interna de esta Secretaría de Estado para la debida atención y resolución del expediente PRPE/013/2010, abierto con motivo de mi reclamación en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, por lo que se me informó mediante oficio 1102.3-591 fechado 4 de febrero del 2011 lo siguiente: Me indica en dicho oficio el Licenciado Juan Valverde Martínez, “….le informo que mediante oficio número 1102.3-590, se canalizó su escrito a la citada Dirección General Adjunta, con la instrucción del C. Secretario para que el mismo sea atendido y resuelto con estricto apego a derecho”.

    1.- En este contexto el hecho de lo que manifiesto en mi escrito de Petición Urgente fechado 30 de marzo del 2011, (dos mil once) que canalizo al Licenciado Juan Valverde Martínez, está debidamente justificado, sustentado jurídicamente por lo que denuncio de la Responsabilidad Patrimonial del Estado, donde se ubica el delito en que se ve implicado el C. Jefe de Servicio de Administración Tributaria, Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, (Abuso de Autoridad) transgrediendo mis Derechos Legales, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sin dar respuesta a la Suscrita sobre lo que pido de la entrega de mis dos cheques de pago de reparación de daños, supuesto que se trata de nuevas auditorías practicadas a Grupo Nacional Provincial, S. A., que ha proporcionado una derrama económica para el Presupuesto de la Federación, vía Defraudación Fiscal

    2.- Específicamente la Responsabilidad Patrimonial del Estado, queda determinada bajo publicación del 14 de junio del 2002. Decreto por el que se aprueba el Diverso por el que se modifica la denominación del Título Cuarto y se adiciona un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 Constitucional; y previa la aprobación de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como la mayoría de las Legislaturas de los Estados decreta: Se aprueba el Decreto por el que se modifica la denominación del Título Cuarto y se adiciona un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

    Artículo Único. Título Cuarto. De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado.

    Artículo 113.- “La Responsabilidad del Estado por lo daños que con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes”.

    En este seguimiento corresponde al Licenciado Juan Valverde Martínez, remitir a la Dirección General Adjunta de Responsabilidades e Inconformidades de la Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública, lo que solicito en mis escritos fechado 15 de febrero y 30 de marzo del 2011, (dos mil once) ya que si en esos escritos me avoco a solicitar al Licenciado Juan Valverde Martínez ciertas acciones, lo fundamento conforme a derecho, siendo que se trata de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Dirección General Adjunta Jurídico Contenciosa de la Secretaría de la Función Pública, para que con estricto apego a la legalidad, comprueben la Responsabilidad Patrimonial del Estado con el ocultamiento del Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, C. Jefe de Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre lo confiscado de las inversiones de Grupo Nacional Provincial, S. A., A PARTIR DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL ONCE, en la Casa de Bolsa Mexicana de Valores, ya que de las mismas, se constata la veracidad de lo que denuncio de tiempo atrás en la Procuraduría General de la República, del FRAUDE GENÉRICO cometido en mi perjuicio por los autores materiales e intelectuales de dicho delito en Grupo Nacional Provincial, S. A., (Responsabilidad Empresarial) bajo documentación expresa que se localiza en la indagatoria UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, resolviéndose conforme a derecho el que se me haga entrega lo concerniente del daño patrimonial, daños y perjuicios que me causan los delincuentes de cuello blanco de Grupo Nacional Provincial, S. A., agravado dichos delitos con lo que se descubre a partir del mes de enero del dos mil once con nuevas auditorías practicadas a Grupo Nacional Provincial, S. A., por parte del C. JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, resultando el nuevo Fraude Genérico, Falsificación de Documentos, Suplantación de mi Persona, la Corrupción entrelazada con los que encubren estos delitos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al expedir Grupo Nacional Provincial, S. A., una póliza de seguro de vida apócrifa a nombre de NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ la Suscrita, por la cantidad de 500 MILLONES DE DÓLARES, sin haber solicitado, ni firmado ningún documento al respecto la Suscrita, todo realizado a mis espaldas sin mi consentimiento, por lo que al revisar la Secretaría de la Función Pública dichos documentos se conocerá quien firmó dicha solicitud de seguro de vida, con qué cheques fueron cubriendo las primas, qué persona fue la que pasó los exámenes médicos como requisito para expedir la póliza.

    Es de la incumbencia de la Secretaría de la Función Pública investigar del destino que canalizan en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las cantidades que obtienen como captación de ingresos, en el concepto de Defraudación Fiscal.

    3.- En estas circunstancias, la Secretaría de Hacienda por conducto del C. Jefe de Servicio de Administración Tributaria, debe actuar tal como lo solicito en mis escritos fechados 11 y 24 de enero del 2011 que asigno al C. JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA y lo que corresponde a mi denuncia que de manera escaneada dirijo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de fecha 11 de febrero del 2011. (dos mil once).

    4.- Es facultad de Usted LIC. SALVADORE VEGA CASILLAS directamente como Secretario de la Función Pública, requerir a sus subordinados que le rindan un informe sobre estos hechos, porque independientemente que otras autoridades de otras Secretarías de Estado, realicen lo que les indican sus estatutos y leyes orgánicas, la Secretaría de la Función Pública está para vigilar y supervisar todo lo que se incluye en la responsabilidad de los servidores públicos y como consecuencia en la Responsabilidad Patrimonial del Estado.

    5.- Que no se permita de parte de Usted el que se siga generando la red de corrupción e impunidad en las dependencias oficiales, que recaen dichas conductas irregulares, directamente en las actuaciones de Usted como Secretario de la Función Pública, del mismo C. Jefe de Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y demás dependencias federales que se correlacionan con la Titularidad del Poder Ejecutivo Federal.

    6.- En lo que respecta a lo que indica el Licenciado Juan Valverde Martínez referente a la Mesa I, de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, debe considerarse de parte de Usted como Secretario de la Función Pública el requerir el expediente DE-0635/2001.SAT, del Órgano Interno de Control en el SAT, ya que es de acuerdo a mi denuncia de fecha 23 de julio del 2001 en contra del entonces Administrador General de Grandes Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Díaz Guzmán. Donde se constata: “El 7 de septiembre del 2001, de conformidad al artículo 49 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se inició un procedimiento de investigación”. Información proporcionada por la Licenciada H. Araceli Torres Soltero con el oficio 3328-SAT-15121 del 7 de septiembre del 2001. Pruebas documentales públicas que constan en la indagatoria UEDE/021/2007 en mención y lo que corresponde del Órgano Interno de Control en el SAT.

    7.- Al dirigirme a Usted como Secretario de la Función Pública no ignora lo establecido en el combate a la corrupción. Cláusula séptima del convenio de colaboración del 17 de mayo del 2001, que acuerdan la Procuraduría General de la República, junto con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Procuraduría General de Justicia Militar junto con las demás Procuradurías Generales de Justicia de los Estados de la República: “Las partes” se comprometen a establecer mecanismos de colaboración que coadyuven a la prevención, identificación y combate de los actos de corrupción en el ámbito de procuración de justicia, a través del desarrollo de programas y acciones conjuntas que permitan generar una cultura de responsabilidad y rendición de cuentas de los servidores públicos, así como fortalecer los Órganos Internos de Control y de Vigilancia y Supervisión Técnica Jurídica de la actuación del Ministerio Público y de sus auxiliares directos.

    “LAS PARTES” estudiarán los medios más adecuados para promover la participación de la comunidad en los programas de combate a la corrupción, tomando en consideración el principio de corresponsabilidad entre la sociedad y las instituciones de gobierno en la lucha contra este fenómeno”.

    8.- Por lo que hago presente las irregularidades, los actos de corrupción que Usted debe de estar al tanto, recordándole al mismo tiempo, que es a la Secretaría de la Función Pública a quien corresponde sancionar e inhabilitar a servidores públicos corruptos, que en base a los hechos y mis denuncias que Usted tiene en su poder, a través de distintas Bitácoras que han sido turnadas a los Órganos Internos de Control de las dependencias oficiales que corresponden, por lo mismo pido de la manera más atenta que se dé cabal cumplimiento a mi petición expresa en mis escritos fechados 15 de febrero y 30 de marzo del 2011 que dirijo al Licenciado Juan Valverde Martínez, porque la negativa de este servidor público a cumplir con sus obligaciones al igual que la Dirección General Adjunta de Responsabilidades e Inconformidades de la Contraloría Interna de la institución a su digno cargo, recae en la responsabilidad de Usted, Licenciado Salvador Vega Casillas, como Secretario de la Función Pública. Usted es el Titular de la Secretaría de la Función Pública.

    ANEXOS EN COPIAS SIMPLES:

    a).- oficio 101 04 00 00 00-2010, fechado 8 de septiembre del 2010, que firma el Licenciado Pablo Gerardo López Sánchez en relación al expediente 4163 del Órgano Interno de Control en el SAT., expediente que solicito obre en el número JSG97/2010 de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, para que sea evaluado dentro de las Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Responsabilidad Patrimonial del Estado.

    b).- Folio 22215536-50 fechado 25 de enero del dos mil once que me dirige Juan Manuel Llera Blanco Titular de la Oficina de la Presidencia de la República. Red Federal de Servicio a la Ciudadanía.
    > Adjuntando escrito fechado diez de febrero del dos mil once, que asigno al LIC. ALFREDO GUTIÉRREZ ORTÍZ MENA, Jefe de Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

    c).- Oficios 1102.3-591 y 1102.3.-1811 fechados 4 de febrero y 30 de marzo del 2011 (dos mil once) que me dirige el LIC. JUAN VALVERDE MARTÍNEZ, que vengo refiriendo en el presente ocurso.

    d).- Oficio UEDE/M-I/111/2011, fechado 8 de marzo del 2011 que me dirige el Agente del Ministerio Público de la Federación, Licenciado Arturo Bernardino Toxqui.

    POR TODO LO EXPUESTO ATENTAMENTE PIDO A USTED LIC. SALVADOR VEGA CASILLAS:

    PRIMERO.- Cumpla Usted con la Ley Orgánica y Reglamentación de la Secretaría de la Función Pública en el renglón de transparencia y rendición de cuentas de servidores públicos, siendo que los delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos técnica y legalmente se lleva a cabo un tipificación para prevenir y castigar las conductas de los servidores públicos que en el desempeño de las facultades que el derecho les otorga, las utilizan para burlarlo.

    SEGUNDO.- Dé Usted el seguimiento a mis escritos que menciono en el presente ocurso al igual que el de este día 5 de abril del 2011, tal como señala el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 2 de la Ley Federal de la Responsabilidad Patrimonial del Estado: “Son sujetos de esta ley los entes públicos federales. Para los efectos de la misma, se entenderá por entes públicos federales, salvo mención expresa en contrario, a los poderes judicial, legislativo y ejecutivo de la federación. Los preceptos contenidos en el capítulo II y demás disposiciones de esta ley serán aplicables en lo conducente para cumplimentar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptadas por los entes públicos federales y por el Estado Mexicano en su caso, en cuanto se refiere al pago de indemnizaciones repetir contra los servidores públicos.

    Artículo 31.- El Estado podrá repetir de los servidores públicos el pago de la indemnización cubierta a los particulares cuando previa substanciación del procedimiento administrativo disciplinario previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se determine su responsabilidad, y que la falta administrativa haya tenido el carácter de infracción grave. El monto que se exija al servidor público por este concepto formará parte de la sanción económica que se le aplique.

    La gravedad de la infracción se calificará de acuerdo con los criterios que establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Además, se tomarán en cuenta los siguientes criterios: Los estándares promedio de la actividad administrativa. La perturbación de la misma, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional y su relación con la producción del resultado dañoso.

    Artículo 32.- El Estado podrá, también, instruir igual procedimiento a los servidores públicos por él nombrado, designados o contratados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, cuando le hayan ocasionado daños o perjuicios en sus bienes o derechos derivado de faltas o infracciones administrativas graves. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto por otras leyes aplicables en la materia.

    TERCERO.- Señor Secretario de la Función Pública, todo está muy claro, no hay nada complejo SE TRATA DEL ROBO QUE QUIEREN REALIZAR IMPUNEMENTE LOS QUE RESULTEN CULPABLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA IRREGULAR, EN MI PERJUICIO EN MI CARÁCETER DE OFENDIDA, PARA IMPOSIBILITAR A LA SUSCRITA, EL QUE SE ME HAGA ENTREGA DE MIS CHEQUES DE PAGO DE REPARACIÓN DE DAÑOS, supuesto que he proporcionado a las autoridades los elementos de juicio que de tiempo atrás debieron integrar, desahogar y resolver conforme a derecho en mis averiguaciones previas 2095/RN/98 y 1588/FESPLE/2000, denuncias penales en contra de Grupo Nacional Provincial, S. A., por el delito de FRAUDE, de donde se desprenden mis subsecuentes denuncias penales en contra de servidores públicos del ámbito federal, del cual Usted tiene todo el conocimiento a través de las distintas Bitácoras que Usted conserva en la Secretaría de la Función Pública, por lo que también Usted está sujeto a las Responsabilidades de los Servidores Públicos y todo lo que relaciona el artículo 113 Constitucional de la Responsabilidad Patrimonial del Estado.

    PROTESTO LO NECESARIO

    México, D. F., 5 de abril del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

    c.c.p. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa.- Presidente de la República Mexicana, para que forme parte del expediente de NORMA ESPEREANZA FALCÓN RUIZ, que conservan en la Dirección General de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República.

  12. QUEJOSA: NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ

    JUICIO DE AMPARO INDIRECTO

    C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL EN TURNO.

    México, D. F., 11 de abril del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho en este día lunes 11 de abril del 2011, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones en Calle 3 No. 118, Col. General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c. p. 15000, México, D. F., correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

    Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 4º, 5º, 114 y 116 de la Ley de Amparo, vengo a demandar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra del acto de la Autoridad Responsable que precisaré en el capítulo correspondiente.

    A efecto de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Amparo manifiesto:

    I.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LA QUEJOSA: El que ha quedado precisado en el rubro del presente escrito.

    II.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCER PERJUDICADO: Ignoro si existe.

    III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: C. LICENCIADO JUAN VALVERDE MARTÍNEZ, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO. DIRECCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN. DIRECCIÓN DE AMPAROS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, RELACIONADO AL EXPEDIENTE JAG/97/2010. Con domicilio para ser notificado en Avenida Insurgentes No. 1735, (cerca de la Avenida Barranca del Muerto) cumplimentando la ubicación de la oficina de la Dirección General Adjunta Jurídico Contenciosa en Planta Baja, en recepción donde informan el piso de dicho edificio de la Secretaría de la Función Pública en el que se localiza el Licenciado Juan Valverde Martínez, en esta Ciudad de México, D. F.

    IV.- ACTO RECLAMADO: La abstención, por parte de dicha Autoridad de dar seguimiento conforme a derecho de acuerdo a sus facultades y atribuciones sobre mi petición urgente del 15 de febrero del 2011, que consiste en la notificación fechada 4 de febrero del 2011, con número de oficio 1102.3-591, el cual pido la coordinación del mismo con la información que di a conocer con fecha 15 de febrero del 2011 al C. Director General Adjunto Jurídico de lo Contencioso, exponiendo distintas constancias como sustento jurídico dentro de las responsabilidades en que incurren con premeditación, alevosía y ventaja, servidores públicos del ámbito federal, en mi perjuicio, causándome enormes daños y perjuicios.

    En este seguimiento subrayé: “Por todo lo expuesto atentamente pido:

    PRIMERO.- Realizar de inmediato el requerimiento al C. Jefe de Servicio de Administración Tributaria, Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el resultado de lo confiscado de las inversiones de Grupo Nacional Provincial, S. A., en la Casa de Bolsa Mexicana de Valores, tal como doy a conocer en mi escrito fechado 11 de febrero del 2011, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que retenga y obtenga el SAT, el pago de impuestos, Defraudación Fiscal de Grupo Nacional Provincial, S. A., y expedir el cheque correspondiente de lo que corresponde a Norma Esperanza Falcón Ruiz, por los motivos expuestos en el escrito de fecha 11 de febrero del 2011, que vengo refiriendo y se me notifique por mi correo electrónico, día, lugar y hora para que Norma Esperanza Falcón Ruiz, la Suscrita, me presente a obtener dicho cheque por los daños y perjuicios y daño patrimonial que me causa con todas las agravantes de la Ley, Grupo Nacional Provincial, S. A., (Responsabilidad Empresarial).

    El Estado debe garantizar el derecho y acceso a la información pública; pero además difundir y promover la transparencia en el ejercicio público y la utilidad de los mecanismos de RENDICIÓN DE CUENTAS a la ciudadanía. De esta manera podemos reclamar de forma más efectiva el compromiso de nuestros representantes de rendir cuentas de su actuación en el deber público, construyendo así una relación sana y transparente entre gobernantes y ciudadanos.

    SEGUNDO.- POR LO QUE TAMBIÉN DEBE SER SUJETO DE REVISIÓN, sobre lo que atribuye el Licenciado Arturo Bernardino Toxqui, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa-I de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, quien tiene a su cargo la averiguación previa UEDE/021/2007: Existen dos tomos adicionales por la averiguación previa acumulada 047/DGDCSPI/07”; POR LO QUE RECLAMO: Primeramente debe aclarar el Licenciado Arturo Bernardino Toxqui, donde oculta los dos tomos correspondientes a esta indagatoria que también acumularon en la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución (PGR) a la averiguación previa número 103/DGDCSPI/06, la cual inicia por mi denuncia y ratificación penal por escrito el día 28 de marzo del 2006 en la Mesa II-DDF, de la Subdelegación de Procedimientos Especiales, adscrita a la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, por los delitos de FRAUDE, DAÑOS Y PERJUICIOS, CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y lo que resulte, en contra de los Licenciados: Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, la C. Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal en el año dos mil seis, Martha Llamile Ortiz Brena, dentro de una comprobación de mi denuncia con documentales públicas contenidas en el expediente P-2133/2005 de mi Juicio de Amparo en Materia Penal por mi DERECHO DE PETICIÓN, generada de mis averiguaciones previas 2095/RN/98 y 1588/FESPLE/2000. Sentencia de mi Juicio de Amparo en comento, llevada a efecto el día 10 de octubre del año 2005, otorgándome la protección de la justicia federal contra actos de la Autoridad Responsable, Licenciado Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, que fungía en ese entonces como Procurador General de la República”.

    Pero que al dictar la C. Juez en mención la sentencia de la ejecutoria, viola el artículo 78 de la Ley de Amparo que especifica en el tercer párrafo: “El Juez de Amparo deberá recabar oficiosamente pruebas que habiendo sido rendidas ante la Responsable no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto”.

    V.- GARANTÍAS VIOLADAS: La Responsable ha violado en perjuicio de la Suscrita la garantía individual consagrada en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la respuesta recibida nuevamente con número de oficio 1102.3-2015 fechado 7 de abril del 2011, omitiendo con dolo el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, Capítulo I. De la Competencia y Organización de la Secretaría. Artículo I. “La Secretaría de la Función Pública como dependencia del Poder Ejecutivo Federal, tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y facultades que le encomiendan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás ordenamientos legales aplicables en la materia; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas; la Ley Federal de Bienes Nacionales, la Ley del Servicio Profesional de Carreras en la Administración Pública Federal y otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República”.

    Siendo que mis escritos de petición urgente fechados 15 de febrero, 30 de marzo y 5 de abril del 2011, que asigno al Licenciado Juan Valverde Martínez y al Licenciado Salvador Vega Casillas en los cargos que desempeñan como Director General Adjunto Jurídico Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, y Secretario de la Función Pública, están sustanciadas en un conjunto de evidencias irrefutables de graves consecuencias en mi perjuicio que trasciende en un sin número de agravios a la sociedad, que dentro del ordenamiento siguiente lo aclara de forma tal que no queda duda alguna, del mal proceder del servidor público, Licenciado Juan Valverde Martínez que vengo refiriendo quien transgrede mis garantías constitucionales para solucionar lo que está totalmente comprobado a mi favor.

    POR LO QUE ES IMPORTANTE REFERIR: ARTÍCULO 11.- De la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal tal como se señala. La Unidad de Asuntos Jurídicos tendrá las siguientes atribuciones:

    Fracción IV.- Asesorar jurídicamente a las Unidades Administrativas de la Secretaría y a su Órgano Desconcentrado, actuar como órgano de consulta y realizar los estudios e investigaciones jurídicos que requiera el desarrollo de las atribuciones de la Secretaría;

    Fracción IX.- Instruir los recursos de revisión que se interpongan en contra de actos o resoluciones de las Unidades Administrativas y del Órgano Desconcentrado de la Secretaría y someterlos a consideración del superior jerárquico que les corresponda, con excepción de los que conforme a este reglamento competa sustanciar a otras autoridades de la dependencia, así como proponer a aquel los proyectos de resolución a dichos recursos;

    Fracción X.- Proponer la declaratoria que corresponda hacer a la Secretaría en los términos de los artículos 46 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o en su caso, 90 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y presentar previo acuerdo del servidor público que determine el Secretario las denuncias o querellas ante el Ministerio Público, Congreso de la Unión o a las dependencias respectivas de la Administración Pública Federal, respecto de los hechos delictuosos en que la nación resulte ofendida en procedimientos penales, políticos y administrativos.

    Como lo simplifica de manera objetiva, el ocultar el C. Jefe de Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, del resultado económico multimillonario que proporciona de beneficios de captación de ingresos para el Presupuesto de la Federación, con motivo de las nuevas auditorías practicadas desde el mes de enero del 2011 a Grupo Nacional Provincial, S. A., respecto de mis escritos de peticiones urgentes y extraurgentes que dirijo los días 11, 24 de enero y 10 de febrero del 2011 al C. Jefe de Servicio de Administración Tributaria y lo que corresponde de mi escrito fechado 4 de febrero del 2011, que asigno al Dr. Juan Carlos Rizo León, Administrador General de Grandes Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

    Por otra parte el artículo 27 establece: “La Contraloría Interna tendrá las siguientes atribuciones:

    I.- Aplicar las normas que se hubieren fijado por el Secretario en materia de control, fiscalización y evaluación, atención de quejas, responsabilidades e inconformidades;

    II.- Verificar que las actuaciones de la Secretaría se apeguen a la ley, mediante el ejercicio de las siguientes acciones:

    1.- Ordenar la practica de auditorías a las Unidades Administrativas y Órgano Desconcentrado de la Secretaría y a los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República;

    2.- Dar seguimiento y evaluar las actividades comprendidas en el programa general de trabajo de las Unidades Administrativas y del Órgano Desconcentrado de la Secretaría;

    3.- Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones o por inobservancia de la ley por parte de los servidores públicos de la Secretaría y de su Órgano Desconcentrado, practicar investigaciones sobre sus actos, acordar el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, acordar el cierre de instrucción del procedimiento, fincar las responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan, y llevar a cabo en su caso, las acciones que procedan en los términos del ordenamiento legal que en materia de responsabilidades resulte aplicable a fin de garantizar el cobro de las sanciones económicas que se impongan a los servidores públicos con motivo de la infracción cometida, así como presentar por conducto del Contralor Interno y del servidor público de la propia Unidad Administrativa que aquel determine expresamente en cada caso, las denuncias o querellas respectivas en el supuesto de detectar conductas delictuosas, en los términos de dicho ordenamiento legal y demás disposiciones legales aplicables.

    VI.- PROTESTA: Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los hechos y abstenciones que me constan de la Autoridad Responsable y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, también lo fundamento en lo que solicito al Licenciado Salvador Vega Casillas, Secretario de la Función Pública, en mi escrito fechado 5 de abril del 2011: “Licenciado Salvador Vega Casillas, me permito dirigir a Usted nuevamente en virtud de recibir el oficio número 1102.3-1811, fechado 30 de marzo del 2011 que me envía el Licenciado Juan Valverde Martínez. Director General Adjunto Jurídico Contencioso de la Secretaría a su digno cargo, por lo que es de toda trascendencia legal que repercute en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, siendo que el Licenciado Juan Valverde Martínez, únicamente refiere de mi escrito de fecha de recibido 16 de febrero del 2011, omitiendo con dolo mi escrito de petición urgente fechado 30 de marzo del 2011 y que asigno precisamente al Licenciado Juan Valverde Martínez en mención, lo que se atribuye en igual forma lo que se canaliza al artículo 7 del Código Penal Federal: “Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales”.

    En este orden en mi escrito fechado 5 de abril del 2011, que dirijo al Licenciado Salvador Vega Casillas, también manifiesto lo siguiente: “ME INCONFORMO, RECLAMO, DENUNCIO E IMPUGNO SEVERAMENTE, lo que expone el Licenciado Juan Valverde Martínez en el oficio que vengo refiriendo en el oficio fechado 30 de marzo del 2011: “En relación a su escrito recibido el 16 de febrero del 2011 en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, en el que solicita del Suscrito requerir al Servicio de Administración Tributaria……”.

    POR LO QUE DI RESPUESTA: “Me estoy refiriendo a que mi escrito dirigido a Usted como Secretario de la Función Pública, recibido el 21 de diciembre del 2010 en la Secretaría Técnica de la oficina de Usted como Secretario de la Función Pública, mismo escrito remitido mediante volante de turno número 615 a dicha Dirección General Adjunta Jurídico Contenciosa de la Unidad de Asuntos Jurídicos, el motivo consiste precisamente el que Usted como Titular de la Secretaría de la Función Pública, giró instrucciones a la Dirección General Adjunta de Responsabilidades e Inconformidades de la Contraloría Interna de esta Secretaría de Estado para la debida atención y resolución del expediente PRPE/013/2010, abierto con motivo de mi reclamación en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, por lo que se me informó mediante oficio 1102.3-591 fechado 4 de febrero del 2011 lo siguiente: Me indica en dicho oficio el Licenciado Juan Valverde Martínez, “…..le informo que mediante oficio número 1102.3-590, se canalizó su escrito a la citada Dirección General Adjunta, con la instrucción del C. Secretario para que el mismo sea atendido y resuelto con estricto apego a derecho”.

    Enfatizando que la Responsabilidad Patrimonial del Estado, queda determinada bajo publicación del 14 de junio del 2002. Decreto por el que se aprueba el diverso por el que se modifica la denominación del Título Cuarto y se adiciona un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

    En estas circunstancias, me permití referir la facultad que confiere al Licenciado Salvador Vega Casillas directamente como Secretario de la Función Pública de requerir a sus subordinados que le rindan un informe sobre estos hechos, porque independientemente que otras autoridades de otras Secretarías de Estado, realicen lo que les indican sus estatutos y leyes orgánicas, la Secretaría de la Función Pública está para vigilar y supervisar todo lo que se incluye en la responsabilidad de los servidores públicos y como consecuencia en la Responsabilidad Patrimonial del Estado.

    POR LO QUE REITERO: Que al dirigirme al Secretario de la Función Pública en mi escrito fechado 5 de abril del 2011, dicho servidor público no ignora lo establecido en el combate a la corrupción. Cláusula séptima del Convenio de Colaboración del 17 de mayo del 2001, que acuerdan la Procuraduría General de la República, junto con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Procuraduría General de Justicia Militar junto con las demás Procuradurías General de Justicia de los demás Estados de la República.

    C. JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL: Todo está muy claro, no hay nada complejo, se trata del robo que quieren realizar impunemente los que resulten culpables de la Administración Pública IRREGULAR en mi perjuicio en mi carácter de Ofendida, para imposibilitar a la Suscrita, el que se me haga entrega de mis cheques de pago de reparación de daños, supuesto que he proporcionado a las autoridades los elementos de juicio que de tiempo atrás debieron integrar, desahogar y resolver conforme a derecho, de lo cual tiene pleno conocimiento el Licenciado Salvador Vega Casillas y el Licenciado Juan Valverde Martínez, respectivamente, a través de las distintas Bitácoras que conservan en la Secretaría de la Función Pública con motivo de mis denuncias en contra de servidores públicos del ámbito federal para ser aplicada la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y todo lo que relaciona el artículo 113 constitucional de la Responsabilidad Patrimonial del Estado; y son esas Bitácoras que también deben requerirse al Licenciado Juan Valverde Martínez. Director General Adjunto Jurídico Contencioso de la Secretaría de la Función Pública, para que obre en autos en el expediente de mi presente DEMANDA de mi Juicio de Garantías, y sirva de fundamento a la Audiencia Constitucional y la sentencia respectiva.

    ANTECEDENTES

    Lo que manifiesto en mi presente promoción punto por punto y en los escritos señalados como constancias probatorias, para que se cuantifique la violación a mis Garantías Constitucionales consagradas en el artículo 8º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

    CONCEPTOS DE VIOLACIÓN

    ÚNICO.- Violación a la garantía de petición contenida en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 4º, 114, 116 y 204 de la Ley de Amparo.

    POR LO EXPUESTO A USTED C. JUEZ SOLICITO SE SIRVA:

    PRIMERO.- Tenerme por presentada en los términos del presente escrito demandando el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN.

    SEGUNDO.- Admitir la demanda propuesta, señalando fecha y hora para la celebración de la Audiencia Constitucional, requiriendo el informe con justificación a la Autoridad señalada como Responsable.

    TERCERO.- En su oportunidad dictar sentencia en donde se declare que la Justicia de la Unión ME AMPARA Y PROTEGE.

    Como parte de la documentación que le dan consistencia legal a mi juicio de garantías por mi derecho de petición, anexo lo siguiente:

    a).- Escrito con sello de recibido original, de fecha 15 de febrero del 2011, donde consta mi entrega de mi escrito de petición extraurgente en la Oficialía de Partes de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, escrito que dirijo al Licenciado Juan Valverde Martínez, Director General Adjunto Jurídico de lo Contencioso. Dirección de Recursos de Revisión, en relación al expediente JAG/97/2010 de la Secretaría de la Función Pública.

    b).- ANEXOS EN COPIAS SIMPLES: Mi escrito de petición urgente fechado 5 de abril del 2011, que dirijo al Licenciado Salvador Vega Casillas, Secretario de la Función Pública; oficio número 1102.3-2015, fechado 7 de abril del 2011, que me dirige el Licenciado Juan Valverde Martínez; oficios 1102.3-591, 1102.3-1811, fechados 4 de febrero y 30 de marzo del 2011; mi escrito de petición extraurgente fechado 30 de marzo del 2011, que dirijo al Licenciado Juan Valverde Martínez en mención; folio 22215536-50, fechado 25 de enero del 2011, que me dirige Juan Manuel Llera Blanco, de la oficina de la Presidencia de la República. Red Federal de Servicio a la Ciudadanía; oficio 101 04 00 00 00-2010, en relación al expediente 4163, oficio fechado 8 de septiembre del 2010, que firma el Licenciado Pablo Gerardo López Sánchez, Titular del Área del Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria. Área de Quejas, correspondiente a la Secretaría de la Función Pública y del cual tiene conocimiento tanto el Licenciado Juan Valverde Martínez, como el Licenciado Salvador Vega Casillas; folio 22177507-45 fechado 25 de marzo del 2011, en relación al expediente RSC/OC/52005624/11 de la oficina de la Presidencia de la República. Red Federal de Servicio a la Ciudadanía. Información que me remite Juan Manuel Llera Blanco, Titular de dicha oficina, junto con oficio número VG/DGDCSPI/345/2011, fechado 18 de febrero del 2011, que dirige el Licenciado Jesús Manuel Alfaro Sánchez, Director General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución (PGR). Visitaduría General de dicha institución, al Licenciado Jorge Alberto Lara Rivera, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República; al igual que folio 22215536-50, que dirige Juan Manuel Llera Blanco al Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jefe de Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

    PROTESTO LO NECESARIO

    México, D. F., 11 de abril del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  13. “El conocimiento requiere de un objeto permanente, inmutable. Con las características del ser de Parménides. Considerando todo esto, Platón llega a la conclusión de que debe existir algo distinto de lo percibido por nuestros sentidos, que no cambie incesantemente. Este algo inmutable y eterno, objeto de nuestro conocimiento real, es lo que Platón llama ideas. En Platón la palabra idea significa modelo o patrón. Las ideas no existen en el mundo sensorial ni en nuestra mente, sino en un lugar celeste, supraterrenal, fuera del espacio y el tiempo.

    Las ideas son lo auténtico, lo verdaderamente real, lo que no está sujeto al cambio, al ser y dejar de ser, por eso decimos que no tiene mezcla de no ser, sino que es, de una manera plena, completa e independiente. Ahora bien, según Platón sostiene que existen dos tipos de realidad:

    1. El mundo sensible.

    2. El mundo de las ideas.

    Además, Platón recupera la creencia y reafirma que el alma pertenece al mundo eterno y el cuerpo al mundo transitorio. Su doctrina de las ideas implica la creencia en la inmortalidad y la transmigración del alma, lo que le permite explicar la adquisición del conocimiento con base en un proceso de reminiscencia, de recordar.

    En definitiva, el verdadero conocimiento es aquel que se tiene no acerca de las cosas sensibles, sino acerca de las ideas y no por medio de los sentidos, sino por medio de la reminiscencia. Conocer, por tanto, es recordar lo que el alma vio en el mundo de las ideas”.

    DICHO DE OTRA MANERA: Debemos romper con los viejos prejuicios de quemar incienso a los irresponsables, rindiendo pleitesía, honores injustificados a la corrupción y a la impunidad de forma improcedente, totalmente reprobable, contando para sustanciar conforme a derecho lo que corresponde por justicia, con el análisis y revisiones necesarias para afrontar los hechos, los acontecimientos, cumpliendo a manera del equilibrio y la prudencia que nos indica como comprender las experiencias vividas, apoyándonos en la confianza valerosa que indica como se puede salir de enfrentamientos, respetando el orden jurídico y la estabilidad que nos provee nuestra Carta Magna, manteniéndonos firmes con la determinación que aquello por lo que se lucha es dignificante en nuestras vidas y de quienes nos rodean, de la sociedad actual y de las generaciones futuras.

    TODO CAE POR SU PROPIO PESO.

    Norma Esperanza Falcón Ruiz.

  14. Sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos
    -Preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

    PREÁMBULO

    REAFIRMANDO la necesidad de asegurar en el hemisferio el respeto y la plena vigencia de las libertades individuales y los derechos fundamentales de los seres humanos a través de un estado de derecho;
    CONSCIENTES que la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión;

    PERSUADIDOS que el derecho a la libertad de expresión es esencial para el desarrollo del conocimiento y del entendimiento entre los pueblos, que conducirá a una verdadera comprensión y cooperación entre las naciones del hemisferio;
    Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión
    CONVENCIDOS que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático;

    CONVENCIDOS que garantizando el derecho de acceso a la información en poder del Estado se conseguirá una mayor transparencia de los actos del gobierno afianzando las instituciones democráticas;

    RECORDANDO que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros instrumentos internacionales y constituciones nacionales;

    RECONOCIENDO que los principios del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos representan el marco legal al que se encuentran sujetos los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos;

    REAFIRMANDO el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de transmisión;

    CONSIDERANDO la importancia de la libertad de expresión para el desarrollo y protección de los derechos humanos, el papel fundamental que le asigna la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el pleno apoyo con que contó la creación de la Relatoría para la Libertad de Expresión, como instrumento fundamental para la protección de este derecho en el hemisferio, en la Cumbre de las Américas celebrada en Santiago de Chile;

    RECONOCIENDO que la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información;

    REAFIRMANDO que los principios de la Declaración de Chapultepec constituyen un documento básico que contempla las garantías y la defensa de la libertad de expresión, la libertad e independencia de la prensa y el derecho a la información;

    CONSIDERANDO que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental;

    RECONOCIENDO la necesidad de proteger efectivamente la libertad de expresión en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en respaldo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, adopta la siguiente Declaración de Principios;

    PRINCIPIOS

    1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.

    2. Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

    3. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla.

    4. El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.

    5. La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.

    6. Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados.

    7. Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales.

    8. Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.

    9. El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.

    10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.

    11. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

    12. Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.

    13. La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.
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  15. QUEJOSA: NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ
    JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EXPEDIENTE P-302/2011
    ACTO RECLAMADO: DERECHO DE PETICIÓN.

    COMO CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO, ACORDE CITATORIO DE LA DILIGENCIA JUDICIAL, CON DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN I DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONAL, RECIBIDO EN MI DOMICILIO EL DÍA MIÉRCOLES 27 DE ABRIL DEL 2011. DANDO RESPUESTA A LA NOTIFICACIÓN DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2011 QUE PROVEYÓ Y FIRMA, JOSÉ ANTONIO MONTOYA GARCÍA, JUEZ DÉCIMOPRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL, ANTE MARÍA DE LA LUZ PINEDA QUIJANO, SECRETARIA QUE AUTORIZA Y DA FE.

    C. JUEZ DÉCIMOPRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL.
    P R E S E N T E .

    México, D. F., 2 de mayo del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, en mi carácter de Quejosa, personalidad debidamente acreditada en el expediente de referencia, con domicilio que también he dado a conocer en mi promoción de Demanda de mi Juicio de Amparo Indirecto en Materia Administrativa con número de expediente P-302/2011, referido al rubro del presente escrito y lo correspondiente al citatorio que firma el Actuario Judicial Delgadillo Villegas, entregado en mi domicilio en Calle 3 No. 118, Col. General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c. p. 15000, México, D. F. y que obra en autos.

    C. Juez, me permito solicitar el que incluya en el expediente referido en el presente escrito la dirección correcta de la Autoridad Responsable, C. DIRECTOR GENERAL ADJUNTO JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO, DIRECCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN, DIRECCIÓN DE AMPAROS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, LICENCIADO JUAN VALVERDE MARTÍNEZ, por lo que me permito anotar la dirección en comento: AVENIDA INSURGENTES SUR No. 1735, COLONIA GUADALUPE INN, (QUINTO PISO) DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, c. p. 01020, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

    Por lo que además, detallo lo siguiente: En vista de la notificación que vengo refiriendo y que fue entregada en mi domicilio del día 27 de abril del 2011, he de hacer notar que dicho domicilio corresponde a la Señora Guadalupe Briseida Infante Santos, quien me hace el favor de recibir toda la correspondencia y notificaciones que llegan dirigidas a mi nombre, ya que desde años atrás he optado por mi seguridad personal, el mantener en reserva mi domicilio particular, de lo cual está más que justificado tratándose del asunto que abarca Responsabilidades de conformidad a la Ley Federal en que se ubican los servidores públicos que transgreden la ley.

    POR LO MISMO, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente estoy informando a Usted C. Juez, como la parte Quejosa, para dar debido cumplimiento por el plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y dentro de este seguimiento proporciono a Usted, C. Juez la dirección correcta en que se localiza la Autoridad Responsable en el Juicio de Amparo, promovido por la Suscrita contra actos del Director General Adjunto Jurídico de lo Contencioso, Licenciado Juan Valverde Martínez dependiente de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública. (anexo copias simples del citatorio del 27 de abril del 2011 y la notificación de fecha veintiséis de abril del dos mil once) que firma Usted como Titular del Juzgado Décimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

    PROTESTO LO NECESARIO

    MÉXICO, D. F., 2 DE MAYO DEL 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  16. PODER CIUDADANO, LA SOLUCIÓN.
    5.5 Transparencia y rendición de cuentas
    “La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales en los que se fundamenta un gobierno democrático. Por medio de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar. El gobierno democrático debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos.

    En esta perspectiva, el acceso a la información contribuye a reforzar los mecanismos de rendición de cuentas e incide directamente en una mayor calidad de la democracia. La obligación de transparentar y otorgar acceso público a la información abre canales de comunicación entre las instituciones del Estado y la sociedad, al permitir a la ciudadanía participar en los asuntos públicos y realizar una revisión del ejercicio gubernamental.
    La publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el 11 de junio de 2002, permitió contar con un marco regulatorio para el acceso a la información del Gobierno Federal. Con la promulgación de esta ley, se cubrió un profundo vacío legal e institucional, ya que ahora cualquier persona puede solicitar información del Gobierno Federal. Asimismo, se asegura la transparencia y la rendición de cuentas en el Gobierno Federal, porque se obliga a contar con procedimientos sencillos y expeditos en materia de acceso a la información; se garantiza la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados y se establece la obligación de contar con archivos bien ordenados”.
    ADEMÁS:
    Palacio Legislativo.- “El presidente de la Comisión de Marina, Alejandro Gertz Manero (Convergencia), sostuvo que la sociedad debe intervenir en la vigilancia del ejercicio del gasto y rendición de cuentas, mediante la creación de la Auditoría Ciudadana.
    El proyecto de ley para crear la Auditoría Ciudadana pretende que ésta controle y verifique la aplicación y resultados del gasto público, a fin de lograr un mejor desempeño en el gasto de recursos del erario público, en los tres poderes y órdenes de gobierno”.
    PODER CIUDADANO, LA SOLUCIÓN.
    “¿Cómo puede la sociedad civil, cómo podemos todos los que no pertenecemos a una actividad política permanente, realmente tener la oportunidad de que el sistema nos sirva a nosotros y no se esté sirviendo nada más a sí mismo? Entonces, nosotros tenemos tres poderes, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que son tres poderes de hacer. Nadie los controla, Sergio, no hay un sistema de auditoría ni de rendición de cuentas por parte de los poderes hacia la sociedad. A la sociedad el gobierno sí nos toma cuentas todo el día, del dinero que ganamos, de las actividades que realizamos, hasta del aliento de las personas cuando salen de los restaurantes, no pueden pasar por una aduana, no pueden recorrer una carretera, no puedes obtener ningún tipo de gestión si no es bajo los sistemas de auditoría y de alcabala del sistema político. En cambio, el sistema político dice, fíjate que yo no te rindo cuentas, yo me rindo cuentas a mí mismo, yo hago mis propias contralorías, yo hago mis propios sistemas de información, yo digo lo que sí puedo decir y lo que no puedo decir, y a ti no te doy más que una oportunidad en la democracia”.
    ENTREVISTA CONCEDIDA POR ALEJANDRO GERTZ MANERO, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, AL PERIODISTA SERGIO SARMIENTO, CONDUCTOR DEL PROGRAMA “LA ENTREVISTA CON SARMIENTO” DE TV AZTECA.
    México, 13 de febrero del 2009.

  17. El más noble de los cargos oficiales es el honor derivado de la instrucción como ejemplar probidad para conducir la estabilidad social, uniendo lo realizable de una forma gradual.

    DICHO DE OTRA MANERA:

    Debemos examinar, presentar una verdadera planeación con estrategias acorde a los actuales acontecimientos que sustituyan los errores, las graves faltas de corrupción y de sometimiento servil, vergonzante, rindiendo alabanzas a los intereses ajenos de nuestros propósitos de bienestar para todos los mexicanos (as).
    Demos la apertura necesaria a nuestra cultura en todos los procesos donde está en juego cientos de miles de vidas de inocentes.

    ADEMÁS: Unamos nuestra nacionalidad e idiosincrasia con expresiones del sufrimiento arrastrado de generaciones atrás, que se ahondan ACTUALMENTE, se perfilan cada día con sistemas depredadores que incrementan el sufrimiento, el dolor que viven millones de mexicanos sin oportunidades que debido a tanta pobreza los impulsan a la esclavitud, lo que permite a diestra y siniestra generar acciones gansteriles en empresas públicas y privadas para que los que buscan un ingreso fijo, permanente, se vean obligados a aceptar un “trabajo” sin compensaciones, sin antigüedad, arrebatándoles sus prestaciones y las plazas de base que les corresponden por legítimo derecho.

    LA UNIÓN HACE LA FUERZA, redobla el continuar en busca de los más altos objetivos para convertirnos en una gesta, pletórica de bienestar para todos, no sólo para unos cuantos.
    LA REALIDAD VIVIDA, TENÍA QUE EXPANDIRSE.
    Norma Esperanza Falcón Ruiz.

  18. QUEJOSA: NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.
    JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL, EXP. 306/2011-1
    ACTO RECLAMADO: DERECHO DE PETICIÓN, SUSTENTADO CON ESCRITO DEL 15 DE MARZO DEL 2011, DIRIGIDO AL C. DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

     PROMOCIÓN DE RESPUESTA AL ACUERDO DE FECHA TRES DE MAYO DEL 2011, (ANEXO COPIA DEL MISMO) RECIBIDO EL DÍA VIERNES SEIS DE MAYO DEL AÑO EN CURSO EN EL DOMICILIO DE NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA, QUE OBRA EN AUTOS, PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE DOCUMENTOS Y NOTIFICACIONES.

    C. LIC. ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA, JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL.
    P R E S E N T E.

    México, D. F., 10 de mayo del 2011.

     NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho en este día martes diez de mayo del dos mil once, con domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones en Calle 3, No. 118, Colonia General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15000, México, Distrito Federal, correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

    C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL, LIC. ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA, en mi carácter de Quejosa, personalidad debidamente acreditada en autos, de conformidad a mis Garantías Consagradas en el Artículo 8º Constitucional, me permito dar respuesta en tiempo forma al Acuerdo instruido por Usted el día martes tres de mayo del dos mil once, dando cabal cumplimento al artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, para cumplimentar mi escrito de fecha 28 de marzo del 2011 sobre mi Demanda del Juicio de Garantías en Materia Administrativa de inicio, relacionado con mi escrito de Petición Urgente del quince de marzo del dos mil once que dirijo al C. DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL, por lo que atentamente comparezco y expongo de manera congruente, fundada y motivada:

    1.- Código Federal de Procedimientos Penales: “Cuando en las actuaciones esté acreditado el cuerpo del delito de que se trate, el funcionario que conozca del asunto dictará las providencias necesarias a solicitud del interesado (en este caso: NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA, en mi carácter de Ofendida) para asegurar sus derechos o restituirlos en el goce de éstos, siempre que estén legalmente justificados”.

    En este contexto el C. Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, tiene pleno conocimiento que la Licenciada Elsa Oliva García Badillo, C. Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa II-DDF, procedió dentro de sus funciones de expedir el oficio 6289/2011 fechado 22 de febrero del 2011, respecto de la averiguación previa AP/PGR/DDF/SPE-II/942/06-03/INC/FSP/BT1/433/06-02, asignando dicho oficio al C. Director General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR; esto, tal como lo expone la Licenciada Elsa Oliva García Badillo sobre artículos que menciona de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, sustentado con el Reglamento de la Ley antes citada, y en relación al Acuerdo A/023/91 emitido por el C. Procurador General de la República de fecha 2 de junio de 1991, así como la circular No. C/005/99, capítulo VIII, emitido por la autoridad antes mencionada, refiriéndose específicamente a la averiguación previa que vengo refiriendo: AP/PGR/DDF/SPE-II/942/06-03/INC/FSP/BT1/433/06-02.

    2.- En este seguimiento al proporcionarme personalmente dicho oficio la Licenciada Elsa Oliva García Badillo el día 3 de marzo del 2011, me inconformé y me dirigí por escrito al C. Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal con mi escrito de petición urgente de fecha 3 de marzo del 2011 dando a conocer al Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal que se trata de mi nueva denuncia penal contra Grupo Nacional Provincial, S. A., que relacionando los hechos, se traducen en delitos federales como hice ver sobre la suplantación de mi persona, falsificación de documentos, fraude genérico y actos de corrupción, (éste último) debidamente registrado en el convenio de colaboración del 17 de mayo del 2001, en que son partes la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Procuraduría General de Justicia Militar y todas las Procuradurías Generales de Justicia de la República Mexicana.

    3.- El Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal como respuesta de mi escrito de petición urgente de fecha 3 de marzo del 2011, únicamente emite el oficio DDF/001664/2011, dirigido al Licenciado Jorge Gustavo Arroyo Acosta, Subdelegado de Procedimientos Especiales, de la misma fecha 3 de marzo del 2011, indicando lo siguiente: “Mediante escrito de esta fecha la C. Norma Esperanza Falcón Ruiz, hace diversos comentarios relacionados con el trámite proporcionado al oficio 6289/2011, relacionado con el expediente AP/PGR/DDF/SPE-II/942/06-03/INC/FSP/BT1/433/06-02.

    En mérito de lo anterior, agradeceré implemente las medidas necesarias a efecto de que analice el diverso de referencia, y si es procedente se inicie la indagatoria correspondiente”.

    4.- O lo que es lo mismo, el C. Delegado de la Procuraduría General de la República, al enterarse desde el día 18 de febrero del 2011 en que presento mi denuncia penal en contra de Grupo Nacional Provincial, S. A., que se trata DE UNA PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA EN DÓLARES, FRAUDULENTA, QUE EXPIDE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A., A NOMBRE DE NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, POR LA CANTIDAD DE QUINIENTOS MILLONES DE DÓLARES, basado en las actuaciones que desde el día 11 de febrero del 2011, realizó la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, con fundamento en mis garantías constitucionales al solicitarles en mi escrito escaneado de fecha 11 de febrero del 2011, que les hice llegar por Internet donde pido a la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: “En este tenor, me permito solicitar a Ustedes, integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se sirvan comunicarse el día de hoy viernes 11 de febrero del 2011, con la Reaseguradora Lloyd de Londres, confirmando el que tienen reasegurada una póliza de seguro de vida de Norma Esperanza Falcón Ruiz, la Suscrita (que no solicité) por la cantidad de quinientos millones de dólares, siendo que aquí en México, las “autoridades” se relacionan delictivamente con los que delinquen, con la desfachatez, la desvergüenza de someterse a sus sobornos, aceptando el precio en que los ubican, que les ponen los que transgreden la ley, (porque no hay castigos para el que comete delitos, teniendo con qué comprar la justicia) así es que transgreden la ley con conductas ilícitas, con premeditación, alevosía y ventaja. Estos delincuentes de cuello blanco, forman parte en una élite de socios, accionistas de consorcios, denominados en los grupos del poder económico y político en este país: México; por lo que es de toda prioridad el que Ustedes al estar en contacto en todos los países del mundo con distintas instituciones, me ayuden a constatar el siguiente delito que imputo a Grupo Nacional Provincial, S. A., bajo el amparo del poder que utilizan para comprar conciencias a diestra y siniestra de servidores públicos de los Órganos de Procuración e Impartición de Justicia en México y de todas las instituciones de los tres Poderes de la Unión”.

    LO QUE DEMUESTRA QUE MIENTE CON DOLO, EL C. DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL, ya que una denuncia que implica a funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (quienes encubren a los delincuentes de cuello blanco de Grupo Nacional Provincial, S. A., al no remitir a la Procuraduría General de la República la denuncia respectiva por este delito en perjuicio de Norma Esperanza Falcón Ruiz) servidores públicos de la Secretaría de Hacienda que intervinieron con la llamada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para de inmediato confiscar LOS VEINTE MIL MILLONES DE PESOS (20 MIL MILLONES DE PESOS) de la inversión producida de la participación de utilidades que se canalizan a los valores de la póliza de seguro de vida en dólares por la cantidad de QUINIENTOS MILLONES DE ESA MONEDA, lo cual, un Delegado de la Procuraduría General de la República en estas circunstancias, gira de manera urgente sus instrucciones hacia el Subdelegado de Procedimientos Especiales para que instruya a la C. Agente del Ministerio Público de la Federación, Licenciada Elsa Oliva García Badillo, quien a su vez recibiendo dichas instrucciones, emite el citatorio correspondiente, solicitando la comparecencia de Norma Esperanza Falcón Ruiz, para que ratifique su denuncia y amplíe lo conducente en vista de la peligrosidad y el riesgo inminente en que se ubica la Ofendida, ya que su vida está bajo procedimientos delictivos de los defraudadores de Grupo Nacional Provincial, S. A.

    5.- ACLARANDO: El C. Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, emite el oficio de fecha 3 de marzo del 2011, no para desentenderse del asunto de Norma Esperanza Falcón Ruiz, sino para que el Subdelegado le informe del cumplimiento de lo que corresponde de la actuación de la C. Agente del Ministerio Público de la Federación.

    NO OBSTANTE LO ANTERIOR, le presento al C. Delegado de la Procuraduría General de la República en mención, mi nuevo escrito de petición urgente de fecha 15 de marzo del 2011, con la indicación sobre expedientes específicos de mis pruebas documentales públicas que anteceden el delito de Defraudación Fiscal de Grupo Nacional Provincial, S. A., como lo constituye el expediente 700/42899 de la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el señalamiento expuesto de mi parte, dentro del texto de mi escrito de fecha 15 de marzo del 2011, de que además de que se me citara para ratificar mi nueva denuncia penal en contra de Grupo Nacional Provincial, S. A., me hicieran saber el nuevo número de dicha averiguación previa, y lo conducente al desglose respectivo sobre responsabilidades que resulten de servidores públicos del ámbito federal y de la Procuraduría General de la República para darle el curso, enviando dicho desglose a la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República, a lo que el C. Delegado de la Procuraduría General de la República se abstiene, como ignorando la gravedad y la importancia de un asunto relevante plasmado en mis escritos de fechas 17 de febrero, 3 y 15 de marzo del 2011.

    6.- El C. Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal ante estas evidencias, únicamente se concreta a emitir un nuevo oficio DDF-01941/2011 fechado 15 de marzo del 2011, dirigido nuevamente al Subdelegado de Procedimientos Especiales, Licenciado Jorge Gustavo Arroyo Acosta, en el cual expone: “Mediante escrito de esta fecha la C. Norma Esperanza Falcón Ruiz, solicita que el Agente del Ministerio Público de la Federación, realice desglose correspondiente sobre los hechos relacionados con delitos federales y que corresponde turnar a la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución.

    En mérito de lo anterior, agradeceré implemente las medidas necesarias a efecto de que de acuerdo a sus facultades y atribuciones proceda conforme a derecho, informando al suscrito del trámite dado”.

    DEJANDO A LA VISTA EL DELEGADO, el que no es ajeno de las actuaciones realizadas tanto del Subdelegado de Procedimientos Especiales como de la C. Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa II-DDF, dependiente de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. Delegación en el Distrito Federal.

    PERO HASTA EL DÍA DE HOY, el C. Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, Licenciado Edmundo P. Garrido Osorio, no ha dado a conocer dentro de su informe justificado ni anexos correspondientes del mismo, el que se me haya notificado por escrito, solicitando mi comparecencia para ratificar mi nueva denuncia penal en contra de Grupo Nacional Provincial, S. A., y lo que corresponde al número que dio a conocer de la nueva averiguación previa, con motivo de mi escrito de denuncia de fecha 17 de febrero del 2011, no consta, ni ha probado de ninguna manera, el que se le haya dado a conocer a Norma Esperanza Falcón Ruiz, en mi carácter de Ofendida, el nuevo número asignado a la averiguación previa conforme a mi escrito de denuncia de fecha 17 de febrero del 2011, lo que comprueba que el C. Delegado de la Procuraduría General de la República, mintió al rendir el informe justificado que obra en autos y por lo mismo debe ser sujeto a las responsabilidades en que incurre al falsear su informe de Autoridad, que rinde a otra Autoridad. Artículo 204 de la Ley de Amparo.

    7.- El C. Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, toma a su subalterna, la LICENCIADA ELSA OLIVA GARCÍA BADILLO COMO CHIVA EXPIATORIA, pretendiendo ocultar que es de su entero conocimiento de las participaciones en conjunto, que se deriva de sus instrucciones dadas por escrito, (ocultando el Acuerdo correspondiente) tanto al Subdelegado de Procedimientos Especiales, y éste a su vez, las indicaciones proporcionadas a la Licenciada Elsa Oliva García Badillo.

    8.- Con la fundamentación de lo anteriormente vertido, de conformidad al asunto que conlleva en delitos federales mi denuncia penal de fecha 17 de febrero del 2011, se advierte de manera clara y precisa, que el C. Delegado de la Procuraduría General de la República, pretende minimizar la secuente diversidad de responsabilidades en que incurren, sobre un asunto relevante de Norma Esperanza Falcón Ruiz, la Suscrita en mi carácter de Ofendida, al darle vueltas y vueltas y no hacerme llegar el citatorio para que me presente a ratificar mi denuncia penal de fecha 17 de febrero del 2011, por lo que es importante referir el artículo 123 del Código Federal de Procedimientos Penales: “Inmediatamente que el Ministerio Público Federal o los funcionarios encargados de practicar en su auxilio diligencias de averiguación previa tengan conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, dictarán todas las medidas y providencias necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas; impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho delictuoso, los instrumentos o cosa objeto del mismo; saber qué personas fueron testigos; evitar que el delito se siga cometiendo y, en general impedir que se dificulte la averiguación, procediendo a la detención de los que intervinieron en su comisión en los casos de delitos flagrantes”.

    Por lo expuesto a Usted C. Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, solicito se sirva:

    PRIMERO.- Tenerme por presentada mi respuesta a la notificación personal que obra en autos del Juicio de Amparo Indirecto en Materia Penal por mi DERECHO DE PETICIÓN número 306/2011-1, con motivo del Acuerdo instruido por Usted de fecha 3 de mayo del 2011; por lo que pido de la manera más atenta se solicite con carácter de urgente al C. Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, el que presente constancia donde se haya dado a conocer a Norma Esperanza Falcón Ruiz, el número de averiguación previa PGR/DDF/SPE-II/1814/11, que consta en el Acuerdo de fecha 3 de mayo del 2011 y en el informe justificado del C. Delegado de la Procuraduría General de la República, siendo que hasta el día de hoy no he recibido información alguna sobre dicho asunto.

    SEGUNDO.- Admitir mi respuesta en mención, solicitando de manera urgente, el que quede especificado en autos, LA FALSEDAD DEL INFORME JUSTIFICADO DEL C. DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL, aplicándole el artículo 204 de la Ley de Amparo, por lo que quiero dejar asentado que señalo como la Autoridad Responsable de mi Juicio de Amparo Indirecto en Materia Penal número 306/2011-1, al C. Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, Licenciado Edmundo P. Garrido Osorio.

    TERCERO.- En su oportunidad, emitir por parte de Usted C. Juez, nuevo Acuerdo para tramitar en el término de cinco días la Audiencia Constitucional, para que se dicte sentencia en donde se declare que la Justicia de la Unión me AMPARA Y PROTEGE. Por lo tanto, anexo copia simple del Acuerdo dictado por Usted de fecha 3 de mayo del 2011; e igualmente anexo copia simple del oficio 6289/2011 de fecha 22 de febrero del 2011, que dirige la Licenciada Elsa Oliva García Badillo al C. Director General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR.

    NO OLVIDANDO, que como referencia de no haber recibido ninguna información para que comparezca y ratifique mi denuncia penal de fecha 17 de febrero del 2011, anexé a los autos de mi presente Juicio de Amparo el día 19 de abril del 2011, copia simple de mi escrito fechado19 de abril del 2011, referente a mi petición extraurgente que dirijo a la Licenciada Marisela Morales Ibáñez, Procuradora General de la República.

    Artículo 182-A del Código Federal de Procedimientos Penales: La Autoridad Judicial o el Ministerio Público que decreten el aseguramiento deberán notificar al interesado durante los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición según sea el caso, una copia certificada del acta a que se refiere la fracción I del artículo anterior, para que manifieste lo que a su derecho convenga.

    PROTESTO LO NECESARIO

    México, D. F., 10 de mayo del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  19. QUEJOSA: NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.
    JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN MATERIA ADMINISTRATIVA.

    C. JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL EN TURNO.
    P R E S E N T E .

    México, D. F., 26 de mayo del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho en este día jueves veintisesis de mayo del dos mil once, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones en Calle 3 No. 118, Col. General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c. p. 15000, México, D. F., correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

    Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, fracción I, 4º, 5º, 114 y 116 de la Ley de Amparo, vengo a demandar el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de las Autoridades Responsables que precisaré en el capítulo correspondiente.

    A efecto de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 116 de la Lay de Amparo manifiesto:

    I.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LA QUEJOSA: El que ha quedado precisado en el rubro del presente escrito.

    II.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCER PERJUDICADO: Ignoro si existe.

    III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CON DOMICILIO EN PASEO DE LA REFORMA No. 211, COL. CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO, D. F.)

    AL IGUAL: PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, CON DOMICILIO EN GENERAL GABRIEL HERNÁNDEZ No. 56, COL. DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C. P. 06720, MÉXICO, D.F.

    IV.- ACTO RECLAMADO: CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, CON PREMEDITACIÓN, ALEVOSÍA Y VENTAJA, con motivo de los expedientes UEDE/021/2007 y los acumulados al mismo, de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, PGR/DDF/SPE-II/1814/11, la cual se inició con motivo de mi escrito de Denuncia Penal de fecha 17 de febrero del 2011, contra GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A., Y QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, POR LOS HECHOS QUE SE CANALIZAN A DELITOS FEDERALES, FIZP/IZP-5/T1/1379/06-06, FIZP/IZP-5/T1/2316/08-10, mismas que iniciaron en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a partir del mes de mayo del 2006, declinando competencia la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a la Procuraduría General de la República por estar en conexión con las indagatorias 2095/RN/98 y 1588/FESPLE/2000, con motivo de mis denuncias penales por el delito de FRAUDE contra Grupo Nacional Provincial, S. A., teniendo un seguimiento en la Procuraduría General de la República, canalizado a la Mesa XI de la Subdelegación de Procedimientos Especiales en el año 2000 y 2001, elevando la averiguación previa 2095/RN/98 a la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR, donde asignan el número 1588/FESPLE/2000 y a partir del mes de marzo del 2006, desprendiéndose mis subsecuentes denuncias penales contra servidores públicos del ámbito federal bajo número de averiguación previa PGR/DDF/SPE-II/942/O6-03/INC/FSP/BT1/433/06-02, la cual ratifiqué el día 28 de marzo del 2006, en la Mesa II-DDF, de la Subdelegación de Procedimientos Especiales de la Delegación de la PGR en el Distrito Federal, de donde declinan competencia el día 3 de julio del 2006 a la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución, (PGR), correspondiéndole el número de indagatoria 103/DGDCSPI/06, misma que declinan competencia en el mes de abril del 2007 a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República.

    Continuando en la misma Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR con la investigación con número de expediente 169/DGDCSPI/2007 que también está acumulada a la averiguación previa UEDE/021/2007 de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero.

    V.- GARANTÍAS VIOLADAS: Las Responsables han violado en perjuicio de la Suscrita en mi carácter de Ofendida el que NO, se me haya restituido de tiempo atrás el pago de reparación de daños; ocultándome las actuaciones realizadas con el requerimiento de las pruebas documentales públicas, supuesto que, con dichas pruebas, queda debidamente comprobado EL FRAUDE GENÉRICO, LA SUPLANTACIÓN DE MI PERSONA, LA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS COMETIDOS EN MI PERJUICIO CON TODAS LAS AGRAVANTES DE LA LEY POR LOS DEFRAUDADORES DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. Y LA INTROMISIÓN IMPROCEDENTE CON ABUSO DE PODER DESDE EL PERÍODO DE GOBIERNO DE VICENTE FOX QUESADA, POR PARTE DE MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, ENTORPECIENDO, CORROMPIENDO A AUTORIDADES DENTRO DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN UN ASUNTO LEGAL DE NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, en tal forma, que transgreden mis Garantías Constitucionales, consagradas en nuestra Carta Magna, porque el propósito de todas estas complicidades delictivas, es el que NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita en mi carácter de Ofendida, me vea privada de recibir mis cheques de pago de reparación de daños, tal como se comprueba con auditorías contempladas y revisadas desde el año 2001 hasta la actualidad en la Procuraduría Fiscal de la Federación, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación y de la Función Pública, bajo números de expedientes 730(09)112595, de la Dirección General de Seguros y Fianzas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en referencia de la auditoría practicada a la Gerencia de Venta y Mercadeo Masivo de Grupo Nacional Provincial, S. A., del mes de febrero de 1997 al mes de enero de 1998, llevada a cabo por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, J-5216/2000 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 700/42899 de la Procuraduría Fiscal de la Federación, donde se han suscitado distintos trámites administrativos desde el mes de enero del 2010, que por medio de mis escritos de Denuncia y Petición que dirijo al DR. JAVIER LAYNEZ POTISEK, Procurador Fiscal de la Federación, fueron atraídos los expedientes UEDE/021/2007 de la Procuraduría General de la República y los acumulados al mismo, 047/2008 del Juzgado Penal de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Municipio de Macuspana, Tabasco, al igual que el expediente 2-08/450/08300 de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Dirección General Adjunta de lo Contencioso de la Secretaría de Gobernación, las averiguaciones previas DCP-01/2009, DAPC-329/2009, conforme a mis denuncias penales contra servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco y del Poder Judicial de dicha entidad; el expediente de la Denuncia para Juicio Político en contra del Magistrado Rodolfo Campos Montejo, como Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Titular del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, quien permitió trasgrediendo la ley con Abuso de Autoridad, el que me negaran mi personalidad de Ofendida dentro del expediente 047/2008 en mención, como legítima heredera de mis extintos progenitores, SEÑORES ABEL FALCÓN CÁMARA Y ESPERANZA RUIZ ÁLVAREZ DE FALCÓN, a tal grado que el Magistrado Rodolfo Campos Montejo interviene en el sistema de impartición de justicia en el Estado de Tabasco con tráfico de influencias, para que se emitieran dos resoluciones distintas del Juicio de Garantías 1895/2008-II-R (resuelto el Recurso de Revisión el día 20 de noviembre del 2009, donde en la resolución original le revocan el amparo a mis hermanos de padre y madre, los SEÑORES, ABEL, JOSÉ FRANCISCO, OCTAVIANO Y ANGÉLICA MARÍA DE APELLIDOS FALCÓN RUIZ).

    CON LO QUE AHORA, CON ABUSO DE AUTORIDAD, pretenden en la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, alargar, diluir de manera delictiva, transgrediendo mis Garantías Constitucionales, el que me vea privada de que se dé cabal cumplimiento al artículo 20 constitucional Apartado B, fracción IV, ya que los cheques de pago de reparación de daños, fueron autorizados desde el mes de septiembre del año 2008, el que se hicieran entrega a NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita, en mi carácter de Ofendida, tal como consta con las pruebas documentales públicas integradas y desahogadas tanto en la averiguación previa UEDE/021/2007, de la Procuraduría General de la República, como en el expediente 198/2008 LX Legislatura de la Presidencia de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con motivo de mi denuncia para Juicio Político en contra del entonces Procurador General de la República, LICENCIADO EDUARDO MEDINA MORA, quien recibió el oficio fechado 26 de septiembre del 2008, que emite a su nombre el entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público, Licenciado Agustín Carstens Carstens, quien se prestó a que mis hermanos de padre y madre de referencia recibieran en el mes de octubre del 2008 dicho oficio para presentarse en el Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, (que asignara el Licenciado Eduardo Medina Mora en complicidad delictiva con Martha Sahagún Jiménez de Fox) y se presentaran con un acta de defunción falsa, haciendo creer que Norma Esperanza Falcón Ruiz había fallecido, para ellos recibir fraudulentamente los cheques de pago de reparación de daños.

    POR LO QUE PIDO A USTED C. JUEZ, el que todas estas pruebas documentales públicas sean requeridas con carácter de urgente a todas las Responsables de la Procuraduría General de la República, para poder sustanciar conforme a derecho la Audiencia Constitucional, bajo los preceptos legales que determinan los artículos 78, 150, 151 y el 198 de la Ley de Amparo, porque no descansaré, llegando hasta las últimas consecuencias, POR TANTO FRAUDE, POR TANTA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, POR LA SUPLANTACIÓN DE MI PERSONA, POR EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS DE MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, POR TANTA FALSEDAD DE DECLARACIONES, POR TANTA COMPLICIDAD DELICTIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ÁMBITO FEDERAL, DEBIDAMENTE REGISTRADA Y ESPECIFICADA EN EL ARTÍCULO 113 CONSTITUCIONAL Y DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.

    VI.- PROTESTA: Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los hechos y abstenciones que me constan de las Autoridades Responsables y que constituyen los antecedentes del Acto Reclamado, en todo lo integrado, desahogado y resuelto en los expedientes que ubico con toda puntualidad en el presente ocurso.

    VII.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: DEJARME EN UN TOTAL ESTADO DE INDEFENSIÓN, transgrediendo el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Administración Pública Federal, los artículos, 8º, 17, 20 constitucional Apartado B, fracción IV, 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; ya que corresponde a las Responsables de la Procuraduría General de la República, dar por concluidas las indagatorias con la consignación de los culpables y el pago de reparación de daños, que reclamo, que denuncio, que pido por legítimo derecho en mi carácter de Ofendida, CON LO QUE QUIERO DECIR, QUE DEBEN PRESENTAR LAS RESPONSABLES COPIAS ÍNTEGRAS DE TODOS LOS EXPEDIENTES QUE OBRAN EN SU PODER, TAL COMO PROCEDE EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS, Y QUE CONFIGURA LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ARTÍCULO 10: “Corresponde a la Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento relativo al Juicio Político, actuando como Órgano Instructor y de acusación, y a la Cámara de Senadores fungir como Jurado de Sentencia”.

    Artículo 102 constitucional, segundo párrafo: Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución ante los Tribuales de todos los delitos del orden federal; y por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.

    Quinto párrafo: El Procurador General de la República y sus Agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.

    Artículo 107 constitucional, fracción XVI: “Si concedido el amparo las Responsables insistieren en la repetición del Acto Reclamado o tratare de eludir la sentencia de la Autoridad Federal, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que es inexcusable el incumplimiento, dichas Autoridades serán inmediatamente separadas de su cargo y consagrada al Juez de Distrito que Corresponda.

    Si fuese excusable, previa declaración de incumplimiento o repetición, la Suprema Corte requerirá a la Responsable y le otorgará un plazo prudente para que ejecute la sentencia. Si las Autoridades no ejercitan la sentencia en el término concedido, la Suprema Corte de Justicia Procederá en los términos primeramente señalados”.

    OTRAS CONSTANCIAS PROBATORIAS

    Expediente 1171/2007-PL, Varios, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también pido sean requeridas por Usted C. Juez, copias íntegras del mismo, Citatorio fechado 19 de mayo del 2011 y recibido en mi domicilio el día 24 del mismo mes y año, en relación a la averiguación previa FDF/T/T1/00401/11-05, de la Agencia de Investigación “C” de Ministerio Público. Unidad de Investigación C-1 de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, información de citatorio que me dirige la Licenciada María Janet Fuentes Rovirosa, C. Agente del Ministerio Público; Oficio 20788/2011, fechado 24 de mayo del 2011 y recibido en mi domicilio el 25 del mismo mes y año, oficio que me dirige la Licenciada Elsa Oliva García Badillo, C. Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa II-DDF, de la Subdelegación de Procedimientos Especiales de la Delegación de la PGR en el Distrito Federal, en relación a la averiguación previa PGR/DDF/SPE-II/1814/11. (Indagatoria la cual se inició con motivo de mi escrito de denuncia penal fechada 17 de febrero del 2011) (lo cual se omite en el oficio 20788/2011), RESULTANDO COMO FALTA DE PROBIDAD EL QUE MI ESCRITO DE DENUNCIA EN COMENTO DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2011, CONSISTE EN LOS DELITOS QUE SE CONSTATAN CON HECHOS Y DOCUMENTALES PÚBLICAS OCASIONADOS POR LOS DEFRAUDADORES DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A., EN PERJUICIO DE NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA EN MI CARÁCTER DE OFENDIDA.

    Turno por correspondencia de fecha 30 de julio del 2001, con número de folio 4859 de la promovente Norma Esperanza Falcón Ruiz del asunto: “copia al C. Procurador General de la República del escrito dirigido al Titular del Área de Responsabilidades de la Contraloría Interna del SAT, mediante el cual presenta denuncia en contra del servidor público Licenciado Eduardo Díaz Guzmán, por el delito de FRAUDE que trasciende en suplantación, explotación, falsificación de documentos, robo calificado, piratería, asociación delictuosa y evasión de impuestos. Turnado al Licenciado Martín Rubio Millán, Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal; conjuntamente con turno de correspondencia con número de registro 01489 de fecha 18 de agosto del 2001, con número de folio 5372, turnado al Licenciado Felipe de Jesús Muñoz Vázquez en ese entonces, Director General del Ministerio Público Especializado “A” en la PGR; escrito fechado 9 de enero del 2009, que dirijo al C. Licenciado Juan Miguel Alcántara Soria, en ese entonces Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, escrito donde solicito de conformidad al artículo 141 fracción IX del Código Federal de Procedimientos Penales para que se me proporcione tanto la respuesta de mi escrito de petición de fecha 2 de diciembre del 2008, al igual que copia certificada de la consulta del no ejercicio de la acción penal de la averiguación previa UEDE/021/2007 y de todas mis comparecencias y ratificaciones, al igual que mis denuncias que se ubican en dicha indagatoria canalizadas con sus números de averiguaciones previas acumuladas respectivamente; indicándome el motivo por el cual la Procuraduría General de la República inicia la averiguación previa UEDE/021/2007”; constancias probatorias que no he recibido ya que dichas pruebas las solicité para ser integradas y desahogadas en el expediente 190/2008/LX Legislatura de mi denuncia para Juicio Político en contra del Procurador General de la República, Licenciado Eduardo Medina Mora; oficio DAQDI 17/8749/2000 fechado 20 de diciembre del 2000, con motivo del expediente número 2000/189 de la Opinión Técnica Jurídica de la averiguación previa 2095/RN/98, oficio que firma el Licenciado Alejandro Cendejas Ávalos de la Contraloría Interna en la Procuraduría General de la República. Dirección de Atención de Quejas, Denuncias e Inconformidades; constancias de la Opinión Técnica Jurídica que también forma parte del expediente del Juicio de Amparo en Materia Administrativa 895/2000, del Cuarto Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal; oficio UEDE/M-I/111/2011, fechado 8 de marzo del 2011, que me dirige el Licenciado Arturo Bernardino Toxqui, C. Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa I, de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero; oficio 601-VI-SJ-125563, en relación al expediente J-5216/2000 del asunto: “Averiguación 2095/RN/98, oficio dirigido a la Procuraduría General de la República. Subprocuraduría de Procedimientos Penales “A”. Delegación en el Distrito Federal. Subdelegación de Procedimientos Especiales, oficio fechado 6 de septiembre del 2000, que firma el Licenciado J. de Jesús Herrera C., Subdirector de Enlace de la Vicepresidencia Jurídica. Subdirección de Enlace con Autoridades Judiciales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”; escrito fechado 18 de marzo del 2002 que dirijo a la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República a la Atención del Licenciado Carlos Javier Vega Memije, en referencia de las averiguaciones previas 2095/RN/98 y 1588/FESPLE/2000; oficio 529-I-CA-A-0091, fechado 18 de diciembre del 2001, que me dirige el Licenciado Isaac R. Pérez-Ayala Andaluz, conjuntamente con copia de escrito fechado 28 de diciembre del 2001, que dirijo al Licenciado Gabriel Reyes Orona, en ese entonces Procurador Fiscal de la Federación; escrito donde expongo como parte importante: “…me dirijo a Usted para hacer patente mi súplica en que me vea favorecida con el informe de la revisión y resolución del expediente número 730(09)112595 de la Dirección General de Seguros y Valores de la Secretaría de Hacienda, pues de lo contrario llevaría un atraso dañino la resolución con la sentencia respectiva conforme a derecho de mi averiguación previa 2095/RN/98 integrado actualmente al expediente 1588/FESPLE/2000 de la Fiscalía Especial de la PGR.

    Como le solicité en el mes de septiembre del año en curso (2001) para que de acuerdo a sus atribuciones participe en la conclusión de la revisión y resolución anteriormente referida para que la remita al Señor Procurador General de la República, en este tenor le pido atentamente me dé a conocer por escrito el curso legal que le dio a mi petición urgente presentada a usted en el mes de septiembre en el mes del 2001”, oficio DDF/00766/2007, fechado 30 de enero del 2007, que dirige el Licenciado Armando del Río Leal, quien ocupaba el cargo de Delegado de la PGR en el Distrito Federa; oficio que turna a la Licenciada Rosalía Lilián Espinosa Martínez, en ese entonces Subdelegada de Procedimientos Especiales, con motivo de la averiguación previa PGR/DDF/SPE-XI/212/07-01, indagatoria que también fue acumulada a la número UEDE/021/2007 que vengo refiriendo; oficio 101/04/00/00/00-2010, fechado 8 de septiembre del 2010, en relación al expediente 4163 del Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria. Área de Quejas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio que firma el Titular del Área Licenciado Pablo Gerardo López Sánchez, POR LO QUE TAMBIÉN PIDO SEAN SOLICITADAS COPIAS ÍNTEGRAS DEL EXPEDIENTE 4163 EN COMENTO; oficio DGCPP-A/0835/01, fechado 22 de mayo del 2001, oficio que firma el Licenciado Óscar Fidel González Mendívil de la Subprocuraduría de Procedimientos Penales “A”. Dirección General de Control de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de la República; folio 22215536-50 de fecha 25 de marzo del 2011, que firma Juan Manuel Llera Blanco, Titular de la Oficina de la Presidencia de la República de la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía, bajo información remitida al Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jefe de Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; oficio VG/DGDCSPI/345/2011, fechado 18 de febrero del 2011, que firma el Licenciado Jesús Manuel Alfaro Sánchez, Director General de la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución (PGR) adscrita a la Visitaduría General de la PGR, oficio dirigido al Licenciado Jorge Alberto Lara Rivera, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de dicha institución; oficio DCPPDF/1844/00, fechado 17 de noviembre del 2000, que me dirige el Licenciado Víctor M. Martínez Contreras, en ese entonces Director de Control de Procedimientos Penales en el Distrito Federal.

    POR LO QUE QUIERO DEJAR ASENTADO C. JUEZ, que todas mis promociones de mis denuncias contra Grupo Nacional Provincial, S. A., y lo que se desprende por los delitos en que incurren servidores públicos del ámbito federal, y contra MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, como la autora intelectual de la suplantación de mi persona y otros delitos, denuncias penales presentadas y ratificadas en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, desde el año de 1998 hasta el año de 2008, han sido declinadas por incompetencia hacia la Procuraduría General de la República, ya que están en conexión, con las averiguaciones previas que señalo con toda objetividad en el presente ocurso por ser delitos federales y delitos conexos que son relativos a lo que especifica el Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que no procede el que quieran desvirtuar las Responsables de la Procuraduría General de la República, mediante averiguación previa que inicia en la Procuraduría General de Justicia en el Distrito Federal, ya que reitero, han sido asegurados el cuerpo del delito junto con los cheques de pago de reparación de daños, por parte de la Procuraduría General de la República y es mi derecho, una vez comprobados los delitos, tal como consta en distintas indagatorias antes mencionadas, el que debo recibir dichos cheques de pago de reparación de daños sin pérdida de tiempo, ya que se trata de evitar el PRETENDIDO ROBO QUE QUIEREN PERPETRAR DE DICHOS CHEQUES, DEJÁNDOME SIN DICHO RECURSO ECONÓMICO DESPUÉS DE TANTOS AÑOS DE VENIR DENUNCIANDO Y DEMOSTRANDO CON DOCUMENTALES PÚBLICAS EL QUE SE ME HAGA EFECTIVO DICHOS PAGOS EN MI CARÁCTER DE OFENDIDA, DANDO CABAL CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL APARTADO B, FRACCIÓN IV.

    C. Juez, de lo anteriormente expuesto podemos colegir que la existencia de este derecho como garantía individual, surge como consecuencia de la existencia jurídica y especial de un régimen de legalidad bajo el que no está permitido el hacerse justicia por propia mano, es decir surge como negación del sistema de la vindicta privata en que a cada cual era dable hacerse justicia, por si al sentirse vulnerado en sus derechos, para exigir el respeto a su esfera jurídica sin intervención de autoridad alguna. La decadencia de tal sistema fue dando paso al régimen de autoridad en la situación de los conflictos y contiendas surgidos entre los miembros de la sociedad humana, para ya no ejercerse directamente represalias contra quienes se consideraran responsables, sino para ocurrirse ante las autoridades para que por conducto de ellas se resolviera el conflicto suscitado. El derecho de pedir surgió, por tanto, como la potestad de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstos intervengan para hacer cumplir la ley.

    POR TODO LO EXPUESTO A USTED C. JUEZ SOLICITO SE SIRVA:

    PRIMERO.- Tenerme por presentada en los términos del presente escrito, demandando el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, evitando con ello quedarme en un total estado de indefensión, imposibilitando CON EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, que los que transgreden la ley, sean ajenos al imperio de la ley, evitando de manera definitiva, el pretendido ROBO CALIFICADO que quieren anteponer, por encima de cualquier disposición legal, por lo que me corresponde recibir de mis cheques de pago de reparación de daños.

    SEGUNDO.- Admitir la demanda propuesta con el requerimiento de todas las pruebas documentales públicas que constan en los expedientes que doy a conocer obran en posesión de las Responsables de la Procuraduría General de la República, señalando fecha y hora para la celebración de la Audiencia Constitucional, requiriendo el Informe con Justificación a las Responsables señalados en mi presente ocurso.

    TERCERO.- En su oportunidad dictar sentencia bajo sustanciación de los artículos 78, 150, 152 de la Ley de Amparo y lo consecuente que se deriva de los artículos 17, 20 constitucional Apartado B, fracción IV, y lo que especifica el artículo 204 de la Ley de Amparo.

    PROTESTO LO NECESARIO

    México, D. F., 26 de mayo del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  20. QUEJOSA: NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ
    JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE INICIA EN EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 690/2011, DONDE SE DECLARAN INCOMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN COMENTO.
    EXPEDIENTE QUE SE TURNA AL JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL, LICENCIADO ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA, ASIGNANDO NÚMERO DE DICHO JUICIO DE AMPARO: 501/2011-I, CONTRA ACTOS DEL SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OTRA AUTORIDAD, QUEDANDO ANOTADO EN EL LIBRO DE GOBIERNO POR LO QUE EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO.

    C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL.
    P R E S E N T E .

    México, D. F., DOS de junio del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho, bajo mi personalidad debidamente acreditada en autos del expediente 690/2011, misma dirección que presento en el nuevo expediente de mi juicio de garantías en materia penal número 501/2011-I, por lo que vengo a desahogar el Acuerdo dictado por Usted C. Juez de fecha 31 de mayo del 2011 y recibido en mi domicilio el día uno de junio del mismo año.

    POR LO QUE ATENTAMENTE COMPAREZCO Y EXPONGO DE MANERA CONGRUENTE Y MOTIVADA, con fundamento en los artículos 116, fracción IV, y 146 de la Ley de Amparo, presentando en tiempo y forma lo conducente para conocer del Juicio de Garantías 501/2011-I, aclarando respecto del Acto Reclamado: CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS CON PREMEDITACIÓN, ALEVOSÍA Y VENTAJA.

    EN ESTE SEGUIMIENTO, expongo lo que especifica el artículo 10 de la Ley de Amparo: “La víctima y el ofendido, Titulares del Derecho de exigir la REPARACIÓN DEL DAÑO O LA RESPONSABILIDAD CIVIL PROVENIENTE DE LA COMISIÓN DE UN DELITO PODRÁN PROMOVER AMPARO: Contra los actos surgidos dentro del procedimiento penal y relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que están afectos a la reparación o a la responsabilidad civil”.

    A.- Mediante mi escrito de presentación de Demanda para Juicio de Amparo en Materia Administrativa de fecha 26 de mayo del 2011, a efecto de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Amparo, manifesté:

    III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CON DOMICILIO EN PASEO DE LA REFORMA NÚMERO 211, COL. CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

    AL IGUAL: PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, CON DOMICILIO EN GENERAL GABRIEL HERNÁNDEZ NÚMERO 56, COL. DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C. P. 06720, MÉXICO, D. F., POR EL ACTO RECLAMADO: CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, CON PREMEDITACIÓN, ALEVOSÍA Y VENTAJA.

    B.- Las constancias que obran en autos, se complementan de manera clara y específica, el por qué se constituye la comisión de delitos que se canalizan a lo que expreso como el Acto Reclamado, por lo que sustentan distintas promociones presentadas a las responsables, como a lo que a continuación detallo: Escrito fechado 9 de enero del 2009, con el Asunto: INCONFORMIDAD; escrito que dirijo al C. Licenciado Miguel Ángel Mancera Espinosa, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, relacionado con la averiguación previa FIZP/IZP-5/T1/2316/08-10, manifestando: “…..en mi carácter de Denunciante Ofendida por todo lo que ratifico de las responsabilidades penales que imputo a las autoras material e intelectual del delito de Suplantación de mi Persona, Yolanda Falcón Cervantes (nombre completo) y Martha Sahagún Jiménez de Fox, respectivamente, y todo lo relacionado a los delitos recientes en que incurre Martha Sahagún Jiménez de Fox, incluyendo una serie de actos delictivos por el tráfico de influencias que repercuten en lo que corresponde al Juicio Sucesorio Intestamentario a Bienes de mi difunta madre Señora Esperanza Ruiz Álvarez de Falcón….”

    C.- En mi escrito de Inconformidad de fecha 9 de enero del 2009, en la hoja número 3, segundo párrafo, se advierte: “En la continuidad de estos hechos, ahora con lo que denuncio nuevamente de forma directa contra Martha Sahagún Jiménez de Fox, con mis escritos de fecha 7 y 13 de octubre del 2008, el Agente del Ministerio Público de la Unidad 3 sin detenido de la misma Agencia Investigadora IZP-5, Licenciado Rosendo Hernández, emite un Acuerdo de fecha 28 de octubre del 2008, día en que ratifiqué la nueva averiguación previa en contra de Martha Sahagún Jiménez de Fox, indagatoria FIZP/IZP-5/T1/2316/08-10, Acuerdo donde expone que la nueva averiguación previa se acumula a la anterior de fecha 22 de mayo del 2006, FIZP/IZP-5/T1/1379/06-06, por lo declina competencia a la Procuraduría General de la República, y en esas condiciones también ratifiqué la misma averiguación previa con ampliación de mi declaración, en función de mi escrito de fecha 5 de diciembre del 2008, que asigno a la C. Agente del Ministerio Público de la Federación, Licenciado Elsa Oliva García Badillo, Titular de la Mesa II-DDF, adscrita a la Subdelegación de Procedimientos Especiales de la Delegación de la PGR en el Distrito Federal, ya que a ella fue turnada dicha averiguación previa, consistiendo toda una contradicción el que la Licenciada Elsa Oliva García Badillo, decline competencia sin referir los delitos que deben ser perseguidos dentro de la averiguación previa UEDE/021/2007, de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR”.

    D.- POR LO QUE ACLARO: “….es necesario en primer término, precisar el término de “autoridad”, para los efectos del Juicio de Amparo. El artículo 103 constitucional establece: Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: III. Por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan las esferas de la autoridad federal. Ni este precepto ni el artículo 107 de la propia Carta Magna, en el que se consagran los principios procesales del Juicio de Amparo definen el término “autoridad”. Tampoco en la Ley Reglamentaria de los precepto constitucionales invocados precedentemente se definió el vocablo aludido; en el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de los artículo 103 y 107 constitucionales, se establece: Es Autoridad Responsable, la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado”.

    E.- POR LO QUE ENFATIZO: Autoridad Responsable: Es el Órgano u Órganos del Estado con facultades de mando y decisión públicas que invade indebidamente la esfera jurídica del gobernado; en otras palabras, aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. De ésta emanan los actos que se reclaman por el quejoso, constituyéndose en la parte demandada en el Juicio de Amparo, es a quien se le atribuye la violación de garantías”; definiendo con toda objetividad el que la LICENCIADA ELSA OLIVA GARCÍA BADILLO ES LA AUTORIDAD QUE VA A MATERIALIZAR LAS ÓRDENES EMITIDAS POR SUS SUPERIORES JERÁRQUICOS, en todas las autoridades que tengan relación con la emisión del acto de autoridad, así como aquellas que pretendan ejecutarlo.

    F.- La Procuraduría General de la República, de conformidad al turno por correspondencia de fecha 18 de agosto del 2001, con número de registro 01489, y número de folio 5352 de la Secretaría Particular de la Subprocuraduría de Procedimientos Penales “A” y del asunto de Norma Esperanza Falcón Ruiz, la Suscrita, con el Asunto: Copia al C. Procurador General de la República del escrito dirigido al Secretario de la Contraloría Interna y desarrollo Administrativo, mediante el cual solicita copia del oficio donde se exponga el traslado de sus pruebas en contra del servidor público, Licenciado Eduardo Díaz Guzmán…..”; lo cual fue turnado al entonces Director General del Ministerio Público Especializado “A”, Licenciado Felipe de Jesús Muñoz Vázquez; y lo que corresponde al turno por correspondencia de fecha 30 de julio del 2001 con número de registro 01324 y el número de folio 4859, con el mismo asunto que fue turnado precisamente al Licenciado Martín Rubio Millán, Delegado de la PGR en el Distrito Federal; lo que trasciende en que mis averiguaciones previas se canalizan a delitos federales, tal como consta en igual forma de acuerdo al oficio 891/DGDCSPI/DAF/07, que obra en autos de la averiguación previa UEDE/021/2007, oficio fechado 2 de abril del 2007 de la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR. Mesa VIII-103/DGDCSPI/06 y su acumulado 142/DGDCSPI/07.

    G.- CON EL ASUNTO: “Se remite averiguación previa en incompetencia en razón de la especialidad. Dirigida a: Dr. José Luis Santiago Vasconcelos, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, con el siguiente texto: Me permito remitir a Usted el original de la averiguación previa 103/DGDCSPI/06 constante de dos tomos con un total de 1486 (un mil cuatrocientas ochenta y seis hojas útiles) instruidas contra el Licenciado Daniel Francisco Cabeza de Vaca y otros por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD toda vez que de las constancias que la integran se advierte que son hechos de su exclusiva competencia. Firma el Licenciado Félix Zacapela Guzmán, Agente del Ministerio Público de la Federación. Titular de la Mesa DGDCSPI”.

    H.- Y SOBRE ESTA FUNDAMENTACIÓN, también se localiza en el expediente UEDE/021/2007 de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, el oficio número VG/DATC/058/2007 de la Visitaduría General. Dirección de Apoyo Técnico y Coordinación, oficio fechado 21 de febrero del 2007, que firma el Licenciado Miguel Jaime Romero Téllez, Agente del Ministerio Público de la Federación, dirigido a Sergio Amauri Pérez López, Mesa VIII, con el asunto: Se devuelve averiguación previa 103/DGDCSPI/06, con el siguiente texto: “De conformidad a lo dispuesto en el artículo IV, fracción I, Apartado A) Inciso I) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por el que se establecen los lineamientos de los Agentes de Ministerio Público de la Federación Auxiliares del Procurador, envío a Usted original del dictamen con folio VG/WEAP/263/2006, por el que se consideró improcedente la Consulta del No Ejercicio de la Acción Penal que se sirvió formular en la averiguación previa número 103/DGDCSPI/2006 de fecha 18 de diciembre del 2006 con los anexos que en el mismo se indican para los efectos legales procedentes”.

    I.- ACTO RECLAMADO: Es el acto de autoridad (acto jurídico unilateral, imperativo y coercitivo) que se considere violatorio de garantías; es la fuente del inicio del juicio de garantías, por naturaleza es un acto proveniente de un órgano de Estado; con lo que quiero establecer, ampliar y subrayar de forma que no quede duda, que las autoridades que tienen conocimiento de los hechos y pruebas con lo que se canalizan a delitos federales, TODO HA SIDO TURNADO POR DECLINACIÓN DE COMPETENCIA, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, lo que conforman los antecedentes dentro del Juicio de Amparo, ya que son el conjunto de hechos que dan lugar a la violación de garantías en perjuicio del gobernado, y en este renglón, acumularon las distintas averiguaciones previas de la Procuraduría General de la República y de la General de Justicia del Distrito Federal, a la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR.

    J.- Las actuaciones de distintos Agentes del Ministerio Público de la Federación en el desarrollo, integración y resolución de diversas indagatorias de la Procuraduría General de la República, han sido bajo disposiciones de sus superiores jerárquicos, luego entonces, EL SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PGR, debe dar a conocer en su informe justificado, motivo, causa o razón, el que hasta este día dos de junio del dos mil once, no me ha sido proporcionado de conformidad al artículo 141, fracción IX, del Código Federal de Procedimientos Penales, copias certificadas del No Ejercicio de la Acción Penal de la indagatoria UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma, lo mismo que de mis escritos de denuncia integrados en dicho expediente, al igual que mis ratificaciones y todas mis comparecencias, sin permitirme conocer lo que se ha actuado en todos los tomos que conforman esta averiguación previa, refiriéndome desde el día tres de mayo del dos mil siete en que ratifiqué, hasta el día de hoy.

    K.- Como constancia de lo dicho y expuesto de manera congruente en mi presente ocurso, anexo copia de mi comparecencia del día 5 de diciembre del 2008, siendo que por el contenido de dicha comparecencia y ratificación, consta que fue incluido lo actuado a la averiguación previa PGR/DDF/SPE-II/492/06-03/INC/FSP/BT1/433/06-02, MESA II-DDF, comparecencia constante en cuatro hojas útiles escritas en el anverso únicamente.

    L.- Constancia de la negativa permanente de autoridades del Servicio de Administración Tributaria, para proporcionarme el resultado de las auditorías que se le han practicado al contribuyente Grupo Nacional Provincial, S. A., lo que anexo mediante oficio 330-SAT-VIII-7-2158, fechado 12 de febrero del 2007, oficio que firma Lourdes Guadalupe Bejarle López, Administradora de Auditoría a Intermediarios Financieros no Bancarios; POR LO QUE OMITE LOURDES GUADALUPE BEJARLE LÓPEZ, que se trata de mi asunto dentro del contenido del expediente 730(09)112595, de la Dirección General de Seguros y Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que es una de mis pruebas documentales públicas, que antecede como fundamento de la violación a mis garantías constitucionales, ya que dentro del desarrollo e integración de las distintas averiguaciones previas de la Procuraduría General de la República, sustentan jurídicamente mi pago de reparación de daños, por los delitos de Fraude Genérico, Suplantación de Persona, Falsificación de Documentos y lo que resulte en mi perjuicio de los delitos cometidos por los defraudadores de Grupo Nacional Provincial, S. A., correlacionados con los expedientes J-5216/2000 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el número 700/42899 de la Procuraduría Fiscal de la Federación que se canaliza a Abuso de Autoridad, Contra la Administración de Justicia y Coalición de Servidores Públicos.

    M.- Por lo que también queda totalmente aclarado, que el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, debe aclarar el motivo por el que aún se considera No Ejercicio de la Acción Penal de la averiguación previa UEDE/021/2007, ya que todas las constancias que evidencian los delitos federales cometidos en mi perjuicio por parte de Grupo Nacional Provincial, S. A., obran en su poder, con todas las promociones que la Suscrita realizó mediante escritos dirigidos a todos los Procuradores Generales de la República por este motivo, desde el año 2000 a finales, hasta la actualidad, desde el Procurador Jorge Madrazo Cuéllar hasta la nueva Procuradora, Licenciada Marisela Morales Ibáñez, por lo mismo adjunto oficio número UEDE/M-I/287/2007, fecha 3 de septiembre del 2007, que me dirige el Licenciado Arturo Bernardino Toxqui, y su complemento Volante de Remisión de Documentos folio 12498, turnado al Licenciado José Luis Santiago Vasconcelos, en relación a mi escrito de fecha 10 de agosto del 2007, que también fue turnado al Licenciado Alejandro Jaime Gómez Sánchez, en ese entonces Visitador General de la Procuraduría General de la República; oficio 529-IV-01-22203, de fecha 9 de mayo del 2001, oficio que dirige David Aguilar Centeno de la Procuraduría Fiscal de la Federación, a la Licenciada Julieta Erika Zavala Vázquez, C. Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa XI-DDF de la Subdelegación de Procedimientos Especiales de la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal; oficio 366-IV-1068, en relación al expediente 730(09)112595, en comento, oficio fechado 24 de febrero que firma el Director de Seguros y Fianzas, Licenciado Ignacio López Merlo, que dirige a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; folio 379712-69, fechado 29 de septiembre del 2000, que dirige la Licenciada Leonor Ortiz Monasterio, de la Presidencia de la República. Coordinación de Atención Ciudadana, que dirige al C. Licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, en ese entonces Procurador General de la República; escrito fechado 28 de noviembre del 2006, que Norma Esperanza Falcón Ruiz, dirige al Licenciado Aníbal Trujillo Sánchez, en ese entonces Director General de la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR, y lo correspondiente a mi escrito fechado15 de noviembre del 2007, que dirijo al Licenciado Eduardo Medina Mora, Procurador General de la República.

    POR TODO LO EXPUESTO, A USTED C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL, SOLICITO SE SIRVA:

    PRIMERO.- Dar por desahogado el Acuerdo de fecha 31 de mayo del 2011 que Usted provee y firma, como C. Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, dando cabal cumplimiento por lo que manifiesto expongo y doy a conocer con constancias probatorias la probidad contra actos del Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, dando constancia legal a mi presente Juicio de Amparo en Materia Penal número 501/201-I, con lo que aclaro respecto del Acto Reclamado: CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, CON PREMEDITACIÓN, ALEVOSÍA Y VENTAJA.

    SEGUNDO.- Se solicite a las Responsables Informes Justificados, por lo que se fundamenta conforme a derecho en mi presente ocurso, dando respuesta punto por punto de lo que manifiesto en mi promoción de fecha 23 de mayo del 2011, a lo que converge de delitos federales, que de manera improcedente canalizan a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y ésta a su vez con los antecedentes de la declinación de competencia de mis averiguaciones previas presentadas y ratificadas por escrito, que turnaron a la Procuraduría General de la República, por lo que el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, debe presentar la justificación del por qué, inicia averiguación previa en su jurisdicción, tratándose de delitos federales, que han sido investigados y desahogados con documentales públicas en la Procuraduría General de la República; razón más que suficiente para pretender dejarme en un total estado de indefensión, siendo que en estas circunstancias la Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, no corresponde requerir a autoridades federales, las pruebas a autoridades federales, y de esa manera, se me impedirá, el que se me proporcione mis cheques de pago de reparación de daños, y mucho menos el que sean consignados los responsables, ya que todo es en base a pruebas documentales públicas que se encuentran en posesión de instituciones de la Administración Pública Federal.

    TERCERO.- Lo que expreso que como víctima u ofendida de diversos ilícitos, no se me han restituido los daños y perjuicios, se aclara con toda objetividad, que los resultados que arrojan las distintas auditorías practicadas a Grupo Nacional Provincial, S. A., los Titulares de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, ni el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, han considerado en ningún momento, para que se me hagan efectivo tanto el pago de reparación de daños, como todo lo dispuesto en el artículo 113 constitucional de las responsabilidades de los servidores públicos y la responsabilidad patrimonial del Estado.

    CUARTO.- POR LO QUE REITERO: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: DEJARME EN UN TOTAL ESTADO DE INDEFENSIÓN.

    QUINTO.- Tenerme por presentada en los términos del presente escrito dentro de los autos de mi Juicio de Garantías número 501/2011-I, el desahogo en tiempo y forma de su Acuerdo de fecha 31 de mayo del 2011, DEMANDANDO EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN.

    SEXTO.- Admitir la demanda propuesta con el requerimiento de todas las pruebas documentales públicas que constan en los expedientes que doy a conocer obran en posesión de las Responsables.

    SÉPTIMO.- En su oportunidad, dictar sentencia bajo substanciación de los artículos 78, 150,151 y 152 de la Ley de Amparo y lo consecuente que se deriva de los artículos 17, 20 constitucional Apartado B, fracción IV, lo que especifica el artículo 204 de la Ley de Amparo.

    PROTESTO LO NECESARIO

    México, D. F., DOS de junio del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  21. C. LICENCIADO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA
    PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA
    P R E S E N T E .

    México, D. F., OCHO de junio del 2011.

    ASUNTO: PETICIÓN URGENTE.

     NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho, en mi carácter de Ofendida, en este día miércoles ocho de junio del dos mil once, con domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones, en Calle 3 No. 118, Col. General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c. p. 15000, México, D. F.

    En virtud de la conclusión de expedientes que se han integrado, desahogado y resuelto a través de mis pruebas documentales públicas, bajo investigaciones y revisiones acordes a las responsabilidades en que incurren de acuerdo a la Ley Federal de Servidores Públicos y lo que se desprende por la Responsabilidad Patrimonial del Estado, me permito solicitarle Señor Licenciado Felipe Calderón Hinojosa de la manera más atenta y respetuosa, el que se confirme por parte de Usted, sobre el aseguramiento del cuerpo del delito en distintas constancias probatorias, para que me vea favorecida con la obtención de mis cheques de pago de reparación de daños conforme a derecho.
    Por lo que atentamente comparezco y expongo, de forma congruente, fundada y motivada, tal como detallo a continuación:
    UNO.- Anexo mi escrito fechado doce de de octubre del dos mil diez (2010), que dirijo a Usted como Presidente de la República y al Licenciado Javier Corral Jurado, Diputado Federal, Presidente de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión respectivamente.
    DOS.- El tema central del escrito de fecha doce de octubre del dos mil diez (2010) en comento, consiste sobre el oficio 10104000000-2010, en relación al expediente 4163, iniciado en el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria. Área de Quejas; sobre la fundamentación del curso correspondiente sobre el mismo que fue turnado a la Licenciada Suhaila María Núñez Elías, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
    TRES.- La culpabilidad recaída sobre la exposición fraudulenta dentro del oficio 529-VDGDFD-0683-2010. Expediente 700/42899, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, oficio fechado DOS de septiembre del dos mil diez, (2010), que me dirige el Licenciado Ramón Ignacio Cabrera León, Director General de Investigaciones de Delitos Fiscales, Financieros y Diversos de dicha institución, con el siguiente texto: > “Se hace referencia a su escrito del TRES de agosto del dos mil diez, (2010), mediante el cual solicita al Secretario de Hacienda y Crédito Público, que derivado a su diverso del veintitrés de julio del mismo año, dirigido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, le remita a la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, copia de la conclusión de su asunto legal relacionado con el expediente 700/42899; lo anterior, a efecto de que se le entregue el cheque de reparación de daños al que hace referencia en sus diversos escritos”.
    CUATRO.- En este orden el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recibe mi escrito fechado treinta de mayo del dos mil once (2011), que dirijo al C. LICENCIADO PABLO GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ, Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en mención.
     Escrito con el asunto: “Denuncia contra el Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, C. Jefe de Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, solicitando para ello, el que corrijan fundamento legal por el que se remite a Ustedes mi escrito de Petición Urgente, fechado cinco de abril del dos mil once, (2011), dirigido por la Suscrita al C. Licenciado Salvador Vega Casillas, Secretario de la Función Pública, ya que se trata específicamente para que intervenga la actuación del Órgano Interno de Control en el SAT, sobre los actos omitivos, con premeditación, alevosía y ventaja en que incurre el C. Jefe de Servicio de Administración Tributaria, Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, actos y omisiones que se canalizan a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado, en perjuicio de NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita, en mi carácter de Ofendida”.
    CINCO.- Sobre el asunto relacionado de mi escrito fechado treinta de mayo del dos mil once (2011), que dirijo al C. Licenciado Pablo Gerardo López Sánchez, manifesté en el punto B: “POR LO QUE ES IMPORTANTE el que transcriba el oficio fechado treinta de marzo del dos mil once, (2011), número 1102.3-1811 que me envía el Licenciado Juan Valverde Martínez. Director General Adjunto Jurídico Contencioso de la Secretaría de la Función Pública: En relación a su escrito recibido el dieciséis de febrero del dos mil once, (2011), en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, en el que solicita del Suscrito requerir al Servicio de Administración Tributaria, el resultado de lo confiscado de las inversiones de Grupo Nacional Provincial, S. A., tal y como dio a conocer en su escrito del once de febrero del dos mil once, (2011), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que retenga y obtenga del SAT, el pago de impuestos y se expida el cheque que le corresponde, así como someter a revisión la actuación de la Mesa I de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero”.

    SEIS.- Señor Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, el Órgano Interno de Control en el SAT, ya llevó a efecto las actuaciones correspondientes conforme a lo que solicito en mi escrito de fecha treinta de mayo del dos mil once, (2011), específicamente comprobando la responsabilidad en que incurre Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ocultando el delito cometido en mi perjuicio con todas las agravantes de la ley, por parte de los Defraudadores de Grupo Nacional Provincial, S. A., (delincuentes de cuello blanco) privándome el LIC. ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, de mis derechos legales y lo relativo al cabal cumplimiento del artículo 20 constitucional Apartado B, fracción IV.
    SIETE.- COMPROBANDO EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SAT, lo que denuncio dentro de la solicitud de fecha once de febrero del dos mil once, (2011), que dirijo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, registrado en la hoja número cuatro de dicho escrito: “Al comunicarse Ustedes el día de hoy por teléfono y por Internet con la Lloyd de Londres, y confirmar este delito gravísimo en que incurren los socios de Grupo Nacional Provincial, S. A., les pido de la manera más atenta, el que se dirijan con el número de póliza que les va a informar la Lloyd de Londres, directamente con la Bolsa Mexicana de Valores, ya que se localiza una inversión de acciones en renta fija y garantizada de los valores que genera de tiempo atrás, esta póliza expedida fraudulentamente a nombre de NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita, por parte de Grupo Nacional Provincial, S. A., inversión capitalizada con interés compuesto, resultando una cantidad de veinte mil millones de pesos”.

    OCHO.- También se llevó a cabo por parte del Órgano Interno de Control en el SAT, lo que también expongo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en mi escrito de fecha once de febrero del dos mil once, (2011), que vengo refiriendo: “En una forma rápida se comprobará ESTE FRAUDE GENÉRICO Y DEFRAUDACIÓN FISCAL, cometido en perjuicio de Norma Esperanza Falcón Ruiz, (la que se suscribe) con todas las agravantes de la ley por parte de Grupo Nacional Provincial, S. A., de tal manera y sin duda alguna, Ustedes Señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con lo que, y con la facultad que les provee la legitimidad de las intervenciones de la CIDDH en estos casos extraurgentes, le solicito, se dirijan igualmente por teléfono con carácter de urgente, y por este medio, directamente con el C. Jefe de Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aquí en la ciudad de México, D. F., al teléfono 01800 4636 728, quien tendrá que acudir a confiscar esa partida multimillonaria a la Bolsa Mexicana de Valores, que pido sea el resarcimiento económico que me haga entrega de inmediato, (cobrando los impuestos) la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Administración Pública Federal de los Estados Unidos Mexicanos, vía conducto del Jefe de Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda en mención, Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena”.
    NUEVE.- El Órgano Interno de Control en el SAT, realizó las actuaciones correspondientes a mi escrito de fecha treinta de mayo del dos mil once, (2011) que vengo refiriendo, de conformidad al Reglamento Interno de la Secretaría de la Función Pública, Capítulo IX. Artículo 66: “Corresponderá a los Titulares de los Órganos Internos de Control, en el ámbito de la dependencia o entidad en la que sean designados o en el de la Procuraduría, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 7.- Recibir, tramitar y dictaminar las solicitudes de indemnización de los particulares relacionadas con servidores públicos de la dependencia o entidad de que se trate o de la Procuraduría”.
    Al igual; 5.- “Implementar el sistema integral del control gubernamental y coadyuvar a su debido funcionamiento; proponer las normas y lineamientos con un enfoque preventivo y analizar y mejorar los controles que al efecto se requieran y vigilar el cumplimiento de las normas de control que expida la Secretaría, así como aquellas que regulan el funcionamiento de la dependencia o entidad correspondiente o de la Procuraduría”; es decir, QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SUSTENTÓ JURÍDICAMENTE MI ESCRITO DE DENUNCIA DE FECHA TREINTA DE MAYO DEL DOS MIL ONCE, (2011), COMPROBANDO LA REALIDAD SOBRE LO QUE DENUNCIO, Y LO QUE DECLARÓ AL RESPECTO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, uniendo todas las pruebas sobre las actuaciones de estos hechos delictivos en que incurre con premeditación, alevosía y ventaja Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en perjuicio de Norma Esperanza Falcón Ruiz, en mi carácter de Ofendida, al intentar con maniobras gansteriles y falsificación de documentos públicos, ROBAR IMPUNEMENTE, mis cheques de pago de reparación de daños que debo recibir sin pérdida de tiempo, por lo que le solicito a Usted, Licenciado Felipe Calderón Hinojosa como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Titular del Poder Ejecutivo Federal y Jefe de Estado respectivamente, para que se lleve a cabo la CONCLUSIÓN DE MI ASUNTO LEGAL, realizando bajos sus apreciables instrucciones, el ordenamiento sobre lo conducente de estos delitos federales comprobados, dentro de las gestiones que Usted ordene de manera extra_urgente, dentro de lo especificado en mis Garantías Individuales y los Derechos Humanos bajo tratados internacionales firmados por su Gobierno en el extranjero, cumpliendo y además, tal como Usted rinde protesta, cumpliendo haciendo cumplir La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanan, (en este caso específico) a través de la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, para que el Órgano Interno de Control en el SAT, le remita con carácter de extraurgente, el día de hoy, los resultados sobre esta investigación, para que así, dentro de las normatividades del Reglamento Interno de la Secretaría de la Función Pública, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, sea sujeto de la aplicación de la ley, bajo el procedimiento respectivo que señala la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en conjunción con el artículo 113 constitucional sobre dichas responsabilidades de los servidores públicos y la Responsabilidad Patrimonial del Estado.
    DIEZ.- Dichos resultados que Usted obtenga Señor Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, favor de instruir de acuerdo a sus facultades y atribuciones a sus colaboradores, dentro de la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, para que dichos resultados sean también turnados copias íntegras del mismo, directamente a la Licenciada Marisela Morales Ibáñez, Procuradora General de la República, y ésta a su vez, emita el Acuerdo correspondiente, para de esa manera dichos resultados se incluyan en todas mis averiguaciones previas de mis denuncias penales que he presentado y ratificado por escrito en la Procuraduría General de la República, y las denuncias penales que también he presentado y ratificado por escrito en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, las cuales han sido declinadas por incompetencia a la Procuraduría General de la República, por estar en conexión con mis averiguaciones previas 2095/RN/98 y 1588/FESPLE/2000, actualmente acumuladas con otros números, a la indagatoria UEDE/021/2007 de la Unidad Especializada en la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, y se les incluya a dichas indagatorias las actuaciones y trámites sin demora ni excusas ni pretextos, conforme al Reglamento y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, los artículos 8º, 17 y 102 constitucional, la resolución que es apremiante el haber determinado de tiempo atrás, (a través de los resultados que arrojan mis documentales públicas) con la consignación de los responsables, dándome a conocer dicho trámite en mi carácter de Ofendida, y se concluya definitivamente esta red de corrupción e impunidad en las Instituciones de Procuración de Justicia dependiente del Poder Ejecutivo Federal, a su digno cargo.
    ONCE.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Licenciado Ernesto Cordero Arroyo, ha sido informado a plenitud sobre estos hechos, con lo que se concluye que siendo el LICENCIADO ERNESTO CORDERO ARROYO SU SUBALTERNO, reciba de parte de Usted las instrucciones precisas, (ya que todos callan) para que se emita el Acuerdo correspondiente de parte del Secretario de Hacienda y Crédito Público, y determine en veinticuatro horas, (por tanta corrupción, por tanto engaño, por tanto fraude cometido en mi perjuicio que redunda en igual forma en deterioro de los intereses públicos y fundamentales y su buen despacho) sobre las responsabilidades comprobadas en que incurre ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, para que sea destituido del cargo que ocupa.
    De estas actuaciones, LE PIDO DE LA MANERA MÁS ATENTA, me indiquen en la Dirección de Atención Ciudadana (donde acudiré el día de mañana viernes diez de junio del dos mil once (2011), con quien debo pasar a recoger mis cheques de pago de reparación de daños, de conformidad a todo lo investigado, desahogado y resuelto, por parte del Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
    EN ESTE MISMO CONTEXTO, el Secretario de Gobernación, Licenciado José Francisco Blake Mora, está debidamente documentado sobre el expediente número SO-0045/2010 del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación, respecto de todo lo integrado, investigado, desahogado y resuelto en el expediente 2.8/450/08/300 de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Dirección General Adjunta en la Secretaría de Gobernación; RESUELTO A MI FAVOR, lo que también se comprueba que ha habido un interés malsano de mantenerme ajena a las comprobaciones fidedignas, por todo lo que denuncio, reclamo, solicito conforme a derecho en mi carácter de Ofendida, para que se me haga entrega de mis cheques de pago de reparación de daños manifiestos en mis escritos de petición que dirijo a Usted, y a Titulares de distintas dependencias oficiales, relacionando todos estos hechos que se comprueban a toda cabalidad en distintos expedientes de las instituciones de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (expediente 1171/2007-PL, Varios), y en igual forma en lo correspondiente a expedientes de mis demandas para Juicios Políticos, presentadas y ratificadas por escrito, en el Área Jurídica de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y en la Cámara de Diputados del H. Congreso del Estado de Tabasco, ya que son servidores públicos que deben estar sujetos al imperio de la ley y no a su capricho.

    SEÑOR LICENCIADO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, confío en sus pronunciamientos, de que la ciudadanía debe de participar para denunciar a los servidores públicos corruptos, ya que la situación que prevalece en el sistema de procuración e impartición de justicia en México, es totalmente fuera de toda legalidad, avasallando en su máxima expresión, la corrupción y la impunidad a través de los sobornos, y como Usted bien ha dicho: “Voy a hacer lo que se tenga que hacer, para que se corrija lo que se deba de corregir, y no seguir permitiendo el avance de la corrupción y de la impunidad en las instituciones de este país”.

    POR TODO LO EXPUESTO, ATENTAMENTE PIDO:

    ÚNICO.- Que se acabe, que se concluya este penoso asunto, bajo la formalidad respectiva, y dentro de sus funciones de Primer Mandatario de la República Mexicana, se dé cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 constitucional, Apartado B, fracción IV, dejando establecido tanto en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Procuraduría General de la República, en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, del Estado de Tabasco conjuntamente, al igual que en la Procuraduría Fiscal de la Federación, en la Secretaría de Gobernación, en la Secretaría de la Función Pública, que el asunto legal de NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, se cierra definitivamente, otorgándome de inmediato mis cheques de pago de reparación de daños.

    PORQUE LA JUSTICIA NO SE COMPRA, LA JUSTICIA ES PARA TODOS.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ
    México, D. F., OCHO de junio del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  22. C. LICENCIADO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA
    PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
    PRESENTE.

    México, D. F., 15 de junio del 2011.

    ASUNTO: INFORMARLE DE MANERA URGENTE, DE LA PÉRDIDA DEL DÍA DE HOY 15 DE JUNIO 2011, DE MI IDENTIFICACIÓN FEDERAL, QUE OBTUVE HACE UNOS AÑOS PARA OBTENER PASE CON DESCUENTO EN VARIOS SERVICIOS DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL, Y PASE LIBRE EN EL METRO Y OTROS TRANSPORTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., LO QUE PUEDE SER USADO PARA DARLE UNA CANALIZACIÓN DE LA SUPLANTACIÓN DE MI PERSONA, LO QUE ES IMPORTANTE DENUNCIAR TAL HECHO POR ESCRITO, A LAS INSTITUCIONES DONDE ME DIRIJO CON MIS PROM0CIONES DE RECLAMACIÓN DE PAGO DE REPARACIÓN DE DAÑOS CON MOTIVO DEL FRAUDE GENÉRICO Y SUPLANTACIÓN DE MI PERSONA, COMETIDO EN MI PERJUICIO POR LOS AUTORES MATERIALES E INTELECTUALES DE DICHOS DELITOS EN GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A., Y DE DELITOS CONEXOS, EN QUE INCURRE EN MI PERJUICIO, MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX Y COLABORADORES QUE HA SOBORNADO EN LAS INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE3 JUSTICIA EN MÉXICO. TAMBIÉN ACUDIRÉ HOY, TAL CIRCUNSTANCIA PARA DENUNCIAR ANTE UNA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL DISTRITO FEDERAL.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo en mi carácter de Ofendida, por mi propio derecho, el día de hoy miércoles quince de junio del dos mil once, con domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones, en Calle 3, No. 118, Colonia General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15000, México, Distrito Federal.

    Mi interés Señor Licenciado Felipe Calderón Hinojosa es que Usted esté debidamente enterado de esta acción delictiva de sustraer mi identificación federal tal como indico en el rubro del presente ocurso para que haya una prueba de lo que pueda suscitarse en caso, de que intenten los defraudadores de Grupo Nacional Provincial, S.A, y Martha Sahagún Jiménez de Fox, de darle un uso indebido para cometer delitos en que como siempre, el fin sea de querer obtener mis cheques de pago de reparación de daños, suplantándome fraudulentamente.
    Voy a denunciar en igual forma el día de hoy quince de junio del dos mil once ante una Agencia del Ministerio Público en el Distrito Federal, para que quede constancia que me encuentro en la Ciudad de México, Distrito Federal, y que estoy esperando su respuesta de lo que le solicito de manera extraurgente en mi escrito de fecha ocho de junio del dos mil once, que dirijo a Usted, Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, como Presidente de la República Mexicana, para que gire sus instrucciones en lo relativo de lo comprobado en el Órgano Interno de Control en el SAT., de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la probidad de acuerdo a las auditorías practicadas a Grupo Nacional Provincial, S. A., el que se me debe hacer entrega ante la autoridad que usted designe, mis cheques de pago de reparación de daños con motivo del Fraude Genérico, Suplantación de mi Persona, a través de una póliza de seguro de vida en dólares, expedida de manera delictiva a mi nombre, por una cantidad de inicio de suma asegurada de cinco millones de dólares, que con los incrementos de suma asegurada que fueron adicionando con pólizas registradas con el mismo número de inicio, alcanza una suma asegurada de QUINIENTOS MILLONES DE DÓLARES, cometido en mi perjuicio con todas las agravantes de la ley, por los autores materiales e intelectuales de dicho delito en Grupo Nacional Provincial, S. A., y lo que se deriva por delitos conexos en que incurre Martha Sahagún Jiménez de Fox, valiéndose de YOLANDA FALCÓN CERVANTES, quien ocupaba el cargo de Directora de Comunicación de la Fundación Vamos México, y lo que pretendió a través del Oficio de fecha 26 de septiembre del 2008, que expide Agustín Carstens a nombre de Eduardo Medina Mora, para que se presentaran mis hermanos de padre y madre, los Señores Abel, José Francisco, Octaviano y Angélica María, de apellidos Falcón Ruiz, con un Acta de Defunción falsa, de mi supuesto fallecimiento y pudieran obtener fraudulentamente, mis cheques de pago de reparación de daños en comento, lo que descubrí oportunamente y presenté mi denuncia penal de esos hechos, de fechas 7 y 13 de octubre del año 2008 en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, averiguación previa FIZP/IZP-5/T1/1379/08-10, la cual ratifiqué el día 28 de octubre del 2008, en la Agencia Investigadora IZP-5, adscrita a la Delegación Iztapalapa, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de donde la remitieron directamente por incompetencia, a la Procuraduría General de la República, por estar en conexión con mis averiguaciones previa, 2095/RN/98 y 1588/FESPLE/2000, sobre mis denuncias penales anteriores por el Delito de Fraude, contra Grupo Nacional Provincial, S.A.
    POR TODO LO EXPUESTO ATENTAMENTE PIDO:
    ÚNICO.- Que se envíe comunicación a las autoridades de procuración e impartición de justicia en todo el país, (lo cual se puede realizar vía internet) para alertarlos sobre cualquier acción delictiva donde pretendan suplantarme para cometer el ROBO de mis cheques de pago de reparación de daños.
    PROTESTO LO NECESARIO
    México, D. F., 15 de junio del 2011.
    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  23. C. LIC. SALVADOR VEGA CASILLAS
    SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
    P R E S E N T E.

    México, D. F., 16 de junio del 2011.

    ASUNTO: PETICIÓN DE NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA, EN MI CARÁCTER DE OFENDIDA, SOLICITANDO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO OCTAVO, DIECISIETE, VEINTE CONSTITUCIONAL, APARTADO B, FRACCIÓN IV, DEL RESULTADO DE LO QUE SE COMPRUEBA EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE, (2011), POR EL C. JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA LICENCIADO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, LO CUAL SE CONSTATA POR MI PETICIÓN URGENTE QUE POR ESCRITO DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2011, DIRIJO AL DIRECTOR DEL ÁREA DE QUEJAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SAT, DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE FORMA CONSECUTIVA, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, A TRAVÉS DE MI PETICIÓN EXTRAURGENTE QUE ASIGNO POR ESCRITO DE FECHA OCHO DE JUNIO DEL 2011, AL LICENCIADO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA, SOBRE LO INVESTIGADO, COMPROBADO CON DOCUMENTALES PÚBLICAS, POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SAT., PARA QUE RECIBA MIS CHEQUES DE PAGO DE REPARACIÓN DE DAÑOS, CON MOTIVO DEL SEGURO DE VIDA EN DÓLARES, QUE FRAUDULENTAMENTE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A., EXPIDE A MI NOMBRE DE AÑOS ATRÁS, (SIN HABERLO SOLICITADO) CON UNA SUMA ASEGURADA DE INICIO POR CINO MILLONES DE DÓLARES, QUE CON LAS SUMAS ASEGURADAS QUE FUERON INCREMENTANDO ALCANZA LA CANTIDAD DE QUINIENTOS MILLONES DE DÓLARES, Y LO RELATIVO A LA INVERSIÓN QUE HA GENERADO LA PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES DE LA COBERTURA BÁSICA, (RESERVAS) DE LO CUAL, SE COMPRUEBA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SAT, EL QUE SE CONFISCÓ CON LAS ACTUACIONES DEL C. JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, (DESDE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, (2011), LO QUE CORRESPONDE DE DICHA INVERSIÓN EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, Y QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE VEINTE MIL MILLONES DE PESOS.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho en mi carácter de Ofendida, en este día jueves dieciséis de junio del dos mil once, con domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones, en Calle 3, No. 118, Colonia General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15000, México, Distrito Federal, correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

    Licenciado Salvador Vega Casillas, en virtud de proveerme del trámite realizado por la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República Mexicana en Palacio Nacional, donde me dirigí personalmente el día de ayer miércoles 15 de junio del 2011, donde me indican de manera verbal, que el Folio que registran de mi escrito de Petición de fecha 8 de junio del año que transcurre, que dirijo al Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, es el número 22232455, relacionado con el Folio 12634706, que fue dirigido a Usted de la misma Dirección de Atención Ciudadana de fecha del mes de abril del 2011; para conocer del seguimiento de lo que pido de manera extraurgente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, mediante mi escrito de fecha 8 de junio que vengo refiriendo, por lo que, remiten a Usted dicho Folio, para darle el curso correspondiente en la Secretaría de la Función Pública, (bajo sus instrucciones como Titular de la misma), por lo que me permito dirigirme a Usted de la manera más atenta, apoyándome en el artículo 8º y 17 constitucional, para que se sirva de conformidad a sus facultades y atribuciones, proporcionarme por escrito mediante Acuerdo que Usted indique, para que me sean entregados sin pérdida de tiempo (porque está debidamente comprobado por el Órgano Interno de Control en el SAT), mis cheques de pago de reparación de daños, por los motivos que fundamento de manera congruente, fundada y motivada, en el rubro del presente ocurso, relacionando para ello, mi escrito de fecha ocho de junio del 2011, que reitero, dirijo a nombre del Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, como Jefe de Estado, y lo que indica el artículo 113 Constitucional de la Ley Federal de las Responsabilidades de los Servidores Públicos, y la Responsabilidad Patrimonial del Estado. (ANEXO CONSTANCIA EN COPIA SIMPLE)

    a).- ARTÍCULO OCTAVO CONSTITUCIONAL.

    Como es de explorado derecho, nuestro ordenamiento jurídico, supremo lo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Por lo menos tres exigencias integran esta obligación. En primer lugar, la manifestación de la administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No basta, por ejemplo, con dar una información cuando lo que se solicita es una decisión.

    Correspondencia e Integridad son fundamentales en la Comunicación Oficial. En segundo lugar, la respuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se plantea. El funcionario no sólo está llamado a responder, también debe esclarecer, dentro de lo posible, el camino jurídico que conduzca al peticionario a la solución de su problema.

    Finalmente, la comunicación debe ser oportuna. El factor tiempo es un elemento esencial para la efectividad de los derechos fundamentales; de nada sirve una respuesta adecuada y certera, cuando ella es tardía”. (T-220.1994).

    b).- DICHO DE OTRA MANERA: No hay más que realizar, para que Usted, pueda dar el debido cumplimiento al Acuerdo correspondiente, conforme al Artículo 8º, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, para agilizar conforme a Derecho, mi PETICIÓN URGENTE referido en mi presente ocurso; en un asunto relacionado a mi DENUNCIA DE FECHA 30 DE MAYO DEL DOS MIL ONCE, PRESENTADA POR ESCRITO EN LA DIRECCIÓN DE QUEJAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SAT., CONTRA EL C. JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LIC. ALFREDO GUTIÉREZ ORTIZ MENA, quien como Servidor Público en el ámbito federal, a través de todo lo comprobado por el Órgano Interno de Control en el SAT., de ocultar la información recopilada por el mismo ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, conforme a lo que DENUNCIO Y PIDO a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debe ser sujeto a su Destitución e Inhabilitación (artículo 47 y 49 de la Ley Federal de Responsabilidades de los servidores Públicos, sobre los delitos cometidos en perjuicio de NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, y lo que se ramifica en las graves y sistemáticas transgresiones a la Garantías Individuales y Sociales, en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o su buen despacho, degradando el servicio público, generando con ello la red de corrupción en las Instituciones de la Administración pública Federal en México, por lo que le pido LIC. SALVADOR VEGA CASILLAS, el que primeramente, se sirva comunicarse por el medio de Internet que utiliza la Secretaría de la Función Pública en sus enlaces con distintas Dependencias Oficiales, y en este caso específico, con la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República Mexicana, haciendo ver la urgencia del caso, de NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la que se suscribe, para así LIC. SALVADOR VEGA CASILLAS, le hagan llegar a través de un mensajero que Usted designe de la Secretaría de la Función Pública, y le entreguen en la Dirección de Atención Ciudadana en mención, el escrito y anexos de información hacia Usted, con copia a la Suscrita como la interesada, mediante Folio 22232455, que lleva a efecto, bajo instrucciones de su Superior Jerárquico, la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República de los Estados Unidos Mexicanos.
    c).- Información que se difunde por Internet en lo especificado del delito de corrupción en México. 24 marzo, 2011. La lógica de la corrupción en México: castigos e incentivos
    Mariana García*
    *Investigadora de México Evalúa “En nuestro sistema político está faltando algo que asigne costos y beneficios a la irresponsabilidad o a la responsabilidad política”.
    Felipe Calderón Hinojosa.- Todos los días los mexicanos leemos noticias como estas: “Ahoga a estados deuda pública”; “Descarta IFE devolver 348 mdp de guardadito” o “Denuncian por peculado a 15 excolaboradores Ulises Ruiz”. Y nos topamos con indicadores que apuntalan y reafirman esa realidad: el Índice de Percepción de la Corrupción 2010 de Transparencia Internacional ubica a México en el lugar 98 por debajo de países como Brasil, Ghana, Cuba, El Salvador, Jamaica y Guatemala. En ese índice, México pasó del lugar 89 al 98 de 2009 a 2010, lo cual nos habla de un grave retroceso en la materia”.
    POR LO MISMO, la corrupción inhibe el progreso económico y social, por un lado, y dificulta el fortalecimiento de las instituciones y la mejora en la gestión pública, por el otro. Además, envía señales equivocadas hacia el exterior, tanto a los inversionistas como a los gobiernos de otros países que ven a México como un país para realizar inversiones o para pactar futuros esquemas de colaboración económica y comercial. La pregunta relevante para México es: ¿por qué hay tantos casos de corrupción de manera recurrente y no existe solución a ellos? ¿Acaso no existen incentivos para la responsabilidad política? Sin duda, la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental son mecanismos eficientes para inhibir las prácticas corruptas, señalar las faltas al quehacer público y exhibir los desvíos de recursos hacia fines distintos a los encaminados a procurar el bien colectivo. Preocupan, en este sentido, tentaciones a la regresión autoritaria en materia de información, particularmente el bloqueo de algunos diputados a las reformas aprobadas en el Senado a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que harían inatacables las resoluciones del IFAI para las dependencias y las entidades”. “La política y los políticos mexicanos atraviesan una etapa de brutal descrédito. Ahí están las cifras. La corrupción, el cinismo, la prepotencia de todos los colores explican una parte”. Federico Reyes Heroles.
    d).- TRASCENDENTAL EL ACTO RECLAMADO.- “En esta parte el Licenciado Ignacio Burgoa Orihuela define el acto reclamado como: Cualquier hecho voluntario, consciente, negativo o positivo, desarrollado por un Órgano del Estado, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o fácticas dadas, y que se impongan imperativamente”.
    CON LO QUE QUIERO DEJAR ASENTADO: Es Usted directamente designado LIC. SALVADOR VEGA CASILLAS, a usted le corresponde como Secretario de la Función Pública, en un ámbito de sus responsabilidades, autorizado debidamente por la decisión y autoridad del Titular de la Administración Pública Federal, LIC. FELIPE CALDERÓN HINOJSA, bajo constancias probatorias irrefutables que le hizo llegar el Órgano Interno de Control en el SAT, para que Usted, LIC. SALVADOR VEGA CASILLAS, resuelva sin más preámbulos, el que se le proporcione a NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita, en mi carácter de Ofendida, mis cheques de pago de reparación de daños, tal como he venido denunciando y solicitando de forma explícita, clara, y concisa, en mis promociones en distintas dependencias oficiales de la Administración Pública Federal, como puedo citar a la Procuraduría General de la República, averiguaciones previas 2095/RN/98N y 1588/FESPLE/2000 por mis denuncias penales contra Grupo Nacional Provincial, S. A., por el delito de FRAUDE GENÉRICO cometido en mi perjuicio, y subsecuentes, que se han adherido con otros números al expediente UEDE/021/2007, de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y de Materia Penal en el Distrito Federal, en la Unidad de Asuntos Jurídicos. Dirección General Adjunta de lo Contencioso de la Secretaría de Gobernación, en la Procuraduría Fiscal de la Federación, expediente 700/42899, el 1171/2007 PL, Varios, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los acumulados al mismo, TODOS RESUELTOS A MI FAVOR y de lo cual está Usted enterado de manera oficial, sin haber informado sobre estas resoluciones a la Suscrita, en mi carácter de Ofendida.
    POR TODO LO EXPUESTO, ATENTAMENTE PIDO A USTED, LICENCIADO SALVADOR VEGA CASILLAS, SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
    PRIMERO.-Se avoque a dar debido cumplimiento a mi Derecho de Petición, realizando las actuaciones que le solicito de forma congruente, fundada y motivada, en mi presente ocurso, de conformidad a los Artículos 8º, 17 y el 113 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
    SEGUNDO.- En veinticuatro horas, (voy a recoger personalmente su respuesta) regreso personalmente a la Secretaría de la Función pública el día lunes veinte de junio del dos mil once, (2011), para que se me haga entrega por personal a su cargo en su Oficina como titular de la Secretaría a su digno cargo, que está para vigilar y sancionar las conductas ilícitas de servidores públicos, como lo ahora expuesto en base a comprobación con documentales públicas, respecto de la resolución por escrito que pido, que exijo de manera apremiante, de lo que presento y solicito a Usted, mediante el presente ocurso; de lo contrario, me reservo el derecho para actuar legalmente, hasta las últimas consecuencias, porque la Justicia no se compra, la Justicia es para todos.

    PROTESTO LO NECESARIO
    México, 16 de junio del 2011.
    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  24. C. MAGISTRADOS, INTEGRANTES DEL H. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO EN TURNO.
    PRESENTE.

    México, D. F., 20 de junio del 2011.
    ASUNTO: PEDIMENTO: 200/2011, QUE TRAMITA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL. PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. DIRECCIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE AMPARO METROPOLITANO.
    AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA AL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL.

    SE INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 27 DE MAYO DE 2011. JUICIO DE AMPARO: 306/2011-I. ACTO RECLAMADO: DERECHO DE PETICIÓN DONDE SE CONCEDE EL AMPARO Y PROTECCIÓN A NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA QUEJOSA.

    LA QUEJOSA: NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita. Expediente 306/2011-I del Segundo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, con el ACTO RECLAMADO: DERECHO DE PETICIÓN; bajo mi personalidad de Quejosa debidamente acreditada en el expediente en comento, promoviendo por mi propio derecho en este día lunes veinte de junio del dos mil once, (2011), de conformidad a la Notificación Personal de fecha quince de junio del dos mil once y recibida en mi domicilio el día jueves dieciséis del mismo mes (junio) y año, (2011) que provee y firma el Licenciado Antonio González García, C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL, en este seguimiento donde la Responsable, Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, interpone el RECURSO DE REVISIÓN, a través de la Subprocuraduría de Control Regional. Dirección General de Amparo de la PGR; me permito presentar el motivo, por lo que se contradice e incurre en falsedad la Responsable, conforme a mi DERECHO DE PETICIÓN, con los Antecedentes que detallo a continuación, de manera que no quede duda, de la falta de dar cumplimiento la Responsable al Artículo 8º Constitucional:

    A).- Lo que afirma de manera improcedente la Responsable de la falta de respuesta a los ocursos de tres y quince de marzo del dos mil once, que le dirige NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita, en mi carácter de Ofendida, (que sin emitir el Acuerdo correspondiente para satisfacer a cabalidad el Derecho de Petición), considera por cumplida su actuación como Responsable, a través de los oficios DDF/001664/2011 y DDF/01941/2011 de fechas tres y quince de marzo del dos mil once, he de señalar la omisión de la Responsable, de manera dolosa, por lo que NO RESPONDE DE ACUERDO A LO QUE LE SOLICITO, incurriendo en la falta de cumplimiento de mi Derecho de Petición, que conceptuado penalmente, se canaliza a mi escrito de denuncia penal de fecha diecisiete de febrero del dos mil once, contra Grupo Nacional Provincial, S. A., que es precisamente lo que expongo en mis escritos de peticiones urgentes y extraurgentes de fechas tres y quince de marzo del dos mil once, señalando el que se desglose lo que corresponda a las responsabilidades en que incurren servidores públicos de la PGR, a la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de dicha Institución, escritos de fechas tres y quince de marzo que dirijo a la Responsable, en base a mi denuncia penal del 17 de febrero del 2011, contra Grupo Nacional Provincial, S. A., y Quien o Quienes resulten responsables, que tratándose de delitos federales, únicamente EL DELEGADO DE LA PGR EN EL DISTRITO FEDERAL, se avoca en su escueta respuesta de fecha tres de marzo del dos mil once, dirigida al Subdelegado de Procedimientos Especiales, LIC. JORGE GUSTAVO ARROYO ACOSTA: “Mediante escrito de esta fecha la C. Norma Esperanza Falcón Ruiz, hace diversos comentarios relacionados con el trámite proporcionado 6289/2011, relacionado con el expediente AP/PGR/DDF/SPE-II/942/06-03/INC/FSP/BT1/433/06-02.

    En mérito de lo anterior, agradeceré implemente las medidas necesarias a efecto de que analice el diverso de referencia y si es procedente se inicie la indagatoria correspondiente”.

    B).- PARA EL ANÁLISIS CUANTITATIVO: En la exposición de mi escrito de denuncia penal de fecha 17 de febrero del dos mil once, contra Grupo Nacional Provincial, S.A., y Quien o Quienes resulten responsables, en el punto seis hago mención del anexo que constituye mi escrito del final de la Denuncia Y Petición Urgente que envío de manera escaneada y por correo electrónico a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (y dicho escrito es de fecha once de febrero del dos mil once), que traduce de manera simplificada y objetiva que al enterarse el Delegado de la PGR en el Distrito Federal que estoy denunciando a Grupo Nacional Provincial, S. A., y solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el que sea comprobado que Grupo Nacional Provincial, S.A., expide a mis espaldas, una póliza de seguro de vida en dólares que inicia por la cantidad de CINCO MILLONES DE DÓLARES, que con los incrementos de sumas aseguradas que le adicionaron hasta la actualidad, bajo el mismo número de póliza, alcanza una suma asegurada de protección por fallecimiento por QUINIENTOS MILLONES DE DÓLARES, por lo que solicité a la CIDDH que se comunicaran con carácter de urgente por Internet con la Lloyd de Londres, ese día once de febrero de dos mil once (así lo hicieron) donde se constata que reaseguraron en la Lloyd de Londres, esa póliza de seguro de vida en dólares, sin haberla solicitado NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, (Suplantación de mi persona, Fraude Genérico, Falsificación de Documentos Públicos, Defraudación Fiscal, Tráfico de Influencias) y que además, la participación de utilidades conlleva una inversión en la Casa de Bolsa Mexicana de Valores, que asciende a la cantidad de veinte mil millones de pesos; en perjuicio de NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita, y con sus ramificaciones, en la transgresión grave y sistemática de las Garantías Individuales y Sociales, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes que de ella emanan, POR LO MISMO, la Responsable no se quedó con esa información nadamás para enterarse y como si nada; de acuerdo al ARTÍCULO 56 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Capítulo IX.- De las Sanciones de los Agentes del Ministerio Público de la Federación: “Las sanciones por incurrir en causas de responsabilidades o incumplir las obligaciones a que se refieren los artículos 53 y 54 de esta ley serán: Amonestación Pública o Privada, Suspensión o Remoción”.

    Artículo 62 de la misma Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: “Las sanciones a que se refiere el artículo 56, fracciones I y II, del presente ordenamiento podrán ser impuestas por: I.- El Procurador, II.- Los Subprocuradores, III.- El Oficial Mayor, IV.- El Visitador General, V.- Los Coordinadores, VI.- Los Directores Generales, VII.- Los Delegados”.

    C.- En este orden, El Delegado de la PGR, por la gravedad del asunto en cuestión que se simplifica objetivamente, no cumple con mi DERECHO DE PETICIÓN, al no emitir el Acuerdo correspondiente, y que debe darme a conocer sin pérdida de tiempo como la Peticionaria, (dejándome la Responsable sin ningún recurso de defensa), contando del mes de febrero hasta este día lunes veinte de junio del dos mil once, (2011) actos y omisiones graves, que me eximen y dejan a mi persona en mi carácter de Ofendida, desprovista del ordenamiento para con sus subalternos, de que se me citara en la Mesa II-DDF, de la Subdelegación de Procedimientos Especiales para que ratifique mi escrito de Denuncia Penal de fecha diecisiete de febrero del dos mil once, contra Grupo Nacional Provincial, S. A., y Quien o Quienes resulten responsables, y lo que abarcan las ratificaciones al mismo tiempo, de mis escritos de fechas once de febrero, tres y quince de marzo del dos mil once, que asigno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y al Delegado de la Procuraduría General de la República, respectivamente.

    Víctor Armas Zagoya
    El nuevo Juicio de Amparo
    El Sol de Zacatecas
    7 de junio de 2011

    “El pasado 4 de junio del dos mil once, Felipe Calderón, acompañado de los Titulares de los Poderes Legislativo y Judicial firmó el decreto de promulgación de la reforma Constitucional en materia de Juicio de Amparo, hecho relevante que enmarca una transformación positiva del andamiaje jurídico nacional y particularmente fortalece a la institución más destacada del Derecho Mexicano, como lo es el Juicio de Amparo.

    El Juicio de Amparo es un medio procesal Constitucional, que tiene por objeto específico hacer reales, eficaces y prácticas, las garantías individuales establecidas en la Constitución; buscando proteger de los actos de las autoridades, cuando violen dichas garantías. Está regulado por nuestra Carta Magna y por la Ley de Amparo”.
    POR LO QUE NO PROCEDEN LOS AGRAVIOS QUE ARGUMENTA LA RESPONSABLE:
    Artículo 77.- Las Sentencias que se dicten en los Juicios de Amparo deben contener:
    I.- La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados;
    D).- POR LO QUE SE COMPRUEBA, que NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Quejosa, (la que se suscribe), en mi carácter de Ofendida, precisé como la Autoridad Responsable, al Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, presentando mi escrito de Petición extra_urgente de fecha quince de marzo del dos mil once, como el fundamento por el que inicia mi Juicio de Garantías 306/2011-I, con el sello original de recibido de la Oficina de Oficialía de Partes del Delegado que vengo refiriendo, y con las peticiones ENUMERADAS en mi escrito de fecha quince de marzo del dos mil once, de forma congruente, fundada y motivada, de manera que no queda duda de la falta de cumplimiento de la responsable a mi Derecho de Petición, POR EL QUE SE ME CONCEDE DE MANERA DEFINITIVA EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, bajo Sentencia dictada el día veintisiete de mayo del dos mil once, por el C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL.
    E).- En este tenor, también queda identificada la Responsable como evidencia de una conducta abusiva, falseando el Informe Justificado, tratando de evadir su responsabilidad como servidor público, por lo que se hace acreedor a que se le aplique el artículo 204 de la Ley de Amparo, por una información falsa dada de autoridad a autoridad, pues no conforme, comprobada la falta de cumplimiento al artículo 8º Constitucional, en que objeta, impugna una Sentencia dictada bajo los preceptos que nos provee nuestra Carta Magna, pretende ahora, el que se aprueben agravios infundados, siendo que la Responsable, me causa enormes daños y perjuicios en un contexto de ilegalidades, Contra la Administración de Justicia, que también señalan con contundencia de dichos Actos y Omisiones Graves, el artículo 113 Constitucional de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Responsabilidad Patrimonial del Estado.
    ANEXO en copias simples:
    UNO.- Escritos de fechas once, diecisiete de febrero, y quince de marzo del dos mil once que menciono en mi presente ocurso y que dirijo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y al Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, al igual que copia del Acuerdo de fecha quince de junio del dos mil once que provee y firma el C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL.
    DOS.- Oficio 20788/2011. Expediente AP/PGR/DDF/SPE-II/1814/11, fechado 24 de mayo del dos mil once, que me dirige la C. Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa II-DDF de la Subdelegación de Procedimientos Especiales de la Delegación de la PGR, en el Distrito Federal, LIC. ELSA OLIVA GARCÍA BADILLO, con el Asunto: En contestación a su escrito de fecha diecinueve de abril de dos mil once. (Escrito que dirijo a la Procuradora General de la República, Licenciada Marisela Morales Ibáñez, que también obra en el expediente 306/2011-I de mi Juicio de Garantías), escrito que también pedí al C. JUEZ, fuese incluido en el estudio, análisis respectivo, por no haber tenido respuesta de parte del Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, acorde a mi DERECHO DE PETICIÓN, conforme a mi escrito de fecha quince de marzo del dos mil once y lo que relaciono de la póliza de seguro de vida en dólares que expide fraudulentamente Grupo Nacional Provincial, S. A., alcanzando actualmente una suma asegurada de protección por fallecimiento por la cantidad de QUINIENTOS MILLONES DE DÓLARES, registrando los delincuentes de cuello blanco de GNP en dicha póliza de seguro de vida en dólares como beneficiaria, a la misma Empresa de Seguros, Grupo Nacional Provincial, S. A..
    POR LO QUE ENFATIZO: La reforma a los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución Federal, le otorgan un nuevo rostro al Juicio de Amparo, es importante destacar que los trabajos para diseñar la reforma empezaron en 1999 con los Ministros Juan Silva Meza, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz y Humberto Román Palacios QEPD, integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación..
    Veamos cuales son los aspectos más novedosos de la reforma.
    Interés legitimo, el cual se adiciona al interés jurídico. Cambia porque no sólo interpondrá el Juicio el titular del derecho o él que tenga una afectación personal y directa, se podrá hacer con el simple hecho de estar sujeto a una determinada situación jurídica y que la persona la resienta para invocar la protección Constitucional.
    Ampliación en la protección de los Derechos Humanos, en el Juicio de Amparo se podrán invocar, además de las garantías individuales, los Derechos Humanos establecidos en los Tratados Internacionales reconocidos por el Estado Mexicano.
    La declaración general de inconstitucionalidad, se podrá iniciar a través del Juicio de Amparo, salvo en materia Fiscal, cuando exista jurisprudencia reiterada y hayan transcurrido 90 días, y la autoridad no la corrija, la Corte podrá hacer una declaratoria de inconstitucionalidad que tendrá validez general o colectivo.
    POR TODO LO EXPUESTO ATENTAMENTE PIDO:
    ÚNICO.- Que quede en firme LA SENTENCIA DEFINITIVA del Expediente 306/2011-I, dictada en el Segundo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, donde se concede el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL A NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Quejosa, la Suscrita, el día 27 de mayo del 2011, evaluando en todo lo que abarca la transgresión de las Garantías Individuales y Sociales y lo que especifica la Reforma del JUICIO DE AMPARO, en conjunción de la falta de cumplimiento de mi DERECHO DE PETICIÓN, por parte de la Responsable, consistente en la Resolución que se dicte en el Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal en el Distrito Federal, donde se haya registrado el Pedimento: 200/2011 del Recurso de Revisión, con la notificación de dicho resultado a la que se suscribe como Quejosa.

    PROTESTO LO NECESARIO
    México, D. F., 20 de junio del 2011
    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  25. QUEJOSA: NORMA ESPERANZA FALCON RUIZ JUICIO, DE AMPARO INDIRECTO

    C. JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL.
    P R E S E N T E.

    México, D. F., 23 de junio del dos mil once.
    NORMA ESPERANZA FALCON RUIZ, promoviendo por mi propio derecho, en este día jueves veintitrés de junio del dos mil once, con domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones„ el que señalo en Calle 3, No. 118, Colonia General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c.p.15000, México, D. F., correo electrónico: norma_efr7@yahoo. com.mx
    Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, I, 4°, 5°, 114 Y 116 de la Ley de Amparo, vengo a demandar el AMPARO V Protección de la Justicia de la Unión, en contra del Acto de la Autoridad Responsable que precisare en el Capítulo correspondiente.
    A efecto de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Amparo manifiesto:

    I. NOMBRE Y DOMICILIO DE LA OUEJOSA: El que ha quedado precisado en el rubro del presente escrito.
    II. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCER PERJUDICADO: ignore si existe.
    III. AUTORIDAD RESPONSABLE; LICENCIADO SALVADOR VEGA CASILLAS, SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, con domicilio para ser notificado en Avenida Insurgentes Sur No. 1735, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal.

    IV. ACTO RECLAMADO: QUE SE ME ENTREGUEN MIS CHEQUES DE PAGO DE REPARACIÓN DE DAÑOS, bajo comprobación a través de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control en el SAT., con motive de mi escrito de DENUNCIA de fecha 30 de mayo del dos mil once, en contra del LIC. ALFREDO GUTIERREZ ORTIZ MENA, C. JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, quien Incurre como la Responsable en ACTOS Y OMISIONES GRAVES, que sustentan la abstención por parte de Dicha Autoridad, LIC. SALVADOR VEGA CASILLAS, de concluir las disposiciones giradas de la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República en Palacio Nacional/ bajo comprobación de conformidad de mis gestiones legales realizadas en el Órgano Interno de Control, en función de mi escrito de DENUNCIA CONTRA EL LICENCIADO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, C. JEFE DE SERVICIO DE ADMIHISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO fecha treinta de mayo del dos mil once, en comento.
    V. GARANTIAS VIOLADAS: La Responsable transgrede en mi perjuicio en mi carácter de Ofendida la Garantía Individual consagrada en los artículos 8°/ 17, 20 constitucional Apartado B, fracciones II y IV, siendo que mi escrito de fecha 30 de mayo” del 2011, quo dirijo al C. Licenciado Pablo Gerardo López Sánchez, Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el SAT, conduce a un seguimiento que concluye para precisar, aclarar la motivación y fundamentación de mi escrito fechado cinco de abril del dos mil once que dirijo al C. Licenciado Salvador Vega Casillas, escrito que en la hoja número dos doy a conocer: Licenciado Salvador Vega Casillas, me permito dirigirme a Usted nuevamente en virtud de recibir el oficio 1102_3-1611, fechado 30 de marzo del 2011 qua me envía el Licenciado Juan Valverde Martínez. Director General Adjunto Jurídico Contencioso de la Secretaria a su digno cargo, por lo que es de toda trascendencia legal que repercute en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
    En este contexto y bajo mi denuncia presentada en fecha 30 de mayo, del 2011, en contra del Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, a través de lo que solicitó al C. Licenciado Pablo Gerardo López Sánchez en el multicitado escrito de fecha 30 de mayo del 2011, para que se confirmara por parte del Órgano Interno de Control en el SAT la responsabilidad en que se ubica Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena/ que consiste precisamente ocultar las constancias de los delitos perpetrados con todas las agravantes de la ley por parte de los. delincuentes de cuello blanco de Grupo Nacional Provincial, S.A.; delitos cometidos en mi perjuicio, siendo que en el escrito de fecha 11 de febrero del 2011 quo dirijo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena realizó las acciones que pido a la Comisión interamericana de Derechos Humanos comprobando con documentales públicas por el Órgano Interno de Control en el SAT para que reciba mis cheques de pago de reparación de daños, con motivo del seguro de vida en dólares que fraudulentamente Grupo Nacional Provincial, S. A., expide a ml nombre de años atrás sin haberlo solicitado con una suma asegurada de inicio por CINCO MILLONES DE DÓLARES que con las sumas aseguradas que fueron incrementando los defraudadores de Grupo Nacional Provincial, S. A./ alcanza la cantidad de QUINIENTOS MILLONES DE DÓLARES, y lo relativo a la inversión que ha generado la participación de utilidades de la cobertura básica (RESERVAS) de lo cual, se comprueba por el órgano Interno de Control en el SAT/ el que se confisco con las actuaciones del C. Jefe de Servicio de Administración Tributarla, desde el mes de febrero del año en curso, lo que corresponde de dicha inversión en la Bolsa Mexicana de Valores, y que asciende a la cantidad de VEINTE MIL MILLONES DE PESOS.

    VI. PROTESTA! Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los hechos y abstenciones que me constan de la Autoridad Responsable y que constituyen los antecedentes del Acto Reclamado lo fundamento con el escrito de Petición de fecha 16 de junio del 2011, (dieciseis de junio del dos mil once) que dirijo al C.Licenciado Salvador Vega Casillas, misma que anexo con la constancia del sello de recibido original de la Secretaria Técnica de la oficina del C. Secretario de la Función Pública, Licenciado Salvador Vega Casillas.
    Escrito donde específico de manera congruente, fundada y motivada: “Licenciado Salvador Vega Casillas, en virtud de proveerme del trámite realizado por la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República Mexicana en Palacio Nacional, donde me dirigí personalmente el de ayer miércoles 15 de junio del 2011, (el día de ayer quince de junio del dos mil once) donde me indican de manera verbal, (consultando en sus registros computarizados) que el folio que registran de mi escrito de Petición de fecha 8 de junio del año que transcurre, que dirijo al Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, es el número 22232455, relacionado con el folio 12634706, que fue dirigido a usted de la misma Dirección de Atención Ciudadana de fecha del mes de abril del 2011; para conocer del seguimiento de lo que pido de manera extraurgente al Titular del Ejecutivo Federal, mediante mi escrito de fecha 8 de junio quo vengo refiriendo, por lo que, remiten a Usted dicho folio, para darle el curso correspondiente en la Secretaria de la Función Pública, (bajo sus instrucciones como Titular de la misma), por lo que me permito dirigirme a Usted de la manera más atenta, apoyándome en el artículo 8° y 17 constitucional, para que se sirva de conformidad a sus facultades y atribuciones, proporcionarme por escrito mediante Acuerdo que usted indique, para que me sean entregados sin pérdida de tiempo (porque está debidamente comprobado por el Órgano Interno de Control en el SAT), mis cheques de pago de reparación de daños, por los motivos que fundamento de manera congruente, fundada y motivada en el rubro del presente ocurso, relacionando para ello, mi escrito de fecha 8 de Junio del 2011, (ocho de junio del dos mil once) que reitero, dirijo a nombre del Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, como Jefe de Estado, y lo que indica el articulo 113 constitucional de la Ley Federal de las Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Responsabilidad Patrimonial del Estado”.
    En este orden expliqué de manera clara al Licenciado Salvador Vega casillas en mi escrito de fecha 16 de junio del 2011: “Dicho de otra manera: no hay mas que realizar, para que Usted, pueda dar el debido cumplimiento al Acuerdo correspondiente, conforme al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para agilizar conforme a derecho mi PETICION URGENTE referida en mi presente ocurso; en un asunto relacionado a mi denuncia de fecha 30 de mayo del 2011, presentada por escrito en la Dirección de Quejas del Órgano interno de Control en el SAT; contra el C. Jefe de Servicio de Administración Tributaria en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien como servidor público en el ámbito federal, a través de todo lo comprobado por el Órgano Interno de Control en el SAT; de ocultar la información recopilada por el misino Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, conforme a lo que denuncio y pido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (desde el día 11 de febrero del 2011), debe ser sujeto a su destitución e inhabilitación (artículos 47 y 49 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos), sobre los delitos cometidos en perjuicio de Norma Esperanza Falcón Ruiz, la Suscrita, y lo que se ramifica en las graves y sistemáticas transgresiones a las garantías individuales y sociales, en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o su buen despacho, degradando el servicio público, generando con ello la red de corrupción en las Instituciones de la Administración Pública Federal en México, por lo que le pido Licenciado Salvador Vega Casillas, el que primeramente, se sirva comunicarse por el medio de Internet que utiliza la Secretaria de la Función Pública en sus enlaces con distintas dependencias oficiales, y en este caso específico, con la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la Republica Mexicana hacienda ver la urgencia del caso de Norma Esperanza Falcón Ruiz la que se suscribe, para así Licenciado Salvado Vega Casillas, le hagan llegar a través de un mensajero que usted designe de la Secretaria de la Función Publica, y le entreguen en la Dirección de Atención Ciudadana en mención, el escrito y anexos de información hacia Usted, con copia a la Suscrita como la interesada, mediante folio 22232455, que lleva a efecto, bajo instrucciones de su superior jerárquico la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la Republica de los Estados Unidos Mexicanos.

    TRASCENDENTAL EL ACTO RECLAMADO. “En este parte el Licenciado Ignacio Burgoa Orihuela define el Acto Reclamado como; Cualquier hecho voluntario, consciente, negativo o positivo, desarrollado por un órgano del Estado, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o fácticas dadas, y que se impongan Imperativamente”; fundamentación por lo que dejé de manera que no quepa duda que la Autoridad Responsable es el LICENCIADO SALVADOR VEGA CASILLAS, SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, a quien también relacioné en un ámbito de sus responsabilidades, el que se cumpliera con la entrega de mis cheques de pago de reparación de daños, autorizado debidamente por la decisión y autoridad del Titular de la Administración Pública Federal, Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, bajo constancias probatorias irrefutables que le hizo llegar al Presidente de la Republica, el Órgano Interno de Control en el SAT y de esa manera resuelva conforme a derecho el Licenciado Salvador Vega Casillas, para que sin excusas ni pretextos sin más preámbulos, se me proporcione en mi carácter de Ofendida mis cheques de pago de reparación de daños, tal como he venido denunciando y solicitando de forma explícita, clara y concisa en mis promociones en distintas dependencias oficiales de la Administración Pública Federal.
    HE DE ACLARAR, que en mi escrito de petición de fecha 16 de junio, del 2011 (dieciséis de junio del dos mil once) que dirijo al Licenciado Salvador Vega Casillas en el segundo punto expliqué: “En 24 horas, voy recoger personalmente su respuesta) regreso personalmente a la Secretaria de la Función Publica el día lunes 20 de junio del 2011, para que se me haga entrega por personal a su cargo en su oficina coma Titular de la Secretaria a su digno cargo, respecto de la resolución por escrito que pido, que exijo de manera apremiante, de lo que presento y solicito a Usted, mediante el presente ocurso; de lo contrario me reservo el derecho pare actuar legalmente, hasta las últimas consecuencias”.
    CON LO QUE QUIERO ENFATIZAR: Regresé hasta el día de hoy jueves 23 de junio del 2011, (veintitrés de junio del dos mil once) encontrándome con la participación del personal del Área de Atención Ciudadana de la Secretaria de la Función Pública, donde expliqué el motivo para que me hagan entrega de la respuesta de mi escrito de fecha 16 de junio del 2011, que dirijo al Licenciado Salvador Vega Casillas, dándome la respuesta de manera verbal, que la documentación recibida en la Secretaria de la Función Pública, que le turna la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la Republica con el número de folio universal y numero de turno 48605, la van a remitir al Órgano Interno de Control en el SAT, por lo que detallé que la documentación que obra en poder del mismo Secretarlo de la Función Pública, se deriva de lo realizado por las actuaciones del Órgano Interno de Control en el SAT, lo que resulta improcedente, que vuelvan a remitir al Órgano Interno de Control en el SAT, lo que ya está debidamente comprobado, por quien debe resolver, de acuerdo a las Instrucciones del Titular del Poder Ejecutivo Federal, es el Secretarlo de la Función Publica, a quien rinden información en igual forma, personal del Órgano interno de Control en el SAT, de les hechos y acciones realizadas por medio de mi petición y denuncia de fecha 30 de mayo del 2011, en contra del Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que dirijo al Licenciado Pablo Gerardo López Sánchez, Titular del Área de Quejas del Órgano Interne de Control en el SAT.

    Artículo 182-0 del Código Federal de Procedimientos Penales: “La devolución de los bienes asegurados incluiría la entrega de los frutos que en su caso hubieren generado”.

    ANTECEDENTES.
    TODO LO QUE EXPONGO PUNTO POR PUNTO EN MI PRESENTE OCURSO Y LO QUE SE DERIVA DE MIS ESCRITOS DE FECHAS 30 DE MAYO, 8 DE JUN10 DEL 2011, QUE DIRIJO AL LICENCIADO PABLO GERARDO LOPEZ’ SANCHEZ, TITULAR DEL AREA DE QUEJAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SAT, AL LICENCIADO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, Y LO CORRESPONDIENTE A MI ESCRITO FECHADO 11 DE FEBRERO DEL 20113 QUE ASIGNO Y ENVÍO ESCANEADO POR INTERNET A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CON LO CUAL, QUEDA SENALADA CON TODA CLARIDAD,QUE LA AUTORIDAD RESPON5ABLE DE MI PRESENTE DEMANDA DE JUICIO DE AMPARO, ES EL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBL1CA, LICENCIADO SALVADOR VEGA CASILLAS.
    Anexo escrito fechado 16 de junio del 2011, con el sello original de recibido, escrito que dirijo al Licenciado Salvador Vega Casillas, Secretario de la Función Pública, y como documentación complementaria en copias simples escritos fechados 30 de mayo y de 8 de junio del 2011, que menciono en mi presente ocurso. Y ESCRITO DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL 2011 QUE DIRIJO A LA CIDDH.

    POR LO EXPUESTO A USTED C. JUEZ, SOLICITO SE SIRVA:

    PRIMERO.- Tenerme por presentada en los términos del presente escrito, demandando el AMPARO Y PROTECCION DE LA JUSTICIA DE LA UNION.

    SEGUNDO.- Admitir la demanda propuesta señalando fecha y hora para la celebración de la Audiencia Constitucional requiriendo el Informe con justificación a la Autoridad Solicitada como Responsable, bajo fundamentación de los artículos 78, 150, 151 y 152 de la Ley de Amparo, y con la evidencia sobre Los hechos manifestados, en caso de una negativa o de remitir informe negando la verdad en todo a en parte la Responsable, solicito de la manera más atenta, sea sujeto al imperio de la ley, aplicándosele el artículo 204 de la Ley de Amparo_

    TERCERO.- En su oportunidad dictar sentencia en donde se declare que la Justicia Federal me AMPARA Y PROTEGE, pare que se dicte sentencia con la resolución por parte de la Responsable, el que se me haga entrega de mis cheques de pago de reparación de danos, por lo que manifiesto, solicitó y pido conforme a derecho en ml carácter de Ofendida.

    Artículo 8° constitucional.
    Como es de explorado derecho, nuestro ordenamiento jurídico, supremo lo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Por lo menos tres exigencias integran esta obligación. En primer lugar, la manifestación de la administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No baste, por ejemplo, con dar una información cuando lo que se solicita es una decisión.

    Correspondencia e Integridad son fundamentales en la Comunicación Oficial. En segundo lugar, la respuesta debe ser efectiva pare la solución del case que se plantea. El funcionario no solo esté Llamado a responder, también debe esclarecer, dentro de lo posible, el camino jurídico que conduzca al peticionarlo a la solución de su problema.

    Finalmente, la comunicación debe ser oportuna. El factor tiempo es un elemento esencial para la efectividad de los derechos fundamentales; de nada sirve una respuesta adecuada y certera, cuando ya es tardía”. (T¬220.1994); porque C. Juez, estamos contando desde el día 11 de febrero del 2011, en que el Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en su cargo de C. Jefe de Servicio de Administración Tributaria en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, realizó las acciones conducentes, en función de lo que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en mi escrito fechado 11 de febrero del 2011, y en estas circunstancias, no debo seguir perdiendo el tiempo con evasivas, disfrazadas de supuestas acciones legales del Secretario de la Función Pública Licenciado Salvador Vega Casillas, con lo que con su comportamiento fuera de toda legalidad, incurre en graves faltas sobre lo previsto en la. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Responsabilidad Patrimonial el Estado. (Artículo 113 constitucional).
    PROTESTO LO NECESARIO
    México, D.F., 23 de junio del 2011.
    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ

  26. C. LIC. MANUEL S. AGUILERA VERDUZCO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.
    P R E S E N T E.

    México, D. F., 29 de junio del 2011.

    ASUNTO: Petición Extra_Urgente de Norma Esperanza Falcón Ruiz, la Suscrita, en mi carácter de Ofendida, en relación al Oficio 06-367-II-1. 1/07520, fechado veintisiete de junio del dos mil once. Expediente C00.411.31.2”11” de la Vicepresidencia Jurídica. Dirección General Jurídica Consultiva y de Intermediarios. Dirección Consultiva. Subdirección Consultiva de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a su digno cargo, oficio que firma el LIC. EDUARDO ITURRIAGA VELASCO, Director General de la Vicepresidencia Jurídica en mención, y que me fue entregado el día de hoy miércoles veintinueve de junio del año que transcurre, (2011), en la Oficina de la Dirección Jurídica en comento.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho en mi carácter de Ofendida en este día miércoles veintinueve de junio del dos mil once, con domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones, en Calle 3 No. 118, Colonia General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15000, México, D. F., correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

    La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) es un Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuyas funciones son supervisar de manera eficiente, que la operación de los sectores asegurador y afianzador se apegue al marco normativo, preservando la solvencia y estabilidad financiera de las instituciones para garantizar los intereses del público usuario, así como promover el sano desarrollo de estos sectores con el propósito de extender la cobertura de sus servicios a la mayor parte posible de la población.

    La CNSF se rige bajo lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y el Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

    C. LIC. MANUEL S. AGUILERA VERDUZCO, en su función y representatividad de Titular de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, me permito dirigirme a Usted de la manera más atenta, apoyándome en mis Garantías Individuales, de conformidad a los artículos 8º y 17, 20 Constitucional Apartado B, Fracción II y IV, y todo lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, solicitándole de la manera más atenta de acuerdo a sus facultades y atribuciones, el que se sirva girar sus apreciables instrucciones, para que concluya con apego a lo dispuesto al reglamento interno de la Institución que Usted dirige, la información que me remite con Oficio 06-367-II-1.1/07520 fechado veintisiete de junio del dos mil once, el LIC. LUIS EDUARDO ITURRIAGA VELASCO, Director General de la Vicepresidencia Jurídica, tal como indico en el Asunto de mi presente ocurso.

    Me da a conocer el Licenciado Eduardo Iturriaga Velasco en el segundo párrafo del Oficio 06-367-II-1.1/07520 de fecha veintisiete de junio del dos mil once, estableciendo lo referente a mis escritos de fechas 18 y 24 de enero, así como el de 4 de febrero del dos mil once que dirijo al LIC. FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA, C. JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LIC. ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, y al ADMINISTRADOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES, del mismo SAT, DR. JUAN CARLOS RIZO LEÓN: “Al respecto, de la narración de hechos que hace a sus escritos de referencia, se desprende que el motivo de su petición, en términos generales, es que se le haga entrega de dos cheques por pago de reparación de daños, solicitado al Jefe de Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con motivo de fraude genérico (Defraudación Fiscal, Evasión de Impuestos) cometido en su perjuicio por Grupo Nacional Provincial, S. A.”
    POR LO QUE PUNTUALIZO DE MANERA CONGRUENTE, FUNDADA Y MOTIVADA: MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.

    “MANUEL S. AGUILERA VERDUZCO, Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 108, 108A, 108B, 108C y 109 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 68 y 69 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, 12 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, he tenido a bien expedir el presente Manual de Organización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

    La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas ha actualizado el presente Manual de Organización, cuyo propósito fundamental es conformar una fuente actualizada de referencia y consulta que oriente a los servidores públicos de la Comisión, de otras Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a los particulares, respecto de la organización y funcionamiento del Organismo.

    A fin de cumplir con el citado propósito fundamental, se hace necesario la actualización del Manual de Organización, en virtud del cambio organizacional de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas motivado por las reformas a su Reglamento Interior.

    Por lo expuesto, la estructura actual de esta Comisión, se deriva de su Reglamento Interior vigente, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 5 de junio de 2008.

    El objetivo del presente Manual de Organización es contribuir a que el ejercicio de las atribuciones de la Comisión se realice de manera ágil, eficiente y honesta, mediante la delimitación precisa de responsabilidades, ámbitos de competencia y relaciones de coordinación entre las distintas unidades administrativas del Órgano Desconcentrado”.

    CONCRETANDO: Señor Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en un conjunto de responsabilidades, el C. Jefe de Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, tiene en su haber la información que le provee desde el día once de febrero del dos mil once, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (conforme a mi escrito de Denuncia y Petición Urgente de esa fecha, 11 de febrero del 2011, que de manera escaneada remití por Internet a la CIDDH) sobre una póliza de seguro de vida en dólares que de manera fraudulenta expide a mi nombre Grupo Nacional Provincial, S.A., por la cantidad de suma asegurada de inicio, de CINCO MILLONES DE DÓLARES, que con los incrementos que fueron emitiendo a mis espaldas, (sin mi consentimiento) alcanza actualmente, la suma de QUINIENTOS MILLONES DE DÓLARES, y lo que se desprende de la inversión de la participación de utilidades, (RESERVAS), que conforma un capital de VEINTE MIL MILLONES DE PESOS, mismo que fueron confiscados en la Bolsa Mexicana de Valores, por instrucciones del C. Jefe de Servicio de Administración Tributaria, Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; información que se comprueba con la actuación del Órgano Interno de Control en el SAT, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de lo que denuncio por escrito de fecha 30 de mayo del 20011, en el Área de Quejas, del mismo Órgano Interno de Control en el SAT.

    En este tenor, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas debe intervenir, porque se trata de una póliza de seguro de vida en dólares, que cuenta con la aprobación de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para ser acreditada como un Contrato Legal, Y SI NO TIENE CONOCIMIENTO, es de su competencia por lo que corresponde conforme al Reglamento Interno de la C.N.S.F., y lo actuado desde el día once de febrero del dos mil once, por la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en que comprueban en la Reaseguradora Lloyd de Londres, que efectivamente, tienen reasegurada una póliza de seguro de vida en dólares a nombre de NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita, en mi carácter de Ofendida.

    Señor Presidente de la C.N.S.F., cuenta Usted con:

    DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN FINANCIERA
    DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE REASEGURO DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN ACTUARIAL.

    Además de la Vicepresidencia Jurídica.

    Esto, además de lo que se auditó del mes de febrero de mil novecientos noventa y siete, al mes de enero de mil novecientos noventa y ocho a la Gerencia de Venta y Mercadeo Masivo de Grupo Nacional Provincial, S. A., con motivo de los seguros de vida individuales con inversión Línea Prisma, auditoría realizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Expediente 730(09)112595 de la Dirección General de Seguros y Valores, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde consta de la venta de seguros multimillonaria realizada en varios ramos, con mi nombre y distintas claves a la 9893, conjuntamente con cheques que Grupo Nacional Provincial, S. A., expide a mi nombre por concepto de comisiones, bonos y premios, (cheques que nunca recibí ni cobré por ningún medio, de toda esa venta que realizaron a mi nombre) que conducen al Fraude Genérico, Falsificación de Documentos Públicos, Suplantación de mi Persona, de tiempo atrás, cometido en mi perjuicio con todas las agravantes de la ley, y llevado a cabo por los autores materiales e intelectuales de dicho delito en Grupo Nacional Provincial, S. A., configurado de manera irrefutable, mediante la revisión de dicho expediente: 730(09)112595 desde el año dos mil uno en la Procuraduría Fiscal de la Federación, bajo la instrucción del entonces Procurador Fiscal de la Federación, Licenciado Gabriel Reyes Orona.

    Procuraduría Fiscal de la Federación, donde registran por estos hechos delictivos, el nuevo número de expediente 700/42899., y que les provee de más recursos al gobierno federal por Defraudación Fiscal y Delitos Financieros al por mayor en deterioro de la credibilidad en las Instituciones y en quienes las dirigen., resultando de lo que se ramifica, en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o su buen despacho.

    Son mis pruebas documentales públicas, periciales y testimoniales que ofrezco a las autoridades de la Procuraduría General de la República para que fueran integradas y desahogadas en mis averiguaciones previas debidamente ratificadas, (del asunto de Norma Esperanza Falcón Ruiz), al igual que el contenido íntegro del Expediente J-5216/2000, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Lo que han omitido las autoridades con dolo, con una falta de honestidad y el debido cumplimiento a la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos y la responsabilidad patrimonial del estado, conforme a lo que he estado denunciando y ratificando penalmente y conforme a derecho, en distintas Dependencias Oficiales y en la misma Procuraduría General de la República, para que al comprobarse con mis elementos que sustentan jurídicamente mis denuncias penales, se consignaran a los responsables, con la notificación a mi persona en mi carácter de Ofendida, (todo ha sido una red de corrupción e impunidad a través del soborno); averiguaciones previas 2095/RN/98 y 1588/FESPLE/2000, actualmente acumuladas a la número UEDE/021/2007 de la Unidad Especializada para la atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, de la Procuraduría General de la República.

    ANEXO en copias simples: Mis escritos de fechas 11 de febrero del 2011 que dirijo de manera escaneada por Internet a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el de 30 de mayo y 8 de junio del dos mil once que dirijo al Órgano Interno de Control en el SAT, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al Presidente de la República Mexicana, Licenciado Felipe Calderón Hinojosa.

    POR TODO LO EXPUESTO, ATENTAMENTE PIDO:

    PRIMERO.- Turnar bajo sus disposiciones como Titular de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, mi presente escrito de Petición Extra_Urgente, a las Áreas de la competencia por lo que relaciono, explico y fundamento conforme a derecho en mi presente ocurso.

    SEGUNDO.- Comunicarse sin pérdida de tiempo, a la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República en Palacio Nacional, para que le remitan copia íntegra de lo actuado y supervisado por esa Área, en coordinación con el Órgano Interno de Control en el SAT, y se complemente con las actuaciones de parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, siendo una de las principales responsabilidades dentro del marco de legalidad, que se especifica en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por lo que solicito el que se remita copia certificada de los resultados del expediente C00.411.31.2”11”, directamente a la averiguación previa UEDE/2007 de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR., a la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República en Palacio Nacional, con copia de conocimiento para NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita, en mi carácter de Ofendida.

    PROTESTO LO NECESARIO

    México, D. F., 29 de junio del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  27. NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ
    VS
    LICENCIADO ERNESTO CORDERO ARROYO
    LICENCIADO SALVADOR VEGA CASILLAS
    LICENCIADO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA
    DOCTOR JAVIER LAYNEZ POTISEK

    DENUNCIA PENAL

    C. DOCTOR SAMUEL HERNÁNDEZ DE ALBA, TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
    P R E S E N T E.

    México, D. F., 30 de junio del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, en mi carácter de Ofendida, promoviendo por mi propio derecho, bajo mi más estricta responsabilidad, denuncia penal que presento en este día jueves 30 de junio del 2011, con domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones en Calle 3 No. 118, Col. General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c. p. 15000, México, D. F., correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

    DOCTOR SAMUEL HERNÁNDEZ DE ALBA, apoyándome en los artículos 8º, 17, 20 constitucional Apartado B, fracciones II y IV, y todo lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y lo correspondiente a la Responsabilidad Patrimonial del Estado, vengo a presentar y ratificar por escrito mi presente denuncia penal en contra de los siguientes servidores públicos:

    a).- LIC. ERNESTO CORDERO ARROYO, SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, dentro de un seguimiento de mis gestiones en mi carácter de Ofendida, donde a través de mis escritos de petición que le he hecho llegar, está debidamente enterado de las revisiones que se han llevado a efecto por personal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con respecto al expediente 730(09)112595 de la Dirección General de Seguros y Valores de la Secretaría de Hacienda, haciendo caso omiso de tramitar lo relativo al resultado de dichas revisiones para que sean remitidas a la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, donde se instruye desde el mes de abril del año 2007, la indagatoria UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma, para sustentar jurídicamente los delitos que denuncio contra Grupo Nacional Provincial, S. A., y Quien o Quienes resulten responsables, derivado de la Suplantación de mi Persona, Fraude Genérico, Falsificación de Documentos Públicos, Tráfico de Influencias, Defraudación Fiscal, y lo que resulte, cometidos con todas las agravantes de la ley en perjuicio de NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la que se suscribe en mi carácter de Ofendida y lo que se desprende de delitos conexos en que se sitúan servidores públicos del ámbito federal, manteniendo el Licenciado Ernesto Cordero Arroyo una actitud y conducta fuera de toda legalidad, lo que repercute el que la indagatoria UEDE/021/2007, no sea consignada junto con los indiciados y se pueda concluir conforme a derecho con la sentencia correspondiente, la aplicación de la ley a los que delinquen como defraudadores, autores materiales e intelectuales de dichos delitos en Grupo Nacional Provincial, S. A., POR LO QUE DENUNCIO, RECLAMO, PIDO INSISTENTEMENTE el pago de la reparación del daño para todos y cada uno de los que somos perjudicados: NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ (por la venta de cientos de miles de seguros en varios ramos, utilizando mi nombre con distintas claves a la 9893, expidiendo Grupo Nacional Provincial, S. A., cheques a mi favor por concepto de comisiones bonos y premios por toda esa venta de seguros de manera fraudulenta, cheques que jamás recibí ni cobré por ningún medio) Y DE LOS DELITOS QUE SE RAMIFICAN EN AGRAVIO DE LA SOCIEDAD, DONDE SE UBICAN LOS ASEGURADOS DE MI CARTERA DEL ISSSTE A NIVEL NACIONAL, clave 9893, con motivo de los seguros de vida individuales con inversión Línea Prisma, tanto en la modalidad de descuento por nómina del ISSSTE en el concepto 76 y los seguros en este plan, que se administran en oficina matriz de manera individual, con la aclaración que se trata de los mismos seguros de vida individuales con inversión Línea Prisma, seguros de vida, QUE SON SEGUROS DE VIDA de inicio, en este sistema de protección y ahorro, LÍNEA PRISMA, con la única diferencia, del descuento por nómina de manera individual en el concepto 76 y lo que corresponde a los administrados en oficina matriz, también en Línea Prisma con el pago anual, sin ninguna diferencia en las condiciones generales, por lo tanto se registran con la misma tabla de valores garantizados, con el mismo fondo de inversión para todos y cada uno de los asegurados, (de acuerdo a la mensualidad de pago de prima y el incremento de suma asegurada de protección por fallecimiento) y lo que conduce con el ahorro generado de sus fondos capitalizables, al autofinanciamiento de pago de primas subsecuentes hasta el término del plan, de 20 y 50 años de duración.

    Es importante referir, que la cuantificación de los montos acumulados desde el inicio de vigencia de estos seguros de vida Línea Prisma, en el mes de julio de 1986 hasta la actualidad, de acuerdo a las tasas de interés generadas y acumuladas mes con mes y año con año, se determinan en los seguros dotales a corto plazo y la participación de utilidades dependientes de la cobertura básica del plan, que producen la reserva técnica y la reserva del plan, por lo que podemos subrayar de manera muy significativa, han alcanzado el recurso económico suficiente desde el primer año de emisión y subsecuentes, para mantener vigente cada póliza de cada asegurado (trabajador del ISSSTE y dependientes económicos) hasta el término del plan escogido por cada asegurado en el momento de firmar su solicitud.

    b).- LIC. SALVADOR VEGA CASILLAS, quien tiene en haber todas las denuncias presentadas por NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, contra servidores públicos del ámbito federal, iniciándose distintas Bitácoras, que han turnado a los Órganos Internos de Control en cada dependencia de la Administración Pública Federal, sin que haya dado a conocer el resultado correspondiente conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y lo que relaciona el contenido de mi escrito fechado 20 de diciembre del 2010 que dirijo a su nombre, POR LO QUE SOLICITO, SEA REQUERIDO CON CARÁCTER DE URGENTE COPIA ÍNTEGRA DEL EXPEDIENTE PRPE/013/2010, de la Dirección General de Responsabilidades e Inconformidades. Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública, toda vez que no existe motivo por el que sustancia con manipulación y el dolo que caracteriza al Licenciado Guillermo González Luna, al pretender con Acuerdos que únicamente manifiestan dichos sin comprobación alguna de lo que se señala, como es el pretender desechar la reclamación de NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita en mi carácter de Ofendida, en lo correspondiente a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, por los siguientes motivos que detallo a continuación:

    UNO.- La transparencia y acceso a la información pública como derecho humano, es omitida por el Licenciado Guillermo González Luna, siendo que mis pruebas documentales públicas que he solicitado puntualmente en mis escritos de denuncia contra servidores públicos del ámbito federal, sean requeridas con carácter de urgente a las autoridades que las mantienen en posesión: Copia íntegra de expedientes que solicito una y otra vez en mis escritos de denuncia y petición que he dado a conocer a distintos Secretarios de la Función Pública, y entre ellos al Licenciado Salvador Vega Casillas, referente al expediente: 2.08/450/08/300 de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Dirección General Adjunta de lo Contencioso de la Secretaría de Gobernación; que se relaciona de manera directa de los expedientes 730(09)112595, de la Dirección General de Seguros y Valores de la Secretaría de Hacienda, 700/42899 de la Procuraduría Fiscal de la Federación, (del asunto legal de Norma Esperanza Falcón Ruiz; nunca he solicitado todo el cúmulo de pruebas de dichos expedientes por lo que se especifica de la totalidad de las auditorías practicadas a Grupo Nacional Provincial, S. A.), J-5216/2000 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en este orden lo que se desprende conforme a mis demandas para Juicios Políticos, que obran en poder del Licenciado Javier Corral Jurado, Presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, POR LO QUE TAMBIÉN PIDO, LE SEAN SOLICITADAS COPIA ÍNTEGRAS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN CON MOTIVO DE MIS DENUNCIAS PARA JUICIOS POLÍTICOS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ÁMBITO FEDERAL, y lo que constituye una prueba fidedigna de los delitos cometidos por servidores públicos, que se localizan en el expediente 1171/2007-PL, Varios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

    DOS.- Es de toda trascendencia legal, reclamar, denunciar y ratificar de los actos omitivos en que incurre el subalterno del Secretario de la Función Pública, refiriéndome al Licenciado Guillermo González Luna en los escritos relativos a Acuerdos que me dirige dicho servidor público, de fechas 24 de noviembre y 15 de diciembre del 2010, respectivamente, por lo que también ofrezco en mi presente denuncia penal dichos escritos como documentales públicas, para que le sean requeridos con carácter de urgente al Licenciado Salvador Vega Casillas, como Titular de la Secretaría de la Función Pública, conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que es reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones son de orden público e interés general. Para los efectos de esta ley, se entenderá por actividad administrativa irregular, aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate. POR LO QUE TAMBIÉN PIDO DE LA MANERA MÁS ATENTA EL QUE SEA REQUERIDA LA DOCUMENTAL PÚBLICA, CONSISTENTE EN LA BITÁCORA NÚMERO 42 DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, que fue enviada al Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República.

    TÍTULO QUINTO DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Disposiciones comunes a la averiguación previa y a la instrucción. Capítulo I. Comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del o de los indiciados, como base del ejercicio de la acción penal; y la autoridad judicial, a su vez, examinará si ambos requisitos están acreditados en autos.

    El Órgano Interno de Control, además de las atribuciones que le confieren la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las normas reglamentarias de la Secretaría de la Función Pública y demás disposiciones aplicables, ejercerá por conducto de las unidades administrativas a su cargo, las siguientes: fracción III. Evaluar la gestión institucional, verificar y dar seguimiento a los compromisos institucionales en materia de Rendición de Cuentas, de Transparencia y Combate a la Corrupción, así como de modernización y desarrollo administrativo.

    Deben considerar LA MAGNITUD DEL DAÑO CAUSADO. LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN U OMISIÓN Y DE LOS MEDIOS EMPLEADOS PARA EJECUTARLA.

    Dentro de estas responsabilidades se conjunta la Responsabilidad Patrimonial del Estado, que pido de la manera más atenta, sea tomada en consideración en mi presente denuncia penal, para que rinda cuentas con las comparecencias que sean necesarias, el Secretario de la Función Pública, Licenciado Salvador Vega Casillas, sobre su conducta ilegal, irresponsable, deficiente, en un conjunto de actos y omisiones graves, teniendo en sus archivos correspondientes, todos mis escritos de denuncia en contra de servidores públicos del ámbito federal SIN HABER RESUELTO NINGUNO DE ELLOS, CONFORME A DERECHO.

    En este ámbito de responsabilidades, la ciudadanía puede y debe controlar el poder público, exigiendo que sus gobernantes cumplan con su obligación de representar los intereses de la sociedad.

    TRES.- El Licenciado Salvador Vega Casillas, al omitir todo lo que ha obtenido del resultado que arrojan mis pruebas documentales públicas, se hace acreedor a la consignación correspondiente, como cómplice de los delincuentes de cuello blanco de Grupo Nacional Provincial, S. A., por lo que se destaca el oficio UEDE/ M-I/455/2010, de fecha 23 de noviembre del 2010, en relación a la averiguación previa UEDE/021/2007, también del conocimiento del Licenciado Salvador Vega Casillas, sin ninguna actuación de investigación y aplicación de las sanciones correspondientes de los que resulten responsables como servidores públicos de la Administración Pública Federal, por lo que anexo copia de dicho oficio que firma el Licenciado Arturo Bernardino Toxqui y que es dirigido a Usted Doctor Samuel Hernández de Alba, así como también lo correspondiente al oficio DGII/303/2009, fechado 28 de enero del 2009, que me dirige el Licenciado Enrique Esteban Zepeda Vázquez, Director General de Inspección Interna, dependiente de la Visitaduría General de la PGR; oficio 180/SZO/2009, fechado 12 de febrero del 2009, que me dirige el Licenciado Juan David Balanzategui Sánchez, C. Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa VI, de la Subdelegación de Procedimientos Penales Zona Oriente. Subprocuraduría de Control Regional. Procedimientos Penales y Amparo, en relación a la indagatoria PGR/DDF/SZO/RO/VIII/115/08; oficio 327/DGDCSPI/B/07, fechado 20 de noviembre del 2007, que me dirige Lambertino Guzmán Victoria, C. Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Célula de Investigación VII.DGDCSPI; y el anexo que conforma la copia de mi escrito fechado 20 de diciembre del 2010, que dirijo al Licenciado Salvador Vega Casillas, Secretario de la Función Pública.

    c).- LICENCIADO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. C. JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DOCTOR JAVIER LAYNEZ POTISEK, PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

    Al respecto presento las siguientes constancias probatorias que simplifican de manera clara y precisa las responsabilidades sobre los delitos que se canalizan a Abuso de Autoridad, Coalición de Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia en que se ubica el Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en mención:

    UNO.- Escrito en copia simple en relación a mi Petición Extraurgente de fecha 29 de junio del 2011, que dirijo al C. Licenciado Manuel S. Aguilera Verduzco, Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; escrito de Petición Extraurgente en mi carácter de Ofendida, en base al oficio 06-367-II-1.1/07520, fechado 27 de junio del 2011. Expediente COO.411.31.2”11” de la Vicepresidencia Jurídica. Dirección General Jurídica Consultiva y de Intermediarios. Dirección Consultiva. Subdirección Consultiva de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Oficio que firma el LIC. LUIS EDUARDO ITURRIAGA VELASCO, Director General de la Vicepresidencia Jurídica en mención.

    DOS.- Oficio 06-367-II-1.1/07520, fechado 27 de junio del 2011; que me dirige el Licenciado Luis Eduardo Iturriaga Velasco, información por escrito sobre la notificación de la entrega a la Suscrita sobre dicho oficio que me fue entregado personalmente el día de ayer miércoles 29 de junio del 2011, notificación que firma el Licenciado Óscar Gabriel Mendoza Morales y la Licenciada Dámaris Ramos Domínguez; oficio 1102.3-1811, en relación al expediente JAG/97/2010, fechado 30 de marzo del 2011, que me remite el Licenciado Juan Valverde Martínez, Director General Adjunto Jurídico Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública; escrito fechado 8 de junio del 2011, que dirijo al Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la República Mexicana; escrito de Denuncia y Petición Urgente, de fecha 11 de febrero del 2011, que dirijo de manera escaneada y por Internet a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; escrito fechado 30 de mayo del 2011, que dirijo al Licenciado Pablo Gerardo López Sánchez, Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el Asunto: “Denuncia contra el Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, C. Jefe de Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, solicitando para ello el que corrijan fundamento legal, por el que se remite a Ustedes mi escrito de Petición Urgente, fechado 5 de abril del 2011, dirigido por la Suscrita al C. Licenciado Salvador Vega Casillas, Secretario de la Función Pública, ya que se trata específicamente para que intervenga la actuación del Órgano Interno de Control en el SAT, sobre los actos omitivos con premeditación, alevosía y ventaja, en que incurre el C. Jefe de Servicio de Administración Tributaria, Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, actos omitivos que se canalizan a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado, en perjuicio de NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, en mi carácter de Ofendida”; oficio 529-V-DGDFD-0571-2010, oficio fechado 21 de junio del 2010, que me dirige el Licenciado Ramón Ignacio Cabrera León, Director General de Investigaciones de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación, de lo cual tiene pleno conocimiento tanto el Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y el Órgano Interno de Control en el SAT y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con lo que se demuestra que el Licenciado Ramón Ignacio Cabrera León, FALSIFICA DICHO DOCUMENTO PÚBLICO, ya que se trata del mismo número de oficio con dos textos distintos, y que dentro de mi demanda para Juicio Político de fecha 21 de julio del 2010, en contra del Doctor Javier Laynez Potisek y del mismo Licenciado Ramón Ignacio Cabrera León, no han podido demostrar lo contrario, sin satisfacer dicha prueba documental pública, para presentarla certificada ante la Presidencia de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, POR LO QUE TAMBIÉN PIDO DE LA MANERA MÁS ATENTA, el que sea requerido con carácter de urgente, copia íntegra del expediente de mi demanda para Juicio Político en comento, solicitándolo directamente al Licenciado Javier Corral Jurado, Presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; mismas documentales públicas que ofrezco para ser integradas y desahogadas en contra del Procurador Fiscal de la Federación, Doctor Javier Laynez Potisek.

    Artículo 182 A, del Código Federal de Procedimientos Penales:

    La Autoridad Judicial o el Ministerio Público que decreten el aseguramiento deberán notificar al interesado, o a su representante legal durante los 60 días naturales siguientes a su ejecución; (LO QUE NO HA REALIZADO, SIN REMITIR NINGUNA INFORMACIÓN A LA INTERESADA, (LA QUE SE SUSCRIBIE) DESDE EL MES DE FEBRERO DEL 2011. INCURRIENDO EN EL DELITO DE FRAUDE, EL LICENCIADO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, C. JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO), entregando o poniendo a su disposición según sea el caso una copia certificada del acta a que se refiere la fracción I del artículo 181 del mismo Código Federal de Procedimientos Penales, para que manifieste lo que a su derecho convenga.

    LO QUE SE COORDINA, CON LO QUE INDICA EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES: “Practicar y ordenar la realización de todos los actos conducentes a la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, así como la reparación del daño”.

    NO OLVIDANDO, que el artículo 11 de la Ley de Amparo, indica: “Es Autoridad Responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado”.

    Artículo 180 del Código Federal de Procedimientos Penales: “Para la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, el Ministerio Público y los Tribunales gozarán de la acción más amplia para emplear los medios de investigación que estimen conducentes según su criterio, aunque nos sean de los que menciona la ley, siempre que estos medios no sean contrarios a derecho.

    Los requerimientos que formule el Procurador General de la República o el servidor público en quien se delegue esta facultad, o la autoridad judicial en su caso, de información o documentos relativos al sistema financiero, se harán por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, así como de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorra para el Retiro, en sus respectivas competencias. Los requerimientos de información o documentos de naturaleza fiscal, por conducto de la Unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que determine el Titular de dicha Secretaría.

    POR TODO LO EXPUESTO ATENTAMENTE PIDO:

    PRIMERO.- Ratificar mi presente denuncia en todas y cada una de sus partes, ya que son delitos federales debidamente comprobados con documentales públicas; con la aclaración que de conformidad al artículo 141 fracción IX del Código Federal de Procedimientos Penales, solicito de la manera más atenta me sean entregadas copias certificadas de mis comparecencias y ratificaciones durante dicho procedimiento y lo concerniente a la resolución, con la notificación personal conforme a derecho.

    SEGUNDO.- Se soliciten con carácter de urgente lo que expongo sobre documentación que relaciona a distintos expedientes de dependencias oficiales que menciono y detallo puntualmente en mi presente denuncia.

    TERCERO.- Que el cuerpo del delito que obra en poder del Órgano Interno de Control en el SAT y en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, me sea presentado con el acta correspondiente, para recibir lo QUE ABARCA a los daños y perjuicios que me han causado con todas las agravantes de la ley, los que resulten responsables, solicitando al mismo tiempo el producto de los intereses generados desde el momento en que fueron obtenidos desde el mes de febrero del 2011, por el Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jefe de Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

    PROTESTO LO NECESARIO

    México, D. F., 30 de junio del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  28. QUEJOSA: NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ. PROMOCIÓN PARA EL RECURSO DE REVISIÓN,
    CONTRA SENTENCIA DICTADA EL DÍA 7 DE JULIO DEL 2011, NOTIFICADA EL DÍA 21 DEL MISMO MES Y AÑO. JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EXP. 302/2011.JUZGADO DÉCIMOPRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL. AUTORIDAD RESPONSABLE: LIC. JUAN VALVERDE MARTÍNEZ, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO, DIRECCIÓN DE REVISIÓN, DIRECCIÓN DE AMPAROS, DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

    TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN TURNO.
    P R E S E N T E.

    México, D. F., 26 de julio del 2011.

    LA QUEJOSA: NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita, personalidad debidamente acreditada en el expediente P.302/2011 del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, y domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones en el orden registrado en el mismo expediente, incluyendo ANEXO: Copia del Oficio número 1102.3-591 fechado cuatro de febrero del dos mil once que me dirige el Licenciado Juan Valverde Martínez, junto con copia de mi escrito fechado once de febrero del dos mil once, que de manera escaneada por Internet, dirijo a la CIDDH, Y LO QUE SE CANALIZA COMO LA SENTENCIA IRREGULAR DE MI JUICIO DE AMPARO. P.302/2011, de fecha siete de julio del dos mil once, que refuto e impugno severamente.

    Que por medio de mi presente promoción y con fundamento en lo correspondiente a los numerales 82, 83, fracción IV, 85 fracción II, 86, 88 y 89 y demás relativos y aplicables de la ley reglamentaria del Juicio Constitucional, en tiempo y forma vengo a interponer el Recurso de Revisión en contra de la Sentencia de fecha siete de julio del dos mil once y recibida constancia de la misma en mi domicilio, el día veintiuno del mismo mes y año, para que, bajo la disposición mediante Acuerdo del Magistrado en Turno, sea solicitado copia íntegra del Expediente Principal, No. P.302/2011 (original), del Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, por lo que atentamente comparezco y expongo, de forma congruente, fundada y motivada.

    TOMANDO COMO TRASCENDENTAL DE LA SENTENCIA, EL ACTO RECLAMADO: DERECHO DE PETICIÓN, promoviendo por mi propio derecho en este día martes veintiséis de julio del dos mil once, de conformidad a la notificación personal de fecha veintiuno del mismo mes y año, que provee y firma el Licenciado Erick Usiel Jaimes Murillo, Actuario Judicial.

    En este seguimiento de lo cual expone el C. Juez Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal en mención, dicta Sentencia de fecha siete de julio del dos mil once, exponiendo y registrando: “PRIMERO: Mediante escrito presentado el once de abril del dos mil once, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en Distrito Federal, remitido por razón de turno al día siguiente a este Órgano Jurisdiccional, Norma Esperanza Falcón Ruiz, por propio derecho demandó el Amparo y Protección de la Justicia Federal contra la Autoridad y por el Acto Reclamado: La abstención por parte de la Autoridad Responsable, Licenciado Juan Valverde Martínez, Director General Adjunto Jurídico de lo Contencioso, Dirección de Recurso de Revisión, Dirección de Amparos de la Secretaría de la Función Pública, relacionado al expediente JAG/97/2010, de dar seguimiento conforme a derecho de acuerdo a sus facultades y atribuciones sobre la petición urgente del 15 de febrero del 2011, con número de oficio 1102.3-591”

    C. MAGISTRADO, DOY RESPUESTA: Sobre este hecho, existe la prueba documental pública sobre el expediente de la Unidad de Asuntos Jurídicos que vengo mencionando y que relaciona el C. Juez en la Sentencia del día siete de julio del dos mil once, (expediente JAG/97/2010, de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Dirección General Adjunta Jurídico Contenciosa de la Secretaría de la función Pública).

    Expediente JAG/97/2011 el cual inicia de conformidad a lo expuesto por el Licenciado Juan Valverde Martínez mediante oficio número 1102.3-591 de fecha cuatro de febrero del dos mil once, oficio que me remite la Autoridad Responsable, bajo la siguiente argumentación: “En relación a su escrito recibido 21 de diciembre del 2010, en la Secretaría Técnica de la Oficina del c. Secretario de la Función Pública, turnado mediante volante de turno número 615 a esta Dirección General Adjunta Jurídico Contenciosa de la Unidad de Asuntos Jurídicos para su atención, en el que solicita que el Titular del Ramo gire instrucciones a la Dirección General Adjunta de Responsabilidades e Inconformidades de la Contraloría Interna de esta Secretaría de Estado, para la debida atención y resolución del expediente PRPE/013/2010, abierto con motivo de su reclamación en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, le informo que mediante oficio 1102.3-590, se canalizó su escrito a la citada Dirección General Adjunta, con la Instrucción del C. Secretario para que el mismo sea resuelto con estricto apego a derecho”.

     Oficio 1102.3-590, que tomé como parte importante dentro de mi Derecho de Petición, para exponer los puntos referidos que constan en mi escrito de petición urgente de fecha 15 de febrero del 2011, que hice entrega en la Secretaría de la Función Pública; escrito dirigido, a nombre del Licenciado Juan Valverde Martínez, mismo que entregué con el sello original de recibido, como inicio de mi escrito de Demanda de mi Juicio de Garantías P.302/2011, del Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, para que fundamente el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reclamo para la Sentencia correspondiente.

    “El juicio de amparo es un instrumento jurídico creado en favor de los gobernados del Estado mexicano, que tiene por finalidad “hacer respetar los imperativos constitucionales en beneficio de aquellos”, esto es, sus garantías individuales.
    El juicio de amparo mexicano constituye en la actualidad la última instancia de impugnación de la mayor parte de los procedimientos judiciales, administrativos y aun de carácter legislativo, por lo que tutela todo el orden jurídico nacional contra las violaciones realizadas por cualquier autoridad, siempre que esas infracciones se traduzcan en una afectación actual, personal y directa a los derechos de una persona jurídica, sea individual o colectiva”.
    Licenciado José Valle Hernández.
    EN ESTE CONTEXTO, funge como base específica, del conocimiento del Licenciado Juan Valverde Martínez, el que existen distintas Bitácoras iniciadas en la Secretaría de la Función Pública, con motivo de mis escritos de denuncia en contra de servidores públicos del ámbito federal, lo cual constituye una prueba que clarifica con toda exactitud, que si el Secretario de la Función Pública aprueba el que se inicie un expediente en la Unidad de Asuntos Jurídicos de dicha Institución con motivo a lo que está fundamentado sobre la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, es porque nunca dieron resolución conforme a derecho a ninguna de las Bitácoras que fueron turnadas a los Órganos Internos de Control en las Dependencias Oficiales de la Administración Pública Federal.
     ARTICULO 78.- EN LAS SENTENCIAS QUE SE DICTEN EN LOS JUICIOS DE AMPARO, EL ACTO RECLAMADO SE APRECIARÁ TAL COMO APAREZCA PROBADO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO SE ADMITIRÁN NI SE TOMARÁN EN CONSIDERACIÓN LAS PRUEBAS QUE NO SE HUBIESEN RENDIDO ANTE DICHA AUTORIDAD PARA COMPROBAR LOS HECHOS QUE MOTIVARON O FUERON OBJETO DE LA RESOLUCION RECLAMADA.
    EN LAS PROPIAS SENTENCIAS SÓLO SE TOMARÁN EN CONSIDERACIÓN LAS PRUEBAS QUE JUSTIFIQUEN LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y SU CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD.
    EL JUEZ DE AMPARO DEBERÁ RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS QUE, HABIENDO SIDO RENDIDAS ANTE LA RESPONSABLE, NO OBREN EN AUTOS Y ESTIME NECESARIAS PARA LA RESOLUCION DEL ASUNTO.
     LUEGO ENTONCES, el Licenciado Juan Valverde Martínez, al no cumplir con lo establecido en sus funciones, para dar debido cumplimiento a mi DERECHO DE PETICIÓN, mediante mi escrito de fecha 15 de febrero del 2011, es mi garantía constitucional promover mi Juicio de Amparo en Materia Administrativa, para que de una manera específica, determine la Autoridad Responsable a través de su Informe Justificado, el por qué, no da respuesta sobre los puntos que marqué en el multicitado escrito de petición urgente de fecha 15 de febrero del 2011, SITUACIÓN QUE OMITE EL C. JUEZ EN LA SENTENCIA, siendo que: “México. El Ministro de la Suprema Corte de la Nación, Jorge Mario Pardo Rebolledo, destacó que la Ley de Amparo recién aprobada es acorde con los reclamos legítimos de la sociedad en materia de derechos humanos.
    En el Senado de la República, sostuvo que dicha reforma ampliará el ámbito de protección a los derechos fundamentales, las garantías constitucionales y el acceso pleno y efectivo a la justicia, ‘retos inaplazables en los tiempos que vivimos’. Ante los legisladores y representantes de asociaciones civiles, Pardo Rebolledo reconoció que la nueva Ley de Amparo, publicada el 6 de junio del 2011, se aprobó dentro del plazo que estableció la reforma constitucional.
    Al clausurar el Primer Foro Nacional 2011: Iniciativa de Nueva Ley de Amparo, el Ministro destacó que la aprobación de esta norma demuestra la responsabilidad y compromiso de los Poderes de la Unión para actualizar la mayor institución protectora de derechos fundamentales”.
    UNO DE LOS PUNTOS QUE SOBRESALE, de mi escrito de Petición Urgente de fecha 15 de febrero del 2011, por el que inicia mi Juicio de Garantías P.302/2011, consiste en lo que pido de manera pacífica y respetuosa al Licenciado Juan Valverde Martínez, sobre la obtención de copias de expedientes que conforman mis denuncias presentadas y ratificadas por escrito en la Procuraduría General de la República, y lo que se advierte de mi nueva denuncia penal en contra de Grupo Nacional Provincial, S. A., de fecha 17 de febrero del 2011, que presenté por escrito en la Procuraduría General de la República, y adjunté como un anexo de mi escrito de petición de fecha 15 de febrero del 2011, solicitando en igual forma, lo relacionado a la averiguación previa UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma, de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, con la finalidad que se investigara sobre lo integrado, desahogado y lo que corresponde de la consignación de los responsables, refiriéndome a una indagatoria (UEDE/021/2007) que inicia con mi ratificación en la PGR, del día tres de mayo del dos mil siete ante la Licenciada Vladimira Velázquez Escudero, C. Agente del Ministerio Público de la Federación, y es la fecha que la mantienen estancada, sin proporcionarme la supuesta Consulta del No Ejercicio de la Acción Penal, ni copia de mis comparecencias y ratificaciones, ni ninguna información del motivo o razón, del destino que han dado a mis pruebas documentales públicas irrefutables de los delitos que denuncio contra los culpables, en un conjunto de delitos conexos, complicidades, encubrimientos en que incurren servidores públicos del ámbito federal, que se canalizan a la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos y la Responsabilidad Patrimonial del Estado, respectivamente.
    POR LO QUE ENFATIZO.
    “El segundo cambio constitucional en el Juicio de Amparo, se refiere al “interés” o tipo de afectación que se requerirá para iniciar un juicio de amparo y obtener la protección de la justicia federal.

    En efecto, además del objeto de protección, una cuestión relevante del juicio de amparo tiene que ver con el tipo de interés exigido para solicitarlo. Hasta ahora, en nuestro país se ha seguido la idea de que para tal efecto es necesaria la existencia de un interés jurídico, identificado con el derecho subjetivo.

    Si bien en el pasado esa forma de relación entre la situación de las personas y sus posibilidades de acceso a los procesos fuera correcta, en la actualidad no resultaba adecuado seguir exigiendo el interés jurídico para acudir al juicio de amparo. Ello nos conduce a concluir que la forma de resolver el problema del interés para acudir al juicio tiene que ver con la forma en que se vislumbran las posibilidades de acceso a la justicia.
    En consecuencia, se abrió la puerta al “interés legítimo”. Se trata de una institución con un amplio desarrollo en el derecho comparado y con algunos antecedentes en el nuestro que, justamente, permite constituir como quejoso en el amparo a aquella persona que resulte afectada por un acto en virtud de, o la afectación directa a, un derecho reconocido por el orden jurídico –interés jurídico– o, cuando el acto de autoridad no afecte ese derecho pero sí la situación jurídica derivada del propio orden jurídico. Lo anterior, reviste una gran importancia dado que, como lo ha señalado el Ministro José Ramón Cossío, resulta relevante la ampliación de posibilidades de entrada al juicio con el objeto de proteger situaciones o hechos que si bien no están totalmente reconocidas por el Derecho, sí pudieran afectar derechos fundamentales”.
    Los derechos humanos como objeto de protección del juicio de amparo.

    “Al entrar al estudio del contenido de la ley, uno de los cambios más importantes es el relacionado con el objeto de protección del juicio de amparo. Como fue referido en párrafos anteriores, actualmente este juicio se ha limitado y restringido a la protección y tutela de las garantías individuales que fueron establecidas en la Constitución General de 1857 y, en lo sustancial, fueron retomadas en la de 1917.

    Sin embargo, en el plano internacional, la visión protectora de los derechos fundamentales ha ido más allá de la protección de los derechos y principios consagrados en las constituciones propias de los Estados y ha previsto la tutela del contenido previsto por diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
    Se debe apuntar que en el derecho comparado se ha generado un movimiento diametralmente diferente al que se presencia en México, pues en otros países el ámbito de protección de los juicios constitucionales ha abarcado también lo previsto en materia de derechos humanos por diferentes instrumentos del derecho internacional”.
    EJEMPLO: Es del total conocimiento del Licenciado Juan Valverde Martínez, (LA RESPONSABLE) lo que indica el artículo 38 del Código Federal de procedimientos penales: “Cuando en las actuaciones esté acreditado el cuerpo del delito de que se trate, el funcionario que conozca del asunto dictará las providencias necesarias a solicitud del interesado, para asegurar sus derechos o restituirlos en el goce de éstos, siempre que estén legalmente justificados. Si se tratare de cosas, únicamente retenerse, esté o no comprobado el cuerpo del delito, cuando a juicio de quien practique las diligencias la retención fuere necesaria para la debida integración de la averiguación”.
    DICHO DE OTRA MANERA: SEÑORES MAGISTRADOS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL: Se trata de una averiguación previa (UEDE/021/2007), que contiene mis pruebas documentales públicas para ser integradas, desahogadas y se resuelva lo que corresponde de los delitos que denuncio y ratifico penalmente y por escrito, que de una forma directa y bien comprobada, forma parte de las actuaciones de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, expediente JAG/97/2010, para sustanciar y resolver lo que procede en función de las Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Responsabilidad Patrimonial del Estado; por lo que se debe tomar en consideración todo lo expuesto en mi presente ocurso, de manera que no quede duda, para que el C. Juez Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, de inmediato, con todos los elementos que se integraron y desahogaron en el expediente P.302/2011 de mi Juicio de Garantías Indirecto, por mi Derecho de Petición, RESUELVA QUE LA JUSTICIA FEDERAL ME AMPARA Y PROTEGE CONTRA LOS ACTOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Licenciado Juan Valverde Martínez, Director General Adjunto Jurídico de lo Contencioso, Dirección de Recursos de Revisión, Dirección de Amparos de la Secretaría de la Función Pública.
    Artículo 79 de la Ley de Amparo: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados y podrán examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda”; por lo que presento:
    AGRAVIOS
    UNO.- La omisión de dar respuesta punto por punto, a la petición formulada mediante escrito de fecha 15 de febrero del 2011, escudándose de forma improcedente la Autoridad Responsable con una respuesta escueta, sin fundamento alguno (que obra en el expediente P.302/2011 sobre lo que solicito, ya que la Responsable está autorizada para dictar el Acuerdo correspondiente y hacerme llegar el cumplimiento a mi Derecho de Petición bajo notificación personal, dentro de sus facultades y atribuciones como Director General Adjunto Jurídico de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de la Función Pública.
    DOS.- POR LO QUE SEÑALO, E IMPUGNO SEVERAMENTE, lo expuesto en los Considerandos y en la Resolución de la Sentencia del siete de julio del dos mil once, como el que cito del punto tercero: “No es cierto el acto atribuido al Director General Adjunto Jurídico Contencioso de la Secretaría de la Función Pública (en su denominación correcta), > (EL JUEZ OMITE QUE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTO JURÍDICO CONTENCIOSO, CORRESPONDE A LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE DICHA SECRETARÍA) consistente en la omisión de dar respuesta a la petición formulada mediante escrito presentado el dieciséis de febrero del dos mil once, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas de la 72 a la 76), sin que la parte quejosa hubiere desvirtuado esa negativa mediante prueba alguna”.
    POR LO QUE DOY RESPUESTA: Artículo 8º Constitucional. Los Funcionarios y Empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito de manera específica y respetuosa; puesto que sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el citado precepto constitucional. En efecto, la respuesta a toda solicitud debe hacerse al peticionario, ya que el artículo 8º Constitucional, establece que la Autoridad debe dictar un Acuerdo”.
    El C. JUEZ, DECIMOPRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL, jamás constató que la responsable hubiera dictado dicho Acuerdo y me lo haya hecho llegar, la responsable solamente se escudó con un oficio de manera escueta sin responder los puntos expuestos en mi escrito de Petición Urgente de fecha 15 de febrero del 2011.
     Simplemente con este hecho, el C. Juez no cumple con esa observancia y le solapa, encubre a la Autoridad Responsable, para que me prive de mis Garantías fundamentales, dejándome sin ningún recurso de defensa, porque la garantía consagrada en favor de los particulares en el precepto de referencia, no implica que en una sola resolución se decida en definitiva la petición formulada por el particular. Tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, marzo de mil novecientos noventa y tres.
    Artículo 130 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, serán responsables, al establecer o fijar la interpretación de los preceptos constitucionales en las resoluciones que dicten, cuando se compruebe que hubo cohecho o mala fe.
    Artículo 150 de la Ley de Amparo: En el Juicio de Amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho.
    Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. La presente ley es reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113 Constitucional y sus disposiciones son de orden público e interés general. Para los efectos de esta ley se entenderá por actividad administrativa irregular, aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares, que no tengan obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir ningún fundamento legal o causa jurídica de justificación para estimar el daño de que se trate. Para los efectos de esta ley, es importante mencionar el artículo 2: “Son sujetos de esta ley, los entes públicos federales, salvo mención expresa en contrario, a los poderes judicial, legislativo y ejecutivo de la federación, organismos constitucionales autónomos, dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República, los Tribunales Federales Administrativos y cualquier otro ente público de carácter federal.
    TRANSPARENCIA
    Colaborar con la rendición de cuentas de la gestión pública de manera puntual, veraz y transparente a fin de impulsar la participación de la sociedad en la vigilancia del quehacer gubernamental.
    IMPARCIALIDAD
    Proceder con imparcialidad, desempeñándose en forma objetiva en la toma de decisiones y desarrollo de las funciones en la Presidencia de la República.
    C. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL, A USTEDES, ATENTAMENTE PIDO:
    PRIMERO.- Que se resuelva, por mi Derecho de Petición, el que el C. Juez Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, restituya la Sentencia irregular de fecha siete de julio del dos mil once, concediéndome el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, por los motivos que de manera congruente, fundada y motivada expongo en mi presente Recurso de Revisión, ya que del análisis de la demanda de garantías en específico del contenido de los capítulos denominados como garantías violadas, protesta, antecedentes, y conceptos de violación, la fundamentación por lo que se refiere de los oficios números 1102.3-1811 y 1102.3-2015 del treinta de marzo y siete de abril del dos mil once, constituyen documentación soporte, sobre lo que atribuyo de mi Derecho de Petición debidamente fundamentada en mi escrito de fecha 15 de febrero del 2011 que dirijo al Licenciado Juan Valverde Martínez, Autoridad Responsable de mi Juicio de Garantías P.302/2011, comprobándose de manera fidedigna la existencia del Acto Reclamado, supuesto que entregué junto con mi promoción de inicio de demanda de mi Juicio de Garantías, el escrito fechado 15 de febrero del 2011 con el sello original de recibido, con lo que queda sin efecto la sentencia irregular dictada por el C. JUEZ DECIMOPRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL, con fecha siete de julio del dos mil once que vengo refiriendo.
    SEGUNDO.- Miente el C. Juez Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en comento, relacionando considerandos faltos de legalidad, expuestos en dicha Sentencia del siete de julio del dos mil once, por lo que está debidamente comprobado conforme a derecho, que es FALSO DE TODA FALSEDAD, lo que aduce el C. Juez, sobre copias fotostáticas sin certificar, indicando el C. Juez, el que su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial como indicio, LO QUE REFUTO, RECLAMO E IMPUGNO SEVERAMENTE, porque en estas circunstancias el Juez contó con el tiempo suficiente, (ya que son constancias probatorias de manera complementaria y como soporte de mi escrito de petición de fecha 15 de febrero del 2011) y que tendría que haber requerido a la Responsable, si reconocía tales documentos como legítimos.
    TERCERO.- En el punto cuarto dentro del Título del Informe Justificado, negativa de los actos atribuidos a las autoridades, RECLAMO AL C. JUEZ, porque mi escrito de Petición Urgente de fecha 15 de febrero del 2011, con el sello original de recibido en la Secretaría de la Función Pública, recoge cualquier negativa de la Responsable, al dictaminar y estudiar, analizar el C. Juez, la respuesta omisa de dicha autoridad, supuesto que no cumplió con lo referido del precepto constitucional debidamente registrado en el artículo 8º de nuestra Carta Magna, por lo que de ninguna manera admito el que se proceda a sobreseer en el presente Juicio de Amparo Indirecto en Materia Administrativa, en relación con el acto descrito en este considerando.
    CUARTO.- Mis garantías constitucionales han sido transgredidas en la Sentencia del siete de julio del dos mil once, por lo que pido de la manera más atenta a ustedes Señores Magistrados de Circuito en Materia Administrativa en Turno, en el Distrito Federal, el que se restituya la Sentencia irregular en comento, a través de la Resolución de mi Recurso de Revisión, determinando el que se me concede EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, RESTITUYENDO LA SENTENCIA DEL SIETE DE JULIO, para que la Autoridad Responsable dé respuesta punto por punto de lo que solicito en mi escrito de Petición Urgente, de fecha 15 de febrero del 2011.

    PROTESTO DECIR LA VERDAD BAJO LO MANIFESTADO Y COMPROBADO CON DOCUMENTALES PÚBLICAS, TAL COMO EXPONGO EN MI PRESENTE OCURSO DE RECURSO DE REVISIÓN.
    México, D. F., 26 de julio del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  29. QUEJOSA: NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ. PROMOCIÓN PARA EL RECURSO DE REVISIÓN, CONTRA SENTENCIA DICTADA EL DÍA DIECINUEVE DE JULIO Y RECIBIDA EN MI DOMICILIO EL DÍA VEINTIUNO DEL MISMO MES DEL AÑO 2011. JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EXPEDIENTE P.538/2011. JUZGADO DECIMOSEXTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL. AUTORIDAD RESPONSABLE: LICENCIADA MARISELA MORALES IBÁÑEZ, PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

    Expediente P.538/2011
    RECURSO DE REVISIÓN

    Por conducto del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

    TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN TURNO.
    P R E S E N T E .

    México, D. F., 28 de julio del 2011.

    LA QUEJOSA: NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita, personalidad debidamente acreditada en el expediente P.3538/2011 del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, y domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones en el orden registrado en el mismo expediente.

    Que por medio de mi presente promoción y con fundamento en lo correspondiente a los numerales 82, 83, fracción IV, 85, fracción II, 86, 88 y 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional, en tiempo y forma vengo a interponer el Recurso de Revisión en contra de la sentencia de fecha diecinueve de julio del dos mil once y recibida constancia de la misma en mi domicilio el día 21 de del mismo mes y año, para que, bajo la disposición y el análisis correspondiente, mediante Acuerdo del Magistrado en turno, sea solicitado copia íntegra del expediente principal número P.538/2011 (original) del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, por lo que atentamente comparezco y expongo de manera congruente, fundada y motivada:

    A.- En un seguimiento que canaliza la presentación de la Sentencia de mi Juicio de Garantías P.538/2011, Sentencia dictada con fecha diecinueve de julio del dos mil once, Germán Cruz Silva, Secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Encargado del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presenta el resultado de una Sentencia que no viene firmada por nadie, en los siguientes términos:

    RESULTANDO

    “PRIMERO. Por escrito presentado el cuatro de mayo del dos mil once, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la Autoridad Responsable: III. C. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA….

    IV. ACTO RECLAMADO: La abstención por parte de dicha autoridad, de dar respuesta a mi escrito de petición extraurgente de fecha diecinueve de abril del dos mil once…..”

    EN ESTOS TÉRMINOS, RELACIONAN DE DICHA SENTENCIA EL PUNTO SEGUNTO QUE A LA LETRA DICE: “Por Acuerdo del seis de mayo del dos mil once (foja 18), se admitió a trámite la demanda con el número P.538/2011, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; solicitándose a la autoridad responsable informe justificado y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional”.

    POR LO QUE ES IMPORTANTE, referir lo que anotan en el punto TERCERO: “En proveído de ocho de junio de dos mil once (fojas 90 a 92), se admitió a trámite la ampliación de la demanda de garantías, contra el oficio 20788/2011, de veinticuatro de mayo del dos mil once, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa II-DDF, emitido en el expediente AP/PGR/DDF/SPE-II-1814/11, y contra la notificación de veinticinco del citado mes y año, practicada por el Policía Federal Ministerial “C” Mario Estrada Nieto; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; solicitándose a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados”.

    DESTACANCO DE DICHA SENTENCIA DE FECHA DICINUEVE DE JULIO DEL DOS MIL ONCE: “La autoridad responsable PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, al rendir informe justificado (fojas 23 y 24), negó el acto reclamado por la Quejosa, consistente en la omisión de contestar su petición formulada mediante escrito presentado el diecinueve de abril del dos mil once.

    Sin embargo, del análisis de las constancias de autos se advierte que es cierto el referido acto, ya que tal negativa envuelve la afirmación expresa de un hecho y dada la naturaleza del acto, no corresponde a la Quejosa demostrar la omisión en que incurrió la responsable, sino que ésta debe probar que emitió la correspondiente respuesta y se la notificó, previamente a la promoción del presente juicio de garantías”.

    A LO QUE DOY RESPUESTA: En mi promoción de fecha siete de junio del dos mil once de mi juicio de amparo P.538/2011, detallo con toda claridad: “En este seguimiento Usted C. Juez, en el trámite de fecha uno de junio del dos mil once de mi presente juicio de amparo manifiesta: Cabe precisar que el señalamiento de nuevos actos reclamados no implica, por sí solo, la procedencia del juicio respecto de éstos sino que tal cuestión se dilucidará al dictar la sentencia respectiva.

    PRECISANDO NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, (PARTE QUEJOSA)…..por lo que, con lo que se fundamenta de conformidad al artículo 116 de la Ley de Amparo, hago presente el contenido de mi escrito de Demanda de Juicio Político de fecha 23 de enero del 2009, (como otra prueba documental pública), que pido de la manera más atenta de acuerdo a sus facultades y atribuciones, sea solicitado el conjunto de actuaciones sobre dicha denuncia de Juicio Político, directamente al Diputado Federal, Licenciado Javier Corral Jurado, Presidente de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Demanda para Juicio Político en contra del entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público, Licenciado Agustín Carstens Carstens, que relaciona uno de los motivos por lo cual presento mi escrito de petición urgente de fecha diecinueve de abril del dos mil once, escrito que dirijo a la Licenciada Marisela Morales Ibáñez, Procuradora General de la República; tal como detallo a continuación, y que conforma el que se dé cabal cumplimiento al artículo 20 constitucional Aparatado B, fracción IV.

    B.- PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA QUE OMITEN EN LA SENTENCIA.

    Siendo que uno de los puntos que preciso a la Procuradora General de la República en mi escrito de petición urgente de fecha diecinueve de abril del dos mil once, configura en un cúmulo de constancias probatorias como anexo de dicho escrito y que lo hago saber para unir lo que debe ser la respuesta de mi Derecho de Petición, consistente en copia de mi escrito de denuncia penal de fecha diecisiete de febrero del dos mil once en contra de Grupo Nacional Provincial, S. A., y quien o quienes resulten responsables por diversos delitos federales; situación que también pedí a la Procuradora en mención, el que requiriera un informe al Delegado de Procuraduría General de la República en el Distrito Federal el motivo por el cual no se me cita para ratificar dicha denuncia, (que relacionando todos estos hechos, queda totalmente comprobado que el oficio 20788/2011, de 24 de mayo del 2011, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa II-DDF, emitido en el expediente AP/PGR/DDF/SPE-II-1814/11, es la claridad reflejada DE LA OMISIÓN EN QUE INCURRE LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ya que se trata de una denuncia penal, que incrementa las actuaciones ministeriales de oficio de tiempo atrás (FRAUDE GENÉRICO ENTRE OTROS) en la Procuraduría General de la República, con motivo de mis denuncias penales presentadas y ratificadas por escrito en dicha institución, averiguaciones previas 2095/RN/98 y 1588/FESPLE/2000, por lo que resulta deficiente el que quieran hacer creer con el oficio 20788/2011, el que la Procuraduría General de la República no es competente, para que se integre, se desahogue con documentales públicas que solicito sean requeridas a las autoridades que las mantienen en posesión, supuesto que mi denuncia penal de fecha 17 de febrero del 2011, en la citada Mesa II-DDF de la Subdelegación de Procedimientos Especiales, adscrita a la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, es parte de una secuencia de mis actuaciones legales desde el año dos mil seis, con motivo de mi denuncia penal presentada y ratificada por escrito en contra de servidores públicos del ámbito federal; lo cual constituye, EL REFLEJO DE LA RED DE CORRUPCIÓN, con la que se está escudando la Responsable, PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, quien tiene que aclarar bajo requerimiento del Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, haciendo llegar a la Responsable la notificación correspondiente, en base a un análisis cuantitativo, fundamentado y motivado por el precepto constitucional que se especifica en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

    C.- ACTO RECLAMADO: Es el acto de autoridad (acto jurídico unilateral, imperativo y coercitivo) que se considere violatorio de garantías; es la fuente del inicio del juicio de garantías, por naturaleza es un acto proveniente de Órgano de Estado.

    D.- Publicación del 14 de junio del 2002. Decreto por el que se aprueba el diverso por el que se modifica la denominación del artículo cuarto y se adiciona un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 constitucional, y previa la aprobación de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como la mayoría de las Legislaturas de los Estados decreta:

    Se aprueba el decreto por el que se modifica la denominación del Título Cuarto y se adiciona un segundo párrafo al artículo 113 constitucional, para quedar como sigue:

    Titulo Cuarto de las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado: Artículo 113.- La Responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases límites y procedimientos que establezcan las leyes.

    CON LO QUE QUIERO DEJAR ASENTADO CONFORME AL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE AMPARO: “A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, los funcionarios y autoridades tienen la obligación de expedir con toda oportunidad a aquellas, las copias y documentos que soliciten; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieron con esa obligación, la parte interesada solicitará del Juez, que requiera a los omisos. El Juez hará el requerimiento y aplazará la audiencia por un término que no exceda de los diez días; pero si no obstante dicho requerimiento durante el término de la expresada prórroga no se expidieren las copias o documentos, el Juez a petición de parte, si lo estima indispensable, podrá transferir la audiencia hasta en tanto se expidan y hará uso de los medios de apremio, consignando en su caso a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato”.

    LO QUE QUIERE DECIR QUE EL JUEZ NO HA CUMPLIDO CON DICHO REQUERIMIENTO, supuesto que en mi promoción de fecha 7 de junio del 2011, presenté mi petición al Juez Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, de la siguiente manera:

    “C. Juez, por todo lo expuesto de conformidad y con fundamento en los numerales 21, 116, 120 y 146 de la Ley de Amparo le pido se sirva:

    PRIMERO.- Que el presente Juicio de Amparo en Materia Administrativa es la vía adecuada para impugnar el informe justificado de la Responsable.

    SEGUNDO.- Que presento nuevas documentales públicas que pido sean requeridas con carácter de urgente a las autoridades que las mantienen en posesión, tal como indico de manera clara, congruente y motivada en mi presente juicio de amparo en materia administrativa, para que formen parte del mismo: expediente P-538/2011 y pueda llevarse a efecto la audiencia constitucional, por lo que solicito EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL.

    TERCERO.- En lo que corresponde al oficio 20788/2011 de 24 de mayo del 2011, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa II-DDF, emitido en el expediente AP/PGR/DDF/SPE-II-1814/11, así como la notificación del día siguiente efectuada por el Policía Federal C. Mario Estrada Nieto, he de referir que la averiguación previa citada conforme a los hechos debo ratificarla en la citada Mesa II-DDF, de la Subdelegación de Procedimientos Especiales de la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, al igual que lo consiguiente sobre la notificación del cual se hace mención de fecha 25 de mayo del 2011, por lo tanto, IMPUGNO SEVERAMENTE, la notificación del día 25 de mayo del 2011, efectuado por el Policía Federal Ministerial C. Mario Estrada Nieto, ya que la Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no tiene ninguna facultad sobre lo que expone en dicho citatorio, ya que todas mis denuncias penales por delitos conexos con mis denuncias penales que también presento y ratifico en la Procuraduría General de la República, en ese seguimiento, la Procuraduría General de Justicia en el Distrito Federal ha declinado competencia a la Procuraduría General de la República, donde se deben de concluir, resolver todas las averiguaciones previas habidas, dentro de mis denuncias penales que de tiempo atrás he presentado y ratificado en ambas Procuradurías.

    CUARTO.- Con precisión las autoridades a quienes atribuyo los conceptos de violación pertinentes, dichos escritos dirigidos a todos los Procuradores Generales de la Repúblicas, desde el período del Licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, hasta la nueva Procuradora, Licenciada Marisela Morales Ibáñez, constan sus originales en la averiguación previa UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma, de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de los cuales consta mi presente AMPLIACIÓN DE DEMANDA, y el desahogo de su trámite C. Juez, de fecha 1 de junio del 2011.

    QUINTO.- Pruebas documentales públicas, que han sido revisadas dentro de los expedientes 700/42899 de la Procuraduría Fiscal de la Federación, y lo integrado, investigado y desahogado en el número 1171/2007-PL, Varios, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constancias probatorias que identifican con toda probidad las responsabilidades en que incurren servidores públicos del ámbito federal, pruebas que vengo refiriendo en el presente ocurso y que deben formar parte de mi presente juicio de garantías. No obstante lo anterior todas las averiguaciones previas sobre mis denuncias penales que he presentado y ratificado por escrito en la Procuraduría General de la República contienen los originales de todas mis promociones dirigidas a los Titulares en distintos años de la Procuraduría General de la República.

    SEXTO.- Admitir la Ampliación de Demanda propuesta, señalando fecha y hora para la celebración de la Audiencia Constitucional, requiriendo las pruebas de las copias íntegras de los expedientes que relaciono en mi presente ocurso, dictando sentencia en donde se declare que la JUSTICIA DE LA UNIÓN ME AMPARA Y PROTEGE”.

    POR LO QUE MANIFIESTO Y SEÑALO PUNTUALMENTE LOS AGRAVIOS:

    UNO.- C. Magistrados de Tribunales de Circuito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el C. Juez Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, no dio cumplimiento al desarrollo que marca MI DERECHO DE PETICIÓN, incurriendo en graves faltas, distorsionando los conceptos jurídicos con premeditación, alevosía y ventaja, transgrediendo el principio de legalidad o primacía de la ley, el cual es un principio fundamental del derecho público conforme al cual todo ejercicio del poder público debe estar sujeto a la voluntad de la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas (ejemplo: El Estado sometido a la constitución o al imperio de la ley); por esta razón se confirma que el principio de legalidad establece la seguridad jurídica.

    DOS.- El C. Juez Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, incurre en responsabilidades que establece el artículo 198 de la Ley de Amparo, precisamente recaída en los funcionarios que conozcan del amparo, tal como reza el presente artículo: “Los Jueces de Distrito, las autoridades judiciales de los Estados, del Distrito Federal en funciones de aquellos, los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son responsables, en los Juicios de Amparo por los delitos de faltas que cometan, ya en la substanciación de éstos, ya en las sentencias, en los términos que los definen y castigan el Código Penal para el Distrito Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como este capítulo I del artículo 198 de la Ley de Amparo; POR LO QUE RECLAMO, PIDO DE CONFORMIDAD A MIS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, el que se restituya la sentencia irregular de mi Juicio de Amparo que vengo refiriendo, expediente P.538/2011, con lo debidamente relacionado a mi derecho de petición y que puntualizo mediante mi anexo de mi promoción de fecha 7 de junio del 2011, de conformidad al Acuerdo dictado por el C. Juez Ricardo Gallardo Vara, Titular del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa, promoción de fecha 7 de junio del 2011, que sustenté en los artículos 150, 151 de la Ley de Amparo, bajo los preceptos que proveen los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 1º fracción I, 4º, 5º, 114 y 116 de la Ley de Amparo con lo que nuevamente demando EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, dictando nueva sentencia bajo requerimiento de todas las pruebas que han sido omitidas para llevarse a efecto la Audiencia Constitucional, y lo que determina el artículo 11 de la Ley Federal de las Responsabilidades de los Servidores Públicos: Al proponer la Gran Comisión de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, la Constitución de Comisiones para el despacho de los asuntos, propondrá la integración de una Comisión para sustanciar los procedimientos consignados en la presente Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”; que es la medida en que se acude en busca de justicia, al pretender el C. Juez Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, sobreseer mi Juicio de Amparo que cito en mi presento promoción de Recurso de Revisión, que confirma la falta de honestidad, capacidad profesional de quien ostenta procurar el que se respeten las garantías individuales y sociales, sin privilegios para nadie.

    ANEXO COPIA: Promoción de fecha 7 de junio del 2011, que dirijo al C. Juez de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal; junto con oficio 20788/2011, fechado 24 de mayo del 2011, que me dirige la Licenciada Elsa Oliva García Badillo, C. Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa II-DDF, de la Subdelegación de Procedimientos Especiales, adscrita a la Delegación de la PGR en el Distrito Federal; al igual que copia del Acuerdo de ocho de junio del dos mil once, que provee y firma Ricardo Gallardo Vara, Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. (Acuerdo de 8 de junio: Se admite a trámite la ampliación de demanda con el acto que señala, sin que se tramite incidente de suspensión por no haberse solicitado), donde se refleja la contradicción manifestada con lo que se resuelve con la sentencia del día diecinueve de julio del dos mil once.

    Por tanto, como toda demanda, la de amparo indirecto que presento con número de expediente P.538/11, contiene satisfactoriamente ciertos requisitos que reuní como la parte quejosa, que conforme al artículo 116 de la ley de la materia, puedo citar: Que los hechos que narré sirven para fundamentar los conceptos de violación que tomé como base a mi reclamación, para no quedar en un total estado de indefensión.

    DEL JUICIO PRINCIPAL, el Ministro González Cosío confirma: “Al declararse ejecutoria ya que conceda la protección constitucional o al recibirse testimonio de alguna ejecutoria del Tribunal Colegiado que también conceda la protección constitucional, se procede de oficio, a la ejecución de la misma, conminando a las autoridades responsables, restituyan al quejoso en el pleno goce de sus garantías violadas, se les señala un plazo para que ejecuten e informen al respecto, y una vez que la sentencia esté debidamente cumplida, se ordena el archivo del expediente.

    PROTESTO DECIR LA VERDAD, CON LO MANIFESTADO Y EXPUESTO BAJO PRUEBAS DOCUMENTALES PÚBLICAS IRREFUTABLES.

    México, D. F., 28 de julio del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  30. TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
    P R E S E N T E .

    México, D. F., 8 de agosto del 2011.

    DENUNCIA COMO COMPLEMENTO DE LO EXPUESTO CONTRA ERNESTO CORDERO ARROYO, SALVADOR VEGA CASILLAS, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JAVIER LAYNEZ POTISEK, CONFORME A MI ESCRITO DEL MES DE JULIO DE 2011, LO QUE RELACIONA EN DELITOS CONEXOS, MEDIANTE PRESENTACIÓN DEL OFICIO FALSIFICADO CON TODAS LAS AGRAVANTES DE LA LEY. OFICIO NÚMERO 101-04-00-00-00-2011-3299, DE FECHA 13 DE JUNIO DEL DOS MIL ONCE (2011), QUE ME DIRIGE POR CORREO ORDINARIO EL LICENCIADO PABLO GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ, RECIBIDO EN MI DOMICILIO EL DÍA CINCO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. PABLO GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ, A QUIEN DENUNCIO POR FALSIFICAR DOCUMENTOS PÚBLICOS EN SU CARGO DENTRO DE LA DMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, COMO TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SAT, DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

    ASUNTO: PRESENTACIÓN DE CONSTANCIAS PROBATORIAS, COMO PARTE DE LO EXPUESTO A USTEDES DE FECHA VEINTICINCO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE INCLUYE PRUEBAS DOCUMENTALES PÚBLICAS IRREFUTABLES, INTEGRADAS Y DESAHOGADAS EN EL EXPEDIENTE S0-0138/2011-BIT, DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SAT, CON LO CUAL CANALIZO A USTEDES CON COPIA DEL OFICIO NÚMERO 101-04-00-00-00-2011-3299, FECHADO 13 DE JUNIO DEL 2011.

     NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho en mi carácter de Ofendida, en este día lunes 8 de agosto del 2011, con domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones en Calle 3 No. 118, Col. General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c. p. 15000, México, D. F., correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

    Señores integrantes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, me permito hacer llegar a Ustedes copia del oficio referido al rubro del presente ocurso, por medio del cual amplío mi denuncia en contra de los Licenciados Ernesto Cordero Arroyo, Salvador Vega Casillas, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Dr. Javier Laynez Potisek.

    Por lo que atentamente comparezco y expongo, de forma congruente, fundada y motivada:

     UNO.- El Licenciado Pablo Gerardo López Sánchez DE DELATA con el oficio del 13 de junio del 2011 en comento, falsificando dicho documento y omitiendo con dolo, premeditación, alevosía y ventaja, el contexto de mi denuncia de fecha 30 de mayo del 2011, que le hice llegar de manera clara y precisa en contra del Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en el cargo que desempeña como Jefe de Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; siendo que estoy fundamentando dicha denuncia en base a mi escrito de fecha once de febrero del dos mil once (2011), que por medio de Internet remití escaneado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; reitero, escrito del 11 de febrero del 2011, con lo cual se generaron las acciones del Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, sin darme a conocer el resultado de sus gestiones en mi carácter de Ofendida.

    En este ámbito de responsabilidades se coordinan actuaciones de autoridades hacendarias, ocultando el LIC. PABLO GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ, como Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el SAT, lo debidamente comprobado desde el día 11 de febrero del 2011, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al identificar el Órgano Interno de Control en el SAT, las pruebas conducentes sobre una póliza de seguro de vida en dólares expedida fraudulentamente a mi nombre por los autores materiales e intelectuales de dicho delito en Grupo Nacional Provincial, S. A.; lo que es importante el que conste la participación de integrantes del Órgano Interno de Control en el SAT como cómplices delictivos de los servidores públicos denunciados el día 25 de julio del 2011, de manera escrita, en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de parte de NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita, en mi carácter de Ofendida.

    LO CUAL SE CUMPLIMENTA, por lo que también presento mediante escrito de Petición Extraurgente, de fecha doce de julio del dos mil once, en el IFAI, Instituto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Administración Pública Federal de los Estados Unidos Mexicanos.

    DOS.- Escrito que dirijo al IFAI con fecha 12 de julio del 2011, con el Asunto: “Petición Extraurgente de Norma Esperanza Falcón Ruiz, la Suscrita en mi carácter de Ofendida. Solicito información al Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Licenciado Manuel S. Aguilera Verduzco, (que se me niega de forma improcedente en mi carácter de Ofendida) para que se actúe sobre las documentales públicas integradas, desahogadas y resueltas en el expediente: COO-411.31.2”11”, de la Vicepresidencia Jurídica. Dirección General Jurídica Consultiva y de Intermediarios. Dirección Consultiva de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para que se concluya con el debido cumplimiento del artículo 20 constitucional Apartado B, fracciones II y IV, y todo lo dispuesto en el artículo 113 constitucional sobre las responsabilidades de los servidores públicos y la responsabilidad patrimonial del Estado respectivamente, en lo que corresponde de las consignaciones de los autores materiales e intelectuales, de la comisión de delitos federales que se persiguen, con motivo de mis denuncias penales por el delito de FRAUDE GENÉRICO contra Grupo Nacional Provincial, S. A., dentro de las actuaciones ministeriales generadas en la averiguación previa UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, para de esa manera recibamos el pago de reparación de daños, todos y cada uno de los que somos perjudicados”.

     TRES.- CON LO QUE QUIERO DEJAR ASENTADO, que es urgente el que se le solicite a Pablo Gerardo López Sánchez, Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, copia íntegra de lo incluido, desahogado y resuelto en el expediente SO-0138/2011-BIT, porque este servidor público se delata con conducta ilícita, tal como quedará comprobado en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que de ninguna manera se puede permitir sin aplicarle las sanciones correspondientes por tales hechos que manifiesto y compruebo con documento público que falsificó, y además, omitiendo la respuesta que pido con mi denuncia presentada por escrito con fecha treinta de mayo del dos mil once, (2011), (anexo constancia) donde claramente solicité: CUENTAN USTEDES CON 24 HORAS, PARA COMUNICARSE CON CARÁCTER DE EXTRAURGENTE CON LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS QUE UTILIZAN PARA ESTAR EN CONTACTO CON LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS OFICIALES Y DE ESA MANERA SE PONGAN EN CONTACTO CON LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, PARA QUE LES CONFIRMEN, SOBRE LAS ACTUACIONES DEL DÍA 11 DE FEBRERO DEL 2011 EN QUE SE CONSTATA POR PARTE DEL LICENCIADO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, LA CONFISCACIÓN DE LOS VEINTE MIL MILLONES DE PESOS EN LA CASA DE BOLSA MEXICANA DE VALORES, PRODUCTO DE LA INVERSIÓN GENERADA DE LA PÓLIZA FRAUDULENTA QUE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A., EXPIDE A MI NOMBRE CON UNA SUMA ASEGURADA DE INICIO DE CINCO MILLONES DE DÓLARES, Y QUE CON LOS INCREMENTOS QUE FUERON REALIZANDO DE DICHA SUMA ASEGURADA DE PROTECCIÓN POR FALLECIMIENTO, ALCANZA LA CANTIDAD ACTUAL DE QUINIENTOS MILLONES DE DÓLARES; ES DECIR, ESTÁ ASEGURADO EL CUERPO DEL DELITO.

    CUATRO.- El Licenciado Pablo Gerardo López Sánchez, no puede ni debe ocultar dicha información que está debidamente requisitada en el expediente SO-0138/2011-BIT del Órgano Interno de Control en el SAT; con lo que se hace responsable directamente EL Licenciado Pablo Gerardo López Sánchez, como encubridor de los delitos que recaen en AFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN YA DEBE ESTAR CONSIGNADO CON SU AUTO DE FORMAL PRISIÓN, RESOLVIENDO, el que se me cubra todos los daños y perjuicios y el daño patrimonial que me casusa, ya que son pruebas documentales públicas irrefutables, que van a localizar en el multicitado expediente SO-0138/2011-BIT del Órgano Interno de Control en el SAT.

    CINCO.- Servidores públicos del ámbito federal deficientes, deshonestos, por los cuales presento mi denuncia penal de fecha 30 de junio del 2011, razón por lo que se acrecenta la corrupción en la Procuraduría General de la República, donde no me han enviado notificación para que ratifique dicha denuncia penal y eso los hunde, delatándose como lo que son, servidores públicos faltos de ética, de profesionalismo, que no dan la cara, porque si fuese mentira lo que denuncio por escrito, todos a los que he acusado ya me hubiesen revertido mi denuncia, pero no lo hacen porque saben que todo es cierto, y además de todo son ineptos, irresponsables, relacionados en delitos fiscales por todo lo que se desprende, lo que van a comprobar con el resultado de lo que les presente a Ustedes el IFAI, Instituto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Administración Pública Federal de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a lo que le doy a conocer al IFAI con fecha doce de julio de dos mil once, (2011), con mi escrito de petición extraurgente en mención; y lo correspondiente al Expediente 735/2008 de dicho Instituto, por lo que también pido:

     Se requieran los expedientes: A.- UEDE/021/2007 y los acumulados al mismo de la Unidad Especializadas para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR.

    B.- Expediente SO-0138/2011-BIT, del Órgano Interno de Control en el SAT, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

    C.- Expediente P.177/2011-7 del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, donde fungen como Autoridades Responsables el C. Jefe de Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Director General Jurídico Consultivo y de Intermediarios de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Licenciado Eduardo Iturriaga Velasco, conjuntamente con el Licenciado Manuel S. Aguilera Verduzco, Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; dentro de lo que también se comprueba con el comunicado ciudadano que me llega a mi CORREO ELECTRÓNICO por Internet, fechado 29 de junio del 2011, únicamente registrando el nombre del Director Lauro Delgado Terrón, sin firma alguna que lo acredite como tal, en su función de Director de la Unidad de Atención Ciudadana, dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública. Comunicado ciudadano donde también aparece: Correo: 4123/2011, 47889-1 y 48605-1, con el Asunto: Comunicado ciudadano vía correo electrónico; con lo que tendrá que responder Pablo Gerardo López Sánchez, como Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el SAT.

    ANEXOS en copias simples:

    1.- Escrito fechado 25 de julio del 2011, sobre mi denuncia que con esa fecha expongo en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de la Administración Pública Federal de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de Ernesto Cordero Arroyo, Salvador Vega Casillas, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Javier Laynez Potisek.

    2.- Comunicado ciudadano que me llega por correo electrónico fechado 29 de junio del 2011 y que me dirige Lauro Delgado Terrón (sin firma alguna), comunicado ciudadano de la Unidad de Atención Ciudadana dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública, conjuntamente con oficio 101-04-00-00-00-2011-3299, que me dirige el Licenciado Pablo Gerardo López Sánchez, Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el SAT y copia de mi escrito de denuncia de fecha 30 de mayo del 2011, contra ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, C. JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

    3.- Escrito fechado 12 de julio del 2011, que dirijo al IFAI.

    POR TODO LO EXPUESTO ATENTAMENTE PIDO:

    PRIMERO.- Sean requeridos todos los expedientes que ofrezco en mi presente ocurso como documentales públicas irrefutables, que verifican el aseguramiento del cuerpo del delito de meses atrás del año que transcurre, por parte de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, lo que simplifica y aclara de una vez por todas, el que se debe sancionar a los servidores públicos del ámbito federal que denuncio por escrito tanto en la Procuraduría General de la República como en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que debe quedar debidamente fundamentado en el expediente que Ustedes inician con motivo de dichas denuncias, para que sea concluida con la consignación correspondiente de los responsables, de conformidad a todo lo integrado, desahogado y resuelto en los expedientes UEDE/021/2007, y el expediente que ocultan en la Procuraduría General de la República, con motivo de mi denuncia de fecha 30 de junio del 2011, que hice llegar a la Unidad Especializada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la Procuraduría General de la República.

    SEGUNDO.- Todo lo que se ramifique penalmente de dichas denuncias en mención, y que sea en mi perjuicio, favor de hacerme llegar lo que corresponde, para tramitar debidamente el pago de reparación de daños conforme a derecho, ya que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es otro factor de responsabilidades, por los cuales deben intervenir presentando a Ustedes la documentación que sea necesaria, porque se trata de una póliza de seguro de vida en dólares que cuenta con la aprobación de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para ser expedida y acreditada como un contrato legal; lo cual todas las autoridades omiten, y deben cubrirme todos los daños y perjuicios causados, con premeditación, alevosía y ventaja, ya que degradan el sistema de procuración e impartición de justicia en México, con un alcance de arbitrariedades, de corrupción e impunidad, en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o su buen despacho.

    Artículo 9o. Al frente de la Contraloría Interna, órgano interno de control, habrá un Contralor Interno designado en los términos del Artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, quien, en el ejercicio de sus facultades, se auxiliará por los titulares de las áreas de Auditoría, Quejas y Responsabilidades, designados en los mismos términos.
    Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior ejercerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás ordenamientos legales y administrativos aplicables, conforme a lo previsto por el Artículo 26, fracciones III y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.
    El órgano desconcentrado proporcionará al Contralor Interno los recursos humanos y materiales que requiera para la atención de los asuntos a su cargo. Asimismo, los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria están obligados a proporcionar el auxilio que requiera la Contraloría Interna para el desempeño de sus facultades.

    PROTESTO DECIR LA VERDAD, CON TODO LO MANIFESTADO Y COMPROBADO CON DOCUMENTALES PÚBLICAS IRREFUTABLES.

    México, D. F., 8 de agosto del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

    c.c.p. Área de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas en México. Para conocimiento.

  31. C. NAVI PILLAY, ALTA COMISIONADA DE ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO.
    P R E S E N T E.

    México, D. F., 10 de agosto del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, en mi carácter de Ofendida, promoviendo por mi propio derecho, en este día miércoles diez de agosto del dos mil once (2011), con domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones en Calle 3 No. 118, Col. General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c. p. 15000, México, D. F., correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

    ASUNTO: Escrito complementario de NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, referido sobre mi petición extraurgente mediante escrito de fecha 21 de julio del presente año, con el objeto de dar consistencia legal a los delitos cometidos en mi perjuicio por MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, una de las autoras intelectuales correspondientes a las indagatorias UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma, donde se localizan las actuaciones ministeriales que dan probidad de lo que denuncio por los delitos de SUPLANTACIÓN DE MI PERSONA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, TRÁFICO DE INFLUENCIAS, FRAUDE, FALSEDAD DE DECLARACIONES y lo que se relaciona de delitos conexos, cometidos por servidores públicos del ámbito federal, que en un conjunto de pruebas omiten integrarlos en mis denuncias que han turnado por incompetencia, a la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, incurriendo las autoridades que tienen a su cargo la indagatoria UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma en la citada (UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS EN EL EXTRANJERO DE LA PGR), estar sujetos a que se les aplique la ley, sobre sus responsabilidades que se canalizan a la Comisión de Delitos de Abuso de Autoridad, Contra la Administración de Justicia, para encubrir de manera improcedente, fuera de toda legalidad a MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, quien debe estar siendo procesada penalmente de tiempo atrás, consignando la Procuraduría General de la República la averiguación previa UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma, siendo parte fundamental esta indagatoria de la comprobación de dichos delitos por lo que denuncio y ratifico en el expediente UEDE/021/2007 donde acumularon con distintos números, las averiguaciones previas FIZP/IZP-5/T1/1379/06-06 y la número FIZP/IZP-5/T1/2316/08-10, donde denuncio a MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, mismas que presenté por escrito y de inicio, en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ratificando el día 28 de octubre del 2008, en la Agencia IZP-5, dependiente de la Fiscalía Desconcentrada en Iztapalapa de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Averiguación Previa No. FIZP/IZP-5/T1/2316/08-10 de donde declinan competencia a la Procuraduría General de la República, por estar en conexión con las indagatorias 2095/RN/98 y 1588/FESPLE/2000, sobre mi denuncia penal por el delito de Fraude contra Grupo Nacional Provincial, S. A., y quien o quienes resulten responsables.

     C. Alta Comisionada de la ONU de Derechos Humanos en México, dentro de un seguimiento para comprobar ante Ustedes la transgresión de mis garantías constitucionales y mis derechos humanos, informo con toda precisión, sobre lo que he presentado de distintas denuncias penales en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la General de la República, y las diversas gestiones que he ampliado sobre las responsabilidades de los servidores públicos en mi perjuicio, canalizando dichas denuncias a la Secretaría de la Función Pública, a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, debidamente comprobado en expedientes de distintas dependencias oficiales de la Administración Pública Federal, donde no han resuelto nada, por estar bajo consignas, recibiendo línea de los defraudadores de Grupo Nacional Provincial, S. A. y de MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, reafirmando el Tráfico de Influencias y la Coalición de servidores públicos, por lo que también, he ampliado desde e mes de febrero del dos mil once, mi participación como la parte Ofendida y también de Denunciante, a través de Juicios de Amparos en Materia Administrativa y en Materia Penal en el Distrito Federal, respectivamente, siendo que es en base a documentales públicas todas las pruebas que sustentan mis Juicios de Garantías, constatando que las mismas no las integran en la indagatoria UEDE/021/2007 por parte de la Procuraduría General de la República; cuyos resultados reales que arrojan es para dar seguimiento con las consignaciones correspondientes, y que omiten delictivamente una y otra vez, lo que ha motivado el que me dirija a Ustedes solicitando su colaboración para que se haga justicia a todos y cada uno de los que somos perjudicados: NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita, (suerte principal) y lo que se desprende como consecuencia legal en agravio de la sociedad, donde se ubican los asegurados de mi Cartera del ISSSTE a nivel nacional clave 9893, (trabajadores del ISSSTE y sus dependientes económicos) en función de los seguros de vida individuales con inversión LÍNEA PRISMA, a plazos de 20 y 50 años de duración, tal como le explico en mi escrito que hice entrega a Ustedes el día veinticinco de julio del dos mil once (2011).

    COMO PARTE IMPORTANTE: ARTÍCULO 79.- Los titulares de los órganos internos de control tendrán, en el ámbito de la dependencia, de sus órganos desconcentrados o entidad de la Administración Pública Federal en la que sean designados o de la Procuraduría, las siguientes facultades:

    “Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y darles seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que haya lugar e imponer las sanciones respectivas, en los términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades, con excepción de las que conozca la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial; determinar la suspensión temporal del presunto responsable de su empleo, cargo o comisión, si así conviene a la conducción o continuación de las investigaciones, de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento aludido y, en su caso, llevar a cabo las acciones que procedan conforme a la ley de la materia, a fin de estar en condiciones de promover el cobro de las sanciones económicas que se lleguen a imponer a los servidores públicos con motivo de la infracción cometida;

    Recibir las quejas, sugerencias, reconocimientos y solicitudes sobre los trámites y servicios federales que presente la ciudadanía, turnarlos para su atención a la autoridad competente y darles seguimiento hasta su conclusión, así como recomendar cuando así proceda, la implementación de mejoras en las dependencias, las entidades o la Procuraduría; (entre otros)

    ESPECIFICO: Para dejar completa la información a Ustedes, sobre la transgresión de mis derechos humanos, atentamente comparezco y expongo, de forma congruente, fundada y motivada.

    UNO.- Hago presente copia de mi escrito fechado dieciséis de julio del dos mil diez (2010), que dirijo al C. Licenciado y Senador de la República, Carlos Navarrete Ruiz, en ese entonces Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

    DOS.- Escrito de 16 de julio del 2010 en comento, con el siguiente “Asunto: Complemento de información de lo que sustentan mis denuncias penales en contra de Martha Sahagún Jiménez de Fox, quien utilizó a su colaboradora YOLANDA FALCÓN CERVANTES, empleada de la Fundación Vamos México, para perpetrar el delito de Suplantación de Persona, Falsificación de Documentos, Daños y Perjuicios, Falsedad de Declaración como la autora material, y MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, como la autora intelectual de dichas conductas ilícitas, (con todas las agravantes de la ley) en perjuicio de NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita en mi carácter de Ofendida, y también de Denunciante. (Relacioné información que se da a conocer por Internet)”.

    TRES.- Pedí al Licenciado Carlos Navarrete Ruiz, “….el que se requiera la presencia de YOLANDA FALCÓN CERVANTES, ante los medios de comunicación con el enlace de periodistas que permanecen en las Cámaras del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y pronuncie YOLANDA FALCÓN CERVANTES su salida del penal de alta seguridad El Altiplano, con sede en el Estado de México el día trece de julio del dos mil once, exponiendo las razones de su sentencia condenatoria y en base de lo que MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX expone con denuncia penal en contra de YOLANDA FALCÓN CERVANTES desde el año dos mil seis, > por intentar salvarse del escándalo con motivo de mi denuncia penal de fecha 22 de mayo del 2006, por el delito de suplantación de NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita en mi carácter de Ofendida, averiguación previa FIZP/IZP-5/T1/1379/06-06…..”

    CUATRO.- Es una crueldad y la injusticia más grande, que únicamente haya sido castigada por las autoridades YOLANDA FALCÓN CERVANTES, existiendo su declaración preparatoria en base a mi denuncia penal contra ella, de fecha veintidós de mayo del dos mil seis, denuncia penal en contra de YOLANDA FALCÓN CERVANTES y MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, tal como refiero en el párrafo anterior y cuya declaración YOLANDA FALCÓN CERVANTES la realizó el día 2 de junio del 2006, en la Unidad Uno con detenido de la Agencia Ministerial IZP-5, dependiente de la Fiscalía Desconcentrada en Iztapalapa, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; declaración de YOLANDA FALCÓN CERVANTES donde señala como la autora intelectual de dichos delitos perpetrados en mi perjuicio, a MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, prestándose las autoridades de la Agencia Ministerial IZP-5, por instrucciones de sus superiores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en mantenerme oculta dicha gestión, de la que, debí haber recibido notificación para yo poder ratificar mi denuncia, en contra de YOLANDA FALCÓN CERVANTES y MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, respectivamente, dedicándose las autoridades de ambas Procuradurías en mantener en una confidencialidad y reserva improcedente todo lo actuado, integrado y resuelto con la consignación de YOLANDA FALCÓN CERVANTES hacia las autoridades federales.

    CINCO.- DE TAL MANERA, que todo fue preparado por la misma MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, VICENTE FOX QUESADA, el entonces Procurador General de la República, LIC. DANIEL FRANCISCO CABEZA DE VACA, para así, Martha Sahagún Jiménez, deslindar su responsabilidad como la autora intelectual de dichos delitos, y que únicamente se culpara a YOLANDA FALCÓN CERVANTES, a quien acusó penalmente por el delito de Abuso de Confianza, habiendo documentales notariadas por los mismos servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que aprehendieron a YOLANDA FALCÓN CERVANTES, desde el día dieciocho de mayo del dos mil seis, (2006), motivo por el cual presenté formalmente mi denuncia penal en contra de YOLANDA FALCÓN CERVANTES el día 22 de mayo del mismo año, (2006) por lo que pido de la manera más atenta, soliciten al IFAI, copia íntegra del expediente 735/2008 de Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Expediente 735/2008, totalmente cerrado y resuelto y donde se comprueba todo el ocultamiento de todos estos hechos por parte de autoridades de ambas Procuradurías.

    SEIS.- MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, utilizando el Tráfico de Influencias y Abuso de Poder desde la Presidencia de la República, logra que consignen por su denuncia penal a YOLANDA FALCÓN CERVANTES, trasladándola como reclusa en el penal de alta seguridad El Altiplano, con sede en el Estado de México; dependiendo del Segundo Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México, donde se negaron a recibir mi denuncia penal anterior por el delito de Suplantación de mi Persona, aduciendo la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a ese Segundo Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en comento, que el Juicio que también se llevó a efecto en contra de YOLANDA FALCÓN CERVANTES, con motivo de mi denuncia penal, fue turnado por la Procuraduría General de la República, directamente al Segundo Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, (Reclusorio Norte) de donde nunca fui citada para comparecer, y ratificara mi denuncia, para que se deslindaran todas las responsabilidades de los culpables y cómplices delictivos, dentro de un compendio de documentales públicas que ocultaron, para que no fueran consignados Procuradores Generales de la República, como puedo citar al Licenciado Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández y Eduardo Medina Mora, quienes se prestaron a todas las órdenes dadas por MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, comportándose como verdaderos delincuentes, vendiéndose al mejor postor, entorpeciendo el desarrollo normal de mi denuncia, bajo averiguación previa que se acumula a la número UEDE/021/2007, que vengo refiriendo en el presente ocurso; y por el contrario, pretendiendo revertirme delitos fabricados de la manera más impune y sucia, llegando hasta pretender culparme de un supuesto desempeño en un cargo administrativo en la Consejería Jurídica de las Islas Canarias en España, SIENDO FALSO DE TODA FALSEDAD, y complementando esta infamia con el encuentro por mi denuncia en el mes de enero del año dos mil ocho, tanto en la Procuraduría General de la República, como en la Secretaría de la Función Pública, donde pedí, se dirigieran al Gobierno de las Islas Canarias en España, y comprobaran que todo es FALSO, de una cuenta bancaria con un capital millonario que ignoro por completo, ya que dicha inversión fue puesta a mi nombre, con documentos que nunca firmé, y con firma que no es la mía, de tal manera que también me suplantan para estos hechos delictivos y que al contrario, fueron los culpables los responsabilizados, refiriéndome directamente MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX como la autora intelectual, y dicho de esta manera con toda esta explicación detallada, hasta el día de hoy se niegan a proporcionarme copia de todo lo comprobado, motivo por el cual es que se niegan a consignar la averiguación previa UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma, de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República; porque con estos documentos MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX se va consignada ante un Juez Penal de Procesos Federales, y son documentos que también debe proveerse Usted como la Alta Comisionada de ONU de Derechos Humanos en México, para poder llevar a cabo las conclusiones y que deben ser dirigidas al Titular de la Administración Pública Federal, Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, para que éste a su vez dé la instrucción necesaria a su Subalterna, Licenciada Marisela Morales Ibáñez, Procuradora General de la República, y se consigne a MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, para que sea sujeta al imperio de la ley, cubriendo el pago de reparación de daños, tanto a YOLANDA FALCÓN CERVANTES, NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita y a los asegurados de mi Cartera del ISSSTE a nivel nacional clave 9893, con motivo de los seguros de vida individuales con inversión Línea Prisma, que también son perjudicados al pretender MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, robar a todos los que somos perjudicados, el pago de reparación de daños correspondiente por Fraude Genérico, cometido con todas las agravantes de la ley por Grupo Nacional Provincial, S. A.

    SIETE.- De esta manera adjunto mis escritos de fecha 15 y 16 de julio del 2010, que dirijo al Licenciado Miguel Ángel Mancera Espinosa, de donde no se resolvió nada, y por lo que también pido sea solicitado al Procurador General de Justicia del Distrito Federal en mención, lo requerido por NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, en mis escritos del QUINCE y DIECISÉIS de julio del dos mil diez, (2010).

     ACTUALMENTE: SE COMPRUEBA QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SAT, A SABIENDAS DE MIS DENUNCIA PRESENTADA POR ESCRITO EL DÍA TREINTA DE MAYO DEL 2011 CONTRA EL C. JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LIC. ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, ANTE LA DIRECCIÓN DE QUEJAS EN DICHO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, OMITE CON DOLO: Calificar los pliegos preventivos de responsabilidades que formulen las dependencias, las entidades y la Procuraduría, así como la Tesorería de la Federación, fincando, cuando proceda, los pliegos de responsabilidades a que haya lugar; ES DECIR; a sabiendas de lo conducente para que dichas responsabilidades comprobadas contra ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA como Jefe de Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sean turnadas a la Licenciada Marisela Morales Ibáñez, Procuradora General de la República, para que se resuelvan conforme a derecho, las averiguaciones previas presentadas y ratificadas por escrito en ambas procuradurías, de parte de NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, en su carácter de Ofendida, y también de Denunciante.

    AL IGUAL OMITEN: informar de su resultado a la Secretaría, así como a los responsables de las áreas auditadas y a los titulares de las dependencias, las entidades y la Procuraduría, y apoyar, verificar y evaluar las acciones que promuevan la mejora de su gestión.

    Las auditorías, investigaciones y visitas de inspección señaladas podrán llevarse a cabo por los propios titulares o por conducto de sus respectivas áreas de quejas, auditoría interna y auditoría, desarrollo y mejora de la gestión pública o bien, en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría u otras instancias externas de fiscalización;

    X. Coordinar la formulación de los proyectos de programas y presupuesto del órgano interno de control correspondiente y proponer las adecuaciones que requiera el correcto ejercicio del presupuesto;

    XI. Denunciar ante las autoridades competentes, por sí o por conducto del servidor público del propio órgano interno de control que el titular de éste determine, los hechos de que tengan conocimiento y que puedan ser constitutivos de delitos o, en su caso, solicitar al área jurídica de las dependencias, las entidades o la Procuraduría, la formulación de las querellas a que haya lugar, cuando las conductas ilícitas requieran de este requisito de procedibilidad;

    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTADO Y COMPROBADO CON DOCUMENTALES PÚBLICAS IRREFUTABLES

    México, D. F., 10 de agosto del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  32. QUEJOSA: NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.
    JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EXP. P.177/2011-VII
    DANDO CUMPLIMIENTO AL DESAHOGO DE ACUERDO DE FECHA CINCO DE AGOSTO DEL DOS MIL ONCE Y RECIBIDO EN MI DOMICILIO, EL DÌA NUEVE DEL MISMO MES Y AÑO.

    C. JUEZ SEXTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL.
    P R E S E N T E.

    México, D. F., 11 de Agosto del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho, en este día jueves once de agosto del dos mil once bajo personalidad debidamente acreditada en autos, con domicilio para recibir toda clase de documentos que también se registra en el expediente P.177/2011-VII en mención, señalado en el rubro del presente ocurso.

    C. JUEZ, en relación a los acuerdos que Usted hace mención en el proveído de fecha cinco de agosto del dos mil once, atentamente comparezco y expongo, de forma congruente, fundada y motivada:

    UNO.- Que con fecha dieciocho de julio del dos mil once, mediante el desahogo que realicé del Acuerdo de fecha trece de julio del dos mil once proveído por Usted, manifesté:

    III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, LIC. MANUEL S. AGUILERA VERDUZCO, y Director General de la Vicepresidencia Jurídica. Dirección Consultiva y de Intermediarios de la misma Institución, LIC. LUIS ITURRIAGA VELASCO, con domicilio para ser notificados, en Plaza Inn, Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn, 01020, México, D. F.

    IV.- ACTO RECLAMADO: ENCUBRIMIENTO Y OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, debidamente comprobado al no dar las responsables el curso conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y al Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a las Áreas correspondientes de dicha Institución, de conformidad a mi escrito que dirijo al Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Lic. Manuel S. Aguilera Verduzco, (Superior Jerárquico del Licenciado Luis Iturriaga Velasco)……….”refiriéndome a mi escrito de fecha veintiuno de junio del dos mil once, que sirve de apoyo en función del oficio 06367-II-1.1/07520 DEL VEINTISIETE DE JUNIO DEL DOS MIL ONCE”. Siendo que es mi respuesta del oficio en comento, y al no recibir respuesta alguna al respecto, se comprueba la responsabilidad recaída en el Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, como Autoridad Responsable, en la ampliación de mi presente Juicio de Garantías que vengo refiriendo; > por lo mismo presenté como prueba de la falta de cumplimiento de las autoridades responsables de mi ampliación de mi Juicio de Amparo Indirecto en Materia Administrativa, P.177/2011-VII, copia con el sello original de mi escrito de Petición Extraurgente, de fecha veintinueve de junio del dos mil once, que dirijo a nombre del LIC.MANUEL S. AGUILERA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.

    DOS.- Con lo que queda entendido, que estoy desahogando en sus términos los requerimientos del uno y trece de julio del año en curso, ya que, confirmé como autoridades responsables de la ampliación de mi Juicio de Garantías en Materia Administrativa, a los que registro en mi presente ocurso, de forma clara y precisa en conjunto de lo manifestado con mi promoción de fecha dieciocho de julio del dos mil once, que dirijo a Usted C. Juez, como desahogo de fecha trece de julio del dos mil once.

    TRES.- EN LO QUE RESPECTA:

    a).- Si reclamo el oficio número 06-367-II-1.1/07520, veintisiete de junio del dos mil once; POR LO QUE DOY RESPUESTA: > es la base de fundamentos del Acto Reclamado por lo que di continuidad al mismo, por medio de mi escrito de Petición, de fecha veintinueve de junio del dos mil once, y que, en función del mismo, al no haber acordado El Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, sobre mi petición de fecha veintinueve de junio del dos mil once, queda también dicho oficio por lo que reclamo de los Actos en que incurren las nuevas Autoridades Responsables y que nombro con toda claridad en mi escrito de fecha dieciocho de julio del dos mil once, conforme al artículo 400 del Código Penal Federal…………..

    ES DECIR: Refuto, ME INCONFORMO, sobre el contenido del Oficio 06-367-II-1.1/07520 de veintisiete de junio del dos mil once por ser incompleto, incongruente, en base al Reglamento Interno de la CNSF y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; tratándose, del asunto que conlleva la responsabilidad sobre una póliza de seguro de vida en dólares, expedida de manera fraudulenta a mi nombre por los autores materiales e intelectuales de dicho delito, (se ramifica en Defraudación Fiscal, Fraude Genérico, Suplantación de mi Persona, Falsificación de Documentos Públicos) en Grupo Nacional Provincial, S.A, por lo que de manera URGENTE, presenté mi escrito de Petición, de fecha veintinueve de junio del dos mil once, que dirijo al Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para que diera cabal cumplimiento a mi DERECHO DE PETICIÓN, lo cual omiten las autoridades responsables de la ampliación de mi presente Juicio de Garantías.
    DICHO DE OTRA MANERA, Información por Internet: “Los artículos transitorios de una reforma legal o constitucional pareciesen poco relevantes, formalidades y nimiedades jurídicas al calce de una reforma. Sin embargo, en no pocas ocasiones estas disposiciones son claves para definir cuándo y cómo se realiza cierta modificación al ordenamiento jurídico. En este sentido, el día de ayer ocho de junio del dos mil once, este blog publicó un post para subrayar los puntos más relevantes de la reciente reforma constitucional del juicio de amparo. En tal post se analizó el artículo cuarto transitorio de esta reforma, cuyo texto dice: “Para la integración de jurisprudencia por reiteración no se tomarán en cuenta las tesis aprobadas en los asuntos resueltos conforme a lo dispuesto en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto”. A continuación ofrecemos una lectura distinta de este artículo, por parte de uno los operadores jurídicos que tendrá la responsabilidad de aplicar este nuevo juicio de amparo.
    En relación con el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional en materia de amparo, es importante tomar en cuenta que el mismo no se refiere a la obligatoriedad de la jurisprudencia, sino a la “integración” de la nueva jurisprudencia sin tomar en cuenta “tesis“ –como criterios previos o tesis aisladas- anteriores a la reforma. Lo que el artículo pretende salvaguardar es el nuevo procedimiento de declaración general de inconstitucionalidad que requiere jurisprudencia por reiteración en tres ocasiones y no cinco.
    La formación de jurisprudencia por reiteración tendrá que iniciar desde cero, como si no existieran resoluciones previas a la reforma con el mismo criterio para integrar la jurisprudencia que puede llevar a esta declaratoria. Las condiciones de permanencia de la jurisprudencia anterior deberán establecerse en los transitorios de la nueva Ley de Amparo, ya que la Constitución establece los modos de integración pero no los criterios de obligatoriedad.
    Raúl M. Mejía. Secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte, adscrito a la ponencia del ministro Cossío, y profesor de derecho constitucional en el ITAM”. Twitter: @RMejiaG
    ADEMÁS, SOBRE ESTE TEMA QUE TAMBIÉN SE PUBLICA: “El pasado viernes, el presidente Felipe Calderón realizó la declaratoria de reforma constitucional de una serie de artículos de nuestro texto constitucional que modifican de manera significativa el juicio de amparo: el medio de protección por definición de los derechos de los habitantes del país.
    La reforma ha sido celebrada, tanto por legisladores, ministros y algunos destacados miembros de la comunidad jurídica, como un paso decisivo para transformar un juicio de amparo anacrónico y excesivamente formalista a uno moderno, acorde a los criterios internacionales más avanzados, capaz de hacer frente a las exigencias de justicia de la sociedad mexicana contemporánea.
    Pero, ¿en concreto en qué consisten los avances de esta reforma?, ¿por qué ha sido tan aplaudida como un punto de inflexión en el proceso de modernización de la justicia mexicana? Aquí algunos de los cambios más relevantes de esta reforma constitucional:
    > En primer lugar, gracias a esta reforma se amplía la protección del juicio de amparo. Ahora no sólo se podrá aprovechar esta herramienta jurídica para proteger los derechos de nuestra constitución, sino también aquellos establecidos en tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano. De esta manera, se amplía lo que los abogados llaman el manto protector del juicio de amparo al garantizar un abanico mucho más amplio de derechos.
    > Otro cambio relevante es que se elimina como requisito para que el Poder Judicial Federación pueda conocer de una demanda de amparo el interés jurídico, que es demasiado riguroso y formalista, para adoptar más bien como criterio de procedencia el interés legítimo”.
    ANEXO COPIAS SIMPLES DE MIS PROMOCIONES:
    Escritos dirigidos a Usted C. Juez, de fechas: siete y dieciocho de julio del dos mil once, y lo correspondiente a mi escrito de inicio de la demanda de mi presente Juicio de Garantías, que valoran con el análisis, las pruebas que relaciono una por una, sin confusión alguna.
    INFORMACIÓN QUE TAMBIÉN SE HACE PÚBLICA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DEL DÍA DIECIOCHO DE JULIO DEL DOS MIL ONCE:
    “Fue la sentencia del caso Rosendo Radilla vs. México[1] emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la que llevó a nuestra corte constitucional a pronunciarse respecto de las obligaciones del Estado mexicano, en particular del Poder Judicial, en relación a los tratados internacionales que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
    Durante las últimas dos semanas fuimos testigos de un histórico debate entre los ministros de la Corte, en el que se tomaron diversas decisiones. Algunas innecesarias, otras incompletas pero también otras transcendentales para la implementación de las recientes reformas constitucionales de derechos humanos y la eficaz armonización del derecho internacional en materia de derechos humanos y el orden jurídico nacional”.
    Por todo lo anteriormente vertido, atentamente pido:
    PRIMERO, Se instruya el cumplimiento de su parte C. Juez, de dar el curso correspondiente, bajo seguimiento de emplazar a Juicio a las autoridades responsables que se conjuntan en mi presente Juicio de Garantías, constatando la transgresión del derecho consagrado de mis Garantías Constitucionales, por lo que señalo de forma puntual dentro del contexto, conforme a pruebas documentales públicas que ofrezco a las responsables.
    SEGUNDO.- Dar por cumplido sus Acuerdos en virtud de lo que expongo, constato bajo fundamentación sobre lo que reclamo a las autoridades responsables.
    PROTESTO DECIR LA VERDAD BAJO LO MANIFESTADO Y COMPROBADO CON DOCUMENTALES PÚBLICA IRREFUTABLES.
    México, D. F., 11 de agosto del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  33. TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
    P R E S E N T E .

    México, D. F., 17 de agosto del 2011.

    ASUNTO: PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, PRESENTADA MEDIANTE OFICIO UEIDCSPCAJ/1526/2011, QUE REMITE A NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA EN MI CARÁCTER DE OFENDIDA, EL LICENCIADO JOSUÉ ROBERTO CRESPI GALICIA, ENCARGADO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS FEDERALES Y EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho en mi carácter de Ofendida, en este día 16 de agosto del 2011, con domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones en Calle 3 No. 118, Col. General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c. p. 15000, México, D. F., correo electrónico norma_efr7@yahoo.com.mx

    • DENUNCIO COMO PARTE COMPLEMENTARIA DE LO QUE SE INTEGRA EN EL EXPEDIENTE 17159/11-17-06-1 DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, por lo que de manera congruente, fundada y motivada, exhibo nueva documental pública, de conformidad al Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y lo que indica el artículo 29, fracción III, de dicho reglamento: “Es competencia de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia”; conocer de mi denuncia penal presentada con fecha 1 de julio del 2011, en dicha Unidad Especializada de Investigación de los Delitos Cometidos Por Servidores Públicos, tal como expongo del delito de Fraude, y las responsabilidades que se canalizan a la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, canalizando lo que denuncio por escrito en contra de Ernesto Cordero Arroyo, Secretario de Hacienda y Crédito Público, Salvador Vega Casillas, Secretario de la Función Pública, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, C. Jefe de Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y de Javier Laynez Potisek, Procurador Fiscal de la Federación, respectivamente, por lo que atentamente comparezco y expongo:

    UNO.- El Licenciado Josué Roberto Crespi Galicia, omite mencionar los nombres de los servidores públicos que denuncio y que enumero con toda claridad en mi presente ocurso, ya que en mi escrito de denuncia de fecha 30 de junio del 2011 y con fecha de entrega del UNO de julio del mismo año, que dirijo al C. DR. SAMUEL HERNÁNDEZ DE ALBA, Titular de la Unidad Especializada para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la PGR, comprueba las responsabilidades de los servidores públicos del ámbito federal acusados, por lo que, evito confusiones, deslindando lo correspondiente a mi denuncias anteriores, de delitos cometidos por servidores públicos de la Procuraduría General de la República; lo que al no integrar dicha Unidad Especializada de la PGR, mi denuncia penal de fecha treinta de junio del dos mil once, (2011), resolviendo conforme a derecho, conlleva una transgresión de mis derechos legales, y el delito de Abuso de Autoridad conjuntamente, siendo que se trata además de Defraudación Fiscal, Fraude, Evasión de Impuestos, Suplantación de mi Persona, Falsificación de Documentos Públicos y una red de corrupción e impunidad en distintas Dependencias Oficiales de la Administración Pública Federal, por lo que queda claro que es con fin de encubrir dichos delitos cometidos por los servidores públicos a quienes denuncio, y que son a quienes señalo como los acusados; quienes se han dedicado a atropellar arbitrariamente y con dolo mis garantías constitucionales de tal manera, que el cuerpo del delito consta desde el mes de febrero del año en curso, fue asegurado por los servidores públicos dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como cito con toda puntualidad, al C. JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, con la aprobación del Titular de la mencionada Secretaría, quienes también informaron tal hecho a las autoridades de la Procuraduría General de la República, siendo que deben hacer entrega a NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita, del acta correspondiente con dicha información para que pronuncie, reclame y solicite lo que a mi derecho convenga.

    DOS.- FALSO DE TODA FALSEDAD, lo atribuido por el Licenciado Josué Crespi Galicia en el oficio fechado tres de agosto del dos mil once, (2011), y recibido en mi domicilio el día viernes doce de agosto del mismo año, con la interpretación amañada y tergiversada de manera sistemática en base a artículos que menciona y que reclamo e impugno severamente, de conformidad al Capítulo Décimo de las Unidades Especializadas que conforma el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; artículo 27: “Al frente de cada una de las Unidades Especializadas habrá un Titular, quien tendrá las facultades siguientes:

    I.- Ejercer las atribuciones previstas en el artículo 4 de la Ley Orgánica, respecto de los delitos materia de su competencia, en coordinación con las Unidades Administrativas y Órganos competentes; (como en este caso corresponde a la Unidad Especializada para la investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la Procuraduría General de la República).

    II.- Conocer de los asuntos que tengan a su cargo las Delegaciones, relacionados con los delitos materia de su competencia, de conformidad con las normas aplicables y políticas institucionales o cuando así lo determinen el Procurador o el Subprocurador respectivo”.

    TRES.- LO QUE QUIERE DECIR, que es un mecanismo producto de la corrupción que prevalece en la Procuraduría General de la República, al negarse el Dr. Samuel Hernández de Alba, como Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la Procuraduría General de la República, el citarme para ratificar mi denuncia penal en comento de fecha treinta de junio del dos mil once (2011), en dicha Unidad Especializada, lo que, la multicitada Unidad Especializada, al presentar después de un mes el oficio UEIDCSPCAJ/1526/2011, de fecha tres de agosto del dos mil once, (2011), se contradice, porque primeramente se trata de delitos federales que se investigan de oficio, lo que quiere decir que ya ha habido actuaciones en que se acreditan las pruebas que demuestran son culpables, los responsables de dichos delitos cometidos en mi perjuicio, y únicamente LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, con su irregular declinación de competencia, pretenden diluir mi denuncia tramitando el traslado de la misma al Licenciado Juan Carlos García Rivas Garduño, Encargado del Despacho de la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, indicando: “ …por supuestos hechos posiblemente constitutivos de delitos, relativos a los resultados de la averiguación previa UEDE/021/2007, sustanciada en la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR”.

    CUATRO.- IMPUGNO SEVERAMENTE, el dicho del Licenciado Josué Roberto Crespi Galicia, por lo que indica en el oficio que vengo refiriendo de fecha tres de agosto del dos mil once: “Lo anterior, en virtud de que los hechos denunciados no se ajustan a los supuestos lógico jurídicos del Acuerdo precitado, toda vez que los hechos acontecieron en una sola entidad federativa, su esclarecimiento no reviste complejidad técnico penal para su investigación en la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, y tampoco existe pronunciamiento al respecto del Titular de la Institución, por lo que es esa instancia (refiriéndose a la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal), la que debe proseguir con la investigación hasta su resolución final”.

    CINCO.- Por lo que es apremiante transcribir lo siguiente referente a mi denuncia penal fechada 30 de junio del 2011: “DR. SAMUEL HERNÁNDEZ DE ALBA, apoyándome en los artículos 8º, 17, 20 constitucional Apartado B, fracciones II y IV, y todo lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y lo correspondiente a la Responsabilidad Patrimonial del Estado, vengo a presentar y ratificar por escrito mi presente denuncia penal…”

    EN ESTE CONTEXTO, referí en mi denuncia de 30 de junio del 2011: “Titulo quinto del Código Federal de Procedimientos Penales. Disposiciones comunes a la averiguación previa y a la instrucción. Capítulo I. Comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del o de los probables indiciados, como base del ejercicio de la acción penal; y la autoridad judicial, a su vez, examinará si ambos requisitos están acreditados en autos”.

    LO QUE SE COORDINA, CON LO QUE INDICA EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES: “Practicar y ordenar la realización de todos los actos conducentes a la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, así como la reparación del daño”.

    CON LO QUE QUIERO DEJAR ASENTADO, que pedí en mi denuncia de fecha 30 de junio del 2011, lo siguiente referido en el punto segundo: “Se soliciten con carácter de urgente lo que expongo sobre documentación que relaciona a distintos expedientes de dependencias oficiales que menciono y detallo puntualmente en mi presente denuncia”.

    LO QUE MANIFIESTA EL MANEJO IRREGULAR, sobre las actuaciones que con toda seguridad se dieron por parte de las autoridades de dicha Unidad Especializada, pero que ocultan, siendo que en el artículo 27 de las Unidades Especializadas canalizadas al Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, fracción III, especifica: Ejercer la facultad de atracción para la investigación y persecución de delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales materia de su competencia.

    Y lo relativo a la fracción IV del mismo artículo 27, relaciona de forma clara, que el cumplimiento para el desarrollo de la indagatoria que abrieron y que ocultan en dicha Unidad Especializada, se debe desarrollar con los expedientes que solicito sean requeridos, ya que abarca varias entidades federativas, porque va implícito el Fraude Genérico cometido en mi perjuicio y que se ramifica en agravio de la sociedad, donde se localizan los asegurados de mi Cartera del ISSSTE a nivel nacional, clave 9893, con motivo de los seguros de vida individuales con inversión Línea Prisma, en descuento por nómina en el concepto 76, debidamente comprobado con auditorías practicadas por la Secretaría de Hacienda a Grupo Nacional Provincial, S. A.; expediente 730(09)112595 de la Dirección General de Seguros y Valores de la Secretaría de Hacienda, motivo más que suficiente para haberme citado a comparecer para ratificar mi denuncia en comento, ya que de acuerdo con el artículo 38 del Código Federal de Procedimientos Penales, debe tomarse como parte de la integración de la averiguación previa, cuando en las actuaciones esté acreditado el cuerpo del delito de que se trate, por lo que el funcionario que conozca del asunto dictará las providencias necesarias a solicitud del interesado, para asegurar sus derechos o restituirlos en el goce de éstos, siempre que estén legalmente justificados; que es precisamente lo que arrojan los resultados de las auditorías practicadas de tiempo atrás hasta la actualidad, a Grupo Nacional Provincial, S. A., y lo que se comprueba con las nuevas auditorías practicadas a Grupo Nacional Provincial, S. A., a partir del mes de enero del dos mil once, debido a mis escritos de Denuncia y Petición Urgente de fechas once, veinticuatro de enero, cuatro y nueve de febrero del dos mil once, que dirijo al C. JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LIC. ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, y al ADMINISTRADOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, y que verifican: > son los ocultamientos de dichos delitos, por lo que denuncio penalmente y por escrito con fecha treinta de junio del año que transcurre, a ERNESTO CORDERO ARROYO, SALVADOR VEGA CASILLAS, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK.

    Indicando el artículo 123 del mismo Código Federal de Procedimientos Penales: “Inmediatamente que el Ministerio Público Federal, o los funcionarios encargados de practicar en su auxilio diligencias de averiguación previa tengan conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, dictarán todas las medidas y providencias necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas; impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del hechos delictuoso, los instrumentos o cosa objeto del mismo; saber qué personas fueron testigos; evitar que el delito se siga cometiendo y, en general impedir que se dificulte la averiguación, procediendo a la detención de los intervinieron en su comisión en los casos de delito flagrante.

    Lo mismo se hará tratándose de delitos que solamente puedan perseguirse por querella, si ésta ha sido formulada”.

    “Entendemos como corrupción a todo acto ilegal y no ético que viene como consecuencia del abuso del poder. Este acto corrupto es una actividad a través la cual un ciudadano ya sea servidor público o no, impulsa una acción en contra de las leyes, normatividad y prácticas implementados, a fin de favorecer intereses particulares.
    Para definir de una manera más clara citamos la siguiente definición dada por Stephen D. Morris, quien realizó un interesante estudio de la corrupción en México, sostenía que “Se la ha definido como el uso ilegitimo del poder público para el beneficio privado”; “Todo uso ilegal o no ético de la actividad gubernamental como consecuencia de consideraciones de beneficio personal o político”; o simplemente como “el uso arbitrario del poder”.
    Cabe destacar que el interés personal no es un elemento necesariamente único, pues los actos de corrupción no siempre benefician únicamente intereses particulares. La corrupción puede beneficiar a familiares, amigos o incluso a una organización, a una causa o movimiento social, político o cultural.
    Causas de la corrupción política y social
    De acuerdo con el autor del artículo “Acerca del significado de corrupción política”, Laurence Whitehead, la corrupción política no es propia solamente de los países latinoamericanos y pobres, es parte de la transición de un gobierno a la democracia; la corrupción es una desventaja de los gobiernos republicanos, porque el siempre el afán de poder es superior al querer hacer el bien común.
    Asimismo, el autor subraya que “el poder económico pervierte la lógica de la representación democrática.” Otra explicación de las causas de la corrupción desde un enfoque de la sociología política que también parece válida, la da el propio Morris, quien considera que “Primero, la corrupción se produce debido a un desequilibrio presupuestal esencial entre la habilidad y la capacidad de las organizaciones estatales y sociales para influir sobre elcomportamiento político. Segundo, cuando la fuerza de las organizaciones sociales domina a la del Estado, se presenta una tendencia hacia el soborno generalizado”.

    POR TODO LO ANTERIORMENTE VERTIDO, ATENTAMENTE PIDO:

    PRIMERO.- Se incluya en el expediente 17159/11-17-06-1, DE LA SEXTA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, el oficio UEIDCSPCAJ/1526/2011, para el desahogo respectivo, requiriendo a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la PGR, les hagan llegar copia íntegra de las actuaciones realizadas, con motivo de mi denuncia penal de fecha 30 de junio del 2011, siendo que se trata de delitos que se persiguen de oficio; además el mencionar la averiguación previa UEDE/021/2007, como único sustento legal, en la Unidad Especializada para la investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la PGR, se atribuye que cuentan con lo integrado, desahogado y resuelto en la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, para resolver el que se consigne dicha indagatoria: UEDE/021/2007 y su complemento, con lo que denuncio penalmente de fecha treinta de junio de este año, contra ERNESTO CORDERO ARROYO, SALVADOR VEGA CASILLAS, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y CONTRA JAVIER LAYNEZ POTISEK, enviándome el número de causa penal para que me presente en el Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales que corresponda, en mi carácter de Ofendida.

    SEGUNDO.- Solicitar igualmente, todas las actuaciones ministeriales y el contenido de los tomos que integran la averiguación previa UEDE/021/2007, con lo que se comprobará que dicha indagatoria debe estar consignada hacia un Juzgado de Procesos Penales Federales de tiempo atrás, por lo que es importante, el que se realicen las aprehensiones de los culpables tanto de la averiguación previa que vengo citando, como del resultado en que se ubican como culpables de delitos federales cometidos en mi perjuicio, por parte de los servidores públicos del ámbito federal: ERNESTO CORDERO ARROYO, SALVADOR VEGA CASILLAS, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK, a quien deben practicárseles juicios sumarios ya que degradan el cargo que ocupan en la Administración Pública Federal, transgrediendo los intereses públicos fundamentales o su buen despacho, en una violación grave y sistemática de las garantías individuales y sociales, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan.

    PROTESTO DECIR LA VERDAD, CON LO MANIFESTADO Y COMPROBADO CON DOCUMENTALES PÚBLICAS IRREFUTABLES.

    México, D. F., 17 de agosto del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  34. SEXTA SALA REGIONAL ADMINISTRATIVA
    EXPEDIENTE 17159/11-17-06-1
    PARTE ACTORA: NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ

    C. MAGISTRADA INSTRUCTORA, LICENCIADA LUCELIA M. VILLANUEVA OLVERA, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
    P R E S E N T E .

    México, D. F., 25 de agosto del 2011.

    ASUNTO: PETICIÓN EXTRAURGENTE DE NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, EN MI CARÁCTER DE OFENDIDA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2011, DENTRO DEL EXPEDIENTE CITADO AL RUBRO DEL PRESENTE OCURSO.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho, en este día jueves 25 de agosto del 2011, con domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones en Calle 3 No. 118, Col. Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c. p. 15000, México, D. F., correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

     C. Magistrada Instructora, Licenciada Lucelia M. Villanueva Olvera, dando un seguimiento a mis actuaciones como la parte actora, y en virtud de recibir resolución del expediente 1759/11-17-06-1, me permito acudir a Usted apoyándome en mis garantías constitucionales, solicitándole de la manera más atenta, el que me inconformo de dicha resolución de fecha 11 de agosto del 2011, por lo que bajo lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, expongo de forma congruente, fundada y motivada los razonamientos conforme a los hechos, los delitos y las pruebas documentales públicas que solicité a Ustedes fuesen requeridas con carácter de urgente a las autoridades que las mantienen en posesión, por lo mismo, pido lo siguiente:

    UNO.- “LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
    Circular Fiscal No. 01/2011. Enero 2011.
    El pasado 10 de diciembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mismo que entró en vigor el 13 de diciembre de 2010 y cuyas principales motivaciones se dan a conocer.
    Punto Siete.- Cuando la autoridad incumpla con la orden de suspensión, el afectado deberá promover recurso de queja hasta antes de la resolución del juicio, y si se resuelve a su favor, no sólo se anulará lo efectuado por la autoridad sino que además se notificará al superior jerárquico de la autoridad para que proceda en su contra y además se les impondrá una multa de entre treinta y sesenta días de su salario, y si procede la reparación de daños y perjuicios, la indemnización correrá a cargo de la unidad administrativa a la cual corresponda dicha autoridad.
    Las reformas en materia de medidas cautelares y suspensión de la ejecución de los actos impugnados, entrarán en vigor el día 10 de marzo.
    Cuando un acto sea emitido por una autoridad incompetente, adicionalmente el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deberá analizar el fondo del asunto”.
     DOS.- De esta manera, solicito a Usted sea modificado el Acuerdo proveído dentro de la resolución en comento del presente expediente, con fundamento al DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mismo que entró en vigor el 13 de diciembre de 2010 y cuyas principales motivaciones se dan a conocer; por lo que no procede el contexto de la resolución que vengo refiriendo, siendo que los actos impugnados, implican las conductas ilícitas en que incurren los servidores públicos del ámbito federal: ERNESTO CORDERO ARROYO, SALVADOR VEGA CASILLAS, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK; y que está totalmente comprobado, al negarse la Procuraduría General de la República en la Unidad Especializada para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, de darme a conocer el número que asignaron a la averiguación previa, (se sigue de oficio) con motivo de mi denuncia penal fechada 30 de junio del 2011, y que corresponde el haber integrado y resuelto en dicha Unidad Especializada, tal como indica el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
    TRES.- En este contexto es procedente el que, El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, requiera los expedientes que solicité, en base a auditorías practicadas de tiempo atrás a GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A., y las nuevas auditorías a partir del mes de enero de de este año (dos mil once, 2011) y que han sido acumuladas al expediente 730(09)112595 de la Dirección General de Seguros y Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expediente se registran las ventas de seguros en varios ramos, que han mantenido con mi nombre y distintas claves a la número 9893 en Grupo Nacional Provincial, S.A., siendo que lo que pretenden las autoridades hacendarias acusadas, es ocultar el aseguramiento de parte de ellos, del cuerpo del delito y con el conocimiento de lo que referí en mis escritos de fechas 11, 24 de enero, 4 y 10 de febrero del 2011, QUE DIRIJO A ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN CARLOS RIZO LEÓN, en sus cargos de C. JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRADOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA MISMA DEPENDENCIA DE LA ADMINSTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, sobre la existencia de la averiguación previa en la PGR, con número UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma, en función de lo que arrojan dichas auditorías, y por lo mismo, al declinar competencia la Procuraduría General de la República a la Delegación de la PGR en el Distrito Federal de forma errónea, manipulada con dolo, sobre mi denuncia penal del treinta de junio del dos mil once, reitero: a la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resolver de forma improcedente, SIN CONSIDERAR QUE ES MI DERECHO DENUNCIAR DICHOS ACTOS Y OMISIONES GRAVES, CONDUCTAS DELICTIVAS DE LAS AUTORIDADES HACENDARIAS, QUE FÁCILMENTE HUBIESEN CAMBIADO Y FALSIFICANDO DOCUMENTOS, SI NO DENUNCIO OPORTUNAMENTE EN CONTRA DE ELLOS, SERÍA CONTRAPRODUCENTE SIENDO QUE SON CONDUCTAS ILÍCITAS QUE SE CANALIZAN A ABUSO DE AUTORIDAD Y COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, PARA HACER CREER EL QUE SE ME HABÍA ENTREGADO EL PAGO DE REPARACIÓN DE DAÑOS, (FALSO DE TODA FALSEDAD, POR LO MISMO NO DAN LA CARA Y NO PROMUEVEN LA CONTRADEMANDA) SIENDO QUE EL FIN ES ROBARSE EL MONTO ECONÓMICO DE ESA PARTIDA MULTIMILLONARIA (LO QUE JAMÁS PERMITIRÉ) PAGO DE REPARACIÓN DE DAÑOS QUE ME CORRESPONDE RECIBIR CON EL CHEQUE POR ESE CONCEPTO QUE AMPARE DICHA CANTIDAD, PARA QUE LO RECIBA SIN PÉRDIDA DE TIEMPO EN MI CARÁCTER DE OFENDIDA.
    CUATRO.- En este ámbito de responsabilidades presenté a Ustedes en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mi escrito de fecha 17 de agosto del 2011, con el asunto: Prueba documental pública, presentada mediante oficio UEIDCSPCAJ/1526/2011, que me remite en mi carácter de Ofendida el Licenciado Josué Roberto Crespi Galicia, Encargado de la Secretaría Técnica de la Unidad Especializada en Delitos Federales y en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, de la Procuraduría General de la República; escrito de fecha diecisiete de agosto del dos mil once, donde denuncio como parte complementaria de lo que se integra y resuelve en el expediente de referencia, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
    CINCO.- LO QUE QUIERE DECIR, el que Ustedes omiten una prueba documental pública de esta naturaleza, donde se constata de acuerdo al Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y lo que indica el artículo 29, fracción III, de dicho Reglamento: “Es competencia de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia”.
     CONOCER de mi denuncia penal del treinta de junio y presentada al día siguiente con fecha UNO de julio del dos mil once, (2011) en dicha Unidad Especializada.
    SEIS.- Con estos hechos, con estas pruebas, con estas conductas fuera de toda legalidad, se anula completamente el Acuerdo de fecha 11 de agosto del 2011, proveído por Usted Magistrada Instructora Licenciada Lucelia M. Villanueva Olvera, porque ninguna autoridad está facultada para ser encubridora de los delitos fiscales, financieros, de orden penal dentro de la procuración e impartición de justicia, que atañe directamente a Ustedes, conforme al artículo 113 constitucional de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Responsabilidad Patrimonial del Estado; por la sencilla razón que di a conocer a Ustedes en mis escritos contenidos en el expediente 17159/11-17-06-1, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sobre las maniobras gansteriles de las autoridades hacendarias acusadas, y que conlleva las mismas responsabilidades en un conjunto de pruebas documentales públicas, el que pretendían hacer creer el que me habían cubierto el cheque de pago de reparación de daños, siendo FALSO DE TODA FALSEDAD, así es que por ningún motivo admito la resolución manejada a modo de fecha once de agosto del dos mil once, (2011), con lo que se tendrá como una prueba fehaciente, de los daños y perjuicios que me causan todos los servidores públicos conocedores de este asunto en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Secretaría de la Función Pública, en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en la Jefatura de Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los Órganos Internos de Control en la Secretaría de Hacienda, en la Procuraduría General de la República y en el SAT., y lo correspondiente al expediente 700/42899 de la Procuraduría Fiscal de la Federación y el número J-5216/2000, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, complementado con las actuaciones dentro del expediente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que vengo refiriendo en mi presente ocurso.

    POR TODO LO EXPUESTO, ATENTAMENTE PIDO:

     PRIMERO.- Sean valoradas las pruebas constitutivas de las auditorías practicadas a Grupo Nacional Provincial, S. A., pruebas documentales públicas que en lo que concierne a mi asunto legal, jamás puede ser motivo de reserva ni de confidencialidad alguna, porque si no denuncio en todas las instancias federales, sería un elemento que tomarían los defraudadores de Grupo Nacional Provincial, S. A., para revertirlo en mi contra dentro de la averiguación previa UEDE/021/2007, y las acumuladas a la misma, de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR.

    SEGUNDO.- De lo contrario, este expediente de la Sexta Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, será mi elemento de juicio para presentar mi denuncia formal por estos hechos y estos actos de omisión improcedente, EN LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, porque es una prueba fidedigna de los enormes daños y perjuicios que me causan, y lo que corresponde de la responsabilidad patrimonial del estado.

    PROTESTO DECIR LA VERDAD, CON TODO LO MANIFESTADO Y COMPROBADO CON DOCUMENTALES PÚBLICAS IRREFUTABLES.

    México, D. F., 25 de agosto del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  35. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.
    ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS.
    WASHINGTON, D. C. 2006 EEUU.
    P R E S E N T E .

    A la atención de Santiago A. Cantón, Secretario Ejecutivo.

    México, D. F., 30 de agosto del 2011.

    ASUNTO: Incluir y desahogar hechos, delitos y pruebas de manera complementaria para resolverse dentro del expediente P-1115-10, de conformidad al acuse de recibo del cual recibí información de parte de Ustedes, mediante comunicado del acuse de recibo de mi petición. Información que Ustedes me envían por Internet de fecha 28 de junio del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, en mi carácter de Ofendida, por lo que concierne a la documentación enviada a Ustedes de manera escaneada a partir del día dos de agosto del dos mil diez; promoviendo por mi propio derecho, en este día martes 30 de agosto del 2011, con domicilio registrado por Ustedes para recibir toda clase de documentos en Calle 1 Pioquinto Roldán, Supermanzana 3, Manzana 7, Lote 4, Unidad Habitacional Vicente Guerrero, Delegación Iztapalapa, c. p. 09200, México, D. F., correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

    Siendo que se están resolviendo las responsabilidades de los servidores públicos y la responsabilidad patrimonial del estado en el expediente P-1115-10 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me permito anexar documentación expresa que configuran a los acusados de dichas responsabilidades en los Tres Poderes de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, tal como detallo a continuación:

    UNO.- ANEXO documentación sobre oficio número 17-6-1-25669/11, en relación al expediente de la SEXTA SALA REGIONAL METROPOLITANA, número 17159/11-17-06-I, del asunto: Se notifica Acuerdo del once de agosto del dos mil once; oficio fechado 17 de agosto del mismo año.

    DOS.- Dentro del la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, está perfectamente bien identificado el conocimiento que corresponde al Tribunal Federal en comento sobre los juicios que se promuevan contra las resoluciones, que en calidad del decreto como lo provee la circular fiscal número 01/2011. Enero 2011, se aplica a las resoluciones que en base al recurso de queja se presenta hasta antes de la resolución del juicio, LO QUE OMITEN DELIBERADAMENTE EN EL ACUERDO DEL 11 DE AGOSTO DEL 2011 DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE VENGO REFIRIENDO.

    TRES.- Resolución del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, que también relaciona a las averiguaciones previas UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, donde se localizan las indagatorias que de inicio presenté y ratifiqué por escrito en la Procuraduría General de la República en contra de Grupo Nacional Provincial, S. A., por el delito de FRAUDE, averiguaciones previas números 2095/RN/98 y 1588/FESPLE/2000, que simplifican los delitos en que incurren los defraudadores de Grupo Nacional Provincial, S. A., en perjuicio de NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, y los asegurados de mi Cartera del ISSSTE a nivel nacional, clave 9893, con motivo de los seguros de vida individuales con inversión, Línea Prisma en descuento por nómina del ISSSTE en el concepto 76, del 15 de julio de 1986 al 15 de mayo de 1988, y a partir del mes de mayo de ese año, directamente por pagos que cubrieron los asegurados por caja de oficina matriz y oficina de servicio de Grupo Nacional Provincial, S. A., en toda la República.

    CUATRO.- En esta secuencia, al descubrirse en el mes de febrero del dos mil once, sobre la expedición de una póliza de seguro de vida en dólares de una suma asegurada de cinco millones en esa moneda; póliza de seguro de vida expedida de manera fraudulenta a nombre de NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita, cumplimentada con nuevas auditorías que se practicaron por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a partir del mes de enero del año que transcurre a Grupo Nacional Provincial, S. A., y la continuidad de mis denuncias penales por estos hechos, queda como parte constitutiva de mi actuación conforme a derecho, por lo cual presenté mi nueva denuncia penal de fecha 17 de febrero del 2011, misma que dirijo a nombre del Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, turnándola a la Mesa II-DDF de la Subdelegación de Procedimientos Especiales de dicha Delegación de la PGR, donde se realizan las actuaciones pertinentes del caso, donde por medio del oficio 15401/2011, fechado 28 de marzo del 2011, se asigna el número de averiguación previa AP.PGR/DF/SPE-II/1814/2011-04, oficio dirigido al C. Licenciado Gustavo Arroyo Acosta, Subdelegado de Procedimientos Especiales con el siguiente texto: “Por este conducto y en atención al oficio sin número de fecha 15 de marzo del presente año (refiriéndose a mi escrito de petición extraurgente que dirijo al Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal) solicitada por NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, toda vez que de la lectura de dicho escrito se desprenden hechos que pudieran ser constitutivos de delitos en contra de quien o quienes resulten responsables en Grupo Nacional Provincial, S. A.; por la probable comisión del delito de FRAUDE y/o lo que resulte, solicito se proporcione número de averiguación previa a fin de que se proceda a la investigación de los hechos denunciados.

    Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales conducentes. Oficio que firma la Licenciada Elsa Oliva García Badillo, C. Agente del Ministerio Público de la Federación, quien cumplió con sus funciones tal como corresponde a la Representación Social de la Federación; imposibilitándole a base de consignas de parte de sus superiores para entorpecer la investigación correspondiente a los hechos y delitos que se comprueban por la documentación que conlleva como anexos mi escrito de petición urgente de fecha 15 de marzo del 2011 que hice llegar al Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal.

    Y continúa el informe de fecha 28 de marzo del 2011 de la Licenciada Elsa Oliva García Badillo: “Por lo que es procedente girar atento oficio al C. Subdelegado de Procedimientos Especiales de esta institución a fin de que se proporcione número de averiguación previa y se dé inicio a la indagatoria que nos ocupa.

    Así lo acordó y firma la Licenciada Elsa Oliva García Badillo, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa II-DDF, adscrita a la Subdelegación de Procedimientos Especiales, que actúa con testigos de asistencia que al final firman para debida constancia de lo actuado.

    Verónica Olmos Velázquez Lic. Mariza Contreras Larumbe”.

    CINCO.- Por lo que es oportuno hacer dicha aclaración, la forma como obligan a los Agentes del Ministerio Público de la Federación, para entorpecer el desarrollo normal de las investigaciones en las averiguaciones previas, con lo que quiso escudarse arbitrariamente el DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL, por lo que desmentí su dicho de conformidad al artículo 62 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Capítulo IX. De las sanciones de los Agentes del Ministerio Público de la Federación, Agentes de la Policía Federal Investigadora y Peritos.

    Artículo 62. Las sanciones a que se refiere el artículo 56 del presente ordenamiento podrán ser impuestas por: I.- El Procurador, II.- Los Subprocuradores, III.- El Oficial Mayor, IV.- El Visitador General, Los Coordinadores; Los Directores Generales, Los Delegados; Los Agregados; Los Titulares de las Unidades Administrativas Equivalentes; lo que quiere decir que la responsabilidad recae en el Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, tal como se constata con el artículo 113 constitucional: Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones; las sanciones aplicables por los actos y omisiones en que incurren, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse, de acuerdo a los beneficios económicos obtenidos por los responsables y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo109 constitucional, pero que no podrán acceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

    SEIS.- Por lo que es importante referir sobre los delitos Contra la Administración de Justicia en que se ubica el expediente DE-0635/2001-SAT, de acuerdo a la denuncia de NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita que dirijo al Órgano Interno de Control en el SAT de fecha 23 de julio del 2001, en contra del entonces Administrador General de Grandes Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Licenciado Eduardo Díaz Guzmán. El 7 de septiembre del 2001, de conformidad al artículo 49 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se inició un procedimiento con investigación, lo que informa la Licenciada H. Araceli Torres Soltero, con el oficio 3328-SAT-15121 del 7 de septiembre del 2001.

    POR LO QUE TRANSCRIBO LO QUE SE DA A CONOCER: Es el órgano u órganos del Estado con facultades de mando y decisión públicas que invade indebidamente la esfera jurídica del gobernado; en otras palabras, aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta, o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. De esta manera, los actos que se reclaman a través de juicios de amparo por parte de los quejosos, constituyéndose en la parte demandada en el juicio de amparo, es a quien se le atribuye la violación de garantías.

    POR LO QUE SUBRAYO: Existen dos clases de autoridades responsables: La ordenadora y la ejecutora, la primera es aquella que emite un acto de autoridad, en tanto que la ejecutora es la autoridad que va a materializar las órdenes emitidas por sus superiores jerárquicos, en todas las autoridades que tengan relación con la emisión del acto de autoridad, así, como aquellas que pretendan ejecutarlo.

    LO QUE TAMBIÉN OMITEN EN LAS RESOLUCIONES DE LOS JUICIOS DE AMPAROS, en relación al artículo 205 de dicha ley: La autoridad responsable que maliciosamente revocare el acto reclamado con el propósito que se sobresea en el amparo sólo para insistir con posterioridad en dicho acto, será castigada con las sanciones previstas en el Código Penal aplicable en materia federal para los responsables del delito de Abuso de Autoridad.

    NO OLVIDANDO: Lo que especifica el artículo 10 de la Ley de Amparo: La víctima y el ofendido, titulares del derecho de exigir la reparación del daño o la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito podrán promover amparo: II. Contra los actos surgidos dentro del procedimiento penal y relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que están afectos a la reparación o a la responsabilidad civil.

    Y EN MI CASO, queda deslindada de dichas responsabilidades la C. Agente del Ministerio Público de la Federación, Licenciada Elsa Oliva García Badillo que vengo refiriendo en el presente ocurso, ya que sobre lo que expone el artículo 53 del Código Federal de Procedimientos Penales, recaen directamente en las conductas ilícitas de sus superiores: Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal y sobre las actuaciones irregulares del Subdelegado de Procedimientos Especiales de dicha Delegación de la PGR.

    En este ámbito de responsabilidades, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al recibir las denuncias de la ciudadanía sobre la transgresión de sus derechos legales y sus derechos humanos y sobre lo que se relaciona en nuestra Carta Magna, sobre las garantías individuales y sociales, en conjunto puede y debe aplicar las sanciones económicas correspondientes sobre la responsabilidad patrimonial del estado; ya que los ciudadanos exigimos que los gobernantes cumplan con su obligación de representar los intereses de la sociedad. Para lograrlo, el Estado debe garantizar el derecho y acceso a la información pública; pero además difundir y promover la transparencia en el ejercicio público y la utilidad de los mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. De esta manera podemos denunciar y reclamar conforme a derecho en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de manera más efectiva, el compromiso de nuestros representantes de rendir cuentas de su actuación en el deber público, construyendo así una relación sana y transparente entre gobernantes y ciudadanos.

    POR ÚLTIMO, la resolución que espero de parte de Ustedes es el que se dirijan de manera directa, trasladándose a la Ciudad de México, para la revisión del total del contenido del expediente 17159/11-17-06-1 de la SEXTA SALA REGIONAL ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, donde han acumulado todos las copias de los expedientes que solicité fuesen requeridos a las autoridades que los mantienen en posesión, ya que únicamente al revisar el resultado que proporcionan mis pruebas documentales públicas, se refleja la ilegalidad y la falsificación de documentos públicos, con los que pretenden delictivamente el hacer creer que me fueron entregados mis cheques de pagos de reparación de daños; y aún más, LA COMPLICIDAD EN QUE SE UBICAN AUTORIDADES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, que han sido detectados por los Órganos Internos de Control en el SAT, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Secretaría de Gobernación y en la misma Secretaría de la Función Pública, información privilegiada que ocultan pero que están registradas en dichos expedientes, porque las conservan para sacarle provecho económico como si se trataran de negocios personales y que se apropian, dejando en el desamparo a NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita, en mi carácter de Ofendida y como consecuencia legal, por lo que tienen asegurado sobre las indemnizaciones que deben hacer entrega a los asegurados de mi Cartera del ISSSTE a nivel nacional, clave 9893, con motivo de los seguros de vida individuales con inversión Línea Prisma, tanto en descuento por nómina, como los seguros de vida Línea Prisma que se administran hasta la actualidad en oficina matriz de Grupo Nacional Provincial, S. A., delitos que intentaron fabricarme, pero que a través de todas mis denuncias penales presentadas y ratificadas por escrito en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en la Procuraduría General de la República y mis distintas promociones de Juicios de Amparo en Materia Administrativa y en Materia Penal y lo correspondiente a mis demandas de Juicios Políticos, presentados y ratificados por escrito en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados del H. Congreso del Estado de Tabasco, HA SALIDO TODA LA PODREDUMBRE, SE HA ABIERTO LA CLOACA, para que paguen los que deben de pagar, por lo que una y otra vez confirmo la autenticidad de lo que denuncio conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Responsabilidad Patrimonial del Estado.

    SEÑORES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, les pido, les suplico, que de forma urgente hagan acto de presencia en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y en el expediente que he estado mencionando de dicha institución, van a encontrar la orden de pago, para que me presente en la Procuraduría General de la República, donde en la oficina de la Procuradora General de la República, me proporcionarán el oficio con el que debo presentarme ante la autoridad que han escogido para dar la resolución de este asunto tan escabroso y me haga entrega oficialmente con testigos de asistencia, de mis cheques de pagos de reparación de daños.

    Y CON LO QUE QUIERO DEJAR ASENTADO, el por qué de la omisión dolosa debidamente manifestada en la resolución del expediente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que fueron valoradas las pruebas constitutivas de las auditorías practicas a Grupo Nacional Provincial, S. A., y con lo que reitero que son mis pruebas documentales públicas que en lo que concierne a mi asunto legal, jamás puede ser motivo de reserva ni de confidencialidad alguna, porque si no denuncio en todas las instancias federales, sería un elemento que tomarían los defraudadores de Grupo Nacional Provincial, S. A., para revertirlo en mi contra dentro de la averiguación previa UEDE/021/2007, y las acumuladas a la misma, de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR.

    POR LO MISMO, ofrezco el expediente multicitado de la SEXTA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, como mi elemento de juicio para que concluya el expediente P-1115-10 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se pueda aplicar lo correspondiente de la Responsabilidad Patrimonial del Estado, con lo que nos veremos beneficiados en primera instancia, la Suscrita y los asegurados de mi Cartera del ISSSTE a nivel nacional, pero quedará el antecedente que abre las puertas a millones de mexicanos que han estado sufriendo con la negativa constante de los órganos de procuración e impartición de justicia, dejándolos por tanta corrupción e impunidad, sin ningún recurso de defensa, lo que no se debe permitir jamás, por ningún interés personal, partidista o gubernamental.

    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTADO Y COMPROBADO CON PRUEBAS DOCUMENTALES PÚBLICAS IRREFUTABLES.

    México, D. F., 30 de agosto del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  36. LICENCIADO JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBEÑA
    SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
    P R E S E N T E.

    México, D., F., 14 de septiembre del 2011.

    ASUNTO: PETICIÓN EXTRAURGENTE DE NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA, APOYÁNDOME EN MIS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SOLICITANDO SE ME HAGA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPUTARIZADA EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN RELACIÓN A LA FORMA EN QUE ESTOY REGISTRADA COMO CONTRIBUYENTE, LOS MONTOS ECONÓMICOS QUE NO ME DAN A CONOCER EN EL SAT DE LOS SUPUESTOS PAGOS DE IMPUESTOS, POR LO QUE EL SAT INCURRE EN UNA OMISIÓN E INFORMACIÓN FALSA MEDIANTE DOCUMENTO EN QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LICENCIADO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA ME DA LAS GRACIAS POR CONTRIBUIR LA SUSCRITA CON DICHAS OBLIGACIONES, PERO SIN ANOTAR DE QUÉ IMPUESTOS, SOBRE QUÉ CANTIDADES SE REFIEREN Y EL CONCEPTO POR EL QUE DIFUNDEN DICHA INFORMACIÓN Y QUE ME ENVÍAN POR MEDIO DE MI CORREO ELECTRÓNICO.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho, con domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones en Calle 3 No. 118, Col. General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c. p. 15000, México, D. F., correo electrónico: norma_efr7@hotmail.com

    Señor Secretario de Hacienda, por medio de mi presente escrito de petición extraurgente, le pido de la manera más atenta de acuerdo a sus facultades y atribuciones, se sirva turnar mi presente escrito a quien corresponda bajo sus instrucciones, para que se me haga entrega del documento computarizado por el que tomó el SAT mis datos y que de conformidad a lo que expongo en el asunto que cito, para evitar confusiones o malas interpretaciones, (ya que no he recibido ningún cheque de pago de reparación de daños, ni cantidad alguna de anticipo del mismo, ni he firmado de recibido nada al respecto), por lo que es preciso el que se me proporcione en el SAT lo que señalo de forma clara, dadas las circunstancias de estar denunciando y reclamando de tiempo atrás a través de indagatorias penales en la Procuraduría General de la República, dentro de un compendio de averiguaciones previas que han sido acumuladas por delitos conexos a la número UEDE/021/2007, por el delito de FRAUDE y lo que resulte en contra de Grupo Nacional Provincial, S. A., y quien o quienes resulten responsables, y conforme a dichas denuncias penales solicito a las autoridades de dicha institución el que se me haga entrega el pago de reparación de daños, lo que al recibir la información que me manda el SAT en el mes de septiembre del 2011, por medio de mi correo electrónico, quiero evitar el seguir denunciando en contra de quien sea, porque tal parece que esto es una maniobra fraudulenta por parte del SAT, lo que anticipo que de comprobarlo, no solamente seguiré denunciando para recibir el pago de reparación de daños por parte de los defraudadores de Grupo Nacional Provincial, S. A., sino también de las autoridades hacendarias que resulten responsables de conductas ilícitas por los motivos que expongo en mi presente ocurso.

    PROTESTO LO NECESARIO BAJO ARGUMENTOS DE DECIR VERDAD

    México, D. F., 14 de septiembre del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

    c.c.p. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la República Mexicana, para su alto conocimiento.
    c.c.p. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para conocimiento y efecto.
    c.c.p. Periodista Carmen Aristegui Flores y toda la opinión pública.

  37. NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ
    VS.

    LIC. JORGE ALBERTO LARA RIVERA
    LIC. VICTOR MANUEL GUERRA ENRÍQUEZ
    LIC. JUAN CARLOS GARCÍA RIVAS

    DR. GUILLERMO HARO BELCHEZ, SECRETARIO GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DIPUTADOS FEDERALES, INTEGRANTES DE LA SUBCOMISIÓN DE EXAMEN PREVIO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE JUSTICIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.
    PRESENTE.

    México, D. F., 30 de septiembre del 2011.

    DEMANDA PARA JUICIO POLÍTICO

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho y mi más estricta responsabilidad, con domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones, en Calle 3, No. 118, Colonia General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15000, correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx, en este día viernes treinta de septiembre del dos mil once, apoyándome en el Título Cuarto de nuestra Carta Magna que se integra con los artículos 108, 109, 110, 111, 112, 113 y 114, que se relacionan cuidadosamente con la finalidad de explicar y clasificar las diversas responsabilidades de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y su buen despacho, con la grave y sistemática transgresión de las Garantías Individuales y Sociales, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, vengo a presentar y ratificar por escrito, mi DEMANDA PARA JUICIO POLÍTICO, en contra de los Servidores Públicos del ámbito federal, los Licenciados: JORGE ALBERTO LARA RIVERA, SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, VÍCTOR MANUEL GUERRA ENRÍQUEZ, TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA MISMA INSTITUCIÓN, Y CONTRA JUAN CARLOS RIVAS GARDUÑO, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL, por lo que atentamente, comparezco y expongo de forma congruente, fundada y motivada:

    H E C H O S.

    UNO.- El Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, LIC. JORGE ALBERTO LARA RIVERA, tiene a su cargo, la averiguación previa UEDE/021/2007, y las acumuladas a la misma, de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero de la Procuraduría General de la República, que con las pruebas documentales públicas que la integran, expedientes de auditorías practicadas a Grupo Nacional Provincial, S. A., desde el año de mil novecientos noventa y siete, hasta el presente año del dos mil once, que se acumulan al expediente 730(09)112595 de la Dirección General de Seguros y Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al igual que lo que han recibido de copias íntegras del expediente J-5216/2000, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y lo correspondiente del expediente número 700/42899 de la Procuraduría Fiscal de la Federación, y el número 1171/2007-PL,Varios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (con lo resultados que arrojan y que conforman la probidad de lo que reclamo, denuncio, ratifico y pido una y otra vez, del PAGO DE REPARACIÓN DE DAÑOS, por concepto de los DELITOS COMETIDOS EN MI PERJUICIO CON TODAS LAS AGRAVANTES DE LA LEY, TAL COMO PUEDO MENCIONAR LO QUE SE CANALIZA A FRAUDES, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, SUPLANTACIÓN DE MI PERSONA, FALSEDAD DE DECLARACIONES, TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y LO QUE RESULTE, y lo que se desprende en agravio de la sociedad, donde se localizan los asegurados de mi Cartera del ISSSTE a nivel nacional, clave 9893, con motivo de los seguros de vida individuales con inversión en la modalidad de descuentos por nómina de dicho Instituto en el concepto 76, del 15 de julio de 1986, al 15 de mayo de 1988, y a partir del mes de mayo de 1988, directamente por los pagos realizados por los asegurados en Caja de Oficina Matriz de Grupo Nacional Provincial, S. A., y en todas las Oficinas de Servicio en toda la República Mexicana, (seguros de vida con inversión línea Prisma a 20 y 50 años de duración, con incrementos fijos y garantizados de sumas aseguradas de protección por fallecimiento en un 40 y en 50%, anual, a elección de cada asegurado al momento de firmar su solicitud, en base a la suma asegurada de inicio, durante quince aniversarios de la vigencia y con la suma asegurada alcanzada en ese tiempo, así se mantiene hasta el término del plan), cumplimentado con las complicidades delictivas de Servidores Públicos del ámbito federal que he denunciado puntualmente y de manera gradual en distintas dependencias gubernamentales y lo que corresponde de la Averiguación Previa UEDE/021/2007 en mención, señalando como parte substancial mi denuncia penal en contra de los autores materiales e intelectuales que resulten de dichos delitos en Grupo Nacional Provincial, S. A., y en este ámbito de responsabilidades, este Servidor Público, (al igual que los anteriores titulares de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República); persiste en mantener la ilegalidad, Abuso de Autoridad, obstruyendo la justicia, al no proveer de sus instrucciones a sus Subalternos con carácter de urgente, para el debido cumplimiento a la Transparencia, a la Procuración de Justicia de forma correcta, pronta y expedita sin privilegios para nadie, acorde al artículo 38 del Código Federal de Procedimientos Penales que especifica: “ Cuando en las actuaciones esté acreditado el cuerpo del delito de que se trate, el funcionario que conozca del asunto, dictará las providencias necesarias a solicitud del interesado, para asegurar sus derechos o restituirlos en el goce de estos, siempre que estén legalmente justificados. Si se tratare de cosas, únicamente podrán retenerse, esté o no comprobado el cuerpo del delito, cuando a juicio de quien practique las diligencias la retención fuere necesaria para la integración de la averiguación previa”.

    Y lo que converge en función del artículo 20, Fracción II del Código Federal de Procedimientos Penales: “Practicar y ordenar la realización de todos los actos conducentes a la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, así como a la reparación del daño”. Y LO QUE INDICA EL ARTÍCULO 182 del mismo Código Federal de Procedimientos Penales: “La autoridad Judicial o el Ministerio Público que decreten el aseguramiento de deberán notificar al interesado durante los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición según sea el caso, una copia certificada del acta a que se refiere la fracción I del artículo 181 de este Código, para que manifieste lo que a su derecho convenga”.

    LO QUE NUNCA HAN REALIZADO, porque lo que pretenden con documentos falsos, es intentar hacer creer que se me hizo entrega de la reparación de daños, siendo todo lo contrario, y que no se concreta por parte de los defraudadores y servidores públicos que se someten a estos delincuentes de cuello blanco por medio del SOBORNO, ya que con toda oportunidad he estado vigente con mis denuncias penales, mis promociones por mi DERECHO DE PETICIÓN, en varias Dependencias Gubernamentales de los tres poderes de la Unión, y lo que se adhiere con más pruebas, por medio de mis DEMANDAS PARA JUICIOS POLÍTICOS, tanto en la Cámara de Diputados del H. CONGRESO DE LA UNIÓN, como en la Cámara de Diputados del H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, y actualmente en la Procuraduría Fiscal de la Federación, en la Secretaría de Gobernación, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Secretaría de la Función Pública, en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y en la Procuraduría General de la República, y lo que turnan de la PGR, a la Procuraduría General de Justicia en el Distrito Federal.

    SOBRE LOS ANTECEDENTES DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA UEDE/021/2007: VISITADURÍA GENERAL. Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República. Mesa VIII.-103/DGDCSPI/06 y su acumulado 142 de GESPI/07. Oficio 891/GESPI/DAF/07. Dos de abril del dos mil siete.

    CON LA ACLARACIÓN, que la indagatoria UEDE/021/2007 que vengo refiriendo, inicia en la Mesa II-DDF, de la Subdelegación de Procedimientos Especiales, adscrita a la Delegación de la Procuraduría General de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, donde ratifiqué el día 28 de marzo del dos mil seis, mi denuncia penal en contra del LIC. DANIEL FRANCISCO CABEZA DE VACA HERNÁNDEZ, (en ese entonces, Procurador General de la República, y en contra de la C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL, LIC. MARTHA LLAMILE ORTIZ BRENA), de donde declinaron competencia el día tres de julio del dos mil seis, a la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República, donde le asignan el número 103/DGDCSPI/06.

    CONTINUANDO CON EL TEXTO DEL OFICIO 891/GESPI/DAF/07, DE FECHA DOS DE ABRIL DE DOS MIL SIETE: ASUNTO: Se remite Averiguación previa en incompetencia en razón de la especialidad. Dirigida al Dr. José Luis Santiago Vasconcelos, que fungía como Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República.

    Con el texto: Me permito remitir a Usted el original de la Averiguación previa 103/DGDCSPI706 constante de dos tomos con un total de 1486, un mil cuatroscientas ochenta y seis hojas útiles instruidas contra el Licenciado Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández y otros, por el delito de Abuso de Autoridad toda vez que las constancias que la integran se advierte que son hechos de su exclusiva competencia.
    Firma: Licenciado Félix Zacapala Guzmán, Agente del Ministerio Púbico de la Federación, Titular de la Mesa de GESPI.

    ANTERIOR A ESTE OFICIO, el número VG/DATC/058/2007, procedente de la Visitaduría General de la PGR. Apoyo Técnico y Coordinación, de fecha veintiuno de febrero del año dos mil siete, con el Asunto: Se devuelve Averiguación previa 103/DGDCSPI/06. Firma: Licenciado Jaime Romero Téllez, Agente del Ministerio Público de la Federación. Dirigido a Sergio Amauri Pérez López. Mesa VIII.
    Con el siguiente texto: “De conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º fracción I, Apartado A), Inciso I) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por el que se establecen los lineamientos de los Agentes del Ministerio Público de la Federación auxiliares del Procurador, envío a Usted original del Dictamen Folio VG/WEAP/263/2006, por el que se consideró IMPROCEDENTE LA CONSULTA DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL que se sirvió formular en la Averiguación Previa 103/DGDCSPI/2006 de fecha 18 de diciembre del 2006 con los anexos que en el mismo se indican para los efectos legales procedentes.

    ESTE EL INICIO DE TODAS LAS MANIPULACIONES, para imposibilitar el que se consignen a los responsables de estos delitos, configurando una serie de elementos que fueron integrando en base a pruebas documentales públicas, que fueron enumerando con lo que se comprueba actualmente de la póliza de seguro de vida en dólares por la cantidad de inicio de CINCO MILLONES DE DÓLARES, que con los incrementos de dichas sumas aseguradas por medio de expedición de pólizas adicionales en esa moneda, con el mismo número de la de inicio, alcanza un monto económico de QUINIENTOS MILLONES DE DÓLARES, que los defraudadores de Grupo Nacional Provincial, S.A., expidieron delictivamente a nombre de NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita, (en mi carácter de Ofendida, sustentadas por las constancias probatorias que obran en poder de las autoridades de la PGR, dependientes del LICENCIADO JORGE ALBERTO LARA RIVERA, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR), trastornando el normal y buen funcionamiento de las Instituciones y su Buen Despacho en mi perjuicio con premeditación, alevosía y ventaja, permitiendo con el encubrimiento de forma improcedente a los defraudadores de Grupo Nacional Provincial, S. A., y cómplices delictivos de las Dependencias Oficiales de la Administración Pública Federal, el que sigan falsificando documentos, esperando un descuido de NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la que se suscribe, y hacer creer el que se me hizo entrega de mis cheques de pago de reparación de daños, tal como he comprobado el que incurren en conductas delictivas por este motivo, en la Procuraduría Fiscal de la Federación, en el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y lo referente al expediente 047/2008 del Juzgado Penal de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial de la Ciudad de Macuspana, Tabasco, donde el entonces Magistrado Rodolfo Campos Montejo, como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, transgrediendo la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado de Tabasco, el Código de Procedimientos Penales en el Estado de Tabasco, mis garantías individuales, la Constitución Política del Estado de Tabasco y la Constitución Federal y las leyes que de ella emanan, me priva del derecho de Ofendida, como legítima heredera de mis extintos progenitores, los Señores, Abel Falcón Cámara y Esperanza Ruiz Álvarez de Falcón, obstaculizando el que se me hiciera entrega desde el año del dos mil nueve, mis cheques de pago de reparación de daños; motivo por el cual, en el mes de Diciembre de ese año, presenté mi denuncia en la Procuraduría Fiscal de la Federación, dentro de lo que se integra y desahoga en el expediente 700/42899 de dicha Institución de la Administración Pública Federal; del pleno conocimiento del Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, LIC. JORGE ALBERTO LARA RIVERA, a quien acuso en mi presente DEMANDA PARA JUICIO POLÍTICO.

    DOS.- Lo que corresponde a los servidores públicos: VÍCTOR MANUEL GUERRA ENRÍQUEZ Y A JUAN CARLOS GARCÍA RIVAS GARDUÑO, respectivamente, se simplifica en un orden establecido de Coalición de Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia en perjuicio de NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, en mi carácter de Ofendida, suerte Principal, y en agravio de la sociedad sin recato alguno, ya que estamos refiriéndonos a una DEFRAUDACIÓN FISCAL Y ROBOS DE SUMAS ASEGURADAS DE PROTECCIÓN PORE FALLECIMIENTO JUNTO CON LAS INVERSIONES QUE GENERAN LA PARTE PROPORCIONAL DE LA RESERVA TÉCNICA Y EL TOTAL DE LA RESERVA DEL PLAN, que converge en cientos de miles de millones de pesos, con motivo de los FRAUDES COMPROBADOS con documentales públicas, que insisto, en lo que refiere de mi asunto legal, nada puede ser calificado por ninguna autoridad como reserva ni de confidencialidad alguna, conforme a lo que se expone fraudulentamente del oficio UEIDCSPCAJ/1526/2011, fechado tres de agosto del dos mil once, que dirige el LIC. JOSUÉ ROBERTO CRESPI GALICIA al LIC. JUAN CARLOS GARCÍA RIVAS GARDUÑO, QUE CITO AMPLIAMENTE EN MI PRESENTE DEMANDA PARA JUICIO POLÍTICO.

    TRES.- Recibo el día martes veintisiete de septiembre del dos mil once, el Oficio: IFAI/SA/029/11 fechado 26 de septiembre del mismo año, que me dirige la Secretaria de Acuerdos, LIC. CECILIA AZUARA ARAI, del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, que también anexo como prueba documental pública, y en vista de que también forma parte de mi presente DEMANDA PARA JUICIO POLÍTICO, mi escrito de Petición Extraurgente, de fecha 29 de junio del dos mil once, que asigno al Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, LIC. MANUEL S. AGUILERA VERDUZCO, pido de la manera más atenta a Ustedes, Señores Diputados Federales, integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de acuerdo al procedimiento del JUICIO POLÍTICO, el que le sea requerida la respuesta que me niega de mi escrito de petición extraurgente, el LIC. MANUEL S. AGUILERA VERDUZCO, recordando que con el nombre de Juicio Político se conoce el procedimiento que se sigue cuando los servidores públicos, durante el ejercicio de sus funciones, incurren en actos u omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho; dicho servidor público (LIC. MANUEL S. AGUILERA VERDUZCO), pretende dejarme sin ningún recurso de defensa, (por lo que pido que les haga llegar dicha respuesta de mi escrito de fecha 29 de junio del 2011), supuesto que es su responsabilidad confirmar de la existencia de la póliza de seguro de vida en dólares que vengo refiriendo y que fue aprobada para su expedición por la misma Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, al igual que todas las pólizas de seguros de vida individuales a plazo de veinte y cincuenta años de duración, con sus fondos acumulados de inversión LÍNEA PRISMA, pólizas de inicio en la modalidad de descuento por nómina del ISSSTE en el concepto 76, (autofinanciables de pagos subsecuentes de primas, con el fondo de inversión) contratos de seguros de vida, que contrataron los asegurados de mi Cartera del ISSSTE, a nivel nacional, clave 9893, con lo cual se relaciona en complicidad en que incurren deliberadamente de forma improcedente con los defraudadores de Grupo Nacional Provincial, S.A. servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al guardar toda la documentación expresa de las nuevas auditorías realizadas a Grupo Nacional Provincial, S. A., a partir del mes de enero del dos mil once.
    PARA EL JUICIO POLÍTICO: Para la realización de esta labor se utiliza la doctrina y legislación nacional y extranjera, para así llevar a cabo este trabajo, con el fin de entender la figura que exige la Responsabilidad Política de los servidores públicos, debido a que se les confiere Poder Político, para que ejerzan sus funciones de manera adecuada; claro, siempre existe la posibilidad de que abusen de dicho poder, para evitar el abuso del Poder Político, se establecen figuras como el Juicio Político que salvaguarda el buen ejercicio de las funciones desempeñadas por los servidores públicos y son instrumentos preventivos para que el ejercicio del Poder en el presente y futuro sea adecuado.
    El Poder se define como: “La posibilidad de imponer la propia voluntad sobre la conducta ajena2”. El Poder se puede clasificar en base de sus detentadores3 y son el Poder Económico, Ideológico, Militar y Político.

    El Poder Político se define como:
    “La facultad reconocida por el orden jurídico, para que determinados individuos actualicen sobre otros, los mandatos contenidos en las normas jurídicas bajo amenazas de coacción y habiendo establecido la necesidad de que inclusive una vez regulado por las normas, sea objeto de control y su ámbito de acción esté determinado por la norma suprema4”.

    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTADO Y COMPROBADO CON DOCUMENTALES PÚLBICAS QUE SOLICITO SEAN REQUERIDAS CON CARÁCTER DE URGENTE, A LAS AUTORIDADES QUE LAS MANTIENEN EN POSESIÓN

    México, D. F., 30 de septiembre del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  38. NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ
    VS
    LICENCIADO NÉSTOR RAFAEL SALAS CASTILLO

    DR. GUILLERMO HARO BELCHEZ, SECRETARIO GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DIPUTADOS FEDERALES, INTEGRANTES DE LA SUBCOMISIÓN DE EXAMEN PREVIO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE JUSTICIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.
    P R E S E N T E .

    México, D. F., 11 de octubre del 2011.

    DEMANDA PARA JUICIO POLÍTICO.

     NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho y bajo mi más estricta responsabilidad, en este día martes once de octubre del dos mil once, con domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones, en Calle 3 No. 118, Col. General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c. p. 15000, México, D. F., VENGO A PRESENTAR Y RATIFICAR POR ESCRITO MI DEMANDA PARA JUICIO POLÍTICO EN CONTRA DEL LICENCIADO NÉSTOR RAFAEL SALAS CASTILLO, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa en el Acuerdo de fecha de veintinueve de septiembre del dos mil once del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en relación al JUICIO DE AMPARO 698/2011; dentro de un seguimiento de mi Juicio de Garantías en comento, por lo que es importante precisar lo que determina el Licenciado Néstor Rafael Salas Castillo en el proveído del veintinueve de septiembre del dos mil once, que sustenta jurídicamente la responsabilidad en que incurre dicho servidor público en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o su buen despacho, transgrediendo la Ley de Amparo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, por lo que atentamente comparezco y expongo apoyándome en el artículo 110 y 111 constitucionales y lo que especifica el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo párrafo, de la Responsabilidad Patrimonial del Estado.

    POR LO QUE TRANSCRIBO LO SIGUIENTE:

    En los últimos cincuenta años, la discusión en los ámbitos filosófico, político y jurídico acerca de los derechos humanos se ha intensificado como nunca antes en la historia de los pueblos. Los derechos humanos se han convertido en un referente inexcusable de la modernidad; un “signo de los tiempos” como lo significara Norberto Bobbio.1 Los derechos y sus garantías que han sufrido un notable fenómeno expansionista, son los elementos que dan cabal significado al Estado democrático de nuestro tiempo.

    DETERMINADO COMO PARTE DEL NUEVO JUICIO DE AMPARO.

    • Asimismo, puede exigir la suspensión de un acto que, no obstante ser constitucional, viole las garantías individuales. En otras palabras, no se ocupa de cualquier violación a la Constitución, sino de aquellas cuyo resultado es el menoscabo de una garantía individual, que resulta en daño personal y directo a una o varias personas concretas.
    El juicio de amparo es un procedimiento judicial propiamente dicho, y entraña una verdadera contención entre la persona agraviada que lo promueve y la autoridad que dicho promovente considera que ha afectado o trata de afectar sus derechos garantizados en la Constitución.
    H E C H O S.
    UNO.- EL LICENCIADO NÉSTOR SALAS CASTILLO, da a conocer en el Acuerdo del veintinueve de septiembre del dos mil once: “Visto el estado procesal que guardan los autos, particularmente, la copia certificada del correo electrónico de 30 de junio del dos mil once, emitida por el Director de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública (folio 67), del que se advierte la participación en el acto omisivo reclamado del Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria, en consecuencia, a fin de no violar las reglas del procedimiento y no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según lo dispone el artículo 2, requiérase a la parte quejosa para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable al Titular del Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria; apercibida que de no desahogar el requerimiento que se le formula, en el plazo que para tal efecto se le otorga, no se tendrá como responsable a la referida autoridad”.

    DOS.- Es importante referir las faltas administrativas y de legislación penal en que incurre EL LICENCIADO NÉSTOR RAFAEL SALAS CASTILLO, siendo que al revisar este servidor público el expediente 698/2011, del JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL, debe situar su proveído de fecha veintinueve de septiembre del dos mil once, que consta mediante Acuerdo, sobre las constancias probatorias incluidas y desahogadas dentro del expediente 698/2011 de mi Juicio de Garantías que vengo refiriendo, (lo que omite con dolo) como lo realizado en función de mi promoción de fecha doce de julio del dos mil once (2011), que dirijo al C. Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, LIC. I. LETICIA FLORES DÍAZ, con el siguiente texto: “Vengo a desahogar el Acuerdo Proveído por Usted de fecha veintiocho de julio del dos mil once, bajo los preceptos constitucionales que me consagran los artículos 8º, 17 y 20 Apartado B, fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que queda simplificado con el artículo 10 de la Ley de Amparo”.

    TRES.- EL LICENCIADO NÉSTOR RAFAEL SALAS CASTILLO, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en Sesión de veinte de septiembre del dos mil once, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, A QUIEN ACUSO PARA JUICIO POLÍTICO, quien de manera irregular, totalmente improcedente, soslaya lo que expongo a la C. Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, LIC. I. LETICIA FLORES DÍAZ, en el punto uno de mi promoción de fecha doce de julio del dos mil once: “Dentro de un seguimiento de distintas averiguaciones previas, presentadas y ratificadas por escrito en las Procuradurías General de Justicia del Distrito Federal y la General de la República, acumuladas desde el año 2007 hasta la actualidad en la indagatoria UEDE/021/2007 de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de dicha institución, han estado integradas y fundamentadas por mis denuncias en contra de Grupo Nacional Provincial, S. A., y quien o quienes resulten responsables, por el delito de FRAUDE GENÉRICO, SUPLANTACIÓN DE MI PERSONA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y LO QUE RESULTE, bajo estas circunstancias de falta de procuración de justicia, he pedido insistentemente en todas mis comparecencias y ratificaciones, el que se incluyan mis pruebas documentales públicas, consistentes en distintas auditorías que han realizado por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (A LO QUE AHORA AGREGO: Y LO CORRESPONDIENTE A LAS AUDITORÍAS REALIZADAS A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. EN EL AÑO DOS MIL UNO, BAJO LAS INSTRUCCIONES DEL ENTONCES PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LICENCIADO GABRIEL REYES ORONA, EXPEDIENTE 700/42899, cuyos resultados fueron turnados al entonces Procurador General de la República, LIC. RAFAEL MACEDO DE LA CONCHA para ser integradas a las averiguaciones previas 2095/RN/98 y 1588/FESPLE/2000, de mis denuncias penales por el delito de FRAUDES, en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A., lo que no llevaron a cabo autoridades de la Procuraduría General de la República) expediente 730(09)112595, al igual que lo integrado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bajo expediente número J-5216/2000, (sobre los cheques mensuales que pagó el ISSSTE del quince de julio de mil novecientos ochenta y seis, al quince de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, a favor de La Nacional Compañía de Seguros, S.A., actualmente Grupo Nacional Provincial, S.A., de los descuentos en el concepto 76 de nómina del ISSSTE, practicados a los trabajadores de dicho Instituto, que contrataron sus seguros de vida individuales con inversión LÍNEA PRISMA), mismos cheques, que también se integran bajo revisión, en la Procuraduría Fiscal de la Federación, donde le asignan el número de expediente 700/42899 en mención, de lo cual nunca me he visto favorecida con la consignación de los autores materiales e intelectuales de dichos delitos en Grupo Nacional Provincial, S. A., por lo que he denunciado penalmente y con demandas de juicios políticos, a servidores públicos del ámbito federal, promociones que son del pleno conocimiento del LICENCIADO SALVADOR VEGA CASILLAS, en su cargo de Secretario de la Función Pública, ya que también en dicha Secretaría he ampliado dichas denuncias en comento, contra servidores públicos del ámbito federal y que han servido en la integración y resolución expedita, dentro del expediente original 1171/2007-PL, Varios, y los acumulados al mismo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

    CUATRO.- En un conjunto de pruebas documentales públicas, de conformidad al artículo 152 de la Ley de Amparo, el LIC. NÉSTOR RAFAEL SALAS CASILLA, debe sustentar el proveído del veintiuno de septiembre del dos mil once, en lo conceptuado en la Ley de Amparo: “A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad a aquellas las copias y documentos que soliciten”; POR LO QUE SUBRAYO: EL LICENCIADO SALVADOR VEGA CASILLAS, autoridad responsable que señalo con toda claridad en mi juicio de garantías, juicio de amparo indirecto en materia administrativa por mi DERECHO DE PETICIÓN, expediente 698/2011. REITERO: Éste servidor público del ámbito federal, recibe mi escrito fechado dieciséis de junio del dos mil once, con un asunto debidamente especificado, y con el conocimiento de lo que se comprueba en el mes de febrero del año dos mil once, por el C. Jefe de Servicio de Administración Tributaria, Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, lo cual se constata por denuncia y petición urgente que por escrito de fecha 30 de mayo del 2011, dirige NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la que se suscribe en mi carácter de Ofendida, al Director del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el SAT, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de forma consecutiva con la participación de la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, a través de mi Petición Extraurgente que asigno por escrito de fecha ocho de junio del dos mil once, al Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la República Mexicana, sobre lo investigado, comprobado con documentales públicas por el Órgano Interno de Control en el SAT.

    CINCO.- EN ESTE TENOR, debido a las actuaciones antes mencionadas por el Órgano Interno de Control en el SAT, constituyen las constancias probatorias que fueron requeridas por la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, al Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el SAT, para comprobar lo que solicito al Licenciado Felipe Calderón Hinojosa sobre la responsabilidad acaecida en el servidor público, LIC. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, como Jefe de Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda. Que las mismas evidencias fundamentadas con pruebas documentales públicas, sean turnadas a la averiguación previa UEDE/021/2007, y las acumuladas a la misma, (que vengo citando) bajo instrucciones precisas que le dieron al Secretario de la Función Pública, LIC. SALVADOR VEGA CASILLAS, de la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, supuesto que al Secretario de la Función Pública en mención, corresponde tramitar bajo sus instrucciones dicho envío de pruebas y los resultados de las actuaciones realizadas en el Órgano Interno de Control en el SAT, DE LA Secretaría De Hacienda, para obrar en consecuencia en la Procuraduría General de la República y de esa manera, con la consignación de la indagatoria UEDE/021/2007, lo que omite con premeditación, alevosía y ventaja, el Licenciado Salvador Vega Casillas, para imposibilitarme el que mi asunto legal quede totalmente finiquitado en la Procuraduría General de la República, tal como corresponde con la consignación de los responsables ante un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, y con la obligación de parte del Licenciado Salvador Vega Casillas, el que me sea dirigido el oficio correspondiente con dicha información, y así poder presentarme ante las autoridades de la PGR, para que se actúe conforme a derecho, presentándome las autoridades de dicha Institución, el Acta Certificada correspondiente del aseguramiento del cuerpo del delito, para que declare lo que a mi derecho convenga.

    DE NINGUNA MANERA, ACEPTO, el que se turnen información privilegiada que llega a manos del servidor público Salvador Vega Casillas, para intentar hacer creer, el que debe enviarse, turnarse nuevamente al Órgano Interno de Control en el SAT, información que de ahí se genera sobre el resultado de mi denuncia y petición extraurgente de fecha 30 de mayo del 2011, que hice llegar al Titular de Quejas del Órgano Interno de Control en el SAT.

    SEIS.- ES IMPORTANTE MENCIONAR, que dicha información privilegiada que hizo llegar la Dirección de Atención Ciudadana al Licenciado Salvador Vega Casillas, está registrada con el folio que anotan de mi escrito de petición de fecha ocho de junio del año dos mil once, número 22232455, mismo que está relacionado con el folio 12634706, del mes de abril del mismo año, que fue dirigido al Licenciado Salvador Vega Casillas, para que dé solución al problema suscitado en virtud de los resultados que arrojan las nuevas auditorías practicadas desde el mes de enero del dos mil once, a Grupo Nacional Provincial, S. A., y la única manera de resolver conforme a derecho, consiste en que el Secretario de la Función Pública, además de la Procuraduría General de la República, determine las responsabilidades sobre mis denuncias presentadas en la Secretaría de la Función Pública contra servidores públicos del ámbito federal; resultados que deben ser remitidos a la LIC. MARISELA IBÁÑEZ MORALES, Procuradora General de la República, y resuelva con las consignaciones correspondientes dentro de la integración de la averiguación previa UEDE/021/2007, de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, y de esa manera al consignarse dicha averiguación previa se fijará por parte del Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, lo que se confirma de las conductas ilícitas de los que delinquen conforme lo dictan las leyes y el Código Federal de Procedimientos Penales, sobre lo investigado y resuelto en la averiguación previa que vengo refiriendo, y las acumuladas a la misma, con el análisis respectivo de las pruebas documentales públicas, periciales y testimoniales, para que se aplique el artículo 180 del Código Federal de Procedimientos Penales: “Para la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, el Ministerio Público y los Tribunales gozarán de la acción más amplia para emplear los medios de investigación que estimen convenientes según su criterio, aunque no sean de los que menciona la ley, siempre que estos medios no sean contrarios a derecho”.

    SIETE.- EL LICENCIADO NÉSTOR RAFAEL SALAS CASTILLO, pretende encubrir las responsabilidades tanto administrativas como de la legislación penal en que se ubica EL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, LICENCIADO SALVADOR VEGA CASILLAS, por lo que se debe entender el motivo por el cual promuevo mi juicio de garantías con número de expediente 698/2011. REFIERO: Se debe puntualizar con toda probidad por parte del LIC. NÉSTOR RAFAEL SALAS CASTILLO, el que acudo con mi promoción de mi juicio de amparo indirecto en Materia Administrativa, de conformidad al artículo 8º constitucional, que dentro del escrito de fecha 16 de junio del 2011, que dirijo al Licenciado Salvador Vega Casillas, explico como es de explorado derecho nuestro ordenamiento jurídico supremo, y que lo constituye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Licenciado Salvador Vega Casillas, la transgrede, con premeditación, alevosía y ventaja, porque son por lo menos tres exigencias que integran el debido cumplimiento de nuestra Carta Magna. En primer lugar, la manifestación de la administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No basta, por ejemplo, con dar una información, cuando lo que se necesita es una decisión, como en este caso, en que la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, envía la documentación correspondiente de lo actuado, investigado y resuelto por el Órgano Interno de Control en el SAT, al Licenciado Salvador Vega Casillas, porque así procede bajo la disposición del Reglamento Interno del mismo Órgano Interno de Control en el SAT, y sea el Licenciado Salvador Vega Casillas, quien resuelva de manera definitiva lo correspondiente a lo que solicito de la entrega de mis cheques de pago de reparación de daños, y que de acuerdo a la normatividad y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la misma Secretaría de la Función Pública, el Licenciado Salvador Vega Casillas, está obligado a remitir a la Procuradora General de la República, LIC. MARISELA MORALES IBÁÑEZ, dichos resultados del Órgano Interno de Control en el SAT, canalizando la recomendación sobre lo que indica el artículo 182-A del mismo Código Federal de Procedimientos Penales: “La autoridad Judicial o el Ministerio Público que decreten el aseguramiento, deberá notificar al interesado durante los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición según sea el caso, una copia certificada del acta a que se refiere la fracción I del artículo 181 del mismo Código, para que manifieste lo que a su derecho convenga”.

    CORRESPONDENCIA E INTEGRIDAD son fundamentales en la comunicación oficial. En segundo lugar, la respuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se plantea. El funcionario no sólo está llamado a responder, también debe esclarecer; Y EN ESTOS TÉRMINOS, AL NO DAR DEBIDO CUMPLIMIENTO A LO EXPUESTO EN MI PRESENTE OCURSO, DE MI DEMANDA PARA JUICIO POLÍTICO, EL LICENCIADO NÉSTOR RAFAEL SALAS CASTILLO; POR LO TANTO, LO DEMANDO, LO ACUSO Y LO EXHIBO COMO UN SERVIDOR PÚBLICO DESHONESTO, FUERA DE TODA LEGALIDAD, por lo que pido de la manera más atenta, le sea requerida información que obra en mi juicio de garantías con número de expediente 698/2011, y explique los criterios que refiere el artículo 152 de la Ley de Amparo: “Si dichas autoridades o funcionarios no cumplieron con la obligación de expedir con toda oportunidad las copias o documentos que se les solicitan, la parte interesada”…… que en este caso es la que se suscribe, NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, en mi carácter de Ofendida, por lo que pido a Ustedes Señores Diputados Federales Integrantes de la Subcomisión de Examen Previo de las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación, el que sean requeridas todas estas pruebas al LIC. NÉSTOR RAFAEL SALAS CASTILLO, quien es una autoridad omisa, deficiente y participativa en encubrimientos, y si no obstante este requerimiento llega a negarse a proporcionarlas dicho servidor público, que se lleve a efecto EL JUICIO POLÍTICO CORRESPONDIENTE, PORQUE NO VOY A ESTAR SUPEDITADA A LA RED DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD QUE PREVALECE EN LOS SISTEMAS DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN MÉXICO, en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o su buen despacho, transgrediendo de manera grave y sistemática las garantías individuales y sociales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que repercute legalmente en agravio de la sociedad, manteniendo con ello la corrupción y la impunidad en el Poder Judicial de la Federación.

    O LO QUE ES LO MISMO, de ninguna manera se puede admitir como cumplido mi derecho de petición, remitiendo la Secretaría de la Función Pública bajo las instrucciones de Salvador Vega Casillas, la misma documentación que llega a la Secretaría de la Función Pública, por las actuaciones realizadas en el Órgano Interno de Control en el SAT, por lo que resulta ridículo el que únicamente el Secretario de la Función Pública, SALVADOR VEGA CASILLAS, ordene se abra una Bitácora, cuando el resultado que proporcionan del Órgano Interno de Control en el SAT, a la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, y a la misma Secretaría de la Función Pública, dan la probidad de la responsabilidad acaecida en el Jefe de Servicio de Administración Tributaria, LIC. ALFREDO GUTIERREZ ORTIZ MENA, al ocultar el FRAUDE GENÉRICO comprobado, en agravio, en perjuicio de NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita, en mi carácter de Ofendida, y lo que resulta de manera grave y sistemática en agravio de la sociedad, donde se localizan los asegurados de mi Cartera del ISSSTE a nivel nacional, clave 9893, con motivo de los seguros de vida individuales con inversión Línea Prisma, cometido con todas las agravantes de la ley por los defraudadores, autores materiales e intelectuales de dicho delito en Grupo Nacional Provincial, S. A., lo que denota el que el LIC. NÉSTOR RAFAEL SALAS CASTILLO, está encubriendo deliberadamente al LIC. SALVADOR VEGA CASILLAS, como Secretario de la Función Pública, motivo por el cual el acto reclamado en mi juicio de garantías 698/2011, consiste: “QUE SE ME ENTREGUEN MIS CHEQUES DE PAGO DE REPARACIÓN DE DAÑOS”, > SUPUESTO QUE LAS RESPONSABILIDADES MANIFIESTAS SOBRE DOCUMENTALES PÚBLICAS QUE TIENE EN SU PODER EL LICENCIADO SALVADOR VEGA CASILLAS, al no darle el curso correspondiente ante la Procuraduría General de la República, me deja en un total estado de indefensión, causándome enormes daños y perjuicios, tal como lo trascendental que significa el acto reclamado; no olvidando que en esta parte el Licenciado Ignacio Burgoa Orihuela, (EL PADRE, EL MAESTRO DEL JUICIO DE AMPARO) define el acto reclamado como: “cualquier hecho voluntario, consciente, negativo o positivo, desarrollado por un Órgano de Estado, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o fácticas dadas, y que se impongan imperativamente”.

    EL LICENCIADO NÉSTOR RAFAEL SALAS CASTILLO, está perfectamente documentado de mis garantías violadas y que consiste en que el Licenciado Salvador Vega Casillas ha transgredido en perjuicio de la Suscrita la garantía individual, consagrada en el artículo 8º constitucional, dejándome en un total estado de indefensión, QUE REDUNDA EN CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD, por lo que pido CONFORME AL ARTÍCULO 30 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL: “LA REPARACIÓN DEL DAÑO COMPRENDE:

    I.- La restitución de la cosa obtenida por el delito y si no fuese posible, el pago por el precio de la misma;

    II.- La indemnización del daño moral y material causado.

    III.- El resarcimiento de los perjuicios ocasionados”.

    Artículo 182-O del Código Federal de Procedimientos Penales: “La devolución de los bienes asegurados incluirá la entrega de los frutos que en su caso, hubiesen generado”.

    ES IMPORTANTE SEÑORES DIPUTADOS FEDERALES, el que se revise minuciosamente mi promoción de fecha doce de julio de julio del dos mil once (2011), que anexo a la presente Demanda de Juicio Político, donde solicito, por lo cual dirijo a la C. Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, I. Leticia Flores Díaz, donde en el punto segundo de mis peticiones hacia la C. Juez en comento, doy a conocer lo siguiente: “Admitir la demanda propuesta, con fundamento en los artículos 78, 150, 151 y 152 de la Ley de Amparo, señalando fecha y hora para la celebración de la Audiencia Constitucional, requiriendo el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable”.

    ANEXOS.

    1.- Copia del Acuerdo de fecha veintinueve de septiembre del dos mil once, del JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL, mismo que me hacen llegar sin ninguna firma, lo que también se concluye, se lleva a efecto sin el conocimiento de la C. Juez, I. Leticia Flores Díaz, > junto con copia del oficio: DGAC/670/10, fechado doce de abril del 2010, conforme al expediente 2.8/450708/300, que me remite el entonces Director General Adjunto de lo Contencioso, de la Unidad de ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, LIC. ILLY XOLALPA RAMÍREZ, lo que es apremiante, para que se requiera copia íntegra de dicho expediente, como prueba documental pública que ofrezco, sobre la red de corrupción e impunidad que impera en las Instituciones de México.

    2.- Mi promoción de fecha doce de julio del dos mil once (2011), que dirijo a la C. Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, y lo correspondiente al Oficio No. S.P./2756/2001, fechado once de octubre del dos mil uno, que dirige el Secretario Particular del Visitador General de la Procuraduría General de la República, Oscar Mauricio Novoa Pérez, al entonces Director General de Visitaduría, LIC. ÁNGEL BUENDÍA BUENDÍA, para que sea requerido por Ustedes, Señores Diputados, como integrantes de la Subcomisión de Examen Previo (con carácter de urgente), copias íntegras de los expedientes 21000/244 y su acumulado 2000/198, en los que se realizó opinión técnico-jurídica de la averiguación previa 2095/RN/98, de mi denuncia penal por el delito de FRAUDES, contra Grupo Nacional Provincial, S.A., Y QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES. Expedientes donde se registra el nombre de los defraudadores de Grupo Nacional Provincial, S.A., lo que jamás integraron en mi indagatoria, y con lo que se hubiera resuelto la consignación de los responsables, permitiendo el que se deslindaran responsabilidades de tiempo atrás, aplicando la ley a los que delinquen en Grupo Nacional Provincial, S. A., con la resolución conforme a derecho, y el pago de reparación de daños.

    POR LO EXPUESTO, ATENTAMENTE PIDO: Se requieran copias de los expedientes que señalo en mi presente DEMANDA para JUICIO POLÍTICO, al igual que copia íntegra del Expediente SO-0138/2011-BIT, del Órgano Interno de Control en el SAT, solicitando la comparecencia de la Procuradora General de la República, LIC. MARISELA MORALES IBAÑEZ, en las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia, para que realice el Acuerdo correspondiente que instruya a sus subalternos, para que sean integradas y desahogadas dichas pruebas en mis averiguaciones previas de la Procuraduría General de la República y sean consignados los responsables, con la información de dichos trámites a NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, en mi carácter de Ofendida.

    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTADO Y COMPROBADO CON DOCUMENTALES PÚBLICAS, QUE PIDO SEAN REQUERIDAS CON CARÁCTER DE URGENTE AL LICENCIADO NÉSTOR RAFAEL SALAS CASTILLO.

    México, D. F., 11 de octubre del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  39. NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ
    VS
    LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS

    DR. GUILLERMO HARO BÉLCHEZ, SECRETARIO GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DIPUTADOS FEDERALES, INTEGRANTES DE LA SUBCOMISIÓN DE EXAMEN PREVIO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE JUSTICIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.

    México, D.F., 17 de octubre del 2011.

    DEMANDA PARA JUICIO POLÍTICO.

     NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho y mi más estricta responsabilidad en mi carácter de Ofendida, con domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones, en Calle 3, No. 118, Colonia General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15000, México, D.F., correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

    TITULO CUARTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PATRIMONIAL DEL ESTADO (Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 junio de 2002)

    Artículo 108.
    ARTICULO 108. PARA LOS EFECTOS DE LAS RESPONSABILIDADES A QUE ALUDE ESTE TÍTULO SE REPUTARÁN COMO SERVIDORES PÚBLICOS A LOS REPRESENTANTES DE ELECCIÓN POPULAR, A LOS MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL Y DEL PODER JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Y, EN GENERAL, A TODA PERSONA QUE DESEMPEÑE UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN, EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL O EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA FEDERAL O EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LOS ORGANISMOS A LOS QUE ESTA CONSTITUCION OTORGUE AUTONOMÍA, QUIENES SERÁN RESPONSABLES POR LOS ACTOS U OMISIONES EN QUE INCURRAN EN EL DESEMPEÑO DE SUS RESPECTIVAS FUNCIONES. (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2007)
    EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL TIEMPO DE SU ENCARGO, SOLO PODRÁ SER ACUSADO POR TRAICIÓN A LA PATRIA Y DELITOS GRAVES DEL ORDEN COMÚN. (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 28 DE DICIEMBRE DE 1982)
    LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS, LOS DIPUTADOS A LAS LEGISLATURAS LOCALES, LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES Y, EN SU CASO, LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE LAS JUDICATURAS LOCALES, SERÁN RESPONSABLES POR VIOLACIONES A ESTA CONSTITUCION Y A LAS LEYES FEDERALES, ASI COMO POR EL MANEJO INDEBIDO DE FONDOS Y RECURSOS FEDERALES.

    (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 31 DE DICIEMBRE DE 1994)
     POR LO MISMO, DE LA MANERA MÁS ATENTA, COMPAREZCO Y EXPONGO DE FORMA CONGRUENTE, FUNDADA Y MOTIVADA:
    QUE DE CONFORMIDAD A LOS ARTÌCULOS CONSTITUCIONALES, SOBRE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, VENGO A DEMANDAR PARA JUICIO POLÍTICO, AL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, EN SU CARGO DE ADMINISTRADOR CENTRAL DE OPERACIÓN DE CANALES DE SERVICIO, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A CONTRIBUYENTES, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AL TRANSGREDIR MIS DERECHOS CONSITUCIONALES, LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES Y SOCIALES, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANAN, EN PERJUICIO DE LOS INTERESES PÙBLICOS FUNDAMENTALES O DE SU BUEN DESPACHO, Y LO QUE SE DESPRENDE EN AGRAVIO DE LA SOCIEDAD, POR LO QUE FUNDAMENTO Y MOTIVO CON LOS SIGUIENTES:
    H E C H O S

    UNO.- AL INCURRIR EL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, (QUE VENGO REFIRIENDO), EN UNA RESPONSABILIDAD MAYOR, OMITIENDO CON DOLO, ABUSO DE AUTORIDAD, Y OCULTAMIENTO EXPLÍCITO, (TRATÁNDOSE DE UN ASUNTO TAN DELICADO), POR LO QUE EXPONGO AL NUEVO SECRETARIO DE HACIEDA, LIC. JOSÉ ANTONIO MEADE, K., EN MI ESCRITO DE PETICIÓN EXTRAURGENTE DE FECHA CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL ONCE, QUE RELACIONA EL CONOCER DE ACUERDO A LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, EL QUE SE ME INFORME POR ESCRITO, DE QUÉ MANERA TIENEN REGISTRADA A NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA, EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA, EN MI CALIDAD DE CONTRIBUYENTE, QUE CONJUNTA LA EVIDENCIA INEQUÍVOCA, (EL QUE PRETENDEN EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y LO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ADMIMISTRACIÓN TRIBUTARIA DE DICHA INSTITUCIÓN), (A TRAVÉS DE FRAUDES Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, DEFRAUDACIÓN FISCAL Y LO QUE RESULTE), EL QUE PUEDA RECLAMAR JUDICIALMENTE EL PAGO DE REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS DE LOS QUE DELINQUEN EN GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. SIENDO QUE AL NEGARME DICHA RESPUESTA, CONFIRMAN LO QUE DENUNCIO DENTRO DEL CONTENIDO DE MI ESCRITO DE PETICIÓN EXTRAURGENTE DE FECHA CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL ONCE, DIRIGIDO AL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO MEADE, K., COMO NUEVO SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. (ANEXO COPIA).
    DOS.- REITERO: SOBRE LA RESPUESTA QUE SOLICITO, DE MI ESCRITO DE PETICIÓN EXTRAURGENTE, FECHADO CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL ONCE, DIRIGIDO AL NUEVO SECRETARIO DE HACIENDA, LICENCIADO JOSÉ ANTONIO MEADE K., Y QUE ABARCA CON LA RESPUESTA DEL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, mediante Oficio fechado cinco de octubre del dos mil once, número 700-03-00-00-00-2011-061182, el continuar encubriendo a los defraudadores fiscales de Grupo Nacional Provincial, S. A., con premeditación, alevosía y ventaja, permaneciendo el Licenciado José Antonio Hernández Ross, de forma improcedente, en la red de corrupción e impunidad de las Instituciones de la Administración Pública Federal; simple y llanamente, al enlazarse en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como cómplices delictivos de los defraudadores, delincuentes de cuello blando de Grupo Nacional Provincial, S. A., (Socios Capitalistas), que intentan escapar para no ser consignados ante un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Distrito Federal, por parte de las autoridades de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, (bajo instrucciones de la Titular de dicha Institución, LIC. MARISELA MORALES IBÁÑEZ), dentro de las actuaciones de la indagatoria UEDE/021/2007, de manera que se une bajo lo que denuncio y solicito en mi ratificación del día viernes 14 de octubre del dos mil once, en la Mesa XII- de la Subdelegación de Procedimientos Especiales, en la Delegación de la PGR, en el Distrito Federal, sobre mi denuncia penal de fecha treinta de junio del dos mil once, por el delito de FRAUDES, SUPLANTACIÓN DE MI PERSONA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, TRÁFICO DE INFUENCIAS Y LO QUE RESULTE, de mi denuncia penal de fecha treinta de junio del dos mil once, dentro de la averiguación previa PGR/DF/SPE-XII/4008/11-08 y las acumuladas a la misma, en contra de los Licenciados: ERNESTO CORDERO ARROYO, SALVADOR VEGA CASILLAS, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y CONTRA EL DR. JAVIER LAYNEZ POTISEK. INDAGATORIA PGR/DF/SPE-XII/4008/11-08, que se instruye en la Mesa XII-DDF, de la Subdelegación de Procedimientos Especiales. Procedimientos Penales y Amparo de la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, por parte del LIC. EDUARDO BERDÓN TOLEDO, como agente del M.P. de la Federación, reitero una y otra vez: cumplimentada con la número UEDE/021/2007, de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, que vengo citando en mi presente demanda para JUICIO POLÍTICO.
    TRES.- POR LO QUE, no queda duda alguna, el LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, en su cargo de Administrador Central de Operación de Canales de Servicio, del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, manifestándose dentro de las responsabilidades, en que lo señala el Código Penal Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito público, la Legislación Penal dentro del Juicio Político, el Reglamento y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y como constancia de lo mismo, por medio del oficio en mención de fecha cinco de octubre del dos mil once, con una claridad del LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, sobre sus responsabilidades de servidor público, manifestando en dicho oficio:……..”en relación con lo dispuesto por el artículo 33, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, esta Administración Central de Operación de Canales de Servicios, a manera de orientación”.
    CUATRO.- Eludiendo el LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, lo que debe proporcionarme como una prueba documental pública que canaliza el monto económico que ocultan en el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, sobre los impuestos que supuestamente NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita, ha realizado, EN CALIDAD DE QUÉ, COMO PERSONA FÍSICA O COMO PERSONA MORAL, DE QUE AÑOS, SOBRE QUE MONTOS ECONÓMICOS, SE TRATA.
    CINCO.- EL PROCESO DE JUICIO POLÍTICO, debe originarse en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, llamada a cumplir el papel de Acusadora. Las penas imputables son la destitución del cargo, que puede ir acompañada con la inhabilitación correspondiente para ocupar cargos en un número determinado de años en los tres órdenes de servicio de los tres poderes de la unión, además de las sanciones económicas y lo conducente de la responsabilidad patrimonial del Estado.
    SEIS.- Sin menoscabo de esas sanciones, que corresponden a su responsabilidad política, el funcionario culpable quedará sujeto al enjuiciamiento, condena y castigo por los tribunales ordinarios de justicia para EL JUZGAMIENTO DE SU RESPONSABILIDAD PENAL por los delitos que hubiere cometido con ocasión o por el ejercicio de su cargo.
    Los mejores sistemas de enseñanza y corrección, lo constituyen las revisiones, que requiere una investigación de las raíces.
    La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral.
    Debe tenerse claro que concorde lo que crea una persona, la responsabilidad ejercerá según las conveniencias y necesidades respecto a esa persona.
    Una vez que pasa al plano ético, profesional, (puesta en práctica), se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas de la manera más positiva e integral, siempre en pro del mejoramiento laboral, social, cultural y natural.
    La persona responsable es aquella que actúa conscientemente siendo él la causa directa o indirecta de un hecho ocurrido. Está obligado a responder por alguna cosa o alguna persona. También es el que cumple con sus obligaciones o que pone cuidado y atención en lo que hace o decide. En el ámbito penal, culpable de alguna cosa, acto o delito. En otro contexto, es la persona que tiene a su cargo la dirección en una actividad.
    SIETE.- La responsabilidad jurídica surge cuando el sujeto transgrede un deber de conducta señalado en una norma jurídica que, a diferencia de la norma moral, procede de algún organismo externo al sujeto, principalmente el Estado, y es coercitiva.
    POR TODO LO EXPUESTO, ATENTAMENTE PIDO:
    PRIMERO.- Sea requerida con carácter de extraurgente, la comparecencia del Licenciado José Antonio Hernández Ross, presentando a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la respuesta de lo que solicito en mi carácter de Ofendida, en mi escrito de Petición de fecha quince de septiembre del dos mil once, que dirijo al Secretario de Hacienda, Licenciado José Antonio Meade, K; indicando quienes son los que delinquen en Grupo Nacional Provincial, S. A, junto con los documentos falsos donde fraudulentamente hacen aparecer a NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, COMO SI SE TRATARA DE UNA PERSONA MORAL, con ingresos en base a lo que registren los documentos que les haga entrega el Licenciado José Antonio Hernández Ross.
    SEGUNDO.- Por lo que anexo copia de mi escrito que vengo refiriendo de fecha quince de septiembre del dos mil once, y del oficio 700-03-00-00-00-2011-06182, de fecha cinco de octubre del mismo año, para que se confirme la aprobación de MI DEMANDA PARA JUICIO POLÍTICO, con el procedimiento correspondiente.

    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTADO Y DOCUMENTALES PÚBLICAS QUE SOLICITO SEAN REQUERIDAD AL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS.
    México, D. F., 17 de octubre del dos mil once.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

    . Corresponde al Senado actuar como Tribunal de Justicia y, cuando el juzgamiento se haga al Presidente de la República, será presidido por el Presidente del Tribunal Supremo de justicia. La declaración de culpabilidad se tomará por los votos que representen los dos tercios del número de senadores presentes. Las penas imputables son la destitución del cargo, que puede ir acompañada de la inhabilitación para ocupar cargos de honor, de confianza o de provecho en el gobierno de los Estados Unidos.
    Sin menoscabo de esas sanciones, que corresponden a su responsabilidad política, el funcionario culpable quedará sujeto al enjuiciamiento, condena y castigo por los tribunales ordinarios de justicia por los delitos comunes que hubiere cometido con ocasión del ejercicio del mando.
    En la teoría constitucional se conoce con el nombre de desafuero al acto del Congreso por el cual, después de juzgar la co

  40. NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ
    VS
    LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS

    DR. GUILLERMO HARO BÉLCHEZ, SECRETARIO GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DIPUTADOS FEDERALES, INTEGRANTES DE LA SUBCOMISIÓN DE EXAMEN PREVIO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE JUSTICIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.

    México, D.F., 17 de octubre del 2011.

    DEMANDA PARA JUICIO POLÍTICO.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho y mi más estricta responsabilidad en mi carácter de Ofendida, con domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones, en Calle 3, No. 118, Colonia General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15000, México, D.F., correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

    TÍTULO CUARTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PATRIMONIAL DEL ESTADO (Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 junio de 2002)

    Artículo 108
    ARTICULO 108. PARA LOS EFECTOS DE LAS RESPONSABILIDADES A QUE ALUDE ESTE TÍTULO SE REPUTARÁN COMO SERVIDORES PÚBLICOS A LOS REPRESENTANTES DE ELECCIÓN POPULAR, A LOS MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL Y DEL PODER JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Y, EN GENERAL, A TODA PERSONA QUE DESEMPEÑE UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN, EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL O EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA FEDERAL O EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LOS ORGANISMOS A LOS QUE ESTA CONSTITUCION OTORGUE AUTONOMÍA, QUIENES SERÁN RESPONSABLES POR LOS ACTOS U OMISIONES EN QUE INCURRAN EN EL DESEMPEÑO DE SUS RESPECTIVAS FUNCIONES. (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2007)
    EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DURANTE EL TIEMPO DE SU ENCARGO, SÓLO PODRÁ SER ACUSADO POR TRAICIÓN A LA PATRIA Y DELITOS GRAVES DEL ORDEN COMÚN. (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 28 DE DICIEMBRE DE 1982).
    LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS, LOS DIPUTADOS A LAS LEGISLATURAS LOCALES, LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES Y, EN SU CASO, LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE LAS JUDICATURAS LOCALES, SERÁN RESPONSABLES POR VIOLACIONES A ESTA CONSTITUCION Y A LAS LEYES FEDERALES, ASI COMO POR EL MANEJO INDEBIDO DE FONDOS Y RECURSOS FEDERALES.

    (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 31 DE DICIEMBRE DE 1994)
     POR LO MISMO, DE LA MANERA MÁS ATENTA, COMPAREZCO Y EXPONGO DE FORMA CONGRUENTE, FUNDADA Y MOTIVADA:
    QUE DE CONFORMIDAD A LOS ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES, SOBRE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, VENGO A DEMANDAR PARA JUICIO POLÍTICO, AL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, EN SU CARGO DE ADMINISTRADOR CENTRAL DE OPERACIÓN DE CANALES DE SERVICIO, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A CONTRIBUYENTES, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AL TRANSGREDIR MIS DERECHOS CONSITUCIONALES, LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES Y SOCIALES, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANAN, EN PERJUICIO DE LOS INTERESES PÚBLICOS FUNDAMENTALES O DE SU BUEN DESPACHO, Y LO QUE SE DESPRENDE EN AGRAVIO DE LA SOCIEDAD, POR LO QUE FUNDAMENTO Y MOTIVO CON LOS SIGUIENTES:
    H E C H O S
    UNO.- AL INCURRIR EL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, (QUE VENGO REFIRIENDO), EN UNA RESPONSABILIDAD MAYOR, OMITIENDO CON DOLO, ABUSO DE AUTORIDAD, Y OCULTAMIENTO EXPLÍCITO, (TRATÁNDOSE DE UN ASUNTO TAN DELICADO), POR LO QUE EXPONGO AL NUEVO SECRETARIO DE HACIENDA, LIC. JOSÉ ANTONIO MEADE, K., EN MI ESCRITO DE PETICIÓN EXTRAURGENTE DE FECHA CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL ONCE, QUE RELACIONA EL CONOCER DE ACUERDO A LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, EL QUE SE ME INFORME POR ESCRITO, DE QUÉ MANERA TIENEN REGISTRADA A NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA, EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA, EN MI CALIDAD DE CONTRIBUYENTE, QUE CONJUNTA LA EVIDENCIA INEQUÍVOCA, (EL QUE PRETENDEN EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y LO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE DICHA INSTITUCIÓN), (A TRAVÉS DE FRAUDES Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, DEFRAUDACIÓN FISCAL Y LO QUE RESULTE), EL QUE PUEDA RECLAMAR JUDICIALMENTE EL PAGO DE REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS DE LOS QUE DELINQUEN EN GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. SIENDO QUE AL NEGARME DICHA RESPUESTA, CONFIRMAN LO QUE DENUNCIO DENTRO DEL CONTENIDO DE MI ESCRITO DE PETICIÓN EXTRAURGENTE DE FECHA CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL ONCE, DIRIGIDO AL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO MEADE, K., COMO NUEVO SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. (ANEXO COPIA).
    DOS.- REITERO: SOBRE LA RESPUESTA QUE SOLICITO, DE MI ESCRITO DE PETICIÓN EXTRAURGENTE, FECHADO CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL ONCE, DIRIGIDO AL NUEVO SECRETARIO DE HACIENDA, LICENCIADO JOSÉ ANTONIO MEADE K., Y QUE ABARCA CON LA RESPUESTA DEL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, mediante Oficio fechado cinco de octubre del dos mil once, número 700-03-00-00-00-2011-061182, el continuar encubriendo a los defraudadores fiscales de Grupo Nacional Provincial, S. A., con premeditación, alevosía y ventaja, permaneciendo el Licenciado José Antonio Hernández Ross, de forma improcedente, en la red de corrupción e impunidad de las Instituciones de la Administración Pública Federal; simple y llanamente, al enlazarse en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como cómplices delictivos de los defraudadores, delincuentes de cuello blando de Grupo Nacional Provincial, S. A., (Socios Capitalistas), que intentan escapar para no ser consignados ante un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Distrito Federal, por parte de las autoridades de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, (bajo instrucciones de la Titular de dicha Institución, LIC. MARISELA MORALES IBÁÑEZ), dentro de las actuaciones de la indagatoria UEDE/021/2007, de manera que se une bajo lo que denuncio y solicito en mi ratificación del día viernes 14 de octubre del dos mil once, en la Mesa XII- de la Subdelegación de Procedimientos Especiales, en la Delegación de la PGR, en el Distrito Federal, sobre mi denuncia penal de fecha treinta de junio del dos mil once, por el delito de FRAUDES, SUPLANTACIÓN DE MI PERSONA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, TRÁFICO DE INFUENCIAS Y LO QUE RESULTE, de mi denuncia penal de fecha treinta de junio del dos mil once, dentro de la averiguación previa PGR/DF/SPE-XII/4008/11-08 y las acumuladas a la misma, en contra de los Licenciados: ERNESTO CORDERO ARROYO, SALVADOR VEGA CASILLAS, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y CONTRA EL DR. JAVIER LAYNEZ POTISEK. INDAGATORIA PGR/DF/SPE-XII/4008/11-08, que se instruye en la Mesa XII-DDF, de la Subdelegación de Procedimientos Especiales. Procedimientos Penales y Amparo de la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, por parte del LIC. EDUARDO BERDÓN TOLEDO, como agente del M.P. de la Federación, reitero una y otra vez: cumplimentada con la número UEDE/021/2007, de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, que vengo citando en mi presente demanda para JUICIO POLÍTICO.
    TRES.- POR LO QUE, no queda duda alguna, el LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, en su cargo de Administrador Central de Operación de Canales de Servicio, del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, manifestándose dentro de las responsabilidades, en que lo señala el Código Penal Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito público, la Legislación Penal dentro del Juicio Político, el Reglamento y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y como constancia de lo mismo, por medio del oficio en mención de fecha cinco de octubre del dos mil once, con una claridad del LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, sobre sus responsabilidades de servidor público, manifestando en dicho oficio:……..”en relación con lo dispuesto por el artículo 33, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, esta Administración Central de Operación de Canales de Servicios, a manera de orientación”.
    CUATRO.- Eludiendo el LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, lo que debe proporcionarme como una prueba documental pública que canaliza el monto económico que ocultan en el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, sobre los impuestos que supuestamente NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita, ha realizado, EN CALIDAD DE QUÉ, COMO PERSONA FÍSICA O COMO PERSONA MORAL, DE QUE AÑOS, SOBRE QUE MONTOS ECONÓMICOS, SE TRATA.
    CINCO.- EL PROCESO DE JUICIO POLÍTICO, debe originarse en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, llamada a cumplir el papel de Acusadora. Las penas imputables son la destitución del cargo, que puede ir acompañada con la inhabilitación correspondiente para ocupar cargos en un número determinado de años en los tres órdenes de servicio de los tres poderes de la unión, además de las sanciones económicas y lo conducente de la responsabilidad patrimonial del Estado.
    SEIS.- Sin menoscabo de esas sanciones, que corresponden a su responsabilidad política, el funcionario culpable quedará sujeto al enjuiciamiento, condena y castigo por los tribunales ordinarios de justicia para EL JUZGAMIENTO DE SU RESPONSABILIDAD PENAL por los delitos que hubiere cometido con ocasión o por el ejercicio de su cargo.
    Los mejores sistemas de enseñanza y corrección, lo constituyen las revisiones, que requiere una investigación de las raíces.
    La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral.
    Debe tenerse claro que concorde lo que crea una persona, la responsabilidad ejercerá según las conveniencias y necesidades respecto a esa persona.
    Una vez que pasa al plano ético, profesional, (puesta en práctica), se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas de la manera más positiva e integral, siempre en pro del mejoramiento laboral, social, cultural y natural.
    La persona responsable es aquella que actúa conscientemente siendo él la causa directa o indirecta de un hecho ocurrido. Está obligado a responder por alguna cosa o alguna persona. También es el que cumple con sus obligaciones o que pone cuidado y atención en lo que hace o decide. En el ámbito penal, culpable de alguna cosa, acto o delito. En otro contexto, es la persona que tiene a su cargo la dirección en una actividad.
    SIETE.- La responsabilidad jurídica surge cuando el sujeto transgrede un deber de conducta señalado en una norma jurídica que, a diferencia de la norma moral, procede de algún organismo externo al sujeto, principalmente el Estado, y es coercitiva.
    POR TODO LO EXPUESTO, ATENTAMENTE PIDO:
    PRIMERO.- Sea requerida con carácter de extraurgente, la comparecencia del Licenciado José Antonio Hernández Ross, presentando a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la respuesta de lo que solicito en mi carácter de Ofendida, en mi escrito de Petición de fecha quince de septiembre del dos mil once, (fecha de entrega) que dirijo al Secretario de Hacienda, Licenciado José Antonio Meade, K; indicando quienes son los que delinquen en Grupo Nacional Provincial, S.A., junto con los documentos falsos donde fraudulentamente hacen aparecer a NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, COMO SI SE TRATARA DE UNA PERSONA MORAL, con ingresos en base a lo que registren los documentos que les haga entrega el Licenciado José Antonio Hernández Ross.
    SEGUNDO.- Por lo que anexo copia de mi escrito que vengo refiriendo de fecha catorce de septiembre del dos mil once, y del oficio 700-03-00-00-00-2011-06182, de fecha cinco de octubre del mismo año, para que se confirme la aprobación de MI DEMANDA PARA JUICIO POLÍTICO, con el procedimiento correspondiente.

    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTADO Y DOCUMENTALES PÚBLICAS QUE SOLICITO SEAN REQUERIDAD AL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS.
    México, D. F., 17 de octubre del dos mil once.

  41. NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ
    VS
    LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LUNA

    DEMANDA PARA JUICIO POLÍTICO

    DR. GUILLERMO HARO BELCHEZ, SECRETARIO GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DIPUTADOS FEDERALES, INTEGRANTES DE LA SUBCOMISIÓN DE EXAMEN PREVIO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE JUSTICIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.
    P R E S E N T E .

    México, D. F., 25 de octubre del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho y bajo mi más estricta responsabilidad en mi carácter de Ofendida, en este día martes 25 de octubre del 2011, con domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones, en Calle 3 No. 118, Col. General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c. p. 15000, México, D. F., correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

    Como una secuencia de mis gestiones legales en mi carácter de Ofendida que consta en el expediente PRPE/013/2010, de la Dirección General Adjunta de Responsabilidades e Inconformidades de la Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública, apoyándome en mis garantías constitucionales y lo que especifican los artículos 108 al 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, VENGO A DEMANDAR PARA JUICIO POLÍTICO AL LICENCIADO GUILLERMO GONZÁLEZ LUNA, EN SU CARGO DE DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES DE LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, POR LO QUE ATENTAMENTE COMPAREZCO Y EXPONGO, DE FORMA CONGRUENTE, FUNDADA Y MOTIVADA:

    HECHOS

    UNO.- El Licenciado Guillermo González Luna, transgrede con premeditación, alevosía y ventaja las garantías individuales y sociales de forma grave y sistemática en perjuicio de la Suscrita y lo que trasciende en agravio de la sociedad, al contar con los elementos probatorios fundamentados en documentales públicas, que ignora dentro de la integración y resolución sobre el expediente PRPE/013/2010, por lo que es importante transcribir el Acuerdo de Radicación de fecha 24 de noviembre del 2010, que firma el servidor público a quien demando para Juicio Político.

    DOS.- EN ESTE ORDEN, transcribo de dicho Acuerdo de Radicación, lo siguiente: “Se da cuenta con el oficio número 1102.2 5270 de dieciséis de noviembre de dos mil diez, recibido en esta Dirección General Adjunta en esa misma fecha, suscrito por el Director General Adjunto Jurídico Contencioso, de la Unidad de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría de Estado, medio por el cual remite: 1) escrito de quince de octubre del año, suscrito por la C. Norma Esperanza Falcón Ruiz, promoviendo por propio derecho presentada en la oficina del C. Secretario de la Función Pública, el dieciocho de octubre del año en curso en cuya foja seis se lee: “….he sido perjudicada grandemente por Ustedes, PORQUE SON PRUEBAS IRREFUTABLES, QUE ME GARANTIZAN EL RECIBIR EL CHEQUE DE MI PAGO DE REPARACIÓN DE DAÑOS, para dar cabal cumplimiento al artículo 20 constitucional Apartado B, fracción IV, y lo que corresponde a las responsabilidades patrimoniales del Estado, porque si Ustedes ocultan las pruebas y los resultados que arrojan las mismas, tienen que responderme con el pago de reparación de daños, y además como encubridores de los que delinquen con todas las agravantes de la ley”; 2) escrito de veintisiete de octubre del año en curso, suscrito por la C. Norma Esperanza Falcón Ruiz, presentado por propio derecho en la oficina del C. Secretario de la Función Pública, el veintiocho de ese mismo mes y año, en cuya foja cuatro se lee: “Motivo por el cual Señor Licenciado Salvador Vega Casillas, pido de acuerdo a sus facultades y atribuciones, para que se sirva girar sus apreciables atenciones al Área de Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública a su digno cargo, para que con carácter de urgente, sin mayores preámbulos, se cuantifique el daño que me ocasionan en el Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República”.

    TRES.- EN ESTE CONTEXTO, el LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ LUNA, dentro del Acuerdo del veinticuatro de noviembre del dos mil diez, indica: “PRIMERO.- Esta Dirección General Adjunta de Responsabilidades e Inconformidades, es competente para conocer ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE de los procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado promovidos contra servidores públicos adscritos a esta Secretaría de Estado; ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8, 14,16 y 113, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

    CUATRO.- FALSO DE TODA FALSEDAD, siendo que dentro del ámbito de responsabilidades en que se ubican los servidores públicos del ámbito federal, es como se canaliza mediante el artículo 113 constitucional segundo párrafo, la Responsabilidad Patrimonial del Estado.

    Ejemplo: La ciudadanía puede y debe controlar el poder público, exigiendo que sus gobernantes cumplan con su obligación de representar los intereses de la sociedad. Para lograrlo, el Estado debe garantizar el derecho y acceso a la información pública, pero además, difundir y promover la transparencia en el ejercicio público y la utilidad de los mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. De esta manera podemos reclamar de manera más efectiva el compromiso de nuestros representantes de rendir cuentas de su actuación en el deber público, construyendo así una relación sana y transparente entre gobernantes y ciudadanos.

    CINCO.- CONFORME A LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, se sitúa el artículo 10, que reza lo siguiente: “Corresponde a la Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento relativo al Juicio Político, actuando como órgano instructor y de acusación, y a la Cámara de Senadores fungir como Jurado de Sentencia; POR LO QUE NO SE DEBE OMITIR EL ARTÍCULO 102 constitucional, segundo párrafo: “Incumbe al Ministerio Público de la Federación la persecución ante los Tribunales de todos los delitos del orden federal; y por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine”.

    SEIS.- POR LO QUE CORRESPONDE AL ARTÍCULO 8º CONSTITUCIONAL, tal como señala el Licenciado Guillermo González Luna dentro del Acuerdo de Radicación del expediente PRPE/013/2010: “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un Acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario”.

    SIETE.- POR LO QUE ES IMPORTANTE SEÑALAR: “Sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el citado precepto constitucional. Si bien es cierto que el artículo 8º constitucional establece que la autoridad debe dictar un Acuerdo y hacerlo conocer al peticionario por lo que se refiere dicho precepto a que están sujetos los funcionarios para dar cuenta con las promociones que les turnan; por lo tanto, el retardo por el trámite propio que se le debe dar por escrito no tiene relevancia jurídica para conceder la protección constitucional, dado que la garantía que consagra el precepto en comento, consiste a que toda petición hecha a la autoridad por escrito y de manera pacífica y respetuosa, recaiga en breve término el Acuerdo respectivo, lo cual supone que la autoridad esté en actitud física de poder emitir el Acuerdo o resolución que proceda. Además, la garantía consagrada a favor de los particulares en el precepto de referencia, CONTRADICE LO EXPUESTO POR EL LICENCIADO GUILLERMO GONZÁLEZ LUNA, en su cargo de Director General Adjunto de Responsabilidades e Inconformidades de la Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública, dentro del Acuerdo de Radicación del veinticuatro de noviembre del dos mil diez, DONDE EXPONE QUE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA EN MENCIÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO PROMOVIDOS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, lo que ubica su responsabilidad, su mal proceder con premeditación, alevosía y ventaja, además la persistente omisión delictiva, por lo que pretende dejarme fuera de mi derecho de recibir la indemnización correspondiente de conformidad a la Responsabilidad Patrimonial del Estado, donde se incluye a todos los servidores públicos del ámbito federal de los tres Poderes de la Unión, (dentro de dichas responsabilidades) por lo que manifiesto, que es falso el pronunciamiento de dicho servidor público, (quien me causa enormes daños y perjuicios) siendo que el artículo 113 constitucional que también hace mención el Licenciado Guillermo González Luna, explica y verifica sin lugar a dudas lo siguiente: “Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones, a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo a los beneficios económicos obtenidos por los responsables y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109. Pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados”; ACLARANDO, que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado es reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones son de orden público e interés general.

    Para los efectos de esta ley, se entenderá por actividad administrativa irregular, aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares, que no tengan obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate.

    Artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado: “Son sujetos de esta ley, los entes públicos federales, salvo mención expresa en contrario, a los Poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo de la Federación, organismos constitucionales autónomos, dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República, los Tribunales Federales Administrativos y cualquier otro ente público de carácter federal”.

    OCHO.- Y para que no quede ninguna duda, reitero una vez más: “Decreto por el que se aprueba el diverso por el que se modifica la denominación del Título Cuarto y se adiciona un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

    La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 constitucional, y previa la aprobación de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como la mayoría de las legislaturas de los Estados decreta: Se aprueba el Decreto por el que se modifica la denominación del Título Cuarto y se adiciona un segundo párrafo al artículo 113 constitucional, para quedar como sigue: Artículo Único.- Se modifica la denominación del Título Cuarto y se adiciona un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 113. La Responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes”.

    NUEVE.- POR LO QUE ES IMPORTANTE REFERIR SOBRE EL ARTÍCULO 31 DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO: “El Estado podrá repetir de los servidores públicos el pago de la indemnización cubierta a los particulares cuando, previa substanciación del procedimiento administrativo disciplinario previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos, se determine su responsabilidad, y que la falta administrativa haya tenido el carácter de infracción grave. El monto que se exija al servidor público por este concepto, formará parte de la sanción económica que se le aplique.

    La gravedad de la infracción se calificará de acuerdo con los criterios que establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Además, se tomarán en cuenta los siguientes criterios: Los estándares promedio de la actividad administrativa, la perturbación de la misma, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional y su relación con la producción del resultado dañoso”.

    DIEZ.- No podemos dejar fuera el artículo 32 de esta misma ley: “El Estado podrá, también, instruir igual procedimiento a los servidores públicos por él nombrados, designados o contratados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, cuando le hayan ocasionado daños o perjuicios en sus bienes o derechos derivados de faltas o infracciones administrativas graves. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto por otras leyes aplicables en la materia.

    ONCE.- POR LO TANTO, EL LICENCIADO GUILLERMO GONZÁLEZ LUNA, ESTÁ SUJETO AL IMPERIO DE LA LEY.

    ANEXOS en copias simples:

    1.- Acuerdo de Radicación de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil diez; firmado por el Licenciado Guillermo González Luna, en su cargo de Director General Adjunto de Responsabilidades e Inconformidades de la Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública; por lo que es importante que quede bien asentado, que queda sin efecto dicho Acuerdo del veinticuatro de noviembre del dos mil diez, ya que los servidores públicos que están involucrados en la actividad administrativa que se considere irregular, consta dentro de las distintas Bitácoras que ha iniciado de tiempo atrás la Secretaría de la Función Pública, por lo mismo los escritos que he presentado dentro de lo que se infiere el que presento mi reclamación de Responsabilidad Patrimonial del Estado, cumple a cabalidad lo dispuesto en el artículo 18 de dicha ley, y corresponde al Licenciado Guillermo González Luna, presentar con carácter de urgente a la Subcomisión de Examen Previo, todo lo integrado, desahogado y resuelto en el expediente PRPE/013/2010, de la Dirección General Adjunta de Responsabilidades de la Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública.

    2.- Información por escrito de fecha 10 de octubre del 2007, que remite la Licenciada Rosa Luz Flores Sánchez, C. Agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial IZP-5, dependiente de la Fiscalía Desconcentrada en Iztapalapa de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que remite al C. Procurador General de la República, en relación a la averiguación previa FIZP/IZP-5/T1/1379/06-06, lo que también corresponde a la Subcomisión de Examen Previo de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que la C. Procuradora General de la República Licenciada Marisela Morales Ibáñez, rinda un informe como aclaración de lo actuado y resuelto dentro de dicha averiguación previa, ya que conforma una de las tantas indagatorias que se acumulan a la número UEDE/021/2007 de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, la cual se encuentra vigente hasta la actualidad, y lo correspondiente al oficio 330-SAT-4714, fechado 27 de junio del 2001, que turna el Licenciado Eduardo Díaz Guzmán, en ese entonces Administrador General de Grandes Contribuyentes, a la Licenciada H. ARACELI TORRES SOLTERO, quien fungía como Titular del Área de Responsabilidades de la Contraloría Interna en el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con copia a J. Fidel Pérez Herrera, Contralor Interno en el Servicio de Administración Tributaria, a Alejandro Vázquez Téllez, Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente y Sector Financiero de la Administración General de Grandes Contribuyentes y a Norma Esperanza Falcón Ruiz, la Suscrita; OFICIO QUE TIENE SU CONTINUIDAD MEDIANTE DENUNCIA EN CONTRA DEL LICENCIADO EDUARDO DÍAZ GUZMÁN EN COMENTO, denuncia presentada por escrito por Norma Esperanza Falcón Ruiz, fechada 23 de julio del 2001, y dirigida a la Licenciada H. ARACELI TORRES SOLTERO, Titular del Área de Responsabilidades de la Contraloría Interna en el Servicio de Administración Tributaria, junto con oficio fechado 7 de septiembre del 2001, que remite la Licenciada H. Araceli Torres Soltero, a Norma Esperanza Falcón Ruiz, la Suscrita, en relación al expediente DE-0635/2001-SAT. Oficio 328-SAT-15121.

    3.- Escrito de petición fechado 13 de diciembre del 2007, en relación a la averiguación previa FIZP/IZP-5/T1/1379/06-06, que Norma Esperanza Falcón Ruiz, dirige a la Licenciada Elsa Oliva García Badillo, C. Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa II-DDF, adscrita a la Subdelegación de Procedimientos Especiales de la Delegación de la PGR en el Distrito Federal.

    4.- Oficio fechado 17 de diciembre del 2007, que dirige a Norma Esperanza Falcón Ruiz, la Licenciada Elsa Oliva García Badillo, en comento, junto con el oficio 22320/06, en relación a la averiguación previa PGR/DDF/SPE-II/942/06-03/INC/FSP/BT1/433/06-02, oficio fechado tres de julio del dos mil seis, que dirige el Licenciado Margarito López Jiménez, en ese entonces C. Agente del Ministerio Público de la Federación, al C. Director General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución (PGR).

    5.- Oficio fechado 18 de febrero del 2011, número VG/DGDCSPI/345/2011, de la Visitaduría General. Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución, que dirige el Licenciado Jesús Manuel Alfaro Sánchez, al Licenciado Jorge Alberto Lara Rivera, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, donde se cumplimenta la documentación expresa sobre el contenido del oficio VG/DGDCSPI/345/2011.

    POR TODO LO EXPUESTO ATENTAMENTE PIDO:

    PRIMERO.- Sean requeridas las constancias probatorias que doy a conocer y que se encuentran en posesión del Licenciado Guillermo González Luna, dentro del contenido de las distintas Bitácoras que se inician en la Secretaría de la Función Pública, donde relacionan mis denuncias específicas, en contra de servidores públicos del ámbito federal, que conjuntan la Responsabilidad Patrimonial del Estado, que reclamo en mi carácter de Ofendida.

    SEGUNDO.- Sea citada la comparecencia a la mayor brevedad del Licenciado Guillermo González Luna, ante las Comisiones de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, haciéndoles entrega copia íntegra del expediente PRPE/013/2010, respondiendo por escrito sus informes erróneos, calificaciones improcedentes dentro del Acuerdo de Radicación, lo que lo hace sujeto a que se le practique EL JUICIO POLÍTICO correspondiente, de conformidad a los artículos del 108 al 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, haciéndolo responsable directo de los daños y perjuicios ocasionados con todas las agravantes de la ley a NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita en mi carácter de Ofendida, haciéndome llegar el oficio por parte de Ustedes, de la confirmación que solicito dentro de mi presente demanda para Juicio Político.

    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTADO Y COMPROBADO EN MI PRESENTE DEMANDA, POR MEDIO DE DOCUMENTALES PÚBLICAS IRREFUTABLES, QUE SOLICITO SEAN REQUERIDAS CON CARÁCTER DE URGENTE AL LICENCIADO GUILLERMO GONZÁLEZ LUNA.

    México, D. F., 25 de octubre del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  42. NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ
    VS
    LIC. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA
    DEMANDA PARA JUICIO POLÍTICO

    DR. GUILLERMO HARO BÉLCHEZ, SECRETARIO GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DIPUTADOS FEDERALES, INTEGRANTES DE LA SUBCOMISIÓN DE EXAMEN PREVIO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE JUSTICIA, DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.
    P R E S E N T E.

    México, D. F., 27 de octubre del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho en mi carácter de Ofendida, en este día jueves veintisiete de octubre del dos mil once, con domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones, en Calle 3, No. 118, Colonia General Ignacio Zaragoza, delegación Venustiano Carranza, c.p. 15000, México, D. F., correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

     Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos señalados por el artículo 110 de la Constitución redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, transgrediendo de forma grave y sistemática, las Garantías Individuales y Sociales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, TAL COMO EXPONGO, EN MI PRESENTE DEMANDA PARA JUICIO POLÍTICO, EN CONTRA DEL LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, QUIEN FUNGE COMO PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, por los motivos que presento y que enumero en mi presento ocurso, por lo que atentamente comparezco, de forma congruente, fundada y motivada.

    H E C H O S

    UNO.- El análisis que fundamenta la argumentación sobre las Responsabilidades en que incurren los Servidores Públicos, parte de lo que se centra el que se entiende el que el funcionario público es un servidor del ciudadano. No pueden ser otra cosa que mandatarios del pueblo. Y es por ello que nos damos cuenta que con el transcurso de los años todos los males que ha sufrido este país, que no son pocos y todos los que podrá sufrir han sido y serán principalmente debido a las criminales y afectadas omisiones de gobernantes ajenos a toda responsabilidad.

    Y es inadmisible que sea quien sea el funcionario que incurra en una irresponsabilidad, (sea tratado con deferencias); siendo que debe ser llamado con carácter de urgente a responder por sus faltas dentro de lo que compete a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y lo que corresponde a la votación unánime para que se inicie el procedimiento para Juicio Político, REQUIRIENDO LAS PRUEBAS DOCUMENTALES PÚBLICAS, EXPEDIENTES QUE OFREZCO Y QUE SE ENCUENTRAN EN POSESIÓN DE AUTORIDADES DE DISTINTAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, dando a conocer estos hechos, como tema de interés en el Pleno, (porque estamos detallando sobre conductas de servidores públicos, que trastornan el normal y buen funcionamiento de las Instituciones y su buen despacho), por lo que pido como Ciudadana, como Mexicana y como Ofendida, el que comprendan los Legisladores de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que les hemos otorgado facultades para que nos representen de manera digna, honrada y sobre todo velando por el interés y el Estado de Derecho en nuestro país, sin privilegio alguno.

    DOS.- EN ESTE CONTEXTO, VENGO A DEMANDAR PARA JUICIO POLÍTICO AL LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, COMO PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, al estar incurriendo en Responsabilidades Mayores, QUE PONEN EN EVIDENCIA LA RED DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD en ambas Procuradurías, la General de Justicia y la General de la República, en mi perjuicio, y lo que se ramifica en agravio a la sociedad, omitiendo delictivamente sobre el resultado que arrojan mis pruebas documentales públicas en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, bajo instrucciones dadas por el LIC. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA a sus Subalternos, con premeditación, alevosía y ventaja, toda una información referente, sobre los daños y perjuicios que me causa MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, de tiempo atrás, en mi carácter de Ofendida, (con abuso de poder desde la Presidencia de la República, durante el periodo de gobierno de Vicente Fox Quesada hasta la actualidad) propiciado con el ocultamiento improcedente de las autoridades, que en este caso, recae sobre la conducta irregular, del LIC. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, fuera de toda legalidad, dentro de averiguaciones previas, de manera premeditada, configurado dentro de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dentro del desarrollo, integración y resolución de las mismas, averiguaciones previas, de las cuales tiene todo el conocimiento el Licenciado Miguel Ángel Mancera Espinosa, (indagatorias anteriores y recientes), como puedo citar la número FIZP/IZP-5/T1/1379/06-06, sobre el delito de la Suplantación de mi persona, la cual, comprende la declaración de YOLANDA FALCÓN CERVANTES el día dos de junio del dos mil seis, en la Unidad UNO CON DETENIDO en la Agencia Ministerial IZP-5, dependiente de la Fiscalía Desconcentrada en Iztapalapa, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, (de donde nunca recibí ningún citatorio para que ratificara en contra de YOLANDA FALCÓN CERVANTES Y EN CONTRA DE MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, con motivo de mi Denuncia Penal de fecha veintidós de mayo del dos mil seis que presento en dicha Institución dirigida al Procurador General de Justicia del Distrito Federal), donde señalo a YOLANDA FALCÓN CERVANTES, como la autora material y a MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, como la autora intelectual de dicho delito, al igual que por los delitos de Falsedad de Declaraciones, Tráfico de Influencias, Falsificación de Documentos Públicos, y lo que resulte, lo que se amplía con lo que DENUNCIO PENALMENTE, POR REINCIDIR MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, (CON ABUSO DE PODER) COMO AUTORA INTELECTUAL EN LA SUPLANTACIÓN DE MI PERSONA. DEMANDA PENAL, POR MEDIO DE MIS ESCRITOS QUE DIRIJO AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, LOS DÍAS SIETE Y TRECE DE OCTUBRE DEL DOS MIL OCHO, DIRECTAMENTE EN CONTRA DE MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, y que ratifiqué el día veintiocho de octubre del mismo año, en la misma Agencia Ministerial IZP-5, que vengo refiriendo, en la MESA TRES CON DETENIDO, ante el C. Agente del Ministerio Público, Licenciado Rosendo Hernández, que conforman la probidad de lo que vengo denunciando y ratificando tanto en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, como en la Procuraduría General de la República sobre estos hechos, sobre estos delitos, directamente en contra de MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, sin proporcionarme las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la información sobre la libertad otorgada a YOLANDA FALCÓN CERVANTES el día trece de julio del dos mil diez.

    Artículo 113 Constitucional

    > QUE ADICIONA CUATRO PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, APROBADO CON FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2009.
    La Suscrita, Diputada Federal María del Pilar Ortega Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan cuatro párrafos al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el Registro Nacional de Servidores Públicos, con fundamento en la siguiente Exposición de Motivos:

    El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 considera como eje 1 del capítulo “Estado de Derecho y Seguridad” la actuación íntegra y transparente de la autoridad que brinde a los ciudadanos la certidumbre de que cuentan en todo momento con las instituciones que garantizarán el respeto de sus derechos mediante la aplicación de la Ley. Dentro del subtítulo “Objetivo”, denominado “Confianza en las instituciones públicas”, establece como “estrategia 10.2 difundir las sanciones que se aplican a los servidores públicos que incurren en comportamientos ilícitos, para activar los mecanismos de sanción social. Uno de los beneficios de la transparencia gubernamental es la difusión de los casos en que las autoridades responsables de la sanción de las malas prácticas de los servidores públicos efectivamente castigaron alguna conducta ilícita o delictiva, de manera que la ciudadanía conozca las acciones de la administración pública para inhibir la corrupción. Por disposición de la ley, no todas las sanciones incluyen la destitución del servidor público, por lo cual los empleados sancionados pueden seguir laborando en ocasiones protegidos por el propio marco jurídico o sus organismos gremiales. Se ampliará la difusión de las sanciones administrativas y penales que las autoridades competentes impongan a los malos servidores públicos, como ejercicio de rendición de cuentas y estrategia disuasoria de nuevas conductas ilícitas”.

    Esto es, la sanción impuesta a servidores públicos de cualquier nivel de gobierno no se restringe o limita en función del ámbito donde la persona prestaba sus servicios, ni por la competencia de la autoridad que la sancionó, en virtud de que la inhabilitación guarda relación directa e inseparable con la esfera personal del servidor público, independientemente del lugar donde desempeñe los servicios, pues la sanción de que se trata consiste en la incapacidad absoluta para obtener o ejercer cargos públicos, con la finalidad de proteger el servicio público prestado por la persona a la sociedad, considerando aquél como un concepto unitario autónomo del nivel de gobierno en que se preste, pues los principios que se busca tutelar no se encuentran restringidos o limitados en función del ámbito de gobierno; por tanto, la sanción administrativa consistente en la “inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público” rige para todos los puestos públicos y en todos los niveles de gobierno.

    Ahora bien, el Registro de Servidores Públicos tiene como objetivo principal, dentro del marco de transparencia gubernamental, que la sociedad mexicana tenga acceso a la información sobre los servidores públicos que hayan efectuado alguna conducta administrativa irregular y hayan sido sancionados. También tiene como objeto que los tres niveles de gobierno cuenten con servidores públicos de conducta proba y que no puedan ser sujeto de cuestionamientos para la realización de su servicio público”.

    TRES.- POR LO QUE TRANSCRIBO: “C. LIC. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, PROCURADOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. (Escrito de petición extraurgente en mi carácter de Ofendida, que asigno al Procurador en mención, con fecha quince de julio del dos mil diez).

    Con el siguiente texto: Señor Licenciado Miguel Ángel Mancera Espinosa, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, me permito acudir a Usted en mi carácter de Ofendida y también de Denunciante, apoyándome en los artículos 8º, 17, 20 Constitucional Apartado B, fracción IV y lo correspondiente al 113 de la Constitución General de la República Mexicana y sus cuatro párrafos adheridos y aprobados el día 29 de diciembre del año dos mil nueve, y lo que se verifica sobre las responsabilidades Patrimoniales del Estado, por lo que le solicito de la manera más atenta, su participación dentro de sus funciones de Procurador General de Justicia del Distrito Federal, para que se sirva girar con carácter de URGENTE sus apreciables instrucciones a quien corresponda y se turne oficio al Señor Licenciado Carlos Navarrete, Senador de la República, (en ese entonces, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la información que conserva la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, respecto de la aprehensión de YOLANDA FALCÓN CERVANTES (nombre completo) el día dieciocho de mayo del dos mil seis); > (a lo que ahora agrego: Por mi escrito de Denuncia y Petición Urgente de esa fecha, que dirijo al entonces Diputado Federal, Licenciado Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, a quien solicité se comunicara de manera urgente con el entonces Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Profesor Bernardo Batiz Vázquez, para que aprehendieran como caso urgente a YOLANDA FALCÓN CERVANTES, quien laboraba como Directora de Comunicación de la Fundación Vamos México, quien pretendía darse a la fuga, como la autora material del delito de Suplantación de mi persona y a Martha Sahún Jiménez de Fox, como la autora intelectual de dicho delito).

    No obsta lo anterior, para que cumplimente mi petición URGENTE en mi carácter de Ofendida y también de Denunciante, anexo al presente escrito de Petición, los siguientes anexos: (copia de mi escrito de fecha catorce de julio del dos mil diez, que dirijo al Licenciado Carlos Navarrete Ruiz, Senador de la República, conjuntamente con sus escritos complementarios de mi Petición Urgente que presento al Señor Licenciado Carlos Navarrete Ruiz, de la fecha en comento), para una mejor comprensión, ya que se trata de unir los elementos consistentes en la Obstrucción a la Justicia, mediante el ocultamiento de la liberación de YOLANDA FALCÓN CERVANTES el día martes trece de julio del dos mil diez, (ésta semana) por lo que se requiere su planteamiento como Procurador General de Justicia del Distrito Federal sobre éstos hechos, con información que le solicito, proporcione al respecto, al Licenciado Carlos Navarrete Ruiz, con copia de conocimiento a NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la interesada, valiéndose como parte de su instrucción, del Convenio de Colaboración de fecha 17 de mayo del dos mil uno (2001) de la Procuraduría General de la República, con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de Justicia Militar, y todas las Procuradurías Generales de Justicia en todos los Estados de la República Mexicana”.

    (ANEXO CONSTANCIA EN COPIAS SIMPLES, DE MIS ESCRITOS DE FECHAS 15 Y 16 DE JULIO QUE DIRIJO AL LIC. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL).

    CUATRO.-ENFATIZANDO SOBRE EL ARTÍCULO 113 CONSTITUCIONAL: “Por lo expuesto, la suscrita, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan cuatro párrafos al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el Registro Nacional de Servidores Públicos.

    Único. Se adicionan cuatro párrafos al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Artículo 113. …
    El Registro Nacional de Servidores Públicos es la institución que tiene a su cargo el registro y seguimiento del patrimonio y de las sanciones impuestas a los servidores públicos. También se integrará con la información de los servidores públicos sancionados en materia de responsabilidad administrativa en la federación, así como en las entidades federativas y en los municipios, en los términos que hacen referencia los artículos 108, 109 y 110 de la Constitución federal.

    Previamente a la toma del encargo, se requerirá la constancia que al efecto emita el Registro de Nacional Servidores Públicos, en la cual se asentará si hay o no registro de sanción del servidor público correspondiente.

    El Registro se regirá de conformidad con el reglamento interior que al efecto se expida y determinará los sistemas que se requerirán para dicho propósito.

    Transitorios
    Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Segundo. Dentro de un plazo no mayor de noventa días, contados a partir de la publicación del presente decreto, se expedirá la ley reglamentaria que regule las funciones y actividades del Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados, así como las medidas necesarias para la coordinación de la información que obre en los diversos órganos de control de la federación, de los estados y de los municipios. En tanto esto suceda, continuarán dichos registros trabajando con las facultades que tienen.

    Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2008.
    Diputada María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica)

    CINCO.- PRINCIPIOS Y SIGNIFICADO DE LA DIVISIÓN DE PODERES.
    De la separación de poderes es importante desprender dos principios característicos del Estado Constitucional: el principio de legalidad, y el principio de imparcialidad, ambos indispensables para garantizar la libertad. El principio de legalidad consiste en la distinción y en la subordinación de las funciones ejecutiva y judicial, a la función legislativa, el principio de imparcialidad consiste en la separación e independencia del órgano judicial, tanto del órgano ejecutivo como del órgano legislativo.

    Artículo 49.- El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

    SEIS.- EN ESTE ÁMBITO DE RESPONSABILIDADES, se requiere dentro del Procedimiento del Juicio Político, el que sea requerido con carácter de URGENTE, copia íntegra del expediente sobre la liberación de YOLANDA FALCÓN CERVANTES que vengo mencionando, y que obra en la Dependencia Federal, de la Secretaría de Seguridad Pública, que se localiza en la Calle Londres No. 110, (Zona Rosa), Colonia Juárez, de esta ciudad de México, D. F., ya que dichas pruebas documentales públicas, detallan las declaraciones de de YOLANDA FALCÓN CERVANTES, en contra de la misma Martha Sahagún Jiménez de Fox, a quien denunció penalmente en el mes de octubre del dos mil diez en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que representa el encubrimiento de las autoridades de ambas procuradurías en mantener en secresía estos delitos, estos hechos, que deben ser del conocimiento de la opinión pública, y por lo que debe ser juzgada penalmente sin pérdida de tiempo MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, por dichos delitos, que generan el grave perjuicio en mi persona y lo que se ramifica en agravio de la sociedad, donde se localizan los asegurados de mi Cartera del ISSSTE a nivel nacional, clave 9893, con motivo de los seguros de vida con inversión LÍNEA PRISMA, en la modalidad de descuento por nómina en el concepto 76, se requieren salgan a la luz, ya que a través de sus intervenciones ilegales en mi asunto legal en todas las Dependencias Oficiales LO OCULTAN, LO QUE HE VENIDO DENUNCIANDO Y RATIFICANDO POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ME CAUSA Y QUE DEBE TERMINAR DE TAJO LA SUBCOMISIÓN DE EXAMEN PREVIO DE LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y DE JUSTICIA, DANDO EL CURSO CORRESPONDIENTE dentro de lo que se turne con estas pruebas a la Procuradora General de la República, LIC. MARISELA MORALES IBAÑEZ, y gire sus instrucciones para que se consigne la averiguación previa UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma, de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República.

     DEJO ABIERTA esta Demanda para Juicio Político, para que de entrada a demandas subsecuentes de la sociedad, que se ha visto en completa indefensión en lo que conduce de los delitos cometidos con Abuso de Poder de Martha Sahagún Jiménez de Fox, con la complacencia de las autoridades de ambas procuradurías y de las procuradurías en los Estados de la República Mexicana.

    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTADO CON DOCUMENTALES PÚBLICAS QUE SOLICITO EN MI PRESENTE OCURSO SEAN REQUERIDAS A LAS AUTORIDADES QUE LAS MANTIENEN EN POSESIÓN.

    México, D. F., 27 de Octubre del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  43. C. DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL.
    P R E S E N T E.

    México, D. F., 27 de octubre del 2011.

    ASUNTO: PETICIÓN DE NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA, EN MI CARÁCTER DE OFENDIDA, DE CONFORMIDAD AL OFICIO 46719/2011, RELACIONADO AL EXPEDIENTE: AP/PGR/DDF/SPE-II/1814/11, OFICIO FECHADO 25 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO, QUE DIRIGE LA LICENCIADA ELSA OLIVA GARCÍA BADILLO, C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, TITULAR DE LA MESA II-DDF, ADSCRITA A LA DELEGACIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL. SUBDELEGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA AL C. JEFE REGIONAL DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL, PARA LOCALIZACIÓN Y NOTIFICACIÓN (EXTRA URGENTE) PARA HACER ENTREGA A LA QUE SE SUSCRIBE DEL ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE FECHA 28 DEL MES DE MARZO DEL 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho, en este día jueves, veintisiete de octubre del dos mil once, con domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones en Calle 3 No. 118, Col. Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c. p. 15000, México, D. F., correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx
    C. Delegado, me dirijo a Usted, apoyándome en los artículos 8º, 17, 20 constitucional Apartado B, y lo relacionado con el artículo 400 del Código Penal Federal sobre el delito de encubrimiento, que especifica: La previa comisión de un delito. El término delito y el problema de accesoriedad en relación con el delito de encubrimiento en el artículo 400 del Código Penal Federal, por lo que es importante el que relacione conforme a derecho punto por punto, el Acuerdo de Recepción de Documentos de fecha 28 días del mes de marzo del 2011, por lo que atentamente comparezco y expongo de forma congruente, fundada y motivada.

    UNO.- Transcribiendo dicho Acuerdo sobre la averiguación previa PGR/DDF/SPE-II/1052/09/03: TÉNGASE, por recibido el escrito de fecha quince de marzo del dos mil once suscrito por la C. NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, en su carácter de ofendida por medio de lo que denuncia de la manera siguiente: “..que GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A., mantiene una póliza de seguros de vida a nombre de NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la suscrita (sin mi conocimiento, adjudicándome ingresos millonarios, sin los cuales no se puede solventar un pago de primas por una suma asegurada por la cantidad de 500 millones de dólares, y además poniendo como beneficiario precisamente a la misma empresa Grupo Nacional Provincial, S. A.”.
    A LO QUE DOY RESPUESTA: Mi interés en mi carácter de ofendida, al presentar mi escrito de denuncia de hechos por el delito de FRAUDES y lo que resulte, donde contempla lo que preciso de la expedición de la póliza de seguro de vida en dólares en comento, relaciona con toda claridad, sobre una póliza de seguro de vida que es expedida con la autorización de la COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, UN ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LO QUE YA IMPLICA UN DELITO FEDERAL, que encuadra perfectamente dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 50 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dentro de un compendio de responsabilidades que conlleva a la misma COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, a participar en el deslinde de responsabilidades por dichos delitos de Fraudes, tal como es de su jurisdicción de acuerdo al nuevo Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y lo que provee la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, motivo por el cual la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, turna tales hechos sobre dichos delitos a la misma Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y ésta a su vez de forma omisiva, trata de responsabilizar por lo que conlleva de la defraudación fiscal correspondiente, el que sea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien resuelva, lo que también, al proporcionarme el oficio fechado 27 de junio del 2011, por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos de dicha institución, di respuesta mediante mi escrito de petición extraurgente de fecha 29 de junio del año en curso, escrito que dirigí al LICENCIADO MANUEL S. AGUILERA VERDUZCO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, solicitándole de la manera más atenta de acuerdo a sus facultades y atribuciones, que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, cuenta con las Áreas Financieras y Fiscales y de Reaseguro, con lo que puede participar la Unidad de Asuntos Jurídicos, y para ello, ya existiendo mi denuncia penal en contra de Grupo Nacional Provincial, S. A., y quien o quienes resulten responsables, de fecha 17 de febrero del 2011, en coordinación con mi escrito de petición extraurgente que dirijo al DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL, fechado 15 de marzo del 2011, y con copia al Subdelegado de Procedimientos Especiales y a la C. Agente del Ministerio Público de la Federación, LIC. ELSA OLIVA GARCÍA BADILLO, recayendo número de indagatoria AP/PGR/DDF/SPE-II/1052/09-03, donde también consta de copia de mi escrito fechado 11 de febrero del 2011, que de forma escaneada dirijo a la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, solicitándole el que comprobaran dicha expedición de la póliza de seguro de vida en comento, que con sus incrementos de sumas aseguradas de protección por fallecimiento, mediante pólizas adicionales registradas con el mismo número de la póliza de inicio, alcanza una cantidad de 500 millones de dólares, que mediante la participación de la CIDDH, se comprueba que dicha póliza de seguro de vida fue reasegurada por la LLOYD DE LONDRES, hechos, delitos federales comprobados, que dentro de la integración de la AP/PGR/DDF/SPE-II/1052/09-03, son elementos de juicio, de una consistencia legal, que acredita son certeza la probidad de lo que denuncio en contra de Grupo Nacional Provincial, S. A., y quien o quienes resulten responsables, ya que a través de estas documentales públicas, se deriva la actuación de dicha investigación en base a estos hechos, lo que llevará al aseguramiento del cuerpo del delito, solicitando a la misma Secretaría de Hacienda, supuesto que se localizan dentro de mi denuncia, documentación que me envía la Secretaría de Hacienda informándome lo que considera competencia para cumplimentar el desarrollo, la integración y resolución de esta indagatoria, consignándola al Juez Penal Federal correspondiente, sobre lo que denuncio de la expedición fraudulenta de dicha póliza de seguros de vida en dólares, que al negarse la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a participar por medio de la Unidad de Asuntos Jurídicos de dicha institución, se tipifica por el delito de encubrimiento de conformidad al artículo 400 del Código Penal Federal.
    DOS.- EN LO QUE RESPECTA, de lo que indica en el Acuerdo del 28 de marzo del 2011, la LIC. ELSA OLIVA GARCÍA BADILLO: “…ahora bien del estudio de todas y cada una de las constancias que integran la presente indagatoria se desprende que los hechos denunciados derivan de la suplantación de persona, falsificación de documento cometido por personas no especificadas pertenecientes a Grupo Nacional Provincial, en contra de la denunciante NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, quienes al parecer tramitaron una póliza de seguros de vida por 500 millones de dólares que fraudulentamente Grupo Nacional Provincial, S. A., mantiene vigente a nombre de la denunciante NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, afectándose los intereses particulares de la suscrita”.
    A LO QUE DOY RESPUESTA, no se trata únicamente el que esté afectando mis intereses particulares, supuesto que dentro de lo que se desprende por las líneas de investigación, es un delito federal en agravio de la sociedad, donde se están perjudicando cientos de miles de asegurados, que dentro de una cuantificación de delitos fiscales y financieros, tal como hicieron en mi perjuicio de expedir una póliza de seguros de vida en dólares y sus ampliaciones correspondientes, de hecho y de derecho, se cuantifica un daño, consistente en una solicitud de contratación de seguro de vida que NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la suscrita, no solicitó, no firmó, no cubrió ningún pago de las primas, y no fue sujeta a ningún examen médico, lo que trasciende en el delito de DEFRAUDACIÓN FISCAL, porque de la misma manera en que se localiza esta póliza de seguro de vida en dólares, fue tramitada con la aprobación de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la cual también acredita, la expedición de las cientos de miles de pólizas de seguros de vida individuales con inversión Línea Prisma, correspondiente a mi Cartera de Asegurados del ISSSTE, a nivel nacional, clave 9893, la cual inicia en la modalidad de descuento por nómina, del 15 de julio de 1986, al 15 de mayo de 1988, en descuento por nómina en el concepto 76, y a partir del mes de mayo de 1988, mediante pagos realizados directamente por los asegurados de mi Cartera del ISSSTE, a través de oficina matriz de Grupo Nacional Provincial, S. A., y en todas las oficinas de servicio de esta empresa de seguros en toda la República, y que con la auditoría practicada a la Gerencia de Mercadotecnia y Venta Masiva de Grupo Nacional Provincial, S. A., se descubre desde el año de 1997, bajo número de expediente de dicha auditoría 730(09)112595, de la Dirección General de Seguros y Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que dichas pólizas de seguros de vida en el sistema Línea Prisma, fueron expedidas por Grupo Nacional Provincial, S. A., como si se trataran de pólizas de seguros de vida en el sistema Dinámico Plus, que no generan dividendos, a partir de que inicia la venta de los seguros de vida en el sistema Línea Prisma, abarcando una defraudación fiscal multimillonaria, con el arrebato, el robo de las sumas aseguradas de protección por fallecimiento, y de sus inversiones capitalizadas por más de 20 años, ya que son pólizas de duración de 20 y 50 años, lo que quiere decir, QUE TANTO LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, ESTÁN ENCUBRIENDO DICHOS DELITOS, que con la ubicación de la confirmación de la expedición de la póliza de seguro de vida en dólares que emiten fraudulentamente en Grupo Nacional Provincial, S. A., con la entrega de la póliza original que fue confiscada por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, directamente por el cateo realizado en el mes de febrero de este año en la oficina de la Presidencia del Consejo de Administración de Grupo Nacional Provincial, S. A., llena todos los requisitos de la integración y resolución de la averiguación previa PGR/DDF/SPE-II/1052/09-03, ya que con la obtención del cuerpo del delito, Grupo Nacional Provincial, S. A., debe proporcionar a la C. Agente del Ministerio Público de la Federación, Licenciada Elsa Oliva García Badillo, la solicitud de dicha póliza de seguro de vida en dólares que vengo citando en mi presente ocurso, donde se comprobará, quien firmó dicha solicitud, con qué cheques fue cubriendo las primas de este seguro y sus incrementos de las sumas de protección por fallecimiento, de qué banco y de qué cuenta, provienen esos cheques, qué dirección registran en la solicitud de la supuesta asegurada que registran fraudulentamente con mi nombre, qué interés asegurable aparece en la solicitud, qué ingresos de la asegurada, por qué concepto, y de qué manera aducen el que se haya pedido que aparezca como beneficiario la misma empresa Grupo Nacional Provincial, S. A.
    TRES.- La investigación también toma otra línea sobre el delito de LAVADO DE DINERO, tal como expongo a continuación:
    Una de las cuestiones centrales a tomar en consideración para valorar en la formación de leyes penales que pretendan penalizar el lavado de activos está relacionada con las similitudes y diferencias entre el delito de lavado de dinero y el encubrimiento. Es importante considerar si el delito de lavado es un delito independiente que puede ser diferenciado del encubrimiento. De ser así, el autor del delito previo puede ser considerado autor del crimen de blanqueo de dinero y, por ende posible de ser penado en concurso con el delito precedente.
    Para comprender el delito de lavado de activos hay que valorar que en los instrumentos jurídicos internacionales una de las hipótesis de conducta del delincuente incurso en dicho delito puede coincidir con la del tipo penal del encubrimiento (en sus formas de favorecimiento real, personal o receptación) ; es decir, el lavado puede verse como una forma de encubrimiento calificado.
    CON LO QUE QUIERO DECIR, que la indagatoria PGR/DDF/SPE-II/1052/09-03, está directamente relacionada por delitos conexos, con la averiguación previa UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma, de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, donde a partir del mes de junio del dos mil once, a través de mi escrito de petición y de denuncia que de forma escaneada dirijo a la Interpol en México, se demuestra que uno de los autores intelectuales, ALEJANDRO BAILLERES GUAL, sobre el resultado de las auditorías practicadas a GNP, ubicando el FRAUDE GENÉRICO cometido en mi perjuicio y lo que se ramifica en agravio de la sociedad, mismos hechos que denuncio y ratifico de tiempo atrás en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y en la General de la República, está sometido a un proceso penal federal, en los Estados Unidos de Norteamérica.
    Análisis de las consecuencias de la autonomía del delito de lavado de activos: el autor del hecho previo como autor del lavado de dinero y la acreditación del crimen previo a partir de prueba indiciaria.
    QUE SI NO CONSIDERAN LAS AUTORIDADES HACENDARIAS Y DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SOBRE LO QUE TRASCIENDE EN DELITOS FEDERALES Y FISCALES, MI ESCRITO DE DENUNCIA DE HECHOS DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2011, SE ESTÁN HACIENDO CÓMPLICES DELICTIVOS DE LOS DEFRAUDADORES DE CUELLO BLANCO DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A., INCURRIENDO ADEMÁS EN ABUSO DE AUTORIDAD Y LO CORRESPONDIENTE A LOS DELITOS QUE SE TIPIFICAN PENALMENTE CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EN PERJUICIO DE NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA Y LO QUE SE RAMIFICA EN AGRAVIO DE LA SOCIEDAD, ENTORPECIENDO EL NORMA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES, TRANSGREDIENDO LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES Y SOCIALES, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANAN.

    POR TODO LO EXPUESTO ATENTAMENTE PIDO:
    PRIMERO.- Solicitar con carácter de urgente al Licenciado Manuel S. Aguilera Verduzco, Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la confirmación de la expedición y del reaseguramiento de la multicitada póliza de seguros de vida en dólares, que de forma totalmente delictiva y fraudulenta, Grupo Nacional Provincial, S. A., emite con mi nombre.
    SEGUNDO.- Solicitar a l a Interpol, la información recabada por ellos desde el mes de junio de este año, comprobando el proceso penal federal, en que se ubica ALEJANDRO BAILLERES GUAL, documentales públicas irrefutables, que pido, que exijo en mi carácter de ofendida sean integradas a la presente indagatoria y se turne de inmediato a la número UEDE/021/2007, en comento, ya que ambas averiguaciones previas deben salir consignadas, directamente ante un Juez Penal Federal, con la notificación a mi persona de la realización de estos trámites, para que se resuelva este asunto conforme a derecho.

    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTADO Y COMPROBADO CON DOCUMENTALES PÚBLICAS QUE PIDO SEAN REQUERIDAS CON CARÁCTER DE URGENTE A LAS AUTORIDADES QUE LAS MANTIENEN EN POSESIÓN.

    México, D. F., 27 de octubre del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  44.  NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, PARTE QUEJOSA CORRESPONDIENTE AL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, CON EL ACTO RECLAMADO: DERECHO DE PETICIÓN. EXPEDIENTE 306/2011-I, DETRMINADA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE: DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL. POR LO QUE NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA, PRESENTA DESAHOGO SOBRE EL ACUERDO FECHADO VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL ONCE, RECIBIDO EN MI DOMICILIO EL DÍA LUNES TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL AÑO QUE TRANSCURRE: DOS MIL ONCE, (2011), DONDE HACEN REFERENCIA DEL SEGUNDO JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL, SOBRE EL GLOSE EN AUTOS PARA QUE SURTAN SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES EN FUNCIÓN DEL OFICIO Y ANEXOS, SUSCRITOS POR EL DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE EL CUAL INFORMA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DADO A LA EJECUTORIA DADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO.

     EXPEDIENTE 306/2011-I, con la observación, que dicho Acuerdo del día veintisiete de octubre del dos mil once, recibido en mi domicilio el día lunes 31 de octubre del mismo año, no consta firma alguna, ni se adiciona ningún anexo.

     LICENCIADO ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA, JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL.
    P R E S E N T E.

    México, D. F., tres de noviembre del dos mil once.

     NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho, bajo personalidad debidamente acreditada en autos, al igual que el domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones, vengo a desahogar en tiempo y forma el Acuerdo de fecha veintisiete de octubre del dos mil once, de conformidad al artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que atentamente comparezco y expongo de forma congruente, fundada y motivada.

    UNO.- ARTICULO 208 DE LA LEY DE AMPARO: SI DESPUÉS DE CONCEDIDO EL AMPARO, LA AUTORIDAD RESPONSABLE INSISTIERE EN LA REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO O TRATARE DE ELUDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA AUTORIDAD FEDERAL, INMEDIATAMENTE SERÁ SEPARADA DE SU CARGO Y CONSIGNADA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, PARA QUE LA JUZGUE POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, LA QUE SERÁ SANCIONADA EN LOS TÉRMINOS QUE EL CÓDIGO PENAL APLICABLE EN MATERIA FEDERAL SEÑALA PARA EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD; siendo que los oficios y Acuerdos que recibí con fecha veinticuatro y veinticinco de octubre del dos mil once, (2011), firmados por la C. Agente del Ministerio Público de la Federación, Licenciada Elsa Oliva García Badillo, Titular de la Mesa II-DDF, adscrita a la Subdelegación de Procedimientos Especiales de la Delegación de la PGR en el Distrito Federal, no cumple con lo establecido dentro de lo que abarca mi Petición Extraurgente, de fechas tres y quince de marzo del dos mil once, que dirijo a la AUTORIDAD RESPONSABLE: C. DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL, dentro de un seguimiento en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en el Distrito Federal, por el RECURSO DE REVISIÓN. PEDIMENTO 200/2011, y de cuya resolución, se lleva a cabo la Ejecutoria de mi Juicio de Garantías 306/2011-I, la cual no está cumplida acorde a la Resolución Definitiva en la Sentencia dictaminada por Usted, C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL.

     DOS.- EN ESTE ORDEN, di respuesta al C. DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, mediante mi escrito de Petición, fechado veintisiete de octubre y entregado al día siguiente: (viernes, veintiocho de octubre del dos mil once), con el Asunto: “Petición de NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita, en mi carácter de Ofendida, de conformidad al oficio 46719/2011, relacionado al expediente AP/PGR/DDF/SPE-II/1814/11, Oficio fechado veinticinco de octubre del mismo año, que dirige la LICENCIADA ELSA OLIVA GARCÍA BADILLO, C. Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa II-DDF, adscrita a la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal. Subdelegación de Procedimientos Especiales, al C. JEFE REGIONAL DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL, PARA LOCALIZACIÓN Y NOTIFICACIÓN (EXTRAURGENTE), PARA HACER ENTREGA A LA QUE SE SUCRIBE DEL ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE FECHA 28 DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL ONCE.” (2011).

     TRES.- ANEXO COPIAS SIMPLES de mi escrito fechado veintisiete de octubre del dos mil once, que dirijo al C. DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, que consta de ocho hojas tamaño carta escritas por el anverso, junto con el Oficio 46719/2011, y su Acuerdo Respectivo, (donde registran 28 veintiocho de marzo del dos mil once). Y EL OFICIO 46719/2011, fechado veinticinco de octubre del dos mil once, que dirige la LIC. ELSA OLIVA GARCÍA BADILLO al C. JEFE REGIONAL DE LA AGENCIA FEDERAL INVESTIGADORA EN EL DISTRITO FEDERAL, en relación al Expediente: AP/PGR/DDF/SPE-II/1814/11, e indicando en dicho Oficio la LIC. ELSA OLIVA GARCÍA BADILLO: “Acuerdo de Recepción de Documentos de fecha 28 veintiocho de Marzo del año dos mil once”. PERO QUE EN EL ACUERDO REFERIDO, INDICA: A.P.PGR/DDF/SPE-II/1052/09-03.

    CUATRO.- ANEXO COPIAS SIMPLES, tanto del Oficio 46718/2011, fechado 24 de marzo del 2011, en relación al Expediente: AP/PGR/DDF/SPE-II/1814/11; Oficio que en igual forma dirige la LIC. ELSA OLIVA GARCÍA BADILLO, al C. Jefe Regional de la Agencia Federal de Investigación con el Asunto: LOCALIZACIÓN Y NOTIFICACIÓN (EXTRA URGENTE), donde en el texto indica: “”……el Acuerdo de Recepción de Documentos de fecha 08 ocho de marzo del año dos mil once, recaído en el escrito de NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, del tres de marzo del 2011”. PERO QUE EN EL ACUERDO REFERIDO INDICA: A.P. PGR/DDF/SPE/-II/942/06-03/INC/FSB/BT1/433/06-02. MESA II-DDF.

    CINCO.- CON LO QUE SE CONTRADICE EL DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL, (LA AUTORIDAD RESPONSABLE), ya que obra en autos del presente Juicio de Amparo Indirecto en Materia Penal, Expediente: 306/2001-I, lo que transcribo: “AP/PGR/DDF/SPE-II/1814/11. Mesa II-DDF.

    AUTO DE INICIO.
    En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las (10.38) diez horas con 38 minutos del día cuatro del mes de abril (2011), dos mil once.

    TÉNGASE, por recibido el escrito de fecha 15 de marzo del 2011, suscrito por NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, por medio del cual formula DENUNCIA DE HECHOS, posiblemente constituido de Delito en contra de GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A., y Quien o Quienes resulten responsables de la Comisión de Delitos de FRAUDE y lo que resulte, ilícito cometido en agravio de la Denunciante NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, y visto lo anterior esta Representación Social de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 21 y 102 Apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 50 fracción I inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1º, 2º fracción I y II, 3, 6, 10, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 127 bis, 138, 136, 137, 168, 180, 181, 206, 220 y demás relativos y aplicables al del Código Federal de Procedimientos Penales, 3, 4, 20 y 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, ordena:

    INÍCIESE la citada averiguación previa, registrándose en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto en esta Mesa Investigadora bajo el número A.P./PGR/DDF/SPE-II/1841/11.

    PRIMERA.- Practíquese todas y cada una de las diligencias que resulten necesarias para la debida integración y esclarecimiento de los hechos que se investigan en la presente averiguación previa que conforme a derecho proceda y las que se deriven de las anteriores sirviendo este proveído como auto de mandamiento hasta su total resolución.

    CÚMPLASE.- Así lo acordó y firma la LICENCIADA ELSA OLIVA GARCÍA BADILLO Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa II-DDF, de la Subdelegación de Procedimientos Especiales de la Delegación en el Distrito Federal, quien actúa en forma legal y con testigos de asistencia que al final firman y dan fe para la debida constancia legal.

    C. Maritza Contreras Larumbe C. Verónica Olmos Valenzuela”.

    SEIS.- Artículo 204 de la Ley de Amparo: “Las autoridades responsables que en el Juicio de Amparo o en el Incidente de Suspensión rindan informes en los que afirmaren una falsedad o negaren la verdad en todo o en parte, serán sancionados en los términos que señala el Código Penal aplicable en materia federal para las autoridades que lleven a cabo esas afirmaciones o negativas al enviar información a otra autoridad”.

    SIETE.- Nuestra Carta Magna hace referencia en particular a las responsabilidades en general de los servidores públicos en los juicios de amparo en que intervengan. El artículo 107 en sus fracciones XVI y XVII señala:

    “XVI. Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, y la Suprema Corte de Justicia estima que es inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente separada de su cargo y consignada al Juez de Distrito que corresponda. Si fuere excusable, previa declaración de incumplimiento o repetición, la Suprema Corte requerirá a la responsable y le otorgará un plazo prudente para que ejecute la sentencia. Si la autoridad no ejecuta la sentencia en el término concedido, la Suprema Corte de Justicia procederá en los términos primeramente señalados.

    Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Suprema Corte de Justicia, una vez que hubiera determinado el incumplimiento o repetición del acto reclamado, podrá disponer de oficio el cumplimiento substituto de las sentencias de amparo, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso.

    O LO QUE ES LO MISMO: Las figuras del desacato a la autoridad judicial en materia de suspensión y sentencias de amparo, están previstas en la ley de Amparo y sancionadas en el Código Penal Federal; por tanto, ambos cuerpos legales son aplicables.

    POR TODO LO VERTIDO ATENTAMENTE PIDO:

    ÚNICO: Se de cabal cumplimiento dentro del ordenamiento del Juicio de Amparo al no estar cumplida la Ejecutoria, de conformidad a lo que expongo en función de MI DERECHO DE PETICIÓN, mis Garantías Constitucionales, y lo que indica el artículo 105 de la Ley de Amparo Párrafo Segundo y Tercero, y el 107 Constitucional fracción XVI por lo que se requiere de parte de Usted C. Juez, tramitar el traslado con copia íntegra del expediente original 306/2011-I, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, PARA LA REALIZACIÓN DE OFICIO, DEL CUMPLIMIENTO SUBSTITUTO DE LA SENTENCIA DE MI JUICIO DE GARANTÍAS 306/2011-I, dándome a conocer lo que pido mediante Acuerdo correspondiente.

    POR LO QUE ESTOY DENUNCIANDO LA REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO ANTE USTED C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL.

    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTADO Y COMPROBADO CON DOCUMENTALES PÚBLICAS QUE OBRAN EN PODER DEL C. DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y QUE DEBEN INTEGRARSE CON CARÁCTER DE URGENTE EN AUTOS, DE MI PRESENTE JUICIO DE AMPARO, EXPEDIENTE: 306/2011-I

    México, D. F., tres de noviembre del dos mil once (2011)-

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  45. MINISTRO JUAN SILVA MEZA
    PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
    P R E S E N T E.

    México, D. F., ocho de noviembre del dos mil once (2011).

    EXPEDIENTE P.306/2011-I, de mi Juicio de Amparo Indirecto en Materia Penal del Segundo Juzgado de Distrito de Amparo en el Distrito Federal, por mi Derecho de Petición, contra Actos de la Autoridad Responsable: C. DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL, BAJO SENTENCIA DEFINITIVA dictada en dicho Juzgado donde se otorga a NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ la Suscrita, el Amparo y Protección de la Justicia Federal, que genera el veintiuno de junio del dos mil once, constatando por recibido el oficio 899-I, suscrito por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, con el que se remite original y copia del pedimento 200/2011, que conduce al Amparo en Revisión: Signado dicho Recurso de Revisión el número 137/2011, con lo que se lleva a cabo la Ejecutoria que no está cumplida, repitiéndose el Acto Reclamado.

    (Revista Proceso, Referencia)
    La Redacción. 15 de septiembre del mismo año

    “Ningún poder está por encima del otro”: Suprema Corte a Calderón

     NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho, bajo mi personalidad debidamente acreditada en el Expediente de mi Juicio de Garantías: P.306/2011-I, al igual, de la dirección que registro en el mismo, para recibir toda clase de documentos y notificaciones de mi Juicio de Amparo Indirecto en Materia Penal en mención, del Segundo Juzgado de Distrito de Amparo en el Distrito Federal, por mi DERECHO DE PETICIÓN, en función de mi escrito de Petición Extra_Urgente de fecha quince de marzo del dos mil once que dirijo al C. DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL, que atrae conforme a derecho lo mismo que suscribo para este servidor público en mi anterior escrito de Petición Urgente, de fecha tres de marzo del mismo año, (especificando lo que debe remitirse con desglose, lo correspondiente a la Dirección General de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución), (PGR), y lo que conlleva de mi denuncia penal de fecha diecisiete de febrero del dos mil once, por Delito de FRAUDES y lo que resulte, en contra de Grupo Nacional Provincial, S. A., y Quien o Quienes resulten responsables, dentro de la integración y resolución de la Averiguación Previa PGR/DDF/SPE-II/1814/11, donde deben acumularse por delitos conexos las anteriores, para ser turnadas a la indagatoria UEDE/021/2007 de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República y se lleve a cabo la consignación por los innumerables perjuicios causados con premeditación, alevosía y ventaja en agravio de la sociedad con los Delitos de Defraudación Fiscal Multimillonaria, Suplantación de Persona, Encubrimiento determinado como grave, Lavado de Dinero, Robos calificados de sumas aseguradas de protección por fallecimiento y los fondos de inversión de cientos de miles de pólizas de asegurados de la Campaña Vida ISSSTE a nivel nacional, clave 9893 de NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ. (La que se suscribe)

     Seguros de vida individuales con Inversión, en el Sistema Línea Prisma, (a plazos de veinte y cincuenta años de duración, que inician en descuento por nómina en el concepto 76 de dicho Instituto, del quince de julio de mil novecientos ochenta y seis (1986), al quince de mayo de mil novecientos ochenta y ocho (1988), y seguidamente a partir del mes de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, mediante los pagos que de forma directa realizaron los asegurados de mi Cartera del ISSSTE, en Caja de Oficina Matriz de Grupo Nacional Provincial, S. A., y en las Oficinas de Servicio de Esta Empresa de Seguros en toda la república.

     Sumas Aseguradas de Protección por fallecimiento, con incrementos anuales (fijos y garantizados) del 40 y 50% de la suma asegurada de protección por fallecimiento en base a la suma asegurada de inicio durante quince años, (y con la cantidad alcanzada en ese tiempo así se mantienen hasta el término del plan).

     Pólizas de Seguros de Vida Individuales con Inversión Línea Prisma que se mantienen vigentes con los intereses que producen durante veinte años, (porque nunca se los acreditaron con las tasas reales alcanzadas en el sistema financiero, con intereses compuestos, quedando partidas multimillonarias a favor de los asegurados, (porque Grupo Nacional Provincial, S. A., capturó fraudulentamente las pólizas, como si se trataran de los seguros de vida en el sistema Dinámico Plus, que no generan dividendos, desde que inicia la venta de LÍNEA PRISMA, con lo que quiero dejar asentado que se encuentran vigentes) lo que debe consignarse sin pérdida de tiempo ante un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, con conocimiento a NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, en mi carácter de Ofendida, Suerte Principal, como la Agente de la Cartera de Asegurados del ISSSTE que cito en el presente ocurso.
    RECORDANDO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011:
    “MÉXICO, D.F. (apro).- La ceremonia conmemorativa del Día Internacional de la Democracia que se llevó a cabo en la residencia oficial de Los Pinos, juntó hoy a los máximos representantes de los tres poderes de la Unión: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El representante de este último, el ministro presidente Juan Silva Meza, no dejó pasar la oportunidad para hacerse oír. Aun así, el Presidente de la Corte se dijo abierto a escuchar el punto de vista de todas las personas y todos los grupos sociales al sistema de impartición de justicia. La sociedad, indicó, no puede esperar menos que la excelencia de parte de sus juzgadores federales.
    “Estamos obligados a rendir cuentas de nuestros actos sin reticencia, sin importar consecuencias, estamos comprometidos con hacer y hacemos todo lo que sea necesario para que nuestras decisiones, apoyadas en la Constitución y las leyes, sean ampliamente analizadas, cuestionadas, criticadas”, subrayó. “Somos servidores públicos de un régimen democrático y, como tales, estamos abiertos al más meticuloso escrutinio; la sociedad y el resto de los poderes así lo esperan de nosotros”.
    Cualquier acto reprochable que se suscita en las filas del Poder Judicial, aseveró, es investigado y, una vez comprobado, es sancionado”.
     EN ESTE SEGUIMIENTO, UNO.- anexo copias simples de mi promoción de fecha tres de noviembre del dos mil once, desahogando el Acuerdo de fecha veintisiete de octubre del mismo año, y recibido el día lunes treinta y uno, del mismo mes y año; Acuerdo del LICENCIADO ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA, C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL, (que no entregan firmado por nadie ni adicionando ningún anexo) sobre el glose en autos del expediente P.306/2011-I para que surtan sus efectos legales correspondientes en función del Oficio y anexos, suscritos por el DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL.
    DOS.- Constancia de lo proveído por el Magistrado José Luis Villa Jiménez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito , ante la Secretaria de Acuerdos, Guadalupe Alejandrina Castañeda y Morales, quien da fe.
    TRES.- Copia simple de mi escrito de petición fechado veintisiete de octubre y entregado al día siguiente, veintiocho de octubre del dos mil once, que dirijo al C. DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL, junto con copia del Acuerdo del C. Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal de fecha veintisiete de octubre del dos mil once, y lo correspondiente a los oficios 46719/2011 de fecha 25 de octubre del 2011, 46718/2011, de fecha 24 de octubre del 2001, que dirige la C. Agente del Ministerio Público de la Federación, Licenciada Elsa Oliva García Badillo, C. Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa II-DDF, de la Subdelegación de Procedimientos Especiales, de la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, junto con copias de los Acuerdos que firma, de fechas veintiocho y ocho de marzo del dos mil once.
    CUATRO.- Copia del Contrato de Venta de Seguros de Vida para trabajadores del ISSSTE de fecha diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y seis, siendo la Agente Autorizada para dicha venta, NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, Agente de Seguros, la que se Suscribe, tal como se constata con las firmas que se registran en dicho Contrato.
    POR TODO LO EXPUESTO, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 107, fracción XVI, en tiempo y forma, A USTED, MINISTRO JUAN SILVA MEZA, PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ATENTAMENTE PIDO:
    ÚNICO.- LA REALIZACIÓN DE OFICIO, DEL CUMPLIMIENTO SUBSTITUTO DE LA SENTENCIA DE MI JUICIO DE GARANTÍAS P.306/2011-I, POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, TRASLADANDO EL SEGUNDO JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL COPIA ÍNTEGRA DE DICHO EXPEDIENTE, A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTADO, INTEGRADO, DESAHOGADO Y RESUELTO EN EL EXPEDIENTE P.306/2011-I DE MI JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR MI DERECHO DE PETICIÓN Y EN LA RESOLUCIÓN COMPLEMENTARIA DEL RECURSO DE REVISIÓN, EXPEDIENTE 137/2011 DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO EN EL DISTRITO FEDERAL.
    México, D. F., ocho de noviembre del dos mil once (2011).

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ

  46. C. LICENCIADA MARISELA MORALES IBAÑEZ,
    PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA
    P R E S E N T E.

    México, D. F., 10 de noviembre del 2011.

    • ASUNTO: PETICIÓN URGENTE EN RELACIÓN AL EXPEDIENTE P.306/2011-I, JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL QUE PROMUEVE NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA, BAJO MI PERSONALIDAD DEBIDAMENTE ACREDITADA EN AUTOS, CONTRA ACTOS DEL DELEGADO DE PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL, POR MI DERECHO DE PETICIÓN. PROMOCIÓN CANALIZADA AL SEGUNDO JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL.
    • Artículo 105.- Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación a las autoridades responsables la ejecutoria no quedare cumplida, cuando la naturaleza del acto lo permita, o no se encontrare en vías de ejecución en la hipótesis contraria, el juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se trata de revisión contra resolución pronunciada en materia de amparo directo requerirán, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, al superior inmediato de la autoridad responsable para que obligue a ésta a cumplir sin demora la sentencia; y si la autoridad responsable no tuviere superior, el requerimiento se hará directamente a ella. Cuando el superior inmediato de la autoridad responsable no atendiere el requerimiento, y tuviere, a su vez, superior jerárquico, también se requerirá a este último.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho en mi carácter de Ofendida, en este día jueves diez de noviembre del dos mil diez, con domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones, en Calle 3, número 118, Colonia General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15000, México, D. F., correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

    LICENCIADA MARISELA MORALES IBAÑEZ, me permito hacer de su conocimiento de mis actuaciones en lo que respecta a la Sentencia y la Ejecutoria correspondiente de mi Juicio de Amparo Indirecto en Materia Penal con número de Expediente. P.306/2011-I, del Segundo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal. Sentencia y Ejecutoria, mismas, que no han sido cumplidas por parte de su Subalterno, C. Delegado de la Institución a su digno cargo.

    POR LO MISMO: Cuando no se obedeciere la Ejecutoria, a pesar de los requerimientos a que se refiere el párrafo anterior del artículo 105 Constitucional, el Juez de Distrito, la Autoridad que haya conocido del Juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia, para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, dejando copia certificada de la misma y de las constancias que fueren necesarias para procurar su exacto y debido cumplimiento, conforme al artículo 111 de esta Ley.

    ANEXOS EN COPIAS SIMPLES, EN FUNCIÓN DE LO SIGUIENTE: Cuando la parte interesada no estuviere conforme con la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, se enviará también, a petición suya, el expediente a la Suprema Corte de Justicia. Dicha petición deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la resolución correspondiente, de otro modo, ésta se tendrá por consentida; POR LO QUE DÍ CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA, EN RELACIÓN AL DESAHOGO DEL ACUERDO EMITIDO POR EL C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL, DE FECHA VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO Y RECIBIDO EN MI DOMICILIO EL DÍA LUNES TREINTA Y UNO DEL MISMO AÑO.

    Cuando la naturaleza del acto lo permita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, una vez que hubiera determinado el incumplimiento o la repetición del acto reclamado, podrá disponer de oficio el cumplimiento substituto de la sentencia de amparo, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso.

    Tal como se ha constatado dentro de la integración de la averiguación previa UEDE/021/2007, y las acumuladas a la misma, con las documentales públicas que obran en poder de las autoridades hacendarias, acumuladas al expediente 730(09)112595, las cuales requirieron de la Procuraduría General de la República, conforme a la Auditoría practicada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a la Gerencia de Venta Masiva de Grupo Nacional Provincial, S.A., del mes de febrero del año de mil novecientos noventa y siete, al mes de enero de mil novecientos noventa y ocho, y es el mismo expediente de la Dirección General de Seguros y Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde han recopilado por delitos conexos, en lo que respecta de las nuevas auditorías practicadas a Grupo Nacional Provincial, S. A., a partir del mes de enero del año dos mil once.

    Las sentencias que han causado ejecutoria y que otorgaron el amparo deben cumplirse. Lo anterior, debido a que condenan a la autoridad responsable a obedecer el fallo. La sentencia de amparo tiene como finalidad restituir al agraviado en el pleno goce de sus garantías individuales o a respetar derechos fundamentales.
    ANEXOS EN COPIAS SIMPLES: 1.- Escrito de Petición de Norma Esperanza Falcón Ruiz, la suscrita, fechado 27 de octubre del 2011, que dirijo al C. Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, donde expongo mi petición de la manera siguiente:
    PRIMERO.- Solicitar con carácter de urgente al Licenciado Manuel S. Aguilera Verduzco, Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la confirmación de la expedición y del reaseguramiento de la multicitada póliza de seguro en dólares, que de forma totalmente delictiva y fraudulenta, Grupo Nacional Provincial, S. A., emite con mi nombre.
    SEGUNDO.- Solicitar a la Interpol México, la información recabada por ellos, desde el mes de junio de este año,(2011), comprobando el proceso penal federal en que se ubica ALEJANDRO BAILLERES GUAL, (uno de los autores intelectuales del DELITO DE FRAUDES, en mi perjuicio y lo que ramifica en agravio de la sociedad, documentales públicas irrefutables, que pido, que exijo en mi carácter de ofendida, sean integradas a la presente indagatoria bajo número relacionado al expediente AP/PGR/DDF/SPE-II/1814/11, y se turne de inmediato a la número UEDE/021/2007, en comento, ya que ambas averiguaciones previas deben salir consignadas, directamente ante un Juez Penal Federal, con la notificación a mi persona, en mi carácter de Ofendida, detallando la realización de estos trámites, para que se resuelva este asunto conforme a derecho.

    2.- Copia del Acuerdo de fecha VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL ONCE, proveído por el C. Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, Lic. Antonio González García, en relación a la notificación personal en los autos del Juicio de Amparo 306/2011-I, promovido por Norma Esperanza Falcón Ruiz, la suscrita; junto con mi escrito fechado tres de noviembre del dos mil once, dando cumplimiento al desahogo de dicho Acuerdo del C. Juez Segundo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, en mención.

    3.- Constancias de mis escritos de petición de fechas veintidós de junio y tres de agosto del dos mil diez, que dirijo al LICENCIADO ERNESTO CORDERO ARROYO, en ese entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que surtan los efectos legales correspondientes.

    4.- Constancia sobre mi intervención como Agente de Seguros, que por escrito hago llegar a Grupo Nacional Provincial, S. A., fechado diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa, a la atención del Actuario Luis Barros, Director Ejecutivo, junto con mi escrito fechado trece de octubre de mil novecientos noventa y dos, que dirijo al Señor Miguel Ángel Lozano Troches, Gerente Administrativo de la Gerencia de Zona de Ventas 433, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, sobre mi baja que solicité como Agente de Seguros de Grupo Nacional Provincial, S. A., junto con su complemento de la misma constancia que hice llegar a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, recibido dicho trámite por la Licenciada Graciela Maldonado García. Control de Intermediarios, primer piso, Torre Norte, con dirección en Av. Insurgentes Sur No. 1971, (Plaza Inn).

    5.- Información por escrito de fecha seis de junio del dos mil seis, que dirige la C. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación DOS CON DETENIDO, y que remite al C. Procurador General de la República, en relación a la averiguación Previa número FIZP/IZP-5/T1/1379/06-06, de la Coordinación Territorial IZP-5, dependiente de la Fiscalía Desconcentrada en Iztapalapa, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; junto con su complemento, canalizado a mi escrito fechado once de noviembre del dos mil ocho, que dirijo al C. Maestro Miguel Ángel Mancera Espinosa, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, en relación a la averiguación previa FIZP/IZP-5/T1/2316/08-10, con el Asunto: “Determinar la secuencia que conforma todo lo que denuncio en contra de servidores públicos del ámbito federal, que omiten deliberadamente las pruebas que testifican las responsabilidades penales en que incurren con todas las agravantes de la ley, YOLANDA FALCÓN CERVANTES (nombre completo), quien prestaba sus servicios como empleada de la Fundación Vamos México y a quien imputo la autoría material de la suplantación de mi persona y a MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, COMO LA AUTORA INTELECTUAL DE DICHO DELITO, respecto de todo lo que se desprende de mi denuncia por la vía penal, que por escrito presenté en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con fecha veintidós de mayo del dos mil seis.

    6.- Copia de mi promoción de Petición Urgente, fechado cinco de abril del dos mil seis, tal como consta en el sello de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escrito de Petición que dirijo en ese entonces, Ministro Mariano Azuela Güitrón, C. Ministro Presidente y demás Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prueba documental Pública constante en cuatro hojas tamaño oficio escrita por el anverso, y con lo que solicito a Usted C. Procuradora General de la República, gire sus apreciables instrucciones para que se turne oficio al actual Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Juan Silva Meza, para que le rindan informe del seguimiento dado conforme a derecho, a dicha petición, que en mi carácter de quejosa personalidad debidamente acreditada en autos de mi Juicio de Amparo Indirecto en Materia Penal, bajo número de expediente P. 2133/2005, del Segundo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, con lo cual se relaciona por delitos conexos con la averiguación previa PGR/DDF/SPE-XII/4008/11-08, la cual ratifiqué el día catorce de octubre del año en curso, ante el C. Agente del Ministerio Público de la Federación, Licenciado Eduardo Berdón Toledo, conforme a mi denuncia penal de fecha treinta de junio del dos mil once, en contra de los servidores públicos del ámbito federal: LICENCIADOS ERNESTO CORDERO ARROYO, SALVADOR VEGA CASILLAS, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y CONTRA EL DOCTOR JAVIER LAYNEZ POSTISEK, en función de los cargos, Secretario de Hacienda y Crédito Público, Secretario de la Función Pública, C. Jefe de Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Procurador Fiscal de la Federación.
    POR TODO LO EXPUESTO ATENTAMENTE PIDO:
    PRIMERO.- Se ponga usted en contacto con el C. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a mi petición expuesta en mi presente ocurso, con lo que se proveerá de todos los elementos que sustentan jurídicamente la consignación que pido en mi carácter de ofendida, de la averiguación previa UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma, con la notificación correspondiente a mi persona en mi carácter de ofendida y también de denunciante, lo que dejará debidamente acreditado mediante pruebas documentales públicas, sobre los delitos que denuncio y ratifico de tiempo atrás, en todas mis averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de la Procuraduría General de la República.
    SEGUNDO.- POR LO QUE ES IMPORTANTE SEÑALAR Y REFERIR, sobre mi demanda penal fechada dieciocho de octubre del dos mil once, en contra del LICENCIADO JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, en su cargo de Administrador Central de Operación de Canales de Servicio, de la Administración General de Servicios al Contribuyente, del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
    Denuncia Penal que dirijo a Usted Licenciada Marisela Morales Ibáñez, Procuradora General de la República, por lo que es pertinente reiterar: “EL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, incurre en una responsabilidad mayor, que se canaliza como una conducta, acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible. Esclarece una conducta infraccional del Derecho Penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por ley; ya que el cohecho (coloquialmente “coima” o “soborno”) es un delito que consiste en que una autoridad o funcionario público acepta o solicita una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto. El cohecho es simple si el funcionario público acepta una remuneración para cumplir con un acto debido por su función, o calificado, si recibe una dádiva para obstaculizar el cumplimiento de un acto o no llevarlo a cabo, ya sea dicho acto constitutivo o no de delito; por lo que también es importante el que esta averiguación previa sea integrada y resuelta con las documentales públicas, que de manera urgente deben ser requeridas por parte de la autoridad que tenga conocimiento de dicha averiguación previa, directamente al LICENCIADO JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, en comento.
    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTADO Y COMPROBADO CON DOCUMENTALES PÚBLICAS IRREFUTABLES QUE SOLICITO DE TIEMPO ATRÁS SEAN REQUERIDAS A LAS AUTORIDADES QUE LAS MANTIENEN EN POSESIÓN.

    México, D. F., 10 de noviembre del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  47. NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA, PARTE QUEJOSA DEL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, BAJO MI PERSONALIDAD DEBIDAMENTE ACREDITADA EN AUTOS, CON REGISTRO DEL DOMICILIO PARA RECIBIR TODA CLASE DE DOCUMENTOS Y NOTIFICACIONES, EXPEDIENTE P-698/2011, PROMOVIDO POR MI PROPIO DERECHO CONTRA ACTOS DEL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, MISMA AUTORIDAD RESPONSABLE, LIC. SALVADOR VEGA CASILLAS, CON EL ACTO RECLAMADO: QUE SE ME HAGA ENTREGA DE MIS CHEQUES DE PAGO DE REPARACIÓN DE DAÑOS, REFERENTE A MI ESCRITO DE PETICIÓN EXTRAURGENTE DE FECHA DIECISÉIS DE JUNIO DEL DOS MIL ONCE, QUE DIRIJO A DICHO SERVIDOR PÚBLICO, POR LO QUE DOY TRÁMITE CON MI DERECHO DE PETICIÓN, EN LO QUE RELACIONA EL ARTÍCULO 282 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DANDO RESPUESTA AL PROVEÍDO DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO QUE TRANSCURRE, Y RECIBIDO EN MI DOMICILIO EL DÍA MIÉRCOLES NUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO QUE CITO: (2011), POR LO CUAL DESAHOGO EN TIEMPO Y FORMA, CONFORME A LA CERTIFICACIÓN DE LA C. SECRETARIA DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL, LICENCIADA DALIA CASTILLO LEÓN. PROVEÍDO DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE QUE NO ESTÁ FIRMADO POR NADIE Y QUE DE CONFORMIDAD AL SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE, (FUERA DE TODA LEGALIDAD), EXPUESTO COMO RESOLUCIÓN QUE TRANSGREDE MIS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, POR LO MISMO: PIDO A USTED C. JUEZ, COMO TITULAR DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL LO QUE A CONTINUACIÓN COMPAREZCO Y FUNDAMENTO MEDIANTE LOS ARTÌCULOS 105 SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO, Y EL 107 CONSTITUCIONAL FRACCIÓN XVI, , PIDIENDO POR LA REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN DICHO SOBRESEIMIENTO IRREGULAR, EL QUE SEA TRASLADADO COPIA ÍNTEGRA DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL: P-698/2011, A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PARA DE OFICIO, SE DICTE LA SENTENCIA SUBSTITUTO.

    EXPEDIENTE P-698/2011.

    C. JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL.
    P R E S E N T E.

    México, D. F., 11 de noviembre del 2011.
    El Sobreseimiento es un acto procesal proveniente de las autoridades jurisdiccionales que concluye definitivamente una instancia, pero esta terminación se efectúa sin haberse llegado al estudio del fondo del asunto.

    EN TALES CIRCUNSTANCIAS, Reitero una y otra vez, TAL COMO DI A CONOCER A USTED, en mi promoción de fecha doce de julio del dos mil once, y que indica: Dentro de un seguimiento de distintas averiguaciones previas, presentadas y ratificadas por escrito en las Procuradurías General de Justicia del Distrito Federal y la General de la República, acumuladas desde el año dos mil siete (2007) hasta la actualidad, en la indagatoria UEDE/021/2007, DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS EN EL EXTRANJERO, DEPENDIENTE DE LA SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, han estado integradas y fundamentadas por mis denuncias en contra de Grupo Nacional Provincial, S. A., y Quien o Quienes resulten responsables, POR EL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO, SUPLANTACIÓN DE MI PERSONA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, Y LO QUE RESULTE, con lo que se constata de la falta de procuración de justicia, por lo que solicitado, he pedido insistentemente en todas mis comparecencias y ratificaciones, el que se incluyan mis pruebas documentales públicas, consistentes en distintas auditorías que han realizado por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expedientes 730(09)112595, al igual que lo integrado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bajo expediente número J-5216/2000, mismos que también se integran bajo revisión, en la Procuraduría Fiscal de la Federación, donde le asignan el número 700/42899, de lo cual nunca me he visto favorecida, por lo que he denunciado penalmente y con demandas de Juicios Políticos, a servidores públicos del ámbito federal, que son del pleno conocimiento del LICENCIADO SALVADOR VEGA CASILLAS, en su cargo de Secretario de la Función Pública, ya que también en dicha Secretaría he ampliado dichas denuncias en comento, contra servidores públicos del ámbito federal y que han servido en la integración, y resolución expedita, dentro del expediente 1171/2007- PL, Varios, y los acumulados al mismo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

    ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO DE LOS CASOS DE IMPROCEDENCIA.

    “Concepto de improcedencia. La improcedencia del amparo es una institución jurídica por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para determinar si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o inconstitucional. La improcedencia motiva que el juzgador federal, no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución. La institución en estudio esta conformada por una serie de hipótesis normativas, debidamente previstas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución, como ya se ha visto, y por la jurisprudencia formada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por los Tribunales Colegiados de Circuito”.

    EN ESTE ORDEN, RECLAMO LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL, ( A SU DIGNO CARGO), SOBRE EL DICTAMEN QUE PIDO A USTED C. JUEZ, DE LA SENTENCIA CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE AMPARO, LO QUE SE OMITE EN LA ACTUACIÓN DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL ONCE, A COMO SE ESPECIFICA EN DICHO ARTÍCULO DE LA PRESENTE LEY:
    Artículo 78. – En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada.
    En las propias sentencias sólo se tomarán en consideración las pruebas que justifiquen la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad.
    El juez de amparo deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto.
    POR LO QUE SEÑALO LA CONTRADICCIÓN EXPUESTA EN EL SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE DE MI PRESENTE JUICIO DE AMPARO P.698/2011.
    UNO.- Transcribo lo que exponen de inicio en el proveído del 25 de octubre del 2011 de mi Juicio de Amparo P-698/2011: “PRIMERO.- PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el veinticuatro de junio del dos mil once y recibido en este Juzgado Séptimo en la materia y jurisdicción citadas el veintisiete del citado mes y año, NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado a la siguiente autoridad señalada como responsable: “III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: LICENCIADO SALVADOR VEGA CASILLAS, SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA….
    IV.- ACTO RECLAMADO: QUE SE ME ENTREGUEN MIS CHEQUES DE PAGO DE REPARACIÓN DE DAÑOS, bajo comprobación a través de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control en el SAT, con motivo de mi escrito de DENUNCIA de fecha 30 de mayo del dos mil once, en contra del LIC. ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, C. JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien incurre como la Responsable en ACTOS Y OMISIONES GRAVES, que sustentan la abstención por parte de dicha autoridad, LICENCIADO SALVADOR VEGA CASILLAS, de concluir las disposiciones giradas de la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República en Palacio Nacional, bajo comprobación de conformidad de mis gestiones legales realizadas en el Órgano Interno de Control, en función de mi escrito de DENUNCIA CONTRA EL LICENCIADO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, C. JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TIRUBUTARIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, fecha treinta de mayo del dos mil once en comento”.
    EN EL PUNTO SEGUNDO DEL PROVEÍDO DEL SOBRESEIMIENTO: GARANTÍAS VIOLADAS: “La parte quejosa señaló como garantías violadas en su perjuicio, las contenidas en los artículos 8º, 17 y 20 Apartado B, fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado, y expuso los conceptos de violación que estimó pertinentes”.
    EN EL PUNTO TERCERO.- ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Previo desahogo del auto preventivo de veintiocho de junio del dos mil once, el quince de julio del dos mil once se admitió a trámite la demanda de garantías, la que se registró con el número de expediente 698/2011, se solicitó de la Autoridad Responsable su informe justificado, se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la Audiencia Constitucional, la cual, una vez agotada la secuela procesal del juicio, se celebró sin la asistencia de las partes en los términos del acta que antecede”
    POR LO QUE RECLAMO, REFUTO E IMPUGNO SEVERAMENTE POR LA CONTRADICCIÓN DEL PROVEÍDO DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL ONCE DEL SOBRESEIMIENTO IRREGULAR, TRANSCRIBIENDO EL HECHO:
    Por lo que es importante el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte sustancial del asunto, (tal como indican en el sobreseimiento improcedente que vengo refiriendo de mi presente juicio de amparo), que implica, que los actos reclamados sean ciertos y, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente, citándose al respecto la tesis de jurisprudencia 17. 2º.J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, abril de 1994, página 78, de rubro: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.
    AFIRMANDO EL SÉPTIMO JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL: Es cierto el acto reclamado a la Autoridad Responsable:
    SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
    Consistente en: La omisión de dar respuesta al escrito de petición de dieciséis de junio de dos mil once.
    Lo anterior es así, no obstante que al rendir su informe justificado negó dicho acto (folio 60), pues de la documental exhibida por la parte quejosa, relativa al acuse de recibo del escrito de dieciséis de junio de dos mil once (folio 7 a 12), se advierte que la petición se formuló a la Autoridad de referencia, lo que resulta suficiente para estimar cierta la omisión reclamada.
    Apoya lo anterior en lo conducente el criterio contenido en la tesis visible en la página 351, de la Octava Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, junio de 1991, de rubro y textos siguientes: “PETICIÓN, DERECHO DE. PARA QUE PUEDA CONFIGURARSE UNA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA, RESULTA INDISPENSABLE ACREDITAR LA RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SOLICITUD, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE”.
    Asimismo, por su aplicación en parte conducente, es de invocarse la tesis II. 1º. CT217 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, octubre de 1994, página 313, que establece:
    “INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. CUANDO LO QUE SE RECLAMA ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO FORMULADO POR EL GOBERNADO, ENTONCES la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73, fracción XVI de la Ley de Amparo”.
    CON LO QUE SE CONFIRMA LA CONTRADICCIÓN EXPUESTA EN EL PROVEÍDO DEL SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE DE MI JUICIO DE GARANTÍAS, TAL COMO DETALLO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE AMPARO.
    Ninguna autoridad jurisdiccional puede concluir el acto reclamado con dicha hipótesis que refieren del artículo 73, fracción XVI de la Ley de Amparo, sin haber recabado de oficio las pruebas que se ofrecen a la Autoridad Responsable, mediante mi escrito de Petición Extraurgente, fechado 16 de junio del 2011.

     POR LO QUE ES IMPORTANTE: “Sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el citado precepto constitucional, ya que de conformidad al artículo 102 constitucional, segundo párrafo, es bien sabido por la Autoridad Responsable, que incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución ante los Tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo el LICENCIADO SALVADOR VEGA CASILLAS, de acuerdo a lo que solicito en mi escrito de Petición de fecha 16 de junio del dos mil once, (2011), consiste en que dé cumplimiento al turno que le fue dirigido y que doy a conocer a dicho servidor público, que dichos turnos provienen de la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, en base a la documentación que la misma Dirección de Atención Ciudadana, recibe de parte del Órgano Interno de Control en el SAT de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en función de mi Denuncia y Petición Extraurgente que dirijo al Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el SAT, de fecha 30 de mayo del 2011”.

    ES DECIR, que recibió instrucciones el Licenciado Salvador Vega Casillas provenientes de la Dirección de Atención Ciudadana, para que resolviera tal como procede con las constancias de las responsabilidades en que incurre EL LICENCIADO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, C. JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; por lo que debió actuar, remitiendo dichas constancias probatorias a la LICENCIADA MARISELA MORALES IBÁÑEZ, PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, para que dichas pruebas se integren en la averiguación previa UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de dicha institución, con lo que procede la consignación correspondiente tal como lo indica y especifica el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con esta actuación bajo las instrucciones dadas y que tendría que haberse efectuado por parte del LICENCIADO SALVADOR VEGA CASILLAS, LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE MI PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS, P-698/2011, se conforma el seguimiento respectivo ante un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, y con lo que las autoridades de la Procuraduría General de la República, van a notificarme de este procedimiento de consignación, en mi carácter de Ofendida, para presentarme ante el C. Juez de Distrito de Procesos Penales Federales asignado, donde se deslindan todas las responsabilidades para los que delinquen, y el pago de la reparación del daño, tal como provee nuestra Carta Magna, con el artículo 20 constitucional Apartado B, fracciones II y IV.

    Y LO QUE REALIZARON EN EL SÉPTICO JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL, es transgredir con premeditación, alevosía y ventaja mis garantías constitucionales y lo que señala con toda veracidad el artículo 17 constitucional y el número 225 del Código Penal Federal, que se canaliza a la Comisión de Delitos CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

    Y CON LO QUE TAMBIÉN QUEDA ACLARADO, que en el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, están encubriendo al LICENCIADO SALVADOR VEGA CASILLAS, siendo que ningún poder está por encima del otro, y lo que vale sustentar con el artículo 400 del Código Penal Federal y el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la garantía que consagra el artículo 8º de la Constitución General de la República, consiste a que toda petición hecha a la autoridad por escrito y de manera pacífica y respetuosa recaiga en breve término el acuerdo respectivo, (lo que nunca me hizo llegar el Licenciado Salvador Vega Casillas), únicamente se concretó a que por medio de la Secretaría de Atención Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública, me remitieran a mi correo electrónico, un oficio de la Dirección de Atención Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública firmado por nadie, indicándome el inicio de una bitácora, misma que fue remitida al Órgano Interno de Control en el SAT, cuando del mismo Órgano Interno de Control, se emiten las constancias que dirigen a la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, y ésta a su vez, las turna con sus números correspondientes y de manera directa al LICENCIADO SALVADOR VEGA CASILLAS, para que realice los trámites administrativos que le corresponden como Titular de la Secretaría de la Función Pública, ya estando comprobadas las responsabilidades en que incurre como servidor público del ámbito federal el LICENCIADO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, en su cargo de JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

    Y EN ESTE CONTEXTO, refiero sobre el artículo 205 de la Ley de Amparo: “La Autoridad Responsable que maliciosamente revocare el acto reclamado con el propósito que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en dicho acto, será castigada con las sanciones previstas en el Código Penal Aplicable en materia federal para los responsables del DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD”.

    NO OLVIDANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE: Es el Órgano u Órganos del Estado con facultades de mando y decisión públicas que invade indebidamente la esfera jurídica del gobernado; en otras palabras, aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. De esta manera los actos que se reclaman por NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la parte quejosa del presente juicio de garantías, constituyéndose el concepto en dicho juicio de amparo, en que el Licenciado Salvador Vega Casillas, es la parte demandada en el Juicio de Amparo, y es a quien se le atribuye la violación de garantías.

    EXISTEN DOS CLASES DE AUTORIDAD RESPONSABLE: “La ordenadora y la ejecutora, la primera es aquella que emite un acto de autoridad, en tanto que la ejecutora es la autoridad que va a materializar las órdenes emitidas por sus superiores jerárquicos, en todas las autoridades que tengan relación con la emisión del acto de autoridad, así como aquellas que pretendan ejecutarlo”.

    De tal manera, que acudo con mi promoción de mi Juicio de Amparo Indirecto en Materia Administrativa, de conformidad al artículo 8º constitucional, que dentro del escrito de fecha dieciséis de junio del dos mil once, que dirijo al Licenciado Salvador Vega Casillas, explico como es de explorado derecho nuestro ordenamiento jurídico supremo, lo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Licenciado Salvador Vega Casillas, la transgrede, porque son por lo menos tres exigencias que integran el debido cumplimiento de nuestra Carta Magna. En primer lugar, la manifestación de la Administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No basta, por ejemplo, con dar una información, cuando lo que se necesita es una decisión, como en este caso, en que la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, envía la documentación correspondiente de lo actuado, investigado y resuelto por el Órgano Interno de Control en el SAT, al Licenciado Salvador Vega Casillas, para que resuelva de manera definitiva lo correspondiente a lo que solicito de la entrega de mis cheques de pago de reparación de daños, y que de acuerdo a la normatividad y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Licenciado Salvador Vega Casillas, está obligado a remitir a la Procuradora General de la República dichos resultados del Órgano Interno de Control en el SAT, canalizando la recomendación sobre lo que indica el artículo 182-A del mismo Código Federal de Procedimientos Penales: “La Autoridad Judicial o el Ministerio Público que decreten el aseguramiento, deberá notificar al interesado durante los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición según sea el caso, una copia certificada del acta a que se refiere la fracción I del artículo 181, para que manifieste lo que a su derecho convenga”.

    ENFATIZANDO: Correspondencia e integridad son fundamentales en la comunicación oficial. En segundo lugar, la respuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se plantea. El funcionario no sólo está llamado a responder, también debe esclarecer; Y EN ESTOS TÉRMINOS C. JUEZ, me estoy dirigiendo al Secretario de la Función Pública, Licenciado Salvador Vega Casillas, para que obre, sobre las documentales públicas que tiene en su poder y que fueron turnadas a su nombre, bajo la disposición de la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, respecto de mi escrito de petición extraurgente que dirijo al LICENCIADO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA COMO TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL; y por supuesto que está debidamente documentado el Licenciado Salvador Vega Casillas con el camino jurídico que conduzca al peticionario a la solución de su problema.

    Finalmente, la comunicación debe ser oportuna. El factor tiempo es un elemento esencial para la efectividad de los derechos fundamentales; de nada sirve una respuesta adecuada y certera, cuando ella es tardía.

    DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal.

    POR TODO LO ANTERIORMENTE REFERIDO, ATENTAMENTE PIDO:

    ÚNICO.- De conformidad al artículo 105 constitucional, párrafo segundo y tercero, así como del artículo 107 constitucional, fracción XVI, sean remitidas copias íntegras del expediente P-698/2011, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la resolución con sentencia definitiva sobre el sobreseimiento improcedente dictado en el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, de fecha 25 de octubre del 2011.

    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTADO Y COMPROBADO CON DOCUMENTALES PÚBLICAS IRREFUTABLES QUE OBRAN EN PODER DEL LICENCIADO SALVADOR VEGA CASILLAS, A QUIEN SOLICITO LE SEAN REQUERIDAS PARA QUE OBRE EN AUTOS Y SE DÉ LA SENTENCIA CONFORME A DERECHO.

    México, D. F., 11 de noviembre del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  48. MINISTRO JUAN SILVA MEZA, PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
    P R E S E N T E.

    México, D. F., 14 de noviembre del 2011.

    EXPEDIENTE P-698/2011. JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, DEL SÉPTIMO JUZGADO DE DISTRITO EN EL DISTRITO FEDERAL, QUE PROMUEVE NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA, BAJO MI PERSONALIDAD DE QUEJOSA DEBIDAMENTE ACREDITADA EN AUTOS POR MI DERECHO DE PETICIÓN, MEDIANTE ESCRITO DE INICIO DE DEMANDA DE FECHA VEINTICUATRO DE JUNIO DEL DOS MIL ONCE. AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, LIC. SALVADOR VEGA CASILLAS. PIDIENDO EN MI PRESENTE OCURSO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 105 SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO, Y EL 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, FRCCCIÓN XVI, A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, LA SENTENCIA SUBSTITUTO DE OFICIO, POR CONCEPTO DE LA IMPROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO EN QUE INCURREN EN EL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO DE AMPARO EN COMENTO, MEDIANTE PROVEÍDO DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL ONCE, (QUE NO VIENE FIRMADO POR NADIE), RECIBIDO EN MI DOMICILIO, EL DÍA NUEVE DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, REPITIÉNDOSE EL ACTO RECLAMADO. (ANEXO CONSTANCIA).

    Las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 6 y 10 de junio de 2011, transformaron substancialmente el sistema jurídico mexicano y, en particular, el juicio de amparo.
    Las reformas abandonaron el concepto de “garantías individuales” y lo sustituyeron por el de “derechos humanos”; el cambio es trascendente porque pasamos de una concepción iuspositivista de garantías otorgadas por la Constitución y, por tanto, sujetas a las propias disposiciones constitucionales, a una concepción iusnaturalista de derechos humanos anteriores al Estado y al sistema jurídico que, por tanto, son superiores a la Constitución que no los crea ni otorga sino sólo los reconoce y los protege.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho, bajo mi personalidad debidamente acreditada en autos, y la dirección registrada en igual forma en el expediente P-698/2011 del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

    C. Ministro Juan Silva Meza, me permito acudir a Usted de conformidad a mis garantías constitucionales, anteponiendo lo que especifica el artículo 8º constitucional sobre el Derecho de Petición: Petición Derecho de Término.- Si bien es cierto que el artículo 8º constitucional establece que la autoridad debe dictar un Acuerdo y hacerlo conocer en breve término al peticionario, este breve término a que se refiere dicho precepto son los trámites relativos de rigor; y tratándose de mi escrito de Petición Extraurgente de fecha dieciséis de junio del dos mil once que dirijo al LICENCIADO SALVADOR VEGA CASILLAS, en su cargo de Secretario de la Función Pública, consiste en que diera curso bajo sus instrucciones para que concluya conforme a derecho lo que reclamo, denuncio, ratifico por escrito de tiempo atrás en las Procuradurías General de Justicia del Distrito Federal y en la General de la República, sobre la entrega de cheques de pago de reparación de daños, con motivo de la Comisión de Delitos de FRAUDES en que incurre Grupo Nacional Provincial, S. A., así como todo lo que resulte, cometido en mi perjuicio y todo lo que se ramifica en agravio de la sociedad, por lo que acudí con mi escrito de denuncia y petición extraurgente de fecha treinta de mayo del dos mil once, que dirijo al Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el SAT de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en unas cuantas horas comprobaran directamente en la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, el que se habían realizado las actuaciones de dicho órgano internacional, constatando el reaseguramiento por parte de la Lloyd de Londres, de la expedición fraudulenta de una póliza de seguro de vida en dólares con una suma asegurada de inicio de cinco millones en esa moneda, que Grupo Nacional Provincial, S. A., emite a nombre de NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la suscrita, hecho delictivo que denuncié por escrito de fecha 17 de febrero del 2011, en la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal.

    CON LO QUE QUIERO DEJAR ASENTADO, que son pruebas documentales públicas que obtuvo en cuestión de minutos el Órgano Interno de Control en el SAT, y por lo mismo con fecha del 8 de junio del 2011, hice la petición por escrito al LICENCIADO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de la República Mexicana, para que a través de la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, fuesen requeridas dichas pruebas al Órgano Interno de Control en el SAT, y se concluyera a qué autoridad se designa para que me dirija con mi PETICIÓN DE LA ENTREGA DE MIS CHEQUES DE PAGO DE REPARACIÓN DE DAÑOS.

    HECHOS, DELITOS Y PRUEBAS DOCUMENTALES PÚBLICAS, del entero conocimiento de la Autoridad Responsable, LICENCIADO SALVADOR VEGA CASILLAS, que en un seguimiento tal como lo provee la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, debe cumplirse el que se remita por parte de la Autoridad Responsable, lo investigado, desahogado y resuelto por el Órgano Interno de Control en el SAT de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Procuradora General de la República, LICENCIADA MARISELA MORALES IBÁÑEZ.

    C. MINISTRO JUAN SILVA MEZ, como es por usted bien sabido, los trámites burocráticos de rigor, los trámites y términos a que están sujetos los funcionarios para dar cuenta con las promociones que se les turnan; por lo tanto, el retardo por el trámite propio que se le debe dar por escrito no tiene relevancia jurídica para conceder la protección constitucional, dado que la garantía que consagra el precepto en comento, consiste a que a toda petición hecha a la autoridad por escrito y de manera pacífica y respetuosa, recaiga en breve término el Acuerdo respectivo, lo cual, supone que la autoridad esté en aptitud física de poder emitir el Acuerdo o Resolución que proceda, conforme a lo que se solicita. Además, la garantía consagrada a favor de los particulares en el precepto de referencia no implica que en una sola resolución se decida, en definitiva, la petición formulada por el particular.

    Tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI. Marzo de 1993.

    POR LO QUE ES IMPORTANTE SEÑALAR: “Artículo 78 de la Ley de Amparo, párrafo segundo.

    En las propias sentencias sólo se tomarán en consideración las pruebas que justifiquen la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad e inconstitucionalidad.

    Tercer párrafo: El Juez de Amparo deberá reclamar oficiosamente pruebas que habiendo sido rendidas ante la Responsable no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto”.

    Artículo 130 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: “Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, serán responsables al establecer o fijar la interpretación de los preceptos constitucionales en las resoluciones que dicten, cuando se compruebe que hubo cohecho o mala fe”.

    Y SOBRE LA LEY DE AMPARO, CAPÍTULO X. DE LAS SENTENCIAS.

    Artículo 76 Bis. Las autoridades que conozcan del Juicio de Amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece.

    POR LO MISMO, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO XVI CONSTITUCIONAL SEGUNDO PÁRRAFO: “Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Suprema Corte de Justicia, una vez que hubiere determinado el incumplimiento o reclamación del acto reclamado podrá disponer de oficio el cumplimiento substituto de las sentencias de amparo, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que podría obtener el quejoso”.

    LO QUE QUIERE DECIR, que me estoy refiriendo a pruebas documentales públicas que obran en poder de la Autoridad Responsable, que oculta dicha Autoridad, faltando gravemente a las disposiciones que se conjuntan conforme a derecho, al Código Penal Federal, por lo que se canaliza a la Comisión de Delitos Contra la Administración de Justicia; y que por lo tanto, es un asunto que ya fue estudiado y valorado en el JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL, expediente P-698/2011, POR MI DERECHO DE PETICIÓN; por lo que converge en lo que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo: “La repetición del acto reclamado podrá ser denunciado por parte interesada ante la autoridad que conoció del amparo”.

    TAL COMO DOY A CONOCER A USTED, MINISTRO JUAN SILVA MEZA, mediante mi escrito de promoción ante el C. Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal de fecha 11 de noviembre del 2011 y que anexo en el presente ocurso.

    SE REQUIERE LA SENTENCIA SUBSTITUTO DE MI JUICIO DE AMPARO QUE VENGO REFIRIENDO, ya que es urgente incluir dicha resolución en mi averiguación previa UEDE/021/2007, y las acumuladas a la misma, de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, para su pronta consignación ante un Juez de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, aplicándose el artículo 473 del Código Federal de Procedimientos Penales: La acumulación de autos tendrá lugar: I.- En los procesos que se sigan contra una misma persona, en los términos del artículo 18 del Código Penal Federal. II.- En los que se sigan por delitos conexos; III.- En los que se sigan contra los copartícipes de un mismo delito. IV.- En los que se sigan en investigación de un mismo delito contra diversas personas.

    POR TODO LO EXPUESTO A USTED C. MINISTRO JUAN SILVA MEZA, PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ATENTAMENTE PIDO:

    ÚNICO.- Se dé cabal cumplimiento a la sentencia substituto con motivo de la repetición del acto reclamado, dentro del proveído de fecha 25 de octubre del 2011, resolviendo irregularmente el sobreseimiento del mi Juicio de Amparo P-698/2011, del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal. Petición que hago a Usted apoyándome en el artículo 105 constitucional, segundo y tercer párrafo y en el 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción XVI.

    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTADO Y COMPROBADO CON DOCUMENTALES PÚBLICAS, QUE MANTIENE EN POSESIÓN EL LICENCIADO SALVADOR VEGA CASILLAS, SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

    México, D. F., 14 de noviembre del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  49. C. LICENCIADO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA
    PRESIDENTE DE LA REPÙBLICA MEXICANA.
    P R E S E N T E.

    México, D. F., 18 de noviembre del 2011.

    ASUNTO. PETICIÓN EXTRAURGENTE DE NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA, BAJO PERSONALIDAD DEBIDAMENTE ACREDITADA, EN RELACIÓN AL EXPEDIENTE P-698/2011, DE MI JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL, POR MI DERECHO DE PETICIÓN, CONTRA ACTOS DEL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, LIC. SALVADOR VEGA CASILLAS, (AUTORIDAD RESPONSABLE), APOYÁNDOME EN EL ARTÍCULO 105 PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFO, Y EL 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, FRACCIÓN XVI, ACUDIENDO A USTED, LIC. FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, COMO EL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL CITADO SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, QUIEN TRANSGREDE DE FORMA GRAVE Y SISTEMÁTICA LAS GARANTÌAS INDIVIDUALES Y SOCIALES, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DELOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANAN, TRASTORNANDO EL NORMAL Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES.

     NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho en este día viernes dieciocho de noviembre del dos mil once, con domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones, en Calle 3, No. 118, Colonia General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15000, México, D. F., correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

    “CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) Martes 6 de septiembre del 2011.— Legisladores mexicanos exigieron este martes que el Poder Judicial se conduzca con transparencia en las resoluciones de los jueces, luego de que en varias ocasiones han sido cuestionados por su actuación.
    Después de que el presidente Felipe Calderón criticara el fallo de ciertos jueces en algunos casos, los legisladores se unieron al pronunciamiento, aunque también pidieron juzgar cada caso por su propio valor.
    “Si no existen bases suficientes para el otorgamiento del amparo y sí se está colando la corrupción, también, a ciertas áreas en donde se tramitan estos juicios, bueno, realmente la pelea es mucho más fuerte que la que a simple vista pudiera contemplarse”, explicó en entrevista el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Chuayffet.
    “Tenemos que dar la batalla contra la corrupción en todos los frentes, porque pareciera que su avance ha sido incontenible”, dijo Chuayffet.
    Calderón dijo en la transmisión Pregunt@le al Presidente que a él también le cansan la corrupción y la impunidad. “Un tema de crítica generalizada a los poderes ha venido debilitando la vida institucional del país. En ese sentido, lo que creo es que en todos los poderes hay que depurar, hay que exigir que todos los integrantes actúen con estricto apego a la ley”, aseguró Calderón.
    LICENCIADO FELIPE CALDERÓN HINJOSA, DEPURE USTED A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ANTES DE FINALIZAR SU MANDATO, por lo que reitero: Las bases constitucionales del Juicio de Amparo se establecen en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
    El juicio de amparo es un instrumento jurídico creado en favor de los gobernados del Estado mexicano, que tiene por finalidad “hacer respetar los imperativos constitucionales en beneficio de aquellos”, esto es, sus garantías individuales.
    El juicio de amparo mexicano constituye en la actualidad la última instancia de impugnación de la mayor parte de los procedimientos judiciales, administrativos y aun de carácter legislativo, por lo que tutela todo el orden jurídico nacional contra las violaciones realizadas por cualquier autoridad, siempre que esas infracciones se traduzcan en una afectación actual, personal y directa a los derechos de una persona jurídica, sea individual o colectiva.
    Y LO QUE, estoy impugnando, reclamando, denunciando y pidiendo al Ministro Juan Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acorde al artículo 168 de la Ley de Amparo, por el irregular sobreseimiento del expediente P-698/2011, en el Séptimo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, sobre lo que exponen de fecha 25 de octubre del 2011, (recibido en mi domicilio el día nueve de noviembre del mismo año), he gestionado en tiempo y forma con fecha catorce de noviembre y con fecha de entrega al día siguiente, del año que transcurre, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que se lleve a cabo por Oficio la Sentencia Substituto.
    MOTIVO POR EL CUAL, anexo copia simple de mi escrito de referencia que dirijo a nombre del MINISTRO JUAN SILVA MEZA, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y por ende, acudo a Usted como el Superior Jerárquico de la Autoridad Responsable, Licenciado Salvador Vega Casillas, Secretario de la Función Pública, para que bajo su instrucción, con carácter de urgente, el LIC. SALVADOR VEGA CASILLAS, haga entrega sin excusas ni pretexto alguno, de las documentales públicas que le fueron remitidas a través de la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, donde hicieron llegar por parte del Órgano Interno de Control en el SAT, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio, y a su vez, el LIC. SALVADOR VEGA CASILLAS, debe dar cabal cumplimiento a mi DERECHO DE PETICIÓN, turnando dichas documentales públicas, directamente a la Licenciada Marisela Morales Ibañez, Procuradora General de la República, para que las mismas, sean INTEGRADAS A LA AVERIGUACIÓN PREVIA UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma, de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República y se consigne dicha indagatoria a un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, y concluya con el deslinde de las responsabilidades de los autores materiales e intelectuales de Grupo Nacional Provincial, S. A., aplicando la ley conforme a derecho para que me vea favorecida en mi carácter de Ofendida, con el pago de reparación de daños; situación que queda constatada por medio de revisiones de distintos expedientes, en virtud de las auditorías que han practicado las autoridades hacendarias a Grupo Nacional Provincial, S. A., que han sido acumuladas al expediente número 730(09)112595, de la Dirección General de Seguros y Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y lo que converge sobre los expedientes J-5216/2000 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el número 700/42899 de la Procuraduría Fiscal de la Federación, respectivamente, uniéndose, acumulándose, lo confiscado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde el mes de febrero del dos mil once, sobre pólizas de seguros de vida en dólares, que delictivamente Grupo Nacional Provincial, S. A., emite a mi nombre y lo que genera de la participación de utilidades de la cobertura básica del plan, (ganancias que producen la reserva técnica y la reserva del plan) que igualmente en el mes de febrero del dos mil once, confisca en la Casa de Bolsa Mexicana de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, beneficiándose de manera directa el gobierno federal que usted encabeza, de la defraudación fiscal correspondiente, captando por dicho concepto de EVASIÓN DE IMPUESTOS, multimillonarias partidas económicas.
    POR LO QUE ENFATIZO, LIC. FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, es de su entera competencia como Titular del Poder Ejecutivo Federal, el que conduzca a su Subalterno, LIC. SALVADOR VEGA CASILLAS, a cumplir con lo establecido en los artículos 8º, 17, y el 20 constitucional Apartado B, fracciones II y IV, lo que proveen los artículos 105 y 107 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, POR LO QUE SE DEBE IMPEDIR TAL COMO DETALLO A CONTINUACIÓN, LO QUE ES DEL DOMINIO PÚBLICO: “Invadido por el miedo y la zozobra, dividido, roto, ensangrentado y empobrecido, pulverizadas sus instituciones, quebrantada la confianza de sus ciudadanos en el Estado, marcha México, aceleradamente, hacia el pasado. Fracasada rotundamente la supuesta alternancia —en la que, en su momento, se depositaron tantas esperanzas— parecen los ciudadanos pronunciarse, al menos si creemos en lo que dicen las encuestas, por la restauración del viejo régimen.
    Medran los poderes fácticos con la desesperanza. Se aprovechan de la bancarrota democrática y se preparan para el asalto definitivo. De soldados del PRI, de servidores del mismo, pasan a ser hacedores del candidato de ese partido y se disponen a cobrar muy alto la factura. De pantalla y por la pantalla han sido los gobiernos del PAN. Vicente Fox y Felipe Calderón doblaron la cerviz ante la tv, la Iglesia y los barones del dinero. Abdicaron, a cambio de una fugaz y desastrosa estancia en Los Pinos, ante los poderes fácticos”.
    LIC. FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, ACTÚE, Ordene al LIC. SALVADOR VEGA CASILLAS, en calidad de ser Subalterno de su Administración, conforme a la Ley de Amparo: “Las bases constitucionales del Juicio de Amparo se establecen en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
    El juicio de amparo es un instrumento jurídico creado en favor de los gobernados del Estado mexicano, que tiene por finalidad “hacer respetar los imperativos constitucionales en beneficio de aquellos”, esto es, sus garantías individuales.
    El juicio de amparo mexicano constituye en la actualidad la última instancia de impugnación de la mayor parte de los procedimientos judiciales, administrativos y aun de carácter legislativo, por lo que tutela todo el orden jurídico nacional contra las violaciones realizadas por cualquier autoridad, siempre que esas infracciones se traduzcan en una afectación actual, personal y directa a los derechos de una persona jurídica, sea individual o colectiva”.
    COMO EN ESTE CASO, por todo lo que se desprende, lo que se ramifica por delitos conexos en agravio de la sociedad, afecta en proporciones de cantidades multimillonarias (POR EL ROBO DE SUMAS ASEGURADAS DE PROTECCIÓN POR FALLECIMIENTO Y DE SUS FONDOS CAPITALIZABLES) los intereses y el patrimonio de los asegurados de mi Cartera del ISSSTE a nivel nacional, clave 9893, (aclarando que la venta que realizaron a mis espaldas a trabajadores del ISSSTE y a sus dependientes económicos los defraudadores de cuello blanco de GNP, (Grupo Nacional Provincial, S. A.) se llevó a efecto en la misma etapa de la venta que realicé de la Campaña Vida ISSSTE que vengo refiriendo, del 15 de julio de 1986, al 15 de mayo de 1988, utilizando estos delincuentes de cuello blanco, mi nombre con distintas claves a la 9893, expidiendo Grupo Nacional Provincial, S.A., cheques a mi favor por concepto de comisiones, bonos y premios, por toda esta venta que realizaron a mis espaladas, sin recibir la Suscrita, cheques ni pago alguno por ningún medio.
    SEÑOR LIC. FELIPE CALDERÓN HINOJOSA: Como en otros momentos históricos y en otros países es el autoritarismo el que saca ventaja del caos imperante y la precaria e incipiente democracia mexicana incapaz de proveer paz, justicia, bienestar para los ciudadanos se tambalea”.
    La última oportunidad (Información que se difunde por Internet). Acentos: Epigmenio Ibarra. Bienvenida sea la revolución. (A lo que ahora detallo con precisión: Revolución de conciencias) Esa señal de vida, de vigor de un pueblo al borde del sepulcro.
    Ricardo Flores Magón.
    REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO
    “La Suprema Corte resolverá allegándose los elementos que estime convenientes, y si considera que hay repetición del acto reclamado, determinará que la autoridad responsable quede inmediatamente separada de su cargo y la consignará al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal correspondiente, a semejanza de lo que ocurre cuando se trata de incumplimiento de la sentencia de amparo; como asimismo pedirá, a quien corresponda, el desafuero de la mencionada autoridad, si fuere necesario. Hablar del papel del artículo 105 Constitucional como estabilizador del Poder Público, sin duda alguna nos lleva a hablar de los medios de control de la constitucionalidad, de sus finalidades, de sus procedimientos y consecuentemente también de los órganos que se encargan de ellos.
    En un sistema de Derecho Constitucional como el nuestro en donde la Constitución que es expresión de la soberanía y ésta es escrita y rígida (es decir que no puede ser cambiada o modificada por los poderes constituidos encargados normalmente de gobernar y en especial por el poder legislativo ordinario), y en donde ésta asigna como parte de su contenido fundamental la forma de Estado, la forma de gobierno, así como la creación de los poderes públicos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial (principales órganos encargados de gobernar) y la competencia de los mismos (facultades que en concreto se les han asignado), se hace necesaria la existencia de medios tendientes a garantizar que sea respetada la voluntad expresada a través de la propia Constitución. Es decir, es imperativa la existencia de medios de control de la constitucionalidad que garanticen que los mandatos constitucionales sean obedecidos por las autoridades a ella sometidas al realizar sus tareas cotidianas en el ejercicio de sus funciones”.
    POR TODO LO EXPUESTO, ATENTAMENTE PIDO:
    ÚNICO: Que se cumpla mi DERECHO DE PETICIÓN tal como lo consagra el Artículo 8º Constitucional, bajo sus instrucciones, como el Superior Jerárquico de su Subordinado, Licenciado Salvador Vega Casillas, Autoridad Responsable de mi Juicio de Amparo indirecto en Materia Administrativa con número de expediente: P-698/201, del Juzgado Séptimo de Distrito en el Distrito Federal, y concluya, con el traslado de las documentales públicas que obran en poder del Secretario de la Función Pública en mención, turnándolas mediante oficio, a la Licenciada Marisela Morales Ibañez, Procuradora General de la República, con copia de conocimiento de dichos trámites administrativos a NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita.
    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTAADO Y COMPROBADO MEDIANTE CONSTANCIAS PROBATORIAS IRREFUTABLES QUE OBRAN EN POSESIÓN DEL LICENCIADO SALVADOR VEGA CASILLAS.
    México, D. F., 18 de noviembre del 2011.
    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  50. NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ
    VS.
    DR. GUILLERMO BABATZ TORRES

    DR. GUILLERMO HARO BELCHEZ, SECRETARIO GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DIPUTADOS FEDERALES, INTEGRANTES DE LA SUBCOMISIÓN DE EXAMEN PREVIO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE JUSTICIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.
    P R E S E N T E.

    México, D. F., 24 de noviembre del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho y mi más estricta responsabilidad, en este día jueves veinticuatro de noviembre del dos mil once, vengo a DEMANDAR PARA JUICIO POLÍTICO, AL DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, de conformidad al artículo 110 Constitucional, siendo que los ACTOS Y OMISIONES en que incurre este servidor público del ámbito federal, redunda en perjuicio de NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita, en mi carácter de Ofendida, con premeditación, alevosía y ventaja, (averiguación previa UEDE/021/2007 y acumuladas a la misma, de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República); y lo que se ramifica en enormes agravios a la sociedad, transgrediendo de manera sistemática las Garantías Individuales y Sociales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan. POR LO QUE DOY A CONOCER: Mi domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones, en Calle 3, No. 118, Colonia General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c.p.15000, México, D. F., correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

    VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS Vicepresidencia de Supervisión de Procesos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Preventivos Página 1 de 1
    Lavado de Dinero
    Concepto.
    El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, prostitución, extorsión, piratería y últimamente terrorismo). El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.

    En nuestro país, el tipo penal del delito de Lavado de Dinero se encuentra previsto en el artículo 400 del Código Penal Federal.
    HECHOS

    UNO.- EL DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, oculta el contenido real del expediente J-5216/2000 y subsecuentes, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que se canaliza a la infracción cometida a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de su conducta ilícita, que trastorna el normal y buen funcionamiento de nuestras instituciones y su buen despacho, violentando el orden jurídico que nos provee nuestra Carta Magna, correspondiente a información proporcionada por el Sistema Bancario y Financiero en México, en relación a los cheques mensuales con cantidades millonarias, expedidos del quince de julio de mil novecientos ochenta y seis (1986), al quince de mayo de mil novecientos ochenta y ocho (1988), que cubrió el ISSSTE a favor de La Nacional Compañía de Seguros, S.A., actualmente Grupo Nacional Provincial, S.A., con motivo de los descuentos quincenales practicados a los trabajadores del ISSSTE, que solicitaron sus seguros de vida individuales con inversión Línea Prisma (a plazos de 20 y 50 años de duración, a partir del quince de julio de mil novecientos ochenta y seis, y así cada mes, hasta el quince de mayo de mil novecientos ochenta y ocho) en la modalidad de descuento en nómina del ISSSTE en el concepto 76, y la continuidad de DICHOS PAGOS de los asegurados, a partir del mes de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, directamente por Caja de Oficina Matriz de Grupo Nacional Provincial, S.A., y en las Oficinas de Servicio de esta Empresa de Seguros, en toda la República.

    DOS.- El Expediente J-5216/2000 y subsecuentes, (averiguaciones previas 2095/RN/98 y 1588/FESPLE/2000 de la Procuraduría General de la República) constituyen unas de mis pruebas documentales públicas que conforman mis denuncias penales por el DELITO DE FRAUDES, y lo que resulte, en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A., y Quien o Quienes resulten responsables, averiguaciones previas acumuladas actualmente con otros números a la indagatoria UEDE/021/2007, reitero: de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República.

    Prueba Documental Pública que mantiene en posesión el Dr. Guillermo Babatz Torres, Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que vengo refiriendo, y cuyos expedientes mencionados de la CNBV, contiene la documentación que comprueba que el ISSSTE, cubría fraudulentamente dos cheques mensuales en lugar de uno, durante el período de la venta del 15 de julio de 1986, al 15 de mayo de 1988, expedidos a favor de La Nacional Compañía de Seguros, S.A. (Un cheque que entregaban a Norma Esperanza Falcón Ruiz, la Suscrita, y otro que recibían a mis espaldas, los delincuentes de cuello blanco de Grupo Nacional Provincial, S.A., que vendieron seguros de vida individuales con inversión Línea Prisma a trabajadores del ISSSTE y sus dependientes económicos, utilizando mi nombre con distintas claves a la 9893).

    TRES.- TITULO SEGUNDO DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
    Responsabilidades Administrativas
    CAPITULO I
    Principios que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y obligaciones en el servicio público.

    ARTICULO 7.- Será responsabilidad de los sujetos de la Ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.
    ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:
    I.- Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;
    IV.- Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes;
    CUATRO.- Una prueba documental pública que presento por estos HECHOS, consiste en la constancia probatoria de la ficha de ingreso a Caja de Oficina Matriz de Grupo Nacional Provincial, S.A., consistente en la comprobación del pago de los descuentos practicados a trabajadores del ISSSTE, del UNO AL QUINCE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO, (1988), mediante cheque 078427 expedido a favor de LA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. del año de mil novecientos ochenta y ocho de Banco Mexicano Somex (en ese entonces) por la cantidad de ocho millones quinientos cuarenta y tres mil quinientos pesos (de los viejos pesos), y que fue el motivo por el que inicia mi denuncia penal en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A., en la PGR, (el día dos de octubre de mil novecientos noventa y ocho), por el delito de FRAUDES, en contra de dicha Empresa de Seguros, siendo que el representante legal de Grupo Nacional Provincial, S.A., Leonardo Isacc Rosas Granados niega en el mes de noviembre de mil novecientos noventa y siete, que dicho cheque haya ingresado a Caja de Oficina Matriz de GNP, dado a conocer por escrito por LEONARDO ISAAC ROSAS GRANADOS en el proceso arbitral expediente 730(09)8551, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, mediante denuncia contra GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A., que presenta la Asegurada de mi Cartera del ISSSTE, Señora Susana Palma González. Proceso Arbitral donde participo como la prueba testimonial, siendo la Agente Autorizada de la Cartera de Asegurados del ISSSTE a nivel nacional, clave 9893, por lo que hice entrega de las constancias probatorias ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, de los cheques que tuve conocimiento expidió el ISSSTE a favor de la Nacional Compañía de Seguros, S. A., del 15 de julio de 1986, al 15 de mayo de 1988, por lo que promoví dentro de las averiguaciones previas 2095/RN/98 y 1588/FESPLE/2000, el que se requiera información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al ISSSTE, sobre dichos cheques, para conocer el destino que dieron de los mismos en Grupo Nacional Provincial, S.A., LO QUE JAMÁS INTEGRARON EN LAS INDAGATORIAS, para darle el curso con la consignación correspondiente ante un Juez Penal de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, con conocimiento a NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita, en mi carácter de Ofendida, suerte principal, lo que omiten una y otra vez, dado que los autores materiales que llevaron a cabo el robo de los montos económicos de los cheques en mención, llevan a las autoridades a los autores intelectuales de estos fraudes, de estos robos, de esta defraudación fiscal multimillonaria, y de lo que se canaliza por delitos conexos con el tráfico de influencias, suplantación de persona, falsedad de declaraciones, lavado de dinero, y lo que resulte por la complicidades delictivas con servidores públicos del ámbito federal.

    CINCO.- Proporcioné en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la documentación que acredita el ingreso de este cheque a Caja de Oficina Matriz de Grupo Nacional Provincial, S.A., para que solicitaran a LEONARDO ISAAC ROSAS GRANADOS, el que demostrara lo contrario, y no actuaron en consecuencia, con lo que me vi precisada acudir junto con la asegurada Señora Susana Palma González, a la entonces Secretaría de Desarrollo Administrativo (SECODAM), actualmente Secretaría de la Función Pública, por lo que turnaron dicho trámite al Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, lo que también significa ocultamiento y encubrimiento de servidores públicos del ámbito federal, para con los que delinquen, pues no resolvieron, por lo que gestioné presentar mi denuncia penal por escrito, por el delito de FRAUDES contra Grupo Nacional Provincial, S. A., lo que ha desencadenado desde entonces subsecuentes denuncias penales contra servidores públicos hasta la actualidad, que se amplían mediante Juicios de Amparos en Materia Administrativa y en Materia Penal, y lo correspondiente a las DEMANDAS PARA JUICIOS POLÍTICOS.

    SEIS.- EN ESTE ORDEN, también anexo: constancia del pago de este cheque del ISSSTE, documental pública de fecha 23 de mayo de 1988, que firma OCTAVIO GARBUNO VILLEGAS, Jefe del Departamento u Oficina que solicita el pago, junto con la firma del Contador General del ISSSTE, ALFONSO MEJÍA, complementando dicha prueba, con la información por escrito de fecha 23 de noviembre de 1988, que firma el Licenciado Hermán Köler, Gerente Administrativo de Mercadotecnia de Grupo Nacional Provincial, S. A., y que dirige al Licenciado Sergio de la Cabada H., Director General de Mercadotecnia de dicha Empresa de Seguros, en relación al cheque de fecha del mes de mayo de mil novecientos ochenta y ocho; pruebas fidedignas que acreditan el que dicho cheque entró a Caja de Oficina Matriz de Grupo Nacional Provincial, S.A.

    SIETE.- ACLARANDO: El Dr. Guillermo Babatz Torres, es hijo del Licenciado Guillermo Babataz, quien funge como el Comisario de Grupo Nacional Provincial, S. A., con lo que se despejan las dudas, el por qué del interés del Dr. Guillermo Babatz Torres, el que no se conozca por ningún motivo, el destino que dieron a los cheques que pagó el ISSSTE a favor de la Nacional Compañía de Seguros, del 15 de julio de 1986, al 15 de mayo de 1988, de los pagos subsecuentes a partir del mes de mayo del año mil novecientos ochenta y ocho, directamente por Caja de la Comapañía de Seguros GNP, y lo correspondiente a las pólizas adicionales de seguros de vida Línea Prisma, pólizas subsecuentes de los asegurados de mi Cartera del ISSSTE A NIVEL NACIONAL, (que ellos desconocen) utilizando los delincuentes de cuello blanco de GNP, dinero de los fondos acumulados capitalizables de dichos seguros de vida, para ir acrecentando delictivamente más ventas de dichas pólizas sin información alguna a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que genera EL ROBO CRIMINAL DE LAS SUMAS ASEGURADAS DE PROTECCIÓN POR FALLECIMIENTO, JUNTO CON LOS FONDOS DE INVERSIÓN DE DICHAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUALES CON INVERSIÓN LÍNEA PRISMA.

    POR LO MISMO, el Dr. Guillermo Babatz Torres, está sujeto, de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos: Artículo 8 XII.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión.

    POR TODO LO EXPUESTO ATENTAMENTE PIDO:
    PRIMERO.- Requerir con carácter de extraurgente, al Dr. Guillermo Babatz Torres, comparezca en las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, entregando copia íntegra del Expediente J-5216/2000 y los subsecuentes, con motivo de los cheques que pagó el ISSSTE, a favor de La Nacional Compañía de Seguros, S.A., (actualmente Grupo Nacional Provincial, S.A.) durante el período del 15 de julio de 1986 al 15 de mayo de 1988, dando a conocer del destino que dieron de los mismos en Grupo Nacional Provincial, S.A., para que dicha información sea turnada a la Licenciada Marisela Morales Ibañez, Procuradora General de la República, y de el curso correspondiente de la consignación de la averiguación previa UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma, de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República.

    SEGUNDO.- Se me informe por escrito del procedimiento de mi presente Demanda para Juicio Político y el desarrollo del mismo, que lleva dichos trámites sin duda alguna a la Sección Instructora de la Cámara Baja del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que se aplique lo establecido a los que actúan en agravio de la sociedad de forma continua, delictiva, comprando conciencias a diestra y siniestra, transgrediendo de forma grave y sistemática las Garantías Individuales y Sociales, causando daños patrimoniales multimillonarios, y sean destituidos de sus cargos con las inhabilitaciones a que hay lugar, conforme al Estado de Derecho.

    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTADO Y COMPROBADO CON DOCUMENTALES PÚBLICAS QUE MANTIENE EN POSESIÓN EL DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, EN SU CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.

    México, D. F., 24 de noviembre del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  51. C. LICENCIADA VICTORIA PACHECO, SUBPROCURADORA DE CONTROL REGIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
    P R E S E N T E.

    México, D. F., 30 de noviembre del 2011.

    ASUNTO: PETICIÓN URGENTE, DE CONFORMIDAD A MIS PROMOCIONES QUE POR ESCRITO DIRIJO A LA LICENCIADA MARISELA MORALES IBAÑEZ, PROCURADURA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN MI CARÁCTER DE OFENDIDA, RELACIONADAS A MI DENUNCIA, MI DEMANDA PENAL DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2011 EN CONTRA DEL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, (ADMITRADOR CENTRAL DE OPERACIÓN DE CANALES DE SERVICIO, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SAT, DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO), AL IGUAL LO QUE SE CANALIZA A MI ESCRITO DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011, RESPECTO AL EXPEDIENTE P.306/2011, CONFORME A MI JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL POR MI DERECHO DE PETICIÓN, DEL SEGUNDO JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO EN ESA MATERIA, DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL SUSTENTO JURÍDICO QUE PROVEE, QUE POR DELITOS CONEXOS SE ACUMULEN A LA INDAGATORIA UEDE/021/2007 DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS EN EL EXTRANJERO, DEPENDIENTE DE LA SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÙBLICA, CONTANDO USTEDES CON LOS ELEMENTOS QUE LES PROVEE LAS PRUEBAS DOCUMENTALES PÚBLICAS, QUE UBICAN A LOS CULPABLES PARA SER CONSIGNADOS SIN DEMORA, A UN JUEZ DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL, CON LA NOTIFICACIÓN DE DICHOS TRÁMITES A NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA BAJO MI PERSONALIDAD DE OFENDIDA, SUERTE PRINCIPAL.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho en mi carácter de Ofendida en este día miércoles treinta de noviembre del dos mil once, con domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones, en Calle 3, No. 118, Colonia General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15000, México, Distrito Federal, correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

    Licenciada Victoria Pacheco Jiménez, apoyándome en los artículos 8º, 17, Constitucional, 225 del Código Penal Federal, 38 del Código Federal de Procedimientos Penales: (“Cuando en las actuaciones esté acreditado el cuerpo del delito de que se trate, el funcionario que conozca del asunto dictará las providencias necesarias a solicitud del interesado, para asegurar sus derechos o restituirlos en el goce de estos, siempre que estén legalmente justificados…….”)

    Motivo por el cual me dirijo a Usted solicitando su intervención de acuerdo a sus facultades y atribuciones, dentro del seguimiento establecido en la información de fecha 27 de octubre del dos mil once, (2011), (del documento que recibí el día de hoy miércoles treinta de noviembre del mismo año, de manos de Mauricio Morales Ramírez, asistente del actual Secretario Técnico, LIC. ADRIÁN GARRIDO REYES), para que Usted, LIC. VICTORIA PACHECO RAMÍREZ, POR LO DELICADO Y GRAVE DE ESTE ASUNTO, instruya al DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, MAESTRO NOÉ RODRÍGUEZ CERVANTES, para que le envíe con carácter de urgente, lo relativo a los trámites gestionados indicando el estado actual que guardan mis promociones que refiero en el presente ocurso del 18 DE OCTUBRE Y 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011, siendo que no he recibido ningún citatorio ni información alguna al respecto, del Maestro Noé Rodríguez Cervantes, nuevo Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal.

    (Información por escrito de fecha 27 de octubre del 2011), que remite el Lic. Noé Vivero Reyes en comento, que detalla: SECRETARÍA TÉCNICA SCRPPA/ST/09932/2011, reitero: fechada veintisiete de octubre del dos mil once, (2011), que dirige el Licenciado Noel Vivero Reyes, quien ocupara el cargo en la Procuraduría General de la República como Secretario Técnico del anterior Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, al Mtro. Noé Rodríguez Cervantes, Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal con el siguiente texto: “En atención al Memorándum No. ST/2727/2011, de la Secretaría Técnica de la Oficina de la C. Procuradora, al turno 33908 de Control de Correspondencia de esta Subprocuraduría y en el alcance al similar SCRPPA/ST/04309/2011 remito escrito de 18 de octubre de 2011, signado por Norma Esperanza Falcón Ruiz, mediante el cual presenta denuncia en contra de José Antonio Hernández Ross, Administrador Central de Operación de Canales de Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la presunta Comisión del Delito de OCULTAMIENTO IMPROCEDENTE”; (obstruyendo la justicia, tal como expongo en mi escrito de mi DENUNCIA PENAL de fecha 18 de octubre del 2011, que dirijo directamente a la LIC. MARISELA MORALES IBAÑEZ, PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA).

    LIC. VICTORIA PACHECO JIMÉNEZ, ha transcurrido el tiempo más que suficiente, para que el Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, le de a conocer de que forma me tiene registrada la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como contribuyente denominada persona física, o como personal moral, y lo consiguiente de los montos económicos de los pagos de impuestos, por qué concepto, de que fechas, ya que son datos programados y registrados de manera computarizada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que la obtienen en minutos; que delatan la gravedad de los delitos en que incurre con premeditación, alevosía y ventaja el Licenciado José Antonio Hernández Ross, en su cargo de Administrador Central de Operación de Canales de Servicio, de la Administración General de Servicios al Contribuyente, del SAT, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
    ARTICULO 7o. DELITO ES EL ACTO U OMISIÓN QUE SANCIONAN LAS LEYES PENALES. (CÓDIGO PENAL FEDERAL)
    EN LOS DELITOS DE RESULTADO MATERIAL TAMBIÉN SERÁ ATRIBUIBLE EL RESULTADO TÍPICO PRODUCIDO AL QUE OMITA IMPEDIRLO, SI ESTE TENÍA EL DEBER JURÍDICO DE EVITARLO. EN ESTOS CASOS SE CONSIDERARÁ QUE EL RESULTADO ES CONSECUENCIA DE UNA CONDUCTA OMISIVA, CUANDO SE DETERMINE QUE EL QUE OMITE IMPEDIRLO TENIA EL DEBER DE ACTUAR PARA ELLO, DERIVADO DE UNA LEY, DE UN CONTRATO O DE SU PROPIO ACTUAR PRECEDENTE. EL DELITO ES:
    I. INSTANTÁNEO, CUANDO LA CONSUMACIÓN SE AGOTA EN EL MISMO MOMENTO EN QUE SE HAN REALIZADO TODOS SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS; II. PERMANENTE O CONTINUO, CUANDO LA CONSUMACIÓN SE PROLONGA EN EL TIEMPO, Y
    III. CONTINUADO, CUANDO CON UNIDAD DE PROPÓSITO DELICTIVO, PLURALIDAD DE CONDUCTAS Y UNIDAD DE SUJETO PASIVO, SE VIOLA EL MISMO PRECEPTO LEGAL.
    (Me reservo mis derechos legales, para la continuidad procedente, debido a la red de corrupción que mantienen en el sistema de procuración de justicia en México, anticipando que en caso de una negativa, llegaré hasta las últimas consecuencias).

    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTADO Y COMPROBADO CON DOCUMENTALES PÚBLICAS IRREFUTABLES, QUE USTEDES MANTIENEN EN POSESIÓN, PUES HAN SIDO REQUERIDAS AL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS.

    México, D. F., 30 de noviembre del 2011.
    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

    c.c.p. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para conocimiento.
    c.c.p. Licenciado Arturo Núñez Jiménez, Senador de la República. Para conocimiento y efecto.
    c.c.p. Periodista Carmen Aristegui Flores y toda la opinión pública.

  52. NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ
    VS
    LIC. SALVADOR VEGA CASILLAS
    SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
    AUTORIDAD RESPONSABLE.

    ASUNTO: IMPUGNANDO SOBRESEIMIENTO, JUICIO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EXPEDIENTE P-698/2011, CON EL ACTO RECLAMADO: DERECHO DE PETICIÓN, POR LO QUE DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 282 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA MATERIA POR DISPOSICIÓN EXPRESA DE SU NUMERAL SEGUNDO, NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA COMO PARTE QUEJOSA, RECIBÍ EL DÍA LUNES 28 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL ONCE, NOTIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE FECHAS 16 Y 23 DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, DICTADOS POR LA SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y POR EL JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL; POR LO QUE EN TIEMPO Y FORMA, PRESENTO DESAHOGO DE LOS MISMOS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 297, FRACCIÓN II, DANDO SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA LEY DE AMPARO.

    C. JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL.
    P R E S E N T E .

    México, D. F., 1 de diciembre del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho, bajo mi personalidad debidamente acreditada en autos, con domicilio para recibir documentos y toda clase de notificaciones, debidamente registrada en el expediente P-698/2011.

    CON FUNDAMENTO A LA LEY DE AMPARO, EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE DECRETARSE CUANDO EL ACTOR DESISTA, EXISTIENDO, ADEMAS, RATIFICACION DE LA FIRMA DEL ESCRITO DE DESISTIMIENTO.
    POR LO QUE C. JUEZ, VENGO A IMPUGNAR EL SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral segundo, para que se agregue a los presentes autos para los efectos legales conducentes; en atención a su contenido, por lo que expongo de forma congruente, fundada y motivada, QUE NO DESISTO DE MI JUICIO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA POR MI DERECHO DE PETICIÓN, expediente P-698/2011, relacionando los siguientes:
    HECHOS.
    UNO.- IMPUGNO resolución dictada el treinta y uno de octubre del año en curso (folios 90 a 98) donde se expone el sobreseimiento irregular en el presente Juicio de Amparo.
    DOS.- El sobreseimiento debe interpretarse en el sentido de que, por aparecer, se entienda que el juzgador se dé cuenta de un motivo de improcedencia durante la tramitación del juicio y no exclusivamente en el sentido de que ese motivo surja después de que el juicio ha sido entablado. POR LO QUE NO CUMPLE LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS: ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO DE LOS CASOS DE IMPROCEDENCIA.

    Concepto de improcedencia. La improcedencia del amparo es una institución jurídica por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para determinar si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o inconstitucional. La improcedencia motiva que el juzgador federal, no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución. La institución en estudio esta conformada por una serie de hipótesis normativas, debidamente previstas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución, como ya se ha visto, y por la jurisprudencia formada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por los Tribunales Colegiados de Circuito.

    TRES.- POR LO QUE EN ESTE CASO DEBE TOMARSE LO QUE SE INDICA:
    • Naturaleza de la sentencia que sobresee el juicio.
    ▫ La sentencia carece de ejecución, debido que no impone obligación a la autoridad responsable; y eso es precisamente lo que usted C. Juez, limita e imposibilita el que se me otorgue bajo sentencia definitiva, el Amparo y Protección de la Justicia Federal; no tiene el alcance de una sentencia ejecutoriada, porque los efectos de un sobreseimiento impide hacer un estudio de fondo.
    • POR LO QUE NUEVAMENTE IMPUGNO Y RECLAMO LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL DICTAMEN DE LA SENTENCIA CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE AMPARO, LO QUE SE OMITE EN LA ACTUACIÓN DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL ONCE, A COMO SE ESPECIFICA EN DICHO ARTÍCULO DE LA PRESENTE LEY:
    NO OLVIDANDO: EL SOBRESEIMIENTO es una resolución jurisdiccional que pone fin al juicio, sin resolver la controversia de fondo; es decir, sin aclarar si el acto que se impugna es o no contrario a la Constitución, debido a que no se estudian los conceptos de violación que hago valer como la parte quejosa, por lo que prevalece el acto que se reclama de la Autoridad Responsable.
    FALTANDO USTED C. JUEZ, a lo previsto en el artículo 78 de la Ley de Amparo. – En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada.
    En las propias sentencias sólo se tomarán en consideración las pruebas que justifiquen la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad.
    El juez de amparo deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto.
    CUATRO.- El juicio de amparo es un medio procesal constitucional del ordenamiento jurídico mexicano que tiene por objeto específico hacer reales, eficaces y prácticas las garantías individuales establecidas en la Constitución, buscando proteger de los actos de todas las autoridades sin distinción de rango, inclusive las más elevadas, cuando violen dichas garantías. Está regulado por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal y la Ley de Amparo.
    Se basa en la idea de limitación del poder de las autoridades gubernamentales, la cual jurídica y lógicamente resulta de la decisión de la soberanía que en los primeros artículos de la Constitución garantiza los derechos fundamentales.
    La sentencia de amparo podrá ser dictada en tres sentidos: conceder el amparo, otorgar protección al quejoso contra el acto reclamado, negar el amparo, que significa que la inconstitucionalidad del acto reclamado no fue demostrada, y sobreseer el juicio, que significa que el juez advirtió que se actualiza alguna causal de improcedencia o sobreseimiento del juicio; POR LO QUE REITERO Y SEÑALO LA CONTRADICCIÓN EXPUESTA EN EL SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE DE MI PRESENTE JUICIO DE AMPARO P.698/2011.
    UNO.- Transcribo lo que exponen de inicio en el proveído del 25 de octubre del 2011 de mi Juicio de Amparo P-698/2011: “PRIMERO.- PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el veinticuatro de junio del dos mil once y recibido en este Juzgado Séptimo en la materia y jurisdicción citadas el veintisiete del citado mes y año, NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado a la siguiente autoridad señalada como responsable: “III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: LICENCIADO SALVADOR VEGA CASILLAS, SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA….
    IV.- ACTO RECLAMADO: QUE SE ME ENTREGUEN MIS CHEQUES DE PAGO DE REPARACIÓN DE DAÑOS, bajo comprobación a través de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control en el SAT, con motivo de mi escrito de DENUNCIA de fecha 30 de mayo del dos mil once, en contra del LIC. ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, C. JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien incurre así como la Responsable, en ACTOS Y OMISIONES GRAVES, que sustentan la abstención por parte de dicha autoridad, LICENCIADO SALVADOR VEGA CASILLAS, de concluir las disposiciones giradas de la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República en Palacio Nacional, bajo comprobación de conformidad de mis gestiones legales realizadas en el Órgano Interno de Control, en función de mi escrito de DENUNCIA CONTRA EL LICENCIADO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, C. JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TIRUBUTARIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, fecha treinta de mayo del dos mil once en comento”.

    CINCO.- A diferencia de estos dos últimos, el juicio de amparo es promovido por cualquier particular que considere que sus garantías individuales han sido violadas por alguna autoridad.
    El Poder Judicial de la Federación a través del juicio de garantías controla los actos de los demás poderes y los suyos propios, e impone la supremacía de la Constitución, al privar de eficacia legal y material a los actos de autoridad que no se ajustan a los términos y al sentido de los preceptos constitucionales relativos a los derechos humanos, y la Autoridad Responsable omite con premeditación, alevosía y ventaja dar cumplimiento a mi DERECHO DE PETICIÓN, considerando igualmente de conformidad a la Ley de Amparo Capítulo I, de la responsabilidad de los funcionarios que conozcan del amparo, artículo 198: “Los Jueces de Distrito, las Autoridades Judiciales de los Estados, del Distrito Federal, en funciones de aquellos, los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son responsables en los Juicios de Amparo por los delitos de faltas que cometan, ya en la substanciación de éstos, ya en las sentencias, en los términos que los definen y castigan el Código Penal para el Distrito Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de este capítulo”.
    SEIS.- POR LO QUE RECLAMO, REFUTO E IMPUGNO SEVERAMENTE EL SOBRESEIMIENTO DICTADO POR USTED C. JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL, LIC. NÉSTOR RAFAEL SALAS CASTILLO, Y DEBE CORREGIR, DICTANDO LA SENTENCIA DEFINITIVA, DONDE SE ME OTORGUE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL.
    Por lo que es importante el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte sustancial del asunto, (tal como indican en el sobreseimiento improcedente que vengo refiriendo de mi presente juicio de amparo), que implica, que los actos reclamados sean ciertos y, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente, citándose al respecto la tesis de jurisprudencia 17. 2º.J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, abril de 1994, página 78, de rubro: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. DICTADO POR USTED LO SIGUIENTE:
    Es cierto el acto reclamado a la Autoridad Responsable:
    SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
    SIETE.- De esta manera, se dé cumplimiento de manera más efectiva el compromiso de la Autoridad Responsable, Lic. Salvador Vega Casillas, Secretario de la Función Pública de rendir cuentas de su actuación en el deber público, construyendo así una relación sana y transparente entre gobernantes y ciudadanos/as.
    EL DERECHO DE PETICIÓN, consagrado en el artículo 8º de nuestra Carta Magna, es también el derecho a la información pública que se enuncia en dicho artículo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del Capítulo I, de las garantías individuales; “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa”; siendo que la sociedad actual reconoce que todo ser humano por el derecho de serlo, goza de un conjunto de garantías inherentes, indivisibles y universales que deben ser respetadas y protegidas por el Estado.
    OCHO.- Lo anterior es así, no obstante que la Autoridad Responsable, al rendir su informe justificado negó dicho acto (folio 60), pues de la documental exhibida por la parte quejosa, relativa al acuse de recibo del escrito de dieciséis de junio de dos mil once (folio 7 a 12), se advierte que la petición se formuló a la Autoridad de referencia, lo que resulta suficiente para estimar cierta la omisión reclamada.
    Apoya lo anterior en lo conducente el criterio contenido en la tesis visible en la página 351, de la Octava Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, junio de 1991, de rubro y textos siguientes: “PETICIÓN, DERECHO DE. PARA QUE PUEDA CONFIGURARSE UNA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA, RESULTA INDISPENSABLE ACREDITAR LA RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SOLICITUD, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE”.
    Asimismo, por su aplicación en parte conducente, es de invocarse la tesis II. 1º. CT217 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, octubre de 1994, página 313, que establece:
    “INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. CUANDO LO QUE SE RECLAMA ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO FORMULADO POR EL GOBERNADO, ENTONCES la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73, fracción XVI de la Ley de Amparo”.
    LO QUE CONFIRMA LA CONTRADICCIÓN EXPUESTA POR USTED C. JUEZ, EN EL PROVEÍDO DEL SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE DE MI JUICIO DE GARANTÍAS, TAL COMO DETALLO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE AMPARO; Y EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS, COMPROBANDO EL QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INTENTA DEJARME EN TOTAL ESTADO DE INDEFENSIÓN, PIDO A USTED NUEVAMENTE RESUELVA MI PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS CON LA SENTENCIA DEFINITIVA, BAJO LOS CONCEPTOS EXPUESTOS EN MI PRESENTE OCURSO DE IMPUGNACIÓN AL IRREGULAR SOBRESEIMIENTO, DICTANDO LO QUE CORRESPONDE, PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUMPLA LO ESTABLECIDO EN MI ESCRITO DE PETICIÓN DE FECHA DIECISÉIS DE JUNIO DEL DOS MIL ONCE, REMITIENDO A LA LICENCIADA MARISELA MORALES IBÁÑEZ, PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LAS PRUEBAS DOCUMENTALES PERICIALES Y TESTIMONIALES, QUE FUERON TURNADAS AL LICENCIADO SALVADOR VEGA CASILLAS, DE PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA SER INTEGRADAS Y DESAHOGADAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA UEDE/021/2007, CUMPLIMENTANDO CON LA CONSIGNACIÓN CORRESPONDIENTE HACIA UN JUEZ DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES Y SE RESUELVA CON LA APLICACIÓN DE LA LEY A LOS QUE DELINQUEN Y EL PAGO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO.
    Y COMO EN ESTE CASO, la competencia para conocer y resolver el recurso, siendo que subsiste el problema de constitucionalidad:
    Si subsiste un problema de constitucionalidad la SCJN resolverá lo que corresponda.
    REITERO Y SEÑALO CON TODA CLARIDAD: Ninguna autoridad jurisdiccional puede concluir el acto reclamado con dicha hipótesis que refieren del artículo 73, fracción XVI de la Ley de Amparo, sin haber recabado de oficio las pruebas que se ofrecen a la Autoridad Responsable, mediante mi escrito de Petición Extraurgente, fechado 16 de junio del 2011.

    “Sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el citado precepto constitucional, ya que de conformidad al artículo 102 constitucional, segundo párrafo, es bien sabido por la Autoridad Responsable, que incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución ante los Tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo el LICENCIADO SALVADOR VEGA CASILLAS, de acuerdo a lo que solicito en mi escrito de Petición de fecha 16 de junio del 2011, consiste en que dé cumplimiento al turno que le fue dirigido y que doy a conocer a dicho servidor público, que dichos turnos provienen de la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, en base a la documentación que la misma Dirección de Atención Ciudadana, recibe de parte del Órgano Interno de Control en el SAT de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en función de mi Denuncia y Petición Extraurgente que dirijo al Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el SAT, de fecha 30 de mayo del 2011.
    POR TODO LO EXPUESTO A USTED C. JUEZ, ATENTAMENTE PIDO:
    ÚNICO.- Remitir copia íntegra del expediente Principal 698/2011, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva de conformidad a los artículos 105 segundo y tercer párrafo y el 107 constitucional, fracción XVI, dictando el Acuerdo correspondiente para tal fin.
    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTADO Y COMPROBADO CON LAS PRUEBAS DOCUMENTALES PÚBLICAS QUE OBRAN EN PODER DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A QUIEN DEBEN REQUERÍRSELAS, PARA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE PIDO CONFORME A DERECHO Y A LA LEY DE AMPARO.
    México, D. F., 1 de diciembre del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  53. C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.
    P R E S E N T E .

    México, D. F., 7 de diciembre del 2011.

    ASUNTO: PETICIÓN EXTRAURGENTE.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho, en mi carácter de ofendida, con motivo de mi denuncia penal de fecha 18 de octubre del 2011, que presenté por escrito en la Procuraduría General de la República, en contra del Licenciado José Antonio Hernández Ross, en su cargo de Administrador Central de Operación de Canales de Servicio, de la Administración General de Servicios al Contribuyente, del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por lo que doy a conocer a usted mi domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones, en Calle 3 No. 118, Col. General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c.p.15000, México, D. F., correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

    Respetable Lic. Alfonso Navarrete Prida, me dirijo a usted como Titular de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, apoyándome en los artículos 8º, 17, y 20 constitucional Apartado B, y todo lo que provee el artículo 61 del Reglamento del Gobierno Interno de la institución que se representa a través del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para solicitarle con carácter de extraurgente, su intervención como Legislador directamente relacionado al Reglamento de la Secretaría de Hacienda y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que se sirva girar sus apreciables instrucciones de acuerdo a sus facultades, para que se turne oficio al Licenciado José Antonio Hernández Ross en mención, y le dé respuesta de forma clara, sin excusas, ni pretexto alguno, de qué manera tiene registrada el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la suscrita, pues se ha conformado una serie de negativas, tanto del Licenciado José Antonio Hernández Ross, para que informe lo que solicito por escrito a este respecto, al Secretario de Hacienda, Licenciado José Antonio Meade K, mediante escrito de petición de fecha 14 de septiembre del 2011; como de las autoridades de la Procuraduría General de la República, que desde el día 18 de octubre del 2011, hasta este día 7 de diciembre del mismo año, no realizan ninguna actuación conforme lo que presento mediante mi denuncia penal de fecha 18 de octubre del presente año.

    POR LO QUE ES IMPORTANTE REFERIR LOS SIGUIENTES:

    HECHOS

    UNO.- Es muy clara mi exposición en lo que se relaciona a los actos omitivos que se canalizan penalmente a los delitos previstos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal.

    De esta manera sustancio sobre el artículo 215 del Código Penal Federal, fracciones III. Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud.

    Fracción IV. Cuando estando encargado de administrar justicia, bajo cualquier pretexto, aunque sea el de obscuridad o silencio de la ley, se niegue injustificadamente a despachar un negocio pendiente ante él, dentro de los términos establecidos por la ley.

    El delito en sentido estricto, existiendo mi escrito de petición extraurgente que dirijo al Licenciado José Antonio Meade K., nuevo Secretario de Hacienda y Crédito Público, escrito de fecha 14 de septiembre del 2011.

    DOS.- En tales circunstancias, es totalmente comprobado por el silencio ominoso que guardan las autoridades de la Procuraduría General de la República, ante este hecho delictivo que denota el encubrimiento, porque si ocultan la información sobre lo que tiene registrado el SAT, sobre mi naturaleza de contribuyente, es porque necesariamente, están ocultando que me tienen registrada de una manera distinta de contribuyente como persona física; y lo que conlleva de la información que tampoco me proporcionan, sobre qué cantidades de pago de impuestos se refieren en el SAT, mediante comunicación que me hacen llegar por mi correo electrónico a principio del mes de septiembre del 2011, donde el Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, me da las gracias por los pago de impuestos que he aportado; y de lo cual con dicha información acudí al SAT de la Secretaría de Hacienda, aquí en la ciudad de México, D. F., en dicho mes para saber de qué pago de impuestos se trata, de qué fechas y de qué cantidades de dinero ocupan dichos pagos.

    TRES.- Y como todas mis gestiones han seguido el curso correspondiente conforme a las leyes, al verme privada de dicha información y de la respuesta clara y precisa que me niega el Licenciado José Antonio Hernández Ross, por tal motivo lo denuncio penalmente con fecha 18 de octubre del 2011, mediante escrito que dirijo directamente a la Licenciada Marisela Morales Ibáñez, Procuradora General de la República, que anexo copia simple en el presente ocurso, al igual que la copia de mi escrito de fecha 14 de septiembre del 2011, que dirijo al Licenciado José Antonio Meade K., Secretario de Hacienda y Crédito Público.

    CUATRO.- Usted como Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, está facultado dentro de su representatividad, para dar continuidad con lo que debe transparentar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República.

    POR LO MISMO, LA TRANSPARENCIA es un requisito indispensable para que exista una adecuada rendición de cuentas. Si no hay transparencia, si la información que el Gobierno tiene en su poder no se hace pública, crece la desconfianza de los ciudadanos y no puede existir un debate serio y justo sobre los asuntos que nos preocupan.

    El día de hoy siete de diciembre del dos mil once, la Licenciada Marisela Morales Ibáñez, Procuradora General de la República, expresó que en estos momentos se tiene el privilegio de poder hacer algo por el país, pero “si no lo hacemos, sería cobarde de nuestra parte, porque si no queremos o no podemos mejor hay que retirarse”.

    Al reunirse con los representantes de la PGR en los estados, la abogada de la nación señaló que tienen un compromiso muy firme con la sociedad: Combatir frontalmente a la delincuencia con gran profesionalismo.

    Marisela Morales ofreció su apoyo a los 32 Delegados para consolidar a la PGR, como institución eficaz y confiable, cuya actuación ha sido reconocida por gobernadores, procuradores, secretarios de seguridad pública estatales y de instituciones federales de seguridad.

    ENTONCES, Señor Licenciado Alfonso Navarrete Prida, este es el momento de demostrarlo con hechos, no sólo con palabras, por lo que le pido de la manera más atenta, que terminemos este asunto de ocultamiento, corrupción que trasciende en la impunidad para los que delinquen, y sin más preámbulos, le solicito participe y requiera con carácter de urgente la información que de manera dolosa, con premeditación, alevosía y ventaja me niegan el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Licenciado José Antonio Hernández Ross, las autoridades de la Procuraduría General de la República, y como punto referente en esta institución, la respuesta que debe proporcionarme por estos hechos que denuncio, la Licenciada Victoria Pacheco Jiménez, nueva Subprocuradora de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo, de la Procuraduría General de la República, por lo que también anexo en el presente ocurso en copia simple, mi escrito de petición de fecha 30 de noviembre del 2011, que dirijo a la Licenciada Victoria Pacheco Jiménez, pues es a ella a quien corresponde darle seguimiento a mi denuncia penal de fecha 18 de octubre del presente año en contra del Licenciado José Antonio Hernández Ross.

    POR TODO LO EXPUESTO ATENTAMENTE PIDO:

    ÚNICO.- Le sea requerida de su parte, la información de lo cual detallo en mi presente ocurso y que me niega delictivamente, el Licenciado José Antonio Hernández Ross; ya que es una información que debe integrarse y desahogarse en la averiguación previa UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma, de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, para su pronta consignación ante un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Distrito Federal, ya que dicha indagatoria, contiene toda una serie de elementos jurídicos sustentados en expedientes de auditorías que han sido practicadas de años atrás hasta la actualidad, a Grupo Nacional Provincial, S. A., donde se comprueban los delitos de FRAUDES, cometidos en mi perjuicio y todo lo que se ramifica en agravio de la sociedad en proporciones multimillonarias de robos perpetrados de sumas aseguradas de protección por fallecimiento y sus correspondientes fondos de inversión acumulados capitalizables de cada póliza de seguro de vida individual con inversión Línea Prisma, de los asegurados de mi Cartera del ISSSTE a nivel nacional, clave 9893; con lo que me he tenido que defender a través de mis distintas denuncias penales en contra de Grupo Nacional Provincial, S. A., y quien o quienes resulten responsables.

    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTADO Y COMPROBADO CON DOCUMENTALES PÚBLICAS IRREFUTABLES.

    México, D. F., 7 de diciembre del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.
    1

  54. LICENCIADO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA.
    P R E S E N T E .

    México, D. F., 9 de diciembre del 2011.

    ASUNTO: PETICIÓN EXTRAURGENTE. (FOLIO 22286489-60).

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho, en mi carácter de ofendida, en este día viernes nueve de diciembre del dos mil once, con domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones, en Calle 3 No. 118, Col. General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c. p. 15000, México, D. F., correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

    Me permito dar curso a la información que por escrito de fecha 28 de noviembre de 2011, me hace llegar Alejandro Rojas Flores, Titular de la Oficina de la Presidencia de la República. Red Federal de Servicio a la Ciudadanía, de Palacio Nacional, por lo que es importante puntualizar el contexto siguiente: El Señor Alejandro Rojas Flores indica en el escrito del 28 de noviembre del 2011: “Al respecto (refiriéndose sobre los trámites del expediente P-698/2011, correspondiente a mi Juicio de Amparo, actualmente reformado como mi Juicio de Derechos Humanos, tratándose de mi derecho de petición, mediante escrito de fecha 16 de junio del 2011 que dirijo de manera extraurgente al Licenciado Salvador Vega Casillas, Secretario de la Función Pública), le informamos que la materia de su asunto pertenece a la competencia del Poder Judicial Federal”.

    POR LO QUE EXPLICO A USTED LICENCIADO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, en calidad de Titular del Poder Ejecutivo Federal, lo siguiente: El nuevo Titular de la Oficina de la Presidencia de la República. Red Federal de Servicio a la Ciudadanía, Licenciado Alejandro Rojas Flores, está errando sobre su apreciación de mi escrito de petición que dirijo a usted en relación a mi Juicio de Garantías que vengo refiriendo, porque lo que pido a usted Señor Presidente de la República, es que intervenga como superior jerárquico del Licenciado Salvador Vega Casillas, para que dé el trámite correspondiente, de lo que expongo y solicito mediante mi escrito de fecha 16 de junio del 2011, para que dé cabal cumplimiento a los artículos 8º, 17 y el 113 constitucional, y todo lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de manera escrita, la Autoridad Responsable de mi Juicio de Amparo P-698/2011, refiriéndome con su respuesta el Licenciado Salvador Vega Casillas, con qué servidor público puedo presentarme para que se me haga entrega de mis cheques de pago de reparación de daños, con motivo de lo dispuesto por la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, en base a mi escrito de petición sobre estos hechos, que dirijo a usted con fecha 8 de junio del 2011, sobre las pruebas documentales públicas que remitió a la misma Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, el Órgano Interno de Control en el SAT, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relacionadas dichas pruebas, por las actuaciones que se llevaron a efecto por parte del Órgano Interno de Control en mención, con motivo de mi escrito de denuncia y petición urgente de fecha 30 de mayo del 2011, que hice llegar en contra del LICENCIADO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, C. JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

    • CON LO QUE QUIERO DECIR, que lo que converge al Juicio de Amparo P-698/2011, está totalmente esclarecido mediante mi gestión de fecha 1 de diciembre del 2011, en el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, tal como señalo en dicha promoción: “POR LO QUE NUEVAMENTE IMPUGNO Y RECLAMO LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL DICTAMEN DE LA SENTENCIA CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE AMPARO, LO QUE SE OMITE EN LA ACTUACIÓN DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL ONCE, A COMO SE ESPECIFICA EN DICHO ARTÍCULO DE LA PRESENTE LEY”.

    Mi promoción presentada el 1 de diciembre del 2011, lleva como parte fundamental el que su subalterno el Secretario de la Función Pública, Licenciado Salvador Vega Casillas, omite delictivamente, el dar seguimiento conforme a lo que pido a usted con fecha 8 de junio del 2011, como Presidente de la República, el que se me indique con qué servidor público puedo pasar para que se me haga entrega de mis cheques de pago de reparación de daños; y es de su entero conocimiento del personal de la Dirección de Atención Ciudadana de la Oficina de la Presidencia de la República, el que se turnó escrito en función de mi petición del 8 de junio del presente año, directamente al Licenciado Salvador Vega Casillas, porque las pruebas documentales públicas que le remitieron del resultado de las actuaciones del Órgano Interno de Control en el SAT, lo ubican como el servidor público que debe concluir mi petición hecha a usted, proporcionando dichas pruebas a la Procuradora General de la República, LICENCIADA MARISELA MORALES IBÁÑEZ, para que las incluya y desahogue en la indagatoria UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma, de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, lo que genera conforme a derecho, la consignación de los autores materiales e intelectuales del delito de FRAUDES, cometidos en mi perjuicio con todas las agravantes de la ley, y todo lo que se ramifica en agravio de la sociedad, donde se localizan los asegurados de mi Cartera del ISSSTE a nivel nacional, clave 9893 y las cientos de miles de pólizas más, de seguros de vida individuales con inversión Línea Prisma, que vendieron a mis espaldas los delincuentes de cuello blanco de Grupo Nacional Provincial, S. A., utilizando mi nombre con distintas claves a la 9893.

    EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS, Y EN ESTE ÁMBITO DE RESPONSABILIDADES, quiero manifestarle Señor Presidente de la República, que si la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, fue la intermediaria para que mis pruebas documentales públicas, en función de mi escrito de denuncia y petición urgente de fecha 30 de mayo del 2011, se turnaran directamente a quien corresponde concluir mi asunto, en este caso, el personal de la Oficina de la Presidencia de la República. Red Federal de Servicio a la Ciudadanía, está incurriendo en omisiones que se canalizan a lo que se tipifica penalmente como Abuso de Autoridad, (sobre la parte que relaciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal), para que se le dé el seguimiento ante la Procuraduría General de la República, estando de por medio la averiguación previa UEDE/021/2007, y las acumuladas a la misma, de la cual hago mención en mi escrito de fecha 8 de junio del 2011 que dirijo a usted, en mi escrito de denuncia y petición urgente de fecha 30 de mayo del 2011, que dirijo al Titular de Quejas, Denuncias e Inconformidades del Órgano Interno de Control en el SAT, y consecutivamente en mi escrito de petición extraurgente de fecha 16 de junio del 2011, que dirijo al Licenciado Salvador Vega Casillas, Secretario de la Función Pública.

    O LO QUE ES LO MISMO: Corresponde a usted Señor Presidente Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, instruir a sus subalternos Licenciado Salvador Vega Casillas, Secretario de la Función Pública y a Alejandro Rojas Flores, Titular de la Oficina de la Presidencia de la República para que se coordinen nuevamente en función de las pruebas que les proporcionó en el mes de junio del 2011, el Órgano Interno de Control en el SAT, y sin más excusas ni pretextos, dichas pruebas sean remitidas con carácter de urgente a la Licenciada Marisela Morales Ibáñez, Procuradora General de la República, para ponerle fin a mi asunto legal, que por la irresponsabilidad, la red de corrupción e impunidad que prevalece en las instituciones de la Administración Pública Federal a su digno cargo, están perjudicándome de años atrás en enormes magnitudes de daños y perjuicios y lo concerniente a la Responsabilidad Patrimonial del Estado; lo cual se corrige con su intervención, simple y sencillamente para que la Procuradora General de la República con las pruebas documentales públicas que les envíe el Licenciado Salvador Vega Casillas, se consigne por fin la averiguación previa UEDE/021/2007, directamente hacia un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales, con notificación a mi persona, dándome a conocer el número de causa penal, para la debida valoración de las pruebas, la aplicación de la ley a los responsables y el pago de reparación de daños.

    RECORDÁNDOLE LICENCIADO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA LO ESPECIFICADO EN LOS ARTÍCULOS 8º, 17 CONSTITUCIONAL, 225 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, 38 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES: “Cuando en las actuaciones esté acreditado el cuerpo del delito de que se trate, el funcionario que conozca del asunto dictará las providencias necesarias a solicitud del interesado, para asegurar sus derechos o restituirlos en el goce de éstos, siempre que estén legalmente justificados….”.

    POR LO QUE VIENE A COLACIÓN, la forma clara y precisa con que impugno el irregular sobreseimiento dictado en mi Juicio de Derechos Humanos expediente P-698/2011, radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal: CON FUNDAMENTO A LA LEY DE AMPARO, EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE DECRETARSE CUANDO EL ACTOR DESISTA, EXISTIENDO, ADEMAS, RATIFICACIÓN DE LA FIRMA DEL ESCRITO DE DESISTIMIENTO.
    “POR LO QUE C. JUEZ, VENGO A IMPUGNAR EL SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral segundo, para que se agregue a los presentes autos para los efectos legales conducentes; en atención a su contenido, por lo que expongo de forma congruente, fundada y motivada, QUE NO DESISTO DE MI JUICIO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA POR MI DERECHO DE PETICIÓN, expediente P-698/2011, relacionando los siguientes:
    HECHOS.
    UNO.- IMPUGNO resolución dictada el treinta y uno de octubre del año en curso (folios 90 a 98) donde se expone el sobreseimiento irregular en el presente Juicio de Amparo.
    DOS.- El sobreseimiento debe interpretarse en el sentido de que, por aparecer, se entienda que el juzgador se dé cuenta de un motivo de improcedencia durante la tramitación del juicio y no exclusivamente en el sentido de que ese motivo surja después de que el juicio ha sido entablado. POR LO QUE NO CUMPLE LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS: ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO DE LOS CASOS DE IMPROCEDENCIA.

    Concepto de improcedencia. La improcedencia del amparo es una institución jurídica por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para determinar si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o inconstitucional. La improcedencia motiva que el juzgador federal, no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución. La institución en estudio esta conformada por una serie de hipótesis normativas, debidamente previstas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución, como ya se ha visto, y por la jurisprudencia formada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por los Tribunales Colegiados de Circuito.

    TRES.- POR LO QUE EN ESTE CASO DEBE TOMARSE LO QUE SE INDICA:
    • Naturaleza de la sentencia que sobresee el juicio.
    ▫ La sentencia carece de ejecución, debido que no impone obligación a la autoridad responsable; y eso es precisamente lo que usted C. Juez, limita e imposibilita el que se me otorgue bajo sentencia definitiva, el Amparo y Protección de la Justicia Federal; no tiene el alcance de una sentencia ejecutoriada, porque los efectos de un sobreseimiento impide hacer un estudio de fondo.
    • POR LO QUE NUEVAMENTE IMPUGNO Y RECLAMO LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL DICTAMEN DE LA SENTENCIA CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE AMPARO, LO QUE SE OMITE EN LA ACTUACIÓN DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL ONCE, A COMO SE ESPECIFICA EN DICHO ARTÍCULO DE LA PRESENTE LEY:

    NO OLVIDANDO: EL SOBRESEIMIENTO es una resolución jurisdiccional que pone fin al juicio, sin resolver la controversia de fondo; es decir, sin aclarar si el acto que se impugna es o no contrario a la Constitución, debido a que no se estudian los conceptos de violación que hago valer como la parte quejosa.”; y usted SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LICENCIADO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, se ha quejado públicamente el que muchos Jueces no actúan apegado a derecho, por lo mismo, no le estoy solicitando que usted intervenga para cambiar una resolución en un dictamen de una sentencia irregular adecuado con manipulación perversa, corrupta debido a los sobornos que usted tanto hace referencia en sus discursos, pidiendo a la ciudadanía que denuncie, y es lo que estoy haciendo ante usted, DENUNCIANDO LA CORRUPCIÓN DE SU ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, porque le corresponde a usted que este asunto quede arreglado por mi derecho de petición que dirijo a usted mediante mi escrito de fecha 8 de junio del 2011, de mi escrito de denuncia y petición extraurgente de fecha 30 de mayo del 2011, que dirijo al Titular de Quejas Denuncias e Inconformidades del Órgano Interno de Control en el SAT de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por mi escrito de petición extraurgente que dirijo al Licenciado Salvador Vega Casillas, Secretario de la Función Pública.

    HECHOS, DELITOS, COMETIDOS CON PREMEDITACIÓN, ALEVOSÍA Y VENTAJA POR PARTE DE SUS SUBALTERNOS TANTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN, y usted no puede hacerse a un lado con estos delitos encima, porque mis cheques de pago de reparación de daños, están asegurados por la misma MARISELA MORALES IBÁÑEZ, y lo que están esperando de manera corrupta, cruel y deshumanizada, es hacerme perder lo que ya tengo comprobado que es mío, y que por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, se los voy a dejar para que se los roben. CUMPLE USTED PORQUE CUMPLE, COMO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA, CUMPLIENDO LO QUE USTED OFRECIÓ: CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANAN, DE LO CONTRARIO, QUE LA NACIÓN ME LO DEMANDE.

    SE LO ESTOY DEMANDANDO SEÑOR PRESIDENTE, en base a los resultados que arrojan los distintos expedientes de las auditorías que han practicado a Grupo Nacional Provincial, S. A., desde el mes de febrero de 1997 hasta la actualidad, auditorías acumuladas al expediente 730(09)112595 de la Dirección General de Seguros y Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las acumuladas en el expediente 700/42899 de la Procuraduría Fiscal de la Federación; al igual que las acumuladas al expediente J-5216/2000 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

    Mis actuaciones legales en mi carácter de ofendida han sido constantes y persistentes, realizando toda la presentación que conforman mis escritos de peticiones urgentes que dirijo a autoridades de su Administración Pública Federal, (que resulta un fiasco a lo que usted pregona, que su gobierno es un gobierno de leyes. FALSO DE TODA FALSEDAD, sus subalternos están supeditados a líneas de consignas desde la titularidad de toda institución).

    POR LO QUE TAMBIÉN, aprovecho para anexarle pruebas de ello mediante copias simples de mis escritos fechados 18 de octubre y 30 de noviembre del 2011, escritos que dirijo a la Licenciada Marisela Morales Ibáñez, Procuradora General de la República y a la Licenciada Victoria Pacheco Jiménez, Subprocuradora de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, (como una muestra de la red de corrupción e impunidad en que incurren servidores públicos del ámbito federal, encubriendo a los que delinquen, trastornando el normal y buen funcionamiento de las instituciones, que ni con todo el dinero que usted ha aportado a los medios de comunicación nacionales e internacionales, va a quedar oculto la realidad de lo que sucede en su gobierno….. ¿gobierno de leyes?.

    POR TODO LO ANTERIORMENTE VERTIDO, ATENTAMENTE PIDO A USTED COMO EL TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

    ÚNICO.- Ejerza usted su autoridad, depurando en este año que le queda de su mandato a las instituciones que están enlodando cada día, la gestión pública, en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, deteriorando cada día más, la imagen de la Administración Pública Federal, por lo que de la manera más atenta, le solicito en mi carácter de ofendida, el que agilice con una simple llamada telefónica, hacia su subalterno Salvador Vega Casillas, para que de inmediato a través de un mensajero haga llegar mis pruebas documentales públicas que refiero a través de este ocurso, a la Procuradora General de la República, Licenciada Marisela Morales Ibáñez, con copia de dicho trámite a NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, como ofendida y como la parte interesada.

    Debe quedar también bien especificado, para su entero conocimiento que el Licenciado José Antonio Hernández Ross, en su cargo de Administrador Central de Operación de Canales de Servicio, de la Administración General de Servicios al Contribuyente, del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está encubriendo a los defraudadores fiscales de Grupo Nacional Provincial, S. A., incurriendo este funcionario en una responsabilidad mayor, que se canaliza como una conducta, acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible. Esclarece una conducta infraccional del derecho penal, es decir una acción u omisión tipificada y penada por la ley.

    ASÍ ES QUE, en términos generales, la corrupción política es el mal uso público (gubernamental) del poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia y rendición de cuentas.

    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTADO Y COMPROBADO CON DOCUMENTALES PÚBLICAS IRREFUTABLES, QUE MANTIENE EN POSESIÓN EL LICENCIADO SALVADOR VEGA CASILLAS, SU SUBALTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE SU GOBIERNO.

    México, D. F., 9 de diciembre del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ

    c.c.p. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para conocimiento e intervención urgente. Información que les remito de manera escaneada por Internet.
    c.c.p. Licenciado Arturo Núñez Jiménez.- Senador de la República, para conocimiento y efecto.

  55. NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ
    VS
    LIC. VICTORIA PACHECO JIMÈNEZ.
    SUBPROCURADORA DE CONTROL REGIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
    JUICIO POLÍTICO.

    DR. GUILLERMO HARO BELCHEZ, SECRETARIO GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DIPUTADOS FEDERALES, INTEGRANTES DE LA SUBCOMISIÓN DE EXAMEN PREVIO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE JUSTICIA, DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.

    México, D. F., 13 de diciembre del 2011.

    Norma Esperanza Falcón Ruiz, promoviendo por mi propio derecho y mi más estricta responsabilidad, con domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones, en Calle 3 No. 118, Colonia General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c.p.15000, México, D. F., correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

    VENGO A DEMANDAR PARA JUICIO POLÍTICO A LA LICENCIADA VICTORIA PACHECO JIMÉNEZ, SUBPROCURADORA DE CONTROL REGIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, apoyándome en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, siendo que transgrede de forma grave las Garantías Individuales y Sociales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, y por ende, como consecuencia legal, lo que se genera en enormes perjuicios en agravio de la sociedad; tratándose de un asunto que por actos y conductas ilícitas tal como denuncio penalmente en contra del LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROOS, Administrador Central de Operación de Canales de Servicio, de la Administración General de Servicios al Contribuyente, del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante escrito de fecha 18 de octubre del 2011 que dirijo a la Procuradora General de la República, LIC. MARISELA MORALES IBAÑEZ, relaciona por delitos conexos, a otros servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: LICENCIADOS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, (JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, (PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES), DR. JAVIER LAYNEZ POTISEK, (PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN) ERNESTO CORDERO ARROYO, JOSÉ ANTONIO MEADE K., (ANTERIOR Y ACTUAL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÈDITO PÚBLICO) LIC. MANUEL S. AGUILERA VERDUZCO, (PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS), al no proporcionarme la Licenciada Victoria Pacheco Jiménez respuesta alguna de mi promoción de escrito de Petición Urgente que dirijo a su nombre, de fecha 30 de noviembre y presentada al día siguiente, uno de diciembre del dos mil once, con lo que se constata el impedimento para que se concluya conforme a derecho, con la consignación de los que delinquen con todas las agravantes de la ley, referente a la indagatoria UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República; que hasta el día de hoy en la Procuraduría General de la República, no me han dado a conocer DE FORMA ESCRITA NI VERBAL, la causa, motivo o razón, el por qué, mis denuncias penales por el delito de FRAUDES en contra de Grupo Nacional Provincial, S. A., y Quien, o Quienes resulten responsables, lo que denuncio en contra de MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, como la autora intelectual del Delito de Suplantación de mi Persona, Falsedad de Declaraciones, Tráfico de Influencias Y LO QUE RESULTE, cometidos en mi perjuicio, y lo que se desprende por las complicidades delictivas en que incurren servidores públicos del ámbito federal, NADIE INFORMA el por qué, se instruye la Averiguación Previa UEDE/021/2007, en la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, de la Procuraduría General de la República, el destino que han dado a mis pruebas documentales públicas, sin siquiera proporcionarme copias de mis comparecencias, ni presentarme todos los tomos que conforman dicha indagatoria, al igual, que tenerme ajena, sin entregarme las supuestas Consultas del No Ejercicio de la Acción Penal, por la sencilla razón, que no están fundamentadas en mi pruebas, lo que repercute que al obtener copia de dichas consultas del No Ejercicio de la Acción Penal, queda al descubierto toda la manipulación tramposa de las autoridades de la Procuraduría General de la República, dándose por cierto LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.

    TÍTULO SEGUNDO
    Procedimientos ante el Congreso de la Unión en materia de juicio político y declaración de procedencia.

    CAPITULO I
    Sujetos, causas de juicio político y sanciones.

    En los términos del artículo 110 de la Constitución General de la República, la Licenciada Victoria Pacheco Jiménez, es sujeta de juicio político, por los motivos que expongo de forma congruente, fundada y motivada en mi presente ocurso.

    HECHOS

    UNO.- POR LO MISMO: I. La Responsabilidad administrativa de los Servidores Públicos.

    Es un principio general del derecho que todo aquél que cause un daño a otro debe resarcirlo. Esta obligación de reparar el daño puede tener distinta naturaleza y sujetos a quienes se debe reparar dependiendo si se trata de una responsabilidad civil o penal; sin embargo, por la naturaleza y alcances que tiene el servicio público, la responsabilidad que tienen quienes se desempeñan en él es de tal envergadura que ha dado lugar a una forma de responsabilidad distinta a las tradicionales.

    DOS.- Tal como señalo en mi escrito de Petición Urgente de fecha 30 de noviembre del dos mil once, a la LIC. VICTORIA PACHECO JIMÉNEZ: “………ha transcurrido el tiempo más que suficiente, para que el Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, le de a conocer de que forma me tiene registrada la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como contribuyente denominada persona física, o como persona moral, y lo consiguiente de los montos económicos de los pagos de impuestos, por qué concepto, de que fechas, ya que son datos programados y registrados de manera computarizada en la Secretaría de Hacienda que la obtienen en minutos; que delatan la gravedad delos delitos en que incurre con premeditación, alevosía y ventaja el Licenciado José Antonio Hernández Roos, en su cargo de Administrador Central de Operación de Canales de Servicio, de la Administración General de Servicios al Contribuyente, del SAT, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

    TRES.- “Así, la responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia del actuar ilícito de un funcionario, diferenciando esa responsabilidad de las penales y civiles a que también está sujeto.

    Por una parte, la responsabilidad civil del servidor público se traduce en la obligación de reparar el daño por parte de su causante frente a la persona concretamente perjudicada, a diferencia de la penal, en la que responde frente a la sociedad representada por el Estado. De manera que un mismo hecho puede dar lugar a responsabilidad de distinto orden; pero la responsabilidad penal siempre será subjetiva, como se dice muy comúnmente: delinquen las personas, no las instituciones, puesto que las personas jurídicas públicas actúan mediante voluntades humanas que se ponen a su servicio.

    Aunque hoy existe una tendencia académica que parece haber tenido eco en la legislatura respecto a que el Estado debe ser solidariamente responsable respecto a los daños y perjuicios ocasionados por sus funcionarios, en todos los casos, no sólo cuando estos actúen dolosamente.

    CUATRO.- Dicho esquema constitucional es el siguiente:

    “DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
    PUBLICOS”.

    (REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O. 22 DE AGOSTO
    DE 1996)

    Art. 108 Constitucional. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

    CINCO.- Como puede observarse, nuestra Constitución establece un régimen de responsabilidades que busca tutelar el correcto y cabal desarrollo de la función administrativa y establecer, a favor de los ciudadanos, principios rectores de la función pública que se traducen en un derecho subjetivo, en una garantía a favor de gobernados y servidores públicos, para que estos se conduzcan con apego a la legalidad y a los principios constitucionales de honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el servicio público.

    CON LO QUE QUIERO DEJAR ASENTADO:

    PRIMERO.- QUE SE REQUIERAN CIN CARÁCTER DE URGENTE, MIS DOCUMENTALES PÚBLICAS QUE OBRAN EN PODER LA LICENCIADA VICTORIA PACHECO JIMÉNEZ, PARA QUE EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, POR MEDIO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE JUSTICIA Y LO QUE CONCIERNE A LA SECCIÓN INSTRUCTORA, DETERMINE LOS DAÑOS Y PERJUCIOS EN QUE SE CONCRETAN LAS RESPONSABILIDADES DE LA LICENCIADA VICTORIA PACHECO JIMÉNEZ, PARA SER SUJETA A LA DESTIUTCIÓN DE SU CARGO CON LA INHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE.

    SEGUNDO.- Que dichas pruebas sean turnadas a la averiguación previa UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma, para su urgente consignación con la notificación a mi persona en mi carácter de Ofendida, para su pronta resolución ante un Juez de Procesos Penales Federales del distrito Federal.

    PROTESTO LO NECESARIO CON LO MANIFESTADO CON DOCUMENTALES PÚBLICAS IRREFUTABLES, QUE OBRAN EN POSESIÓN DE LA LICENCIADA VICTORIA PACHECO JIMÉNEZ.

    México, D. F., 13 de diciembre del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  56. C. MTRO. NOE RODRÍGUEZ CERVANTES, DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL.
    P R E S E N T E.

    México, D. F., 14 de diciembre del 2011.

    ASUNTO: RECLAMACIÓN, DENUNCIA E IMPUGNACIÓN SOBRE EL OFICIO NÚMERO DDF/09132/2011 QUE USTED ME REMITE POR CORREO CERTIFICADO, Y RECIBIDO EL DÍA MARTES 13 DE DICIEMBRE DEL 2011, EN MI DOMICILIO QUE ANOTO PARA RECIBIR TODA CLASE DE DOCUMENTOS Y NOTIFICACIONES, POR LO QUE HAN TRANSCURRIDO MÁS DE TREINTA Y CINCO DÍAS, SIN RECIBIR LOS ANÁLISIS NI INFORMACIÓN ALGUNA, DE PARTE DEL LIC. JORGE GUSTAVO ARROYO ACOSTA, SUDELEGADO DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES, DEPENDIENTE DE LA SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, RESPECTO DEL TRÁMITE DADO A MI ESCRITO DE FECHA DE ENTREGA 28 DE OCTUBRE DEL 2011 QUE ASIGNO A USTED, CON EL SIGUIENTE ASUNTO: “PETICIÓN DE NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA, EN MI CARÁCTER DE OFENDIDA, DE CONFORMIDAD AL OFICIO 46719/2011, RELACIONADO AL EXPEDIENTE: AP/PGR/DDF/SPE-II/1814/11, OFICIO FECHADO 25 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO, QUE DIRIGE LA LICENCIADA ELSA OLIVA GARCÍA BADILLO, C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, TITULAR DE LA MESA II-DDF, ADSCRITA A LA DELEGACIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL. SUBDELEGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA AL C. JEFE REGIONAL DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL, PARA LOCALIZACIÓN Y NOTIFICACIÓN (EXTRA URGENTE) PARA HACER ENTREGA A LA QUE SE SUSCRIBE DEL ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE FECHA 28 DEL MES DE MARZO DEL 2011”.

     NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho en mi carácter de Ofendida, en este día miércoles 14 de diciembre del 2011, con domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones el que señalo, Calle 3 No. 118, Colonia General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c.p.15000, México, D. F., correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

    SEÑOR DELEGADO, es obvio, que ustedes son parte de la obstrucción a la justicia, de la procuración de justicia de forma selectiva, totalmente improcedente, fuera de toda legalidad, permitiendo el encubrimiento a los que delinquen por medio de actos y omisiones en un ámbito de responsabilidades debidamente registradas en el artículo113 Constitucional y lo que corresponde a la Responsabilidad Patrimonial del Estado.

    POR LO QUE TRANSCRIBO LA PARTE SUSTANCIAL DE MI ESCRITO DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2011: “C. Delegado, me dirijo a Usted, apoyándome en los artículos 8º, 17, 20 constitucional Apartado B, y lo relacionado con el artículo 400 del Código Penal Federal sobre el delito de encubrimiento, que especifica: La previa comisión de un delito. El término delito y el problema de accesoriedad en relación con el delito de encubrimiento en el artículo 400 del Código Penal Federal, por lo que es importante el que relacione conforme a derecho punto por punto, el Acuerdo de Recepción de Documentos de fecha 28 días del mes de marzo del 2011, por lo que atentamente comparezco y expongo de forma congruente, fundada y motivada.
    UNO.- Transcribiendo dicho Acuerdo sobre la averiguación previa PGR/DDF/SPE-II/1052/09/03: TÉNGASE, por recibido el escrito de fecha quince de marzo del dos mil once suscrito por la C. NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, en su carácter de ofendida por medio de lo que denuncia de la manera siguiente: “..que GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A., mantiene una póliza de seguros de vida a nombre de NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la suscrita (sin mi conocimiento, adjudicándome ingresos millonarios), sin los cuales no se puede solventar un pago de primas por una suma asegurada por la cantidad de 500 millones de dólares, y además poniendo como beneficiario precisamente a la misma empresa Grupo Nacional Provincial, S. A.”.
    C. MAESTRO NOE RODRÍGUEZ CERVANTES, DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL, en base a su Oficio No. DDF/09132/2011 de fecha 28 de octubre del mismo año, que dirige al LIC. JORGE GUSTAVO ARROYO ACOSTA, SUBDELEGADO DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES, donde Usted, expone: “En mérito de lo anterior y bajo su más estricta responsabilidad, agradeceré implemente las medidas necesarias a efecto de que, de acuerdo a sus facultades y atribuciones analice y atienda personalmente el escrito que se adjunta, informando a la promovente de manera personal y al suscrito el trámite dado”.
    es decir, Usted SEÑOR DLEGADO, después de haber transcurrido más de treinta y cinco días, ya obtuvo de parte del LIC. JORGE GUSTAVO ARROYO ACOSTA, la información sobre el trámite dado a mi escrito de fecha 27 de octubre del 2011 y el estado actual que guarda el mismo escrito, en función de lo que hayan integrado y resuelto sobre mis pruebas documentales públicas de las cuales hago mención en el multicitado escrito de petición de fecha veintisiete de octubre del dos mil once que dirijo a Usted, existiendo la indagatoria AP/PGR/DDF/SPE-II/1052/09-03, junto con la No. PGR/DDF/SPE-II/1814/11, donde en ambas, (estando bajo la instrucción de la LIC. ELSA OLIVA GARCÍA BADILLO, C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, TITULAR DE LA MESA II-DDF, adscrita a la Subdelegación de Procedimientos Especiales de la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal), también consta todo lo que abarca, la copia de mi escrito fechado once de febrero del dos mil once, (2011), que de forma escaneada dirijo a la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, solicitándole el que comprobaran dicha expedición de la póliza de seguro de vida en comento, que con sus incrementos de sumas aseguradas de protección por fallecimiento, mediante pólizas adicionales registradas con el mismo número de la póliza de inicio, alcanza una cantidad de 500 millones de dólares, que mediante la participación de la CIDDH, se comprueba que dicha póliza de seguro de vida fue reasegurada por la LLOYD DE LONDRES.
     Información que ustedes han comprobado es totalmente cierta. (Nadie cree en los Órganos de DERECHOS HUMANOS INTERNACIONALES, ni mucho menos, van a sujetarse al ocultamiento en que ustedes incurren con premeditación, alevosía y ventaja, para imposibilitarme el que me proporcionen el número de causa penal de la consignación de las indagatorias de las que hago referencia en mi presente escrito), pues debe Usted comunicarse en igual forma con la Subprocuradora de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo, para que le confirme sobre lo que se ha constatado a través de las constancias, documentales públicas que obran en su poder, las cuales solicitó con carácter de Urgente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación de la INFORMACIÓN QUE DEBE PROPORCIONAR EL SAT, de qué manera me tienen registrada, como contribuyente como persona física o como persona moral, sobre que montos económicos de pago de impuestos de mi parte se trata, de que años y por qué concepto, y por tanto, anexo al presente ocurso tanto copia del oficio NO. DDF/09132/2011, registrado con fecha 28 de octubre del 2011, y copia de mi escrito de fecha 30 de noviembre del mismo año, sobre mi petición extraurgente que dirijo a la LIC. VICTORIA PACHECO JIMÉNEZ, Subprocuradora de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República JUNTO CON LA INFORMACIÓN QUE POR ESCRITO LE REMITIERON A USTED, EN EL 26 DE OCTUBRE DE ESTE AÑO 2011, DE LA MISMA SUBPROCURADURÍA EN MENCIÓN, con motivo de mi escrito de fecha 18 de octubre del 2001, sobre mi DENUNCIA PENAL, EN CONTRA DEL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROOS.
    REITERO: HECHOS, Delitos Federales comprobados, que dentro de la integración de las indagatorias que vengo refiriendo en mi presente ocurso, son elementos de juicio, de una consistencia legal, que acredita con certeza la probidad de lo que denuncio y ratifico de tiempo atrás en las Procuradurías General de Justicia del Distrito Federal, la General de la República, en contra de Grupo Nacional Provincial, S. A., y quien o quienes resulten responsables, en contra de MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, como la autora intelectual del Delito de Suplantación de mi Persona, Tráfico de Influencias, Falsificación de Documentos, Falsedad de Declaraciones, ytodo lo que resulte, (averiguaciones previas FIZP/IZP-5/T1/1379/06-06, y su complemento, la No. FIZP/IZP-5/T1/2316/2008-10, acumuladas con otros números a la Averiguación Previa UEDE/021/2007 de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, ya que a través de estas documentales públicas, se deriva la actuación de dicha investigación en base a estos hechos, (AL CUERPO DEL DELITO) lo que los llevó a ustedes, al aseguramiento del mismo, solicitando la documentación respectiva a la misma Secretaría de Hacienda, supuesto que se localizan dentro de mi denuncia penal de fecha 17 de febrero del 2011 que dirijo a nombre del DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL; sustentada mi denuncia en comento de fecha diecisiete de febrero del dos mil once, (2011), con documentación que me envía la Secretaría de Hacienda informándome lo que considera competencia para cumplimentar el desarrollo, la integración y resolución de estas indagatorias, las que Ustedes las registran con los números AP/PGR/DDF/SPE/-II/1052/09-03 y PGR/DDF/SPE-II/1814/11, y con lo cual deben estar cumplimentadas por delitos conexos con la consignación correspondiente, al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales, junto con la Número UEDE/021/2007 de la Unidad de Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, sobre lo que denuncio de la expedición fraudulenta de dicha póliza de seguros de vida en dólares y lo que genera de la inversión que producen la reserva técnica y la reserva del plan, cuyo monto económico que resulta con todos los intereses acumulados y reinvertidos hasta la actualidad, también fue confiscado por la Secretaría de Hacienda en el mes de febrero del dos mil once, bajo las instrucciones del JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DE LASECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LIC. ALFRREDO GUTIÉRREZ ORTÍZ MENA, que al negarse la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a participar por medio de la Unidad de Asuntos Jurídicos de dicha institución, se tipifica por el delito de encubrimiento de conformidad al artículo 400 del Código Penal Federal. (DE DICHA NOTIFICACIÓN DE LA CONSIGNACIÓN DE ESTAS AVERIGUACIONES PREVIAS, NI USTED, COMO DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL, NI EL LIC. JORGE GUSTAVO ARROYO ACOSTA, NI EL SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES, NI LA SUBPROCURADORA DE CONTROL REGIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO, NO ME HAN REMITIDO HASTA ESTE DÍA INFORMACIÓN ALGUNA, (OFICIO, NI CORREO ELECTRÓNICO, DEJÁNDOME EN UN TOTAL ESTADO DE INDEFENSIÓN Y COMPROBÁNDOSE CON ELLO, LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO).
    LE RECUERDO C. DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL: “La Responsabilidad Patrimonial del Estado se refiere a la obligación que tiene como ente jurídico de reparar los daños causados con motivo de su actuación, a los particulares, por su parte el régimen de responsabilidades de los servidores públicos se refiere a que éstos deben actuar de acuerdo a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de su oficio, cargo o comisión, pues de lo contrario serán responsables de su irregular actuación frente a la administración pública, e inclusive, si mediante su conducta causaron un daño al erario público, deberán reparar los mismos además de pagar las sanciones económicas que se les hayan impuesto”.
    REFERENTE A LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, tiene como fundamento el que se establezca en la legislación de forma clara la manera en que deberá reparar los daños causados a los particulares con motivo de su actuar, lo que evidentemente se realiza por medio de las personas físicas denominadas servidores públicos.
    POR TODOLO EXPUESTO ATENTAMENTE PIDO:
    PRIMERO.- Mañana Jueves 15 de diciembre del 2011, regreso por la respuesta de Usted, como el Responsable Directo y Titular de la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, por lo que preciso, si me envían con otro servidor público, será mediante escrito dirigido a mi persona, con la información al respecto, pues cada trámite voy a comprobarlo por escrito.
    SEGUNDO.- LA VINCULACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON LAS RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ES EVIDENTE, ya que no actúan de forma personal, sino a nombre y representación de aquella, e idependientemente de que el daño a los particulares sea provocado dolosamente, o en forma culposa, la administración pública tiene y deberá tener de reparar a los particulares los daños causados a través de sus servidores públicos.

    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTADO Y COMPROBADO CON DOCUMENTALES PÚBLICAS QUE USTEDES OCULTAN, AL IGUAL QUE LA SUBPROCURADORA DE CONTROL REGIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO.

    México, D. F., 14 de diciembre del 2011.
    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

    c.c.p.COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. PARA CONOCIMIENTO Y URGENTE INTERVENCIÓN. (ENVÍO DE FORMA ESCANEADA)
    c.c.p. LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ. SENADOR DE LA REPÚBLICA. PARA CONOCIMIENTO Y EFECTO.
    c.c.p. PERIODISTA CARMEN ARISTEGUI FLORES Y TODA LA OPINIÓN PÚBLICA.

  57. C. LICENCIADA MARISELA MORALES IBÁÑEZ, PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
    P R E S E N T E.

    México, D. F., 15 de diciembre del 2011.

     ASUNTO: SOLICITO SU PARTICIPACIÓN EN MI CARÁCTER DE OFENDIDA, PIDIENDO A USTED, DE ACUERDO A SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, EL QUE PONGA ORDEN TAL COMO CORRESPONDE, COMO TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DE CONFORMIDAD AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA LEY ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN A SU DIGNO CARGO, LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINSTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LO QUE PROVEE NUESTRA CARTA MAGNA QUE SUSTENTAN MIS GARANTÍAS INDIVIDUALES Y MIS DERECHOS HUMANOS, EN VIRTUD DE UNA CONTINUIDAD DE ACTOS Y OMISIONES QUE SE CANALIZAN Y TIPIFICAN COMO ABUSO DE AUTORIDAD, POR PARTE DEL DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL, DE LA SUBPROCURADORA DE CONTROL REGIONAL. PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO, QUE CONVERGEN EN DAÑOS Y PERJUICIOS DE FORMA ABUSIVA, DOLOSA, FUERA DE TODA LEGALIDAD QUE ME CAUSAN CON PREMEDITACIÒN, ALEVOSÌA Y VENTAJA, CON MOTIVO DE MI DENUNCIA PENAL POR EL DELITO DE FRAUDES, OCULTAMIENTO IMPROCEDENTE OBSTRUYENDO LA JUSTICIA, Y LO QUE RESULTE. DENUNCIA DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2011, QUE DIRIJO A USTED, EN CONTRA DEL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, Y LO CONCERNIENTE DE LO QUE SE DESPRENDE DE MI ESCRITO DE PETICIÓN EXTRAURGENTE DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2011, (ENTREGADA AL DÍA SIGUIENTE) QUE DIRIJO AL MISMO DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, en mi carácter de Ofendida, promoviendo por mi propio derecho, en este día jueves 15 de diciembre del 2011, con domicilio para recibir toda clase de documentos en Calle 3, No. 118, Colonia General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15000, correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

    LEY ORGÀNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

    Artículo 4.- Corresponde al Ministerio Público de la Federación:
    I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende:

    A) En la averiguación previa:
    a) Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito, así como ordenar a la policía que investigue la veracidad de los datos aportados mediante informaciones anónimas, en términos de las disposiciones aplicables;

    b) Practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado en términos de lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales, en coordinación con sus auxiliares y otras autoridades de los tres órdenes de gobierno, de conformidad con las disposiciones aplicables, los protocolos de actuación que se establezcan, y los convenios de colaboración e instrumentos que al efecto se celebren;

    c) Ejercer la conducción y mando de las policías en la función de la investigación de los delitos, e instruirles respecto de las acciones que deban llevarse a cabo en la averiguación del delito y de sus autores y partícipes, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

    d) Ejercer sus facultades de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes cuando las leyes otorguen competencia a las autoridades del fuero común, siempre que prevenga en el conocimiento del asunto, le solicite al Ministerio Público local la remisión de la investigación o se actualicen las hipótesis que para tal efecto se contemplen en ley;

    e) Llevar a cabo las acciones necesarias para solicitar la reparación del daño correspondiente.

    C. LICENCIADA MARISELA MORALES IBAÑEZ, ME ESTÀN CITANDO A TRAVÉS DE UN OFICIO QUE ME HACEN LLEGAR POR CORREO ORDINARIO, QUE LLEGA EL DÍA DE AYER, 14 DE DICIEMBRE DEL 2011, (A LAS SEIS DE LA TARDE), PARA QUE COMPARECEZCA EL DÍA MARTES TRECE DE DICIEMBRE DEL 2011). LO QUE CONSTITUYE LA TRANSGRESIÓN DE FORMA IRREGULAR, ILEGAL, DE MIS GARANTÍAS INDIVIDUALES, (POR LO QUE TENDRÁN QUE PAGARME LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ACONTECEN ESTOS HECHOS) REFERENTE A RATIFICAR MI DENUNCIA PENAL DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2011 EN CONTRA DEL LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, DE MANERA IMPROCEDENTE, ANTEPONIENDO EL DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL (QUE VENGO REFIRIENDO), INTERESES PERSONALES, A LA CORRECTA FORMALIDAD QUE ESPECIFICA EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, para las notificaciones sobre citatorios para comparecencias, ratificación de denuncias, que las autoridades de la Procuraduría General de la República, deben hacer entrega con ocho días de anticipación; por lo cual, solicito su proceder, su actuación imparcial, como Titular de la Procuraduría General de la República, para que me presenten la notificación de manera personal, para tener el documento de recibido, que garantiza el que estaré ante el C. Agente del Ministerio Público de la Federación, sin ningún problema, compareciendo el día convenido.

    POR LO QUE, anexo al presente ocurso, copia de mi escrito de fecha 14 de diciembre del 2011, que dirijo al MTRO. NOE RODRÍGUEZ CERVANTES, DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, (que demuestra no haber recibido NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita, en mi carácter de Ofendida, ningún oficio de citatorio de ratificación de denuncia hasta este día quince de diciembre a las seis de la tarde en que me hacen entrega del mismo en el domicilio que anoto para tal efecto), tan es así que me presenté el día de hoy jueves 15 de diciembre después de las once de la mañana, (cerca de las doce del día), y pregunté a través de la recepcionista de la Delegación de la Procuraduría General de la República, para que me hiciera el favor de comunicarse con la Secretaria del Delegado de la PGR, en el Distrito Federal, para que me informara si ya está la respuesta de mi escrito del 14 de diciembre del 2011, contestando la Secretaria del Delegado a la Recepcionista de la Delegación, que no está la respuesta, ya que estaban apenas estudiando el asunto.

    Es decir, manipulan el envío del oficio del citatorio de mi comparecencia, porque se deduce sin duda alguna, que lo elaboraron el día de ayer, poniendo la fecha del 28 de noviembre del 2011, siendo que se delatan con este oficio, de su actuación tergiversada, para que dicho oficio llegara a mi domicilio después de la fecha de mi comparecencia, (ya que anotan en dicho Oficio, para presentarme el día trece de diciembre del dos mil once), por lo que pido la pronta corrección, con el envío del citatorio en tiempo y forma, siendo que estoy dando respuesta con mi escrito de fecha 14 de diciembre del 2011, (reclamación, denuncia e impugnación sobre el oficio NO. DDF/09132/2011 de fecha 28 de octubre del mismo año, que dirige el DELEGADO en comento, al LIC. JORGE GUSTAVO ARROYO ACOSTA, SUDELEGADO DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES, con copia a la suscrita). PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA IRREFUTABLE DE LO QUE PIDO A USTED CORROBORE CON CARÁCTER DE URGENTE.

    LIC. MARISELA MORALES IBAÑEZ, me estoy refiriendo que el oficio DDF/09132/2011 de fecha 28 de octubre del 2011, sobre mi escrito de fecha 27 de octubre que dirijo al DELEGADO, lo envía el DELEGADO DE LA PGR. EN EL DISTRITO FEDERAL, (por correo certificado a mi domicilio que registro para recibir toda clase de documentos y notificaciones, en esta ciudad), donde precisamente lo recibieron el día martes trece de diciembre del año que transcurre, de tal manera que doy seguimiento dando respuesta por escrito al DELEGADO, al día siguiente, POR LO QUE, de la manera más atenta pido su intervención para que se me haga llegar tanto el Oficio con fecha correcta en tiempo y forma, notificándome de manera personal, para que comparezca ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, y en ese contexto, también le pido me hagan llegar lo que explica el DELEGADO sobre el análisis correspondiente sobre los hechos, delitos y expedientes de documentales públicas que señalo y pido reiteradamente en todas mis comparecencias, sean requeridas para ser integradas y desahogadas que debe sustentar por delitos conexos, el que se consigne la averiguación previa UEDE/02172007 y las acumuladas a la misma, de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República.

    DENTRO DE LAS RESPONSABILIDADES EN QUE INCURRE EL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, le recuerdo al Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, que presenté mi escrito de denuncia penal de fecha 18 de octubre del 2011, que dirijo a Usted, con la constancia sobre el documento en oficio sobre información de fecha 5 de octubre del 2011, que me hace llegar el LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROOS, donde no integra lo relacionado a lo que solicité por escrito con escrito del 14 de septiembre del 2011, y entregado al día siguiente, a nombre del SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LIC. JOSÉ ANTONIO MEADE K., siendo una prueba irrefutable de la información que oculta el LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROOS, de qué manera me tiene registrada el SAT., como contribuyente de persona física o como persona moral; sobre que montos económicos de pagos de impuestos se trata, de qué fechas, sobre que concepto. (Documentos que anexo a mi denuncia penal en contra del LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDERZ ROOS).

    Y ES INADMISIBLE, el que pretendan en la DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL, hacer creer, que no tienen esa información, que dentro de lo que se verifica dentro del Artículo 20 Constitucional Apartado B, Fracciones II y IV., corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, coordinar en la integración de la indagatoria por delitos conexos, con lo que sustento de la póliza de seguros de vida en dólares, que fraudulentamente, expide a mi nombre Grupo Nacional Provincial, S. A., lo cual, ustedes dieron seguimiento requiriendo el cuerpo del delito que señalo, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre las actuaciones del JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LIC. ALFREDO GUTRIÉRREZ ORTIXZ MENA, y todo lo que aclaro conforme a derecho en mi escrito de fecha 14 de diciembre del 2011, de lo que tendrá que responderme por escrito, el mismo DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL, de lo contrario, me reservo mis derechos legales para el seguimiento conforme a derecho, ya que están omitiendo la integración de mis pruebas documentales públicas, pretendiendo dejarme en un total estado de indefensión.

    A USTEDES LES CORRESPONDE:

    f) Obtener elementos probatorios para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, así como solicitar a particulares su aportación voluntaria y, cuando se requiera de control
    judicial, solicitar al órgano jurisdiccional la autorización u orden correspondientes para su obtención;
    g) Tomar conocimiento de las detenciones que en flagrancia o caso urgente se lleven a cabo y que le deban ser notificadas, así como llevar un registro de las mismas y realizar las actualizaciones respectivas.

    Cuando el Ministerio Público de la Federación tenga conocimiento por sí o por conducto de sus auxiliares de la probable comisión de un delito cuya persecución dependa de querella o de cualquier otro acto equivalente, que deba formular alguna autoridad, lo comunicará por escrito y de inmediato a la autoridad competente, a fin de que resuelva con el debido conocimiento de los hechos lo que a sus facultades o atribuciones corresponda. Las autoridades harán saber por escrito al Ministerio Público de la Federación la determinación que adopten, me estoy refiriendo a UN JUEZ DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES DEL DISTRITO FEDERAL.

    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTADO Y COMPROBADO CON DOCUMENATALES PÚBLICAS IRREFUTABLES, TAL COMO EXPONGO EN MI PRESENTE OCURSO Y QUE DEBEN SER INTEGRADAS, DESAHOGADAS SIN DEMORA ALGUNA, PARA LA PRONTA COSIGNACIÓN DE LOS RESPONSABLES CON NOTIFICACIÓN A MI PERSONA EN MI CARÁCTER DE OFENDIDA.

    México, D. F., 15 de diciembre del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

  58. LIC. RAFAEL MORGAN RIOS, SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
    P R E S E N T E.

    México, D. F., 19 de Diciembre del 2011.

    ASUNTO: NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA, EN MI CARÁCTER DE OFENDIDA, LE PIDO DE LA MANERA MÁS ATENTA, APOYÁNDOME EN MIS GARANTÍAS INDIVIDUALES, MIS DERECHOS HUMANOS, LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LOS ARTÍCULOS 8º, 17, 20 APARTADO B, FRACCIONES II Y IV, AL IGUAL QUE EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PROPORCIONE CON CARÁCTER DE EXTAURGENTE A LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LICENCIADA MARISELA MORALES IBAÑEZ, LAS PRUEBAS DOCUMENTALES PÚBLICAS (PENDIENTES DE ENTREGA) DE CONFORMIDAD, A LO QUE, EN MI CARÁCTER DE OFENDIDA (A.P.UEDE/021/2007 Y LAS ACUMULADAS A LA MISMA, DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS EN EL EXTRANJERO, DEPENDIENTE DE LA SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA) EXPUSE POR ESCRITO EL DIECISÉIS DE JUNIO DEL DOS MIL ONCE (2011) AL LICENCIADO SALVADOR VEGA CASILLAS, (ANEXO CONSTANCIA EN COPIA SIMPLE) DENTRO DE UN SEGUIMIENTO LEGAL DEL TRÁMITE REALIZADO POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SAT DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ACORDE A MI ESCRITO DE DENUNCIA Y PETICIÓN EXTRAURGENTE DE FECHA 30 DE MAYO DEL DOS MIL ONCE (2011), QUE HICE ENTREGA PERSONALMENTE AL DÍA SIGUIENTE, A NOMBRE DEL DIRECTOR DEL ÁREA DE QUEJAS DEL MENCIONADO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SAT, Y DE FORMA CONSECUTIVA LO QUE SE GENERA EN LA DIRECCIÓN DE ATENCÍON CIUDADANA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN PALACIO NACIONAL, RESPECTO DE MI ESCRITO DE PETICIÓN EXTRAURGENTE DE FECHA OCHO DE JUNIO DEL AÑO QUE TRANSCURRE, (2011), QUE DIRIJO AL LICENCIADO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA, CON LA FINALIDAD DE QUE LAS PRUEBAS SEAN INTEGRADAS Y DESAHOGADAS PARA LA CONSIGNACIÓN DE LOS RESPONSABLES ANTE UN JUEZ DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA NOTIFICACIÓN A MI PERSONA EN MI CARÁCTER DE OFENDIDA, LA VALORACIÓN CORRESPONDIENTE, LA APLICACIÓN DE LA LEY A LOS CULPABLES Y EL PAGO DE REPARACIÓN DE DAÑOS, PARA TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE SOMOS PERJUDICADOS.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, en mi carácter de Ofendida, promoviendo por mi propio derecho, con nuevo domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones, en Calle 3 No. 118, Colonia General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c.p.15000, México, Distrito Federal, correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

    LICENCIADO RAFAEL MORGAN RIOS, sin más tiempo que perder, anexo copia simple de mi escrito de fecha nueve de diciembre del dos mil once que dirijo al LIC. FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, (FOLIO 22286489-60, DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN PALACIO NACIONAL), lo que antecede de mi escrito de fecha dieciséis de junio del dos mil once, (2011), que dirijo al Licenciado Salvador Vega Casillas, que fundamenta lo que solicito en mi presente ocurso, y de lo cual debe Usted instruir a quien corresponda con la urgencia que este caso requiere, de acuerdo a sus facultades y atribuciones, para que se concluya con el envío de mis pruebas documentales públicas a la PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LIC.MARISELA MORALES IBAÑEZ, para la consignación de los autores materiales e intelectuales del delio de FRAUDES, cometidos en mi perjuicio y todo lo que resulte, y lo que se ramifica en enormes perjuicios en agravio de la sociedad, donde se localizan los asegurados de mi Cartera del ISSSTE a nivel nacional, clave 9893, y de las distintas claves que utilizaron a mis espaldas, con mi nombre, (sin mi consentimiento), los defraudadores de Grupo Nacional Provincial, S. A., y que como parte sustancial de estos delitos, anexo en igual forma, copia de mi escrito de fecha 10 de agosto del 2007, que dirijo al entonces Procurador General de la República: LIC. EDUARDO MEDINA MORA, CON EL ASUNTO: INCONFORMIDAD, DENUNCIA, Y RECLAMO IMPUGNACIÓN POR LA IMPROCEDENTE RESOLUCIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA UEDE/021/2007. (QUE HASTA LA ACTUALIDAD, NO ME ENTREGAN EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, COPIAS DE MIS COMPARECENCIAS, DE LA CONSULTA DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN COMENTO, NI INFORMACIÓN ALGUNA QUÉ DESTINO DIERON A MIS PRUEBAS DOCUMENTALES PÚBLICAS).

    SUBRAYO LO QUE SE PUBLICA DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2011: “El nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Rafael Morgan Ríos; agradeció por la distinción y expresó su propósito de dedicar toda su capacidad, tiempo y entrega a esta encomienda del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, como Secretario de Estado”. “Mantener el combate a la corrupción en todas sus formas, compromiso del nuevo titular de la SFP, Rafael Morgan Ríos”.

    CONVOCA PODER EJECUTIVO, A TRAVÉS DE LA SFP, A SUMAR ESFUERZOS DE GOBIERNOS Y SOCIEDAD CONTRA LA CORRUPCIÓN.

    “El Ejecutivo Federal en México subraya que el combate a la corrupción es un compromiso de Estado. Consolidar una lucha eficaz y contundente contra este flagelo requiere la suma de esfuerzos del sector público, del privado y de la sociedad en general. La Secretaría de la Función Pública (SFP) reitera el exhorto formulado al Poder Legislativo para que apruebe las iniciativas que fortalecen el marco legal anticorrupción. Además, solicita al Poder Judicial impulsar sanciones efectivas y expeditas a funcionarios y particulares que incurran en actos de corrupción.
    La dependencia federal convoca a los gobiernos estatales y municipales a desarrollar políticas de prevención y combate a la corrupción; al sector privado a fortalecer mecanismos de autorregulación; y a la sociedad en su conjunto a denunciar y condenar los actos de corrupción. La corrupción es el obstáculo más grande del progreso y del desarrollo social y democrático.
    México se suma a la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción y de la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita en la ciudad de Mérida, Yucatán, bajo los auspicios del gobierno de México.
    El Ejecutivo Federal refrenda su compromiso de cumplir cabalmente con las Convenciones y compromisos internacionales en materia de combate a la corrupción.

    POR TODO LO EXPUESTO, ATENTAMENTE PIDO:

    PRIMERO.- SE SOLICITE DE SU PARTE, el que les sean entregadas por sus subalternos, mis pruebas documentales públicas en un orden programado, de las actuaciones realizadas por el Órgano Interno de Control en el SAT., con motivo de mi escrito de Denuncia y Petición Extraurgente en contra del LIC. ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, de fecha 30 de mayo del 2011 que dirijo al Titular del Área de Quejas de dicho Órgano Interno de Control en el SAT., (que vengo refiriendo,) y lo conducente a lo integrado, desahogado y resuelto del expediente No. SI-1/2010, del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (Para turnarse a la Licenciada Marisela Morales Ibañez)

    SEGUNDO.- EN ESTE CONTEXTO: Requerir copia íntegra del expediente 2.08/450/08/300 de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Dirección General Adjunta de lo Contencioso de la Secretaría de Gobernación, ya que también dicho expediente, fue sujeto a una investigación que inicia en el mes de noviembre del dos mil diez, y resuelta por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación, constituyendo pruebas documentales públicas que con la prontitud que se necesita, deben ser turnadas directamente a la LIC. MARISELA MORALES IBAÑEZ, para que sean consignados los culpables dentro de la averiguación previa UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma, de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, informando por escrito a la Suscrita, del trámite dado con carácter de urgente.

    CON LO QUE QUIERO DECIR QUE ES TODA PRIORIDAD, PARA NO DEJARME EN UN TOTAL ESTADO DE INDEFENSIÓN.

    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTADO Y COMPROBADO CON DOCUMENTALES PÚBLICAS IRREFUTABLES, QUE PIDO SEAN TURNADAS A LA LICENCIADA MARISELA MORALES IBAÑEZ, PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA UEDE/021/2007 Y LS ACUMULADAS A LA MISMA.

    México, D. F., 19 de diciembre del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

    c.c.p. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para Integrarse y Desahogarse en el expediente P-1115-10
    c.c.p. Licenciado Arturo Núñez Jiménez. Senador de la República. Para conocimiento.
    c.c.p. Periodista Carmen Aristegui Flores y toda la opinión pública.

  59. C. LICENCIADO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA.
    P R E S E N T E.

    México, D. F., 20 de Diciembre del 2011.

    ASUNTO: INSTRUIR A LA LICENCIADA MARISELA MORALES IBÁÑEZ, PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ACORDE A LAS PRUEBAS DOCUMENTALES PÚBLICAS QUE LE TURNA EL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROOS, DESDE EL MES DE OCTUBRE DE ESTE AÑO (2011), AL REQUERÍRSELAS CON CARÁCTER DE URGENTE LA LICENCIADA MARISELA MORALES IBÁÑEZ EN MENCIÓN, (CON MOTIVO DE MI DENUNCIA PENAL DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO POR EL DELITO DE OCULTAMIENTO IMPROCEDENTE, FRAUDES Y LO QUE RESULTE JUNTO CON LA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, OBSTRUYENDO LA JUSTICIA ESTE SERVIDOR PÚBLICO EN MI PERJUICIO, DE LOS INTERESES PÚBLICOS FUNDAMENTALES Y SU BUEN DESPACHO). DENUNCIA PENAL EN CONTRA DEL LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROOS, SOBRE LAS CONSTANCIAS QUE OCULTAN EN EL SAT, DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, QUE SE DERIVAN DE LAS EMPRESAS QUE DE MANERA FRAUDULENTA SOCIOS CAPITALISTAS DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A., INCLUYEN A NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, COMO SI FUESE ACCIONISTA DE DICHAS EMPRESAS, (POR LO QUE TENDRÁN QUE SER JUZGADOS FISCAL, FINANCIERA Y PENALMENTE, APLICÁNDOLES TODO EL PESO DE LA LEY), DELITOS QUE HAN MANTENIDO EN UN HERMETISMO IMPROCEDENTE, FUERA DE TODA LEGALIDAD EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ENCUBRIÉNDOLOS, VIOLENTANDO EL ORDEN JURÍDICO, TRANSGREDIENDO “LAS AUTORIDADADES” LA LEY ORGÁNICA DE DICHA INSTITUCIÓN, DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LO CORRESPONDIENTE A LOS ARTÍCULOS 8º, 17 Y 113 CONSTITUCIONAL, SIENDO LAS PRUEBAS QUE ACREDITAN LA VERACIDAD DE LO QUE DENUNCIO POR ESCRITO EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DESDE EL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2011, EN CONTRA DEL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROOS. EN SU CARGO DE ADMINISTRADOR CENTRAL DE OPERACIÓN DE CANALES DE SERVICIO, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo en este día martes 20 de diciembre del 2011 por mi propio derecho en mi carácter de Ofendida, con domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones en Calle 3 No. 118, Colonia General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c.p.15000, México, D. F., correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

    SEÑOR LICENCIADO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, el Oficio 700-03-00-00-00-2011-06182, fechado 5 de octubre del 2011, que dirige a mi nombre el LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROOS, es la prueba documental pública por lo cual me da respuesta el Secretario de Hacienda y Crédito Público, LIC. JOSÉ ANTONIO MEADE K., sobre mi escrito de petición de fecha 14 de Septiembre del 2011 que dirijo a su nombre, donde solicito el que me hagan saber por escrito de que manera me tiene registrada el SAT., como persona física o como persona moral, de qué cantidades de pago de impuestos se trata, de qué años, por qué concepto; lo que en el Oficio 700-03-00-00-002011-06182 en comento, el LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROOS, no proporciona ninguna respuesta al respecto; razón más que suficiente para que en la Procuraduría General de la República, se pida la comparecencia del LICENCIADO JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROOS, DEL MISMO SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LIC. JOSÉ ANTONIO MEADE K., Y DEL C. JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LICENCIADO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y RINDAN CUENTAS CLARAS AL RESPECTO; pues conocen de antemano y a detalle, de los resultados que proporcionan los expedientes 730(09)112595 de la Dirección General de Seguros y Valores y los acumulados al mismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo correspondiente a los números 700/42899 de la Procuraduría Fiscal de la Federación, y el expediente J-5216/2000, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, acorde a las auditorías que han practicado a Grupo Nacional Provincial, S. A., desde el mes de febrero del año de mil novecientos noventa y siete, hasta la actualidad, donde se comprueba del delito de FRAUDES Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EN QUE INCURRE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A., en mi perjuicio y en enormes agravios a la sociedad.

    SEÑOR LIC. FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, SE TRATA DE UN SERVICIO PÚBLICO PARA UNA CONTRIBUYENTE, SI NO HAY NADA QUE ESCONDER DELICTIVAMENTE EN EL SAT., DE INMEDIATO SE LE PROPORCIONA DICHA INFORMACIÓN A QUIEN SOLICITE EN SU LEGÍTIMO DERECHO, PARA ASÍ, REALIZAR LAS ACCIONES LEGALES ANTE LAS AUTORIDADES, SIENDO QUE LA AVERIGUACIÓN PREVIA UEDE/021/2007 Y LAS ACUMULADAS A LA MISMA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS EN EL EXTRANJERO, DEPENDIENTE DE LA SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CONSTITUYE LA PRUEBA QUE DEBE SER CONSIGNADA DE INMEDIATO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES DEL DISTRITO FEDERAL CON TODAS ESTAS EVIDENCIAS IRREFUTABLES, QUE DELATAN A LOS CULPABLES, AUTORES MATERIALES E INTELECTUALES, DE LOS DELITOS COMETIDOS EN MI PERJUICIO CON PREMEDITACIÓN, ALEVOSÍA Y VENTAJA, Y LO QUE SE RAMIFICA EN ENORMES AGRAVIOS A LA SOCIEDAD.

    POR LO QUE REITERO: La Procuraduría General de la República es el órgano del Poder Ejecutivo Federal en México que se encarga principalmente de investigar y perseguir los delitos del orden federal y cuyo titular actualmente (a partir del mes de abril del dos mil once), es la Procuradora General de la República, LIC. MARISELA MORALES IBÁÑEZ, quien preside al Ministerio Público de la Federación y a sus órganos auxiliares, que son la policía investigadora y los peritos.
    Es la encargada del despacho de los asuntos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento y otros ordenamientos, le encomiendan en este caso, a la Procuradora General de la República y al Ministerio Público de la Federación.
    LAS AUTORIDADES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, OMITEN DELIBERADAMENTE: LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
    Artículo 4
    Corresponde al Ministerio Público de la Federación:
    I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende:
    A) En la averiguación previa:
    a) Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito;
    c) Practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, así como para la reparación de los daños y perjuicios causados; d) Ordenar la detención y, en su caso, retener a los probables responsables de la comisión de delitos, (SOCIOS CAPITALISTAS DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.) en los términos previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; e) Realizar el aseguramiento de bienes de conformidad con las disposiciones aplicables; f) Restituir provisionalmente al ofendido en el goce de sus derechos, en los términos del Código Federal de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables;

    En materia de atención a la víctima o el ofendido por algún delito:
    a)Proporcionar asesoría jurídica a la víctima u ofendido e informarle de los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, cuando lo solicite, sobre el desarrollo del procedimiento penal;

    b)Recibir todos los elementos de prueba que la víctima u ofendido le aporte en ejercicio de su derecho de coadyuvancia, para la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, así como para determinar, en su caso, la procedencia y monto de la reparación del daño. Cuando el Ministerio Público de la Federación considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa.

    ANEXO COPIA SIMPLE DE MI ESCRITO DE DENUNCIA PENAL DE FECHA DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL ONCE, EN CONTRA DEL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROOS.

    PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, que pido a Usted de la manera más atenta, determine su actuación como el Titular de la Administración Pública Federal, como Presidente de la República Mexicana, instruyendo a la LIC. MARISELA MORALES IBÁÑEZ, Procuradora General de la República, para que le informe sobre las constancias probatorias que recibió de parte del LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROOS, y realice las diligencias sobre la comprobación de la FALSEDAD en que pretenden hacer creer el que se registra mi nombre como supuesta accionista de empresas que desconozco, por lo que pido le entreguen a la Procuradora, Marisela Morales Ibañez, de parte del LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROOS, del SAT, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el informe de qué años y con qué cheques aparacen los pagos de impuestos, la dirección que anotan como el domicilio fiscal, los montos económicos de dichos pagos y el concepto de los mismos, de qué bancos son los cheques, y los números de cuentas correspondientes, que hará valer el Código Federal de Procedimientos Penales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, para que reciba con carácter de urgente, mis cheques de pago de reparación de daños.

    OTRA PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA QUE ANEXO A MI PRESENTE OCURSO: Copia simple de mi escrito de fecha 14 de diciembre del 2011, que dirijo al C. MTRO. NOÉ RODRÍGUEZ CERVANTES, Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, por lo que también debe informarle a detalle la Licenciada Marisela Morales Ibáñez, de las complicidades comprobadas fehacientemente de servidores públicos del ámbito federal, con los que delinquen en Grupo Nacional Provincial, S. A.

    Artículo 182 del Código Federal de Procedimientos Penales: “La autoridad judicial o el Ministerio Público que decreten el aseguramiento deberán notificar al interesado durante los sesenta días siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, una copia del acta certificada a que se refiere la fracción I del artículo anterior, para que manifieste lo que a su derecho convenga”. NUNCA LO HAN REALIZADO, PRETENDIENDO DEJARME EN UN TOTAL ESTADO DE INDEFENSIÓN.

    POR TODO LO EXPUESTO, ATENTAMENTE PIDO:

    PRIMERO.- Que la Licenciada Marisela Morales Ibáñez, me haga entrega del Acta Certificada sobre el aseguramiento de mis cheques de pago de reparación de daños que obran en su poder, debido a los resultados que proporcionan las auditorías practicadas a Grupo Nacional Provincial, S. A., desde el año de mil novecientos noventa y siete hasta la actualidad, de conformidad a mi denuncia penal de fechas dos de octubre de mil novecientos noventa y ocho, indagatoria 2095/RN/98, del doce de diciembre del dos mil, A.P. 1588/FESPLE/2000, del 17 de febrero del 2011, en contra de Grupo Nacional Provincial, S. A., (todas acumuladas a la número UEDE/021/2007con distintos números) y quien o quienes resulten responsables, A.P. UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma por delitos conexos, de conformidad al artículo 38 del Código Federal de Procedimientos Penales, que también abarca lo que corresponde de la póliza de seguros de vida en dólares, que fraudulentamente Grupo Nacional expide a mi nombre y lo que se genera de la inversión de la reserva técnica y reserva del plan de dichas pólizas que incautaron las autoridades hacendarias en la Bolsa Mexicana de Valores, en el mes de febrero de este año, (2011), por lo que también pido me presente la Procuradora Marisela Morales Ibáñez, la cancelación de los documentos FALSOS, donde se comprueba quienes son los delincuentes de cuello blanco que perpetraron en Grupo Nacional Provincial, S.A., estos delitos federales.

    SEGUNDO.- EXIJO, EN MI CARÁCTER DE OFENDIDA la restitución de mis derechos en el goce de éstos, siendo que están acreditados y asegurados por la Procuraduría General de la República, mis cheques de pago de reparación de daños, que vengo refiriendo por los motivos expuestos de forma congruente, fundada y motivada; y en este caso en específico, la Procuradora General de la República LIC. MARISELA MORALES IBAÑEZ, conoce y debe fijar la naturaleza y el monto de la caución, por lo que debe hacerme entrega de parte del monto económico del mismo, dada las responsabilidades en que incurren servidores públicos del ámbito federal y lo consiguiente de la Responsabilidad Patrimonial del Estado.

    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTADO Y COMPROBADO CON DOCUMENTALES PÚBLICAS IRREFUTABLES, QUE PIDO SEAN CONSIGNADAS JUNTO CON LA INDAGATORIA UEDE/021/2007 DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DLEITOS COMETIDOS EN EL EXTRANJERO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚLBICA, CON NOTIFICACIÓN A NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA, EN MI CARÁCTER DE OFENDIDA.

    México, D. F., 20 de diciembre del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

    c.c.p. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Expediente P-1115-10
    c.c.p. Licenciado Arturo Núñez Jiménez. Para conocimiento y efecto.

  60. C. JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL.
    P R E S E N T E .

    EXPEDIENTE P.698/2011

    México, D. F., 21 de diciembre del 2011.

    ASUNTO: SE SOLICITA RECURSO DE REVISIÓN.
    QUEJOSA: NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ
    AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

    QUE POR MEDIO DE MI PRESENTE PROMOCIÓN Y CON FUNDAMENTO EN LO CORRESPONDIENTE A LOS NUMERALES 82, 83, FRACCIÓN IV, 85 FRACCIÓN II, 86, 88, 89 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, C. JUEZ, NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA, EN TIEMPO Y FORMA VENGO A INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO Y NOTIFICÁNDOME LA MISMA SENTENCIA, CON FECHA OCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL ONCE, HACIENDO ENTREGA LO QUE INDICA POR ESCRITO Y MEDIANTE ACUERDO LA SECRETARIA MARÍA DOLORES GONZÁLEZ PÉREZ: “El siete de diciembre del dos mil once, la Secretaria Adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, CERTIFICA: Que habiendo efectuado una búsqueda en el Libro de correspondencia de este Juzgado desde el tres de noviembre del dos mil once en el que se publicó por medio de lista la sentencia dictada en el presente Juicio de Amparo, hasta la fecha no se localizó promoción alguna de recurso de revisión en contra de la misma; en consecuencia el término que la ley concede para recurrirla ha excedido, toda vez que la parte quejosa fue notificada por lista el diez de noviembre del año en curso”.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho, apoyándome en mis garantías constitucionales, con domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones, en Calle 3 No. 118, Col. General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c. p. 15000, México, D. F., correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

    LA QUEJOSA: NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita, personalidad debidamente acreditada en el expediente: P.698/2011, del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, con el ACTO RECLAMADO: DERECHO DE PETICIÓN; SIENDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE EL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, promoviendo por mi propio derecho en este día miércoles veintiuno de diciembre del dos mil once (2011), de conformidad a la notificación personal de fecha ocho de diciembre del mismo año que transcurre, recibida en mi domicilio en la fecha que se señala y que pronuncia por Acuerdo del siete de diciembre del presente año, la Secretaria, Licenciada María Dolores González Pérez y que no firma nadie, manifiesto QUE ES FALSO DE TODA FALSEDAD, lo que indica la Secretaria María Dolores González Pérez: “Que habiendo efectuado una búsqueda en el libro de correspondencia de este Juzgado desde el tres de noviembre del dos mil once en el que se publicó por medio de lista la presente sentencia del juicio de amparo….”

    QUE CON FECHA ONCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL ONCE, PROMOVÍ LO SIGUIENTE: NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA, PARTE QUEJOSA DEL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, BAJO MI PERSONALIDAD DEBIDAMENTE ACREDITADA EN AUTOS, CON REGISTRO DEL DOMICILIO PARA RECIBIR TODA CLASE DE DOCUMENTOS Y NOTIFICACIONES, EXPEDIENTE P-698/2011, PROMOVIDO POR MI PROPIO DERECHO CONTRA ACTOS DEL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, MISMA AUTORIDAD RESPONSABLE, LIC. SALVADOR VEGA CASILLAS, OCUPANDO ACTUALMENTE DICHO CARGO, UN NUEVO SERVIDOR PÚBLICO: LICENCIADO RAFAEL MORGAN RÍOS, CON EL ACTO RECLAMADO: QUE SE ME HAGA ENTREGA DE MIS CHEQUES DE PAGO DE REPARACIÓN DE DAÑOS, REFERENTE A MI ESCRITO DE PETICIÓN EXTRAURGENTE DE FECHA DIECISÉIS DE JUNIO DEL DOS MIL ONCE, QUE DIRIJO A DICHO SERVIDOR PÚBLICO, POR LO QUE DOY TRÁMITE CON MI DERECHO DE PETICIÓN, EN LO QUE RELACIONA EL ARTÍCULO 282 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DANDO RESPUESTA AL PROVEÍDO DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO QUE TRANSCURRE, Y RECIBIDO EN MI DOMICILIO EL DÍA MIÉRCOLES NUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO QUE CITO: (2011), POR LO CUAL DESAHOGO EN TIEMPO Y FORMA, CONFORME A LA CERTIFICACIÓN DE LA C. SECRETARIA DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL, LICENCIADA DALIA CASTILLO LEÓN. PROVEÍDO DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE QUE NO ESTÁ FIRMADO POR NADIE Y QUE DE CONFORMIDAD AL SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE, (FUERA DE TODA LEGALIDAD), EXPUESTO COMO RESOLUCIÓN QUE TRANSGREDE MIS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, POR LO MISMO: PIDO A USTED C. JUEZ, COMO TITULAR DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL LO QUE A CONTINUACIÓN COMPAREZCO Y FUNDAMENTO MEDIANTE LOS ARTÌCULOS 105 SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO, Y EL 107 CONSTITUCIONAL FRACCIÓN XVI, , PIDIENDO POR LA REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN DICHO SOBRESEIMIENTO IRREGULAR, EL QUE SEA TRASLADADO COPIA ÍNTEGRA DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL: P-698/2011, A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PARA DE OFICIO, SE DICTE LA SENTENCIA SUBSTITUTO”.

    C. JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, fui notificada en mi domicilio, donde reciben el día ocho de diciembre del dos mil once el Acuerdo fechado siete de diciembre de este año por parte de la Secretaria, Licenciada María Dolores González Pérez, por lo que, en términos de lo dispuesto en el artículo 34, fracción II, de la Ley de Amparo en tiempo y forma solicito Recurso de Revisión de mi expediente P-698/2011, contando el que la Secretaria Licenciada María Dolores González Pérez, omite mi promoción de fecha once de noviembre del dos mil once.

    POR LO QUE ATENTAMENTE COMPAREZCO Y EXPONGO, DE FORMA CONGRUENTE FUNDADA Y MOTIVADA:

    HECHOS.

    UNO.- REITERO: EN TALES CIRCUNSTANCIAS, solicito una y otra vez, TAL COMO DI A CONOCER A USTED, en mi promoción de fecha doce de julio del dos mil once, y que indica: Dentro de un seguimiento de distintas averiguaciones previas, presentadas y ratificadas por escrito en las Procuradurías General de Justicia del Distrito Federal y la General de la República, acumuladas desde el año dos mil siete (2007) hasta la actualidad, en la indagatoria UEDE/021/2007, DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS EN EL EXTRANJERO, DEPENDIENTE DE LA SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, han estado integradas y fundamentadas por mis denuncias en contra de Grupo Nacional Provincial, S. A., y Quien o Quienes resulten responsables, POR EL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO, SUPLANTACIÓN DE MI PERSONA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, Y LO QUE RESULTE, con lo que se constata de la falta de procuración de justicia, por lo que he solicitado, he pedido insistentemente en todas mis comparecencias y ratificaciones, el que se incluyan mis pruebas documentales públicas, consistentes en distintas auditorías que han realizado por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expedientes 730(09)112595, al igual que lo integrado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bajo expediente número J-5216/2000, mismos que también se integran bajo revisión, en la Procuraduría Fiscal de la Federación, donde le asignan el número 700/42899, de lo cual nunca me he visto favorecida, por lo que he denunciado penalmente y con demandas de Juicios Políticos, a servidores públicos del ámbito federal, que son del pleno conocimiento del LICENCIADO RAFAEL MORGAN RÍOS, en su cargo actual de Secretario de la Función Pública, (siendo que anteriormente ocupaba otro cargo en dicha institución sobre la Gestión Pública) ya que también en dicha Secretaría he ampliado dichas denuncias en comento, contra servidores públicos del ámbito federal y que han servido en la integración, y resolución expedita, dentro del expediente 1171/2007- PL, Varios, y los acumulados al mismo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

    DOS.- TAN ES ASÍ, que anexo a mi presente promoción, copia simple de mi escrito de fecha diecinueve de diciembre del dos mil once, que dirijo al LICENCIADO RAFAEL MORGAN RÍOS, CON EL ASUNTO: “Norma Esperanza Falcón Ruiz, la suscrita en mi carácter de ofendida, le pido de la manera más atenta, apoyándome en mis Garantías Individuales, mis Derechos Humanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los artículos 8º, 17, 20 Apartado B, fracciones II y IV, al igual que el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proporcione con carácter de extraurgente a la Procuradora General de la República, Licenciada Marisela Morales Ibáñez, las pruebas documentales públicas (pendientes de entrega) de conformidad, a lo que, en mi carácter de ofendida (A.P. UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República) expuse por escrito el dieciséis de junio del dos mil once al Licenciado Salvador Vega Casillas (anexo constancia en copia simple) dentro de un seguimiento legal del trámite realizado por el Órgano Interno de Control en el SAT de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acorde a mi escrito de denuncia y petición extraurgente de fecha treinta de mayo del dos mil once, que hice entrega personalmente al día siguiente a nombre del Director del Área de Quejas del mencionado Órgano Interno de Control en el SAT, y de forma consecutiva lo que se genera en la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República en Palacio Nacional, respecto de mi escrito de petición extraurgente de fecha ocho de junio del año que transcurre, que dirijo al Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la República Mexicana con la finalidad de que las pruebas sean integradas y desahogadas para la consignación de los responsables ante un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales del Distrito Federal, con la notificación a mi persona en mi carácter de ofendida, la valoración correspondiente, la aplicación de la ley a los responsables y el pago de reparación de daños para todos y cada uno de los que somos perjudicados”.

    TRES.- VISTAS LAS CERTIFICACIONES QUE ANTECEDEN, EN TIEMPO Y FORMA PIDO MI RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA SOBRE EL IMPROCEDENTE SOBRESEIMIENTO DICTADO EN EL PRESENTE JUICIO DENTRO DEL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 86 DE LA LEY DE AMPARO.

    YA QUE USTED C. JUEZ, omite en un enlace de contradicciones tal como expone con fecha siete de diciembre del dos mil once la Secretaria Licenciada María Dolores González Pérez, soslayando mi promoción de fecha once de noviembre del presente año, tal como indico en dicho ocurso: POR LO QUE SEÑALO LA CONTRADICCIÓN EXPUESTA EN EL SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE DE MI PRESENTE JUICIO DE AMPARO P.698/2011.
    NUEVAMENTE, transcribo lo que exponen de inicio en el proveído del 25 de octubre del 2011 de mi Juicio de Amparo P-698/2011: “PRIMERO.- PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el veinticuatro de junio del dos mil once y recibido en este Juzgado Séptimo en la materia y jurisdicción citadas el veintisiete del citado mes y año, NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado a la siguiente autoridad señalada como responsable: “III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: LICENCIADO SALVADOR VEGA CASILLAS, SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA….
    ACTO RECLAMADO: QUE SE ME ENTREGUEN MIS CHEQUES DE PAGO DE REPARACIÓN DE DAÑOS, bajo comprobación a través de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control en el SAT, con motivo de mi escrito de DENUNCIA de fecha 30 de mayo del dos mil once, en contra del LIC. ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, C. JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien incurre en igual forma como la Responsable, en ACTOS Y OMISIONES GRAVES, que sustentan la abstención por parte de dicha autoridad, (en ese entonces) LICENCIADO SALVADOR VEGA CASILLAS, de concluir las disposiciones giradas de la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República en Palacio Nacional, bajo comprobación de conformidad de mis gestiones legales realizadas en el Órgano Interno de Control, en función de mi escrito de DENUNCIA CONTRA EL LICENCIADO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, C. JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TIRUBUTARIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, fecha treinta de mayo del dos mil once en comento”.
    CUATRO.- SUBRAYO LO QUE SE PUBLICA DE FECHA CATORCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL ONCE: “El nuevo Titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) Rafael Morgan Ríos, agradeció por la distinción y expresó su propósito de dedicar toda su capacidad, tiempo y entrega a esta encomienda del Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, como Secretario de Estado”. “Mantener el combate a la corrupción en todas sus formas, compromiso del nuevo Titular de SFP, Rafael Morgan Ríos”.
    CINCO.- POR TANTO, a través de mi promoción de fecha once de noviembre del dos mil once que obra en el expediente P.698/2011, y en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y con la prueba documental pública que anexo al presente ocurso, con mi escrito de fecha diecinueve de diciembre del dos mil once, que dirijo al nuevo Secretario de la Función Pública, relacionado con el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, ESTÁ SUJETA AL RECURSO DE REVISIÓN; POR LO QUE ATENTAMENTE PIDO A USTED C. JUEZ, SEAN TRASLADADOS TODO LO ACTUADO Y COPIA ÍNTEGRA DEL EXPEDIENTE P.698/2011, AL TRIBUNAL COLEGIADO EN TURNO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL, POR LO QUE ANEXO MI ORIGINAL QUE DIRIJO A USTED, Y CINCO COPIAS MÁS DE MI PRESENTE OCURSO EN ORIGINAL, PARA QUE DÉ EL CURSO CORRESPONDIENTE AL RECURSO DE REVISIÓN QUE PIDO CON FUNDAMENTO EN LO CORRESPONDIENTE A LOS NUMERALES 82, 83, FRACCIÓN IV, 85 FRACCIÓN II, 86, 88, 89 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, C. JUEZ, NORMA ESPERANZA FALCÓN SEIS.- EN ESTE ORDEN EXPONGO LO QUE SOLICITO AL NUEVO SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN MI ESCRITO DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL ONCE:
    “PRIMERO.- SE SOLICITE DE SU PARTE, el que les sean entregadas por sus subalternos, mis pruebas documentales públicas en un orden programado, de las actuaciones realizadas por el Órgano Interno de Control en el SAT; con motivo de mi escrito de denuncia y petición extraurgente en contra del Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, de fecha treinta de mayo del dos mil once, que dirijo al Titular del Área de Quejas de dicho Órgano Interno de Control en el SAT (que vengo refiriendo), y lo conducente a lo integrado, desahogado y resuelto del expediente número SI-1/2010, del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (Para turnarse a la Licenciada Marisela Morales Ibáñez).
    SEGUNDO.- EN ESTE CONTEXTO: Requerir copia íntegra del expediente 2.08/450/08/300 de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Dirección General Adjunta de lo Contencioso de la Secretaría de Gobernación, ya que también dicho expediente, fue sujeto a una investigación que inicia en el mes de noviembre del dos mil diez y resuelta en el año dos mil once por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación, constituyendo pruebas documentales públicas que con la prontitud que se necesita, deben ser turnadas directamente a la Licenciada Marisela Morales Ibáñez, para que sean consignados los culpables dentro de la averiguación previa UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma, de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, informando por escrito a la que se suscribe, del trámite dado con carácter de urgente.
    CON LO QUE QUIERO DECIR QUE ES TODA PRIORIDAD, PARA NO DEJARME EN UN TOTAL ESTADO DE INDEFENSIÓN.”
    SIETE.- DADO, el que usted C. Juez, omite deliberadamente mi promoción presentada por escrito y dirigida a usted de fecha once de noviembre del dos mil once, POR LO QUE, la sentencia irregular de mi presente Juicio de Amparo en Materia Administrativa, sobre el improcedente sobreseimiento no ha causado ejecutoria, con lo que se aplica el artículo 208 de la Ley de Amparo “Si después de concedido el amparo la Autoridad Responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir el cumplimiento de la sentencia que usted no dictó, sobre el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Secretario de la Función Pública, la Autoridad Responsable inmediatamente será separada de su cargo”.
    YA QUE ADEMÁS, el derecho a la información pública se enuncia en el artículo 8º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del capítulo I, de las Garantías Individuales. “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del Derecho de Petición, siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa”.
    Y en ningún momento se deben transgredir nuestras garantías individuales y universales, que deben ser protegidas y respetadas por el Estado y tal como convoca el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de la Función Pública, a sumar esfuerzos de gobierno y sociedad contra la corrupción.
    “El Ejecutivo Federal en México, subraya que el combate a la corrupción es un compromiso de Estado. Consolidar una lucha eficaz y contundente contra este flagelo requiere la suma de esfuerzo del sector público del privado y de la sociedad en general. La Secretaría de la Función Pública reitera el exhorto formulado al Poder Legislativo para que apruebe las iniciativas que fortalecen el marco legal anticorrupción. Además solicita al Poder Judicial impulsar sanciones efectivas y expeditas a funcionarios y particulares que incurran en actos de corrupción”.
    POR TODO LO EXPUESTO, HAGO UN EXHORTO A USTED C. JUEZ, MEDIANTE MI PRESENTE PROMOCIÓN POR MI RECURSO DE REVISIÓN, solicitando el que traslade copia íntegra del expediente de mi Juicio de Garantías y Derechos Humanos P.698/2011, haciendo énfasis igualmente el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación signado por el Actuario Judicial de la Subsecretaría de Acuerdos con el oficio de cuenta SSGA-VII-45838/2011 de fecha veintitrés de noviembre del dos mil once, no actúa con lo que solicito, ya que corresponde a usted dar el trámite correspondiente de mi Recurso de Revisión, para el Tribunal Colegiado en turno, en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTADO Y COMPROBADO CON LO DISPUESTO MEDIANTE LA LEY DE AMPARO, LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y LO CORRESPONDIENTE AL 113 CONSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.

    México, D. F., 21 de diciembre del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

    c.c.p. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Expediente P-1115-10.

  61. C LIC. ALEJANDRO POIRÉ ROMERO, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN
    P R E S E N T E.

    México, D. F., 29 de diciembre del 2011.

    ASUNTO: PETICIÓN URGENTE.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, en mi carácter de Ofendida, averiguación Previa UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, promoviendo por mi propio derecho en este día jueves veintinueve de diciembre del dos mil once, con domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones, en Calle 3, No. 118, Colonia General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c.p.15000, México, D. F., con correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx
    LICENCIADO ALEJANDRO POIRÉ ROMERO, me dirijo a Usted, apoyándome en mis garantías constitucionales, con fundamento en los artículos 17, 20 Constitucional Apartado B, fracciones II y IV, lo concerniente al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, a decir: “Artículo 5, y la fracción VIII del mismo: Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a las garantías individuales dictando al efecto las medidas administrativas procedentes”.
    Y lo que proveen los Artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: “Cuando alguna Secretaría de Estado o Departamento Administrativo necesite informes, datos o la cooperación técnica de cualquier otra dependencia, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos, atendiendo en lo correspondiente a las normas que determine la Secretaría de la Contraloría General de la Federación”; al igual lo que especifica el artículo 113 Constitucional de la Ley Federal de los Servidores Públicos y la Responsabilidad Patrimonial del Estado, que en un análisis de orden legal, se determina como la vinculación que existe entre el reconocimiento del Estado como persona jurídica colectiva, la unidad de acción de los órganos que integran al Estado, la clasificación de los hechos y actos jurídicos que le permiten cumplir con los fines que tiene a su cargo.

    CON LO QUE SE CONFORMAN LOS REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, tal como detallaré en mi presente ocurso por los siguientes

    HECHOS

    UNO.- La Licenciada Marisela Morales Ibañez, Procuradora General de la República, cuenta desde el mes de octubre del dos mil once, (con motivo de mi denuncia penal de fecha 18 de octubre del mismo año, en contra del LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, Administrador Central de Operación de Canales de Servicio de la Administración General de Servicios al Contribuyente, del SAT., de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) con los informes de sus subalternos sobre las actuales consignaciones de culpables, autores materiales e intelectuales por los delitos de FRAUDES, SUPLANTACIÓN DE NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita, Suerte Principal del expediente UEDE/021/2007, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, FALSEDAD DE DECLARACIÓNES, TRÁFICO DE INFLUENCIAS, y lo que se ramifica en enormes agravios a la sociedad, en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y su buen despacho. Delitos Federales cometidos con premeditación alevosía y ventaja por los delincuentes de cuello blanco de Grupo Nacional Provincial, S. A.

    DOS.- DELINCUENTES, que están siendo juzgados penalmente (mediante pruebas documentales públicas que turnó en el mes de octubre próximo pasado a la Procuradora, Licenciada Marisela Morales Ibañez, el Licenciado José Antonio Hernández Ross en mención, con motivo de la manera como me tiene registrada el SAT., como persona física o como persona moral, los pagos de impuestos sobre los montos de los mismos, fechas en que se realizaron, con qué cheques, de qué bancos, por qué concepto), y es precisamente por los delitos comprobados cometidos en mi perjuicio y en enormes agravios de la sociedad, en referencia de esos datos, de esos informes, incurren los responsables en delitos que son causa de privación de la libertad, pago de reparación de daños, y lo correspondiente a la Responsabilidad Patrimonial del Estado.

    Acciones que ha tramitado el Agente del Ministerio Público de la Federación, remitiendo las consignaciones al Segundo Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales del Distrito Federa; lo que debe ser en correlación de la información de dichas acciones a NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, en mi carácter de Ofendida.

    TRES.- PARA NO DEJARME SIN NINGÚN RECURSO DE DEFENSA, se requiere de su participación Licenciado Alejandro Poiré Romero, de acuerdo a sus facultades y atribuciones, para que la Licenciada Marisela Morales Ibáñez, cumpla con lo dispuesto en el Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que detalla en igual forma el artículo 182 del Código Federal de Procedimientos Penales, notificándome por escrito para que me presente y me haga entrega de una copia certificada del Acta del Aseguramiento de mis cheques de pago de reparación de daños, de la consignación de los responsables, confirmando el Juzgado donde están siendo procesados, número de causa penal en mi carácter de Ofendida, por lo que es apremiante Licenciado Alejandro Poiré Romero, se comunique el día de hoy, con la Procuradora General de la República, Licenciada Marisela Morales Ibañez, con la urgencia que este caso requiere a través de los medios electrónicos que tiene Usted a su alcance en la Secretaría de Gobernación; siendo que en casos de este alcance de responsabilidades de actuaciones irregulares de autoridades de la Administración Pública Federal, sus colaboradores Licenciado Alejandro Poiré Romero, tienen la disposición bajo sus instrucciones para que sea usted localizado e informado del asunto que se trate en estas investigaciones y resoluciones que son de su competencia en el orden de la defraudación fiscal multimillonaria que también se origina y por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha captado ingresos en ese concepto.
    CUATRO.- ANEXO EN COPIA SIMPLES
    A).- Escrito de fecha 30 de noviembre del 2011, que dirijo a la Licenciada Victoria Pacheco Jiménez, Subprocuradora de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo, por el asunto en comento, junto con Oficio SCRPPA/ST/09932/2011 de fecha 27 de octubre del 2011, de la Secretaría Técnica de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República en mención, que dirige el Lic. Noel Vivero Reyes, (en ese entonces Secretario Técnico del que fungiera como Subprocurador en esa Área de la Procuraduría General de la República).
    B).- Oficio No. 101-04-00-00-00-2011-2500, de fecha diez de mayo del dos mil once, (2011), que me dirige el LIC. PABLO GERARDO LÓPEZ SÁNCHEZ, Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con lo que quiero aclarar que la información sobre las investigaciones se consideran como reservadas en el desarrollo y conclusión de dichas investigaciones, una vez terminado el expediente es información que se le da el curso correspondiente cuando forma parte de una averiguación previa como la que señalo de la número UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero. Información que también ha sido turnada a la Procuradora, Licenciada Marisela Morales Ibáñez, motivo por el cual están sometidos en procesos penales, los delincuentes de cuello blanco de Grupo Nacional Provincial, S. A.
    FUNCIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SAT.
    “Recibir, investigar y resolver con oportunidad, conforme a los ordenamientos legales aplicables y a las normas y procedimientos establecidos por la Secretaría de la Función Pública, las quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. Llevar el registro y control de las quejas y denuncias, comunicándolas a las áreas donde se originaron y solicitándoles su desahogo a la brevedad posible. Integrar debidamente los expedientes de las denuncias presentadas y turnarlos a las instancias correspondientes. Promover y llevar a cabo las investigaciones que procedan, en los casos en que se presuma que los servidores públicos incurrieron en responsabilidades. Orientar e informar a los particulares y servidores públicos que presenten quejas o denuncias, sobre su trámite o desahogo. (LO QUE HAN OMITIDO DEL DESAHOGO Y RESOLUCIÓN QUE DEBEN PROPORCIONARME EN LA PROCURADURÍA GNERAL DE LA REPÚBLICA EN MI CARÁCTER DE OFENDIDA)
    Analizar las causas y los mecanismos utilizados en los casos de comisión de ilícitos, así como comprobar la forma en que funcionan los controles establecidos, con el fin de evitar y prevenir su recurrencia. Someter a la consideración del Presidente del Servicio de Administración Tributaria, los casos en que el personal incurra en responsabilidad en los términos legales aplicables, con el objeto de que se instrumenten los cursos de acción correspondientes. Dar vista y denunciar ante la autoridad competente, en coordinación con el área respectiva las irregularidades detectadas que pudieran implicar responsabilidad penal. (Lo que turnaron a la Procuradora, Licenciada Marisela Morales Ibáñez). Aplicar a los servidores públicos las sanciones que correspondan, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal”.
    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTADO Y COMPROBADO CON DOCUMENTALES PÚBLICAS IRREFUTABLES QUE MANTIENE EN POSESIÓN LA LICENCIADA MARISELA MORALES IBÁÑEZ, PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR LO QUE ES URGENTE SE COMUNIQUE CON ELLA PARA QUE SE DE CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 182 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL 8º, 17, 20 CONSTITUCIONAL APARTADO B, FRACCIONES II Y IV Y LO DEBIDAMENTE PREVISTO EN LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.

    México, D. F., 29 de diciembre del 2011

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

    c.c.p. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Expediente P-1115-10
    c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez. Para conocimiento y efecto.
    c.c.p. Periodista Carmen Aristegui Flores y toda la opinión pública.

  62. C. NAVI PILLAY, ALTA COMISIONADA DE LA ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO.
    P R E S E N T E.

    México, D. F., 3 de enero del 2012.

    ASUNTO: NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita, en mi carácter de Ofendida, Suerte Principal, solicito a Usted, con carácter de extraurgente, de acuerdo a sus facultades y atribuciones, apoyándome en mis Garantías Constitucionales y todo lo relativo a mis Derechos Humanos, la participación que se requiere como coadyuvancia, de los integrantes de los Derechos Humanos en representatividad de la Organización de las Naciones Unidas en México, para que por escrito, me notifiquen las “autoridades” de la Procuraduría General de la República conforme a Derecho, sobre la consignación que ocultan, transgrediendo mis derechos legales y mis derechos humanos, de la Averiguación Previa UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, y de los autores materiales e intelectuales en Grupo Nacional Provincial, S. A., de los delitos que han cometido en mi perjuicio en mi carácter de Ofendida, y con la participación de Ustedes, me notifiquen por escrito de la Procuradora General de la República, bajo las instrucciones de la Licenciada Marisela Morales Ibáñez, del aseguramiento de los cheques de pago de reparación de daños, el número de causa penal de la consignación de la Averiguación Previa UEDE/021/2007 dando cabal cumplimiento a los artículos 182 del Código Federal de Procedimientos Penales, del 8º, 17, 20 Constitucional Apartado B, fracciones II y IV, proporcionándome sin excusa ni pretexto alguno la LIC. MARISELA MORALES IBÁÑEZ, Procuradora General de la República, copia del Acta Certificada sobre este trámite, junto con la información de la aprehensión realizada desde el mes de octubre y meses subsecuentes del año del dos mil once, hasta este día, de los autores materiales e intelectuales del delito de FRAUDES, SUPLANTACIÓN DE MI PERSONA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, TRÁFICO DE INFLUENCIAS, FALSEDAD DE DECLARACIONES y lo que se ramifica de enormes perjuicios en agravio de la sociedad, tal como doy a conocer en el presente ocurso.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, en mi carácter de Ofendida, promoviendo por mi propio derecho, en este día martes tres de enero del dos mil doce, (2012), con domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones en Calle 3 No. 118, Col. General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c. p. 15000, México, D. F., correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

    COMISIONADA NAVI PILLAY, la Licenciada Marisela Morales Ibáñez, Procuradora General de la República, está debidamente informada y documentada de las integración y desahogo de mis pruebas documentales públicas, periciales y testimoniales, en la determinación dada por el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de dicha Institución, para la pronta consignación ante el JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES DEL DISTRITO FEDERAL de la indagatoria UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma, de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República.

    CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA UEDE/021/2007, precisamente porque fueron turnadas a la PROCURADORA, LIC. MARISELA MORALES IBÁÑEZ, estas pruebas irrefutables, que evidencian, sustentan jurídicamente mi denuncia penal en contra de Grupo Nacional Provincial, S. A., y Quien o Quienes Resulten Responsables, dentro de la Averiguación Previa UEDE/021/2007 en mención, (y las acumuladas a la misma) dentro de la resolución de las consignaciones de los que delinquen en Grupo Nacional Provincial, S. A., con motivo de los delitos que expongo en mi presente ocurso, cometidos con todas las agravantes de la ley, en mi perjuicio en mi carácter de Ofendida Suerte Principal, y lo que se genera como consecuencia legal en agravio de la sociedad, donde se localizan los asegurados de mi Cartera del ISSSTE a nivel nacional, por medio del concepto 76 de dicho Instituto por descuento en nómina, en mi clave 9893, con motivo de los seguros de vida individuales con inversión Línea Prisma, (que fueron solicitados por los trabajadores del ISSSTE para ellos y para sus dependientes económicos) y de las Carteras de Asegurados de los mismos Seguros de Vida Individuales con Inversión Línea Prisma, que los defraudadores de Grupo Nacional Provincial, S. A., acumularon para beneficio de ellos, suplantándome, usando mi nombre con distintas claves a la 9893, (sin mi consentimiento, todo realizado delictivamente a mis espaldas, expidiendo Grupo Nacional Provincial, S.A., cheques a mi favor por concepto de comisiones, bonos y premios por toda esa venta. Cheques que nunca recibí ni cobré por ningún medio).

    COMPROBADAS LAS COMPLICIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ÁMBITO FEDERAL con los defraudadores de Grupo Nacional Provincial, S. A., sin notificarme la Licenciada Marisela Morales Ibáñez estas aprehensiones con el número de causa penal, (bajo sus instrucciones) para, con premeditación, alevosía y ventaja, dejarme sin ningún recurso de defensa, imposibilitándome el que reciba mis cheques de pago de reparación de daños, (porque pretenden ROBARLOS) y que doy a conocer puntualmente en mis promociones que dirijo al nuevo Secretario de la Función Pública, LIC. RAFAEL MORGAN RIOS mediante escrito de fecha 19 de diciembre del dos mil once (2011), (anexo constancia en copia simple) por los delitos de encubrimiento y lo que especifica la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y la Responsabilidad Patrimonial del Estado.
    TAL COMO DOY A CONOCER A LA PROCURADORA, LIC. MARISELA MORALES IBÁÑEZ, mediante mi escrito de fecha 15 de diciembre del 2011: “ASUNTO: SOLICITO SU PARTICIPACIÓN EN MI CARÁCTER DE OFENDIDA, PIDIENDO A USTED, DE ACUERDO A SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, EL QUE PONGA ORDEN TAL COMO CORRESPONDE, COMO TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DE CONFORMIDAD AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA LEY ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN A SU DIGNO CARGO, LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LO QUE PROVEE NUESTRA CARTA MAGNA QUE SUSTENTAN MIS GARANTÍAS INDIVIDUALES Y MIS DERECHOS HUMANOS, EN VIRTUD DE UNA CONTINUIDAD DE ACTOS Y OMISIONES QUE SE CANALIZAN Y TIPIFICAN COMO ABUSO DE AUTORIDAD, POR PARTE DEL DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL, MTRO. NOÉ RODRÍGUEZ CERVANTES, DE LA SUBPROCURADORA DE CONTROL REGIONAL. PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO, LIC. VICTORIA PACHECO JIMÉNEZ, QUE CONVERGEN EN DAÑOS Y PERJUICIOS DE FORMA ABUSIVA, DOLOSA, FUERA DE TODA LEGALIDAD QUE ME CAUSAN CON PREMEDITACIÓN, ALEVOSÍA Y VENTAJA, CON MOTIVO DE MI DENUNCIA PENAL POR EL DELITO DE FRAUDES, OCULTAMIENTO IMPROCEDENTE OBSTRUYENDO LA JUSTICIA, Y LO QUE RESULTE. DENUNCIA DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2011, QUE DIRIJO A USTED, EN CONTRA DEL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, (FUNCIONARIO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL SAT., DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y LO CONCERNIENTE DE LO QUE SE DESPRENDE DE MI ESCRITO DE PETICIÓN EXTRAURGENTE DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2011, (ENTREGADA AL DÍA SIGUIENTE) QUE DIRIJO AL MISMO DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MENCIÓN”.
    AL IGUAL, LO QUE POR MEDIO DE MI ESCRITO DEL 20 DE DIEMBRE DEL 2011, SOLICITO AL LICENCIADO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA:
    “ASUNTO: INSTRUIR A LA LICENCIADA MARISELA MORALES IBÁÑEZ, PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ACORDE A LAS PRUEBAS DOCUMENTALES PÚBLICAS QUE LE TURNA EL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, DESDE EL MES DE OCTUBRE DE ESTE AÑO (2011), AL REQUERÍRSELAS CON CARÁCTER DE URGENTE LA LICENCIADA MARISELA MORALES IBÁÑEZ EN MENCIÓN, (CON MOTIVO DE MI DENUNCIA PENAL DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO POR EL DELITO DE OCULTAMIENTO IMPROCEDENTE, FRAUDES Y LO QUE RESULTE JUNTO CON LA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, OBSTRUYENDO LA JUSTICIA ESTE SERVIDOR PÚBLICO EN MI PERJUICIO, DE LOS INTERESES PÚBLICOS FUNDAMENTALES Y SU BUEN DESPACHO). DENUNCIA PENAL EN CONTRA DEL LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROOS, SOBRE LAS CONSTANCIAS QUE OCULTAN EN EL SAT, DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, QUE SE DERIVAN DE LAS EMPRESAS QUE DE MANERA FRAUDULENTA SOCIOS CAPITALISTAS DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A., INCLUYEN A NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, COMO SI FUESE ACCIONISTA DE DICHAS EMPRESAS, (POR LO QUE TENDRÁN QUE SER JUZGADOS FISCAL, FINANCIERA Y PENALMENTE, APLICÁNDOLES TODO EL PESO DE LA LEY), DELITOS QUE HAN MANTENIDO EN UN HERMETISMO IMPROCEDENTE, FUERA DE TODA LEGALIDAD EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ENCUBRIÉNDOLOS, VIOLENTANDO EL ORDEN JURÍDICO, TRANSGREDIENDO “LAS AUTORIDADADES” LA LEY ORGÁNICA DE DICHA INSTITUCIÓN, DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LO CORRESPONDIENTE A LOS ARTÍCULOS 8º, 17 Y 113 CONSTITUCIONAL, SIENDO LAS PRUEBAS QUE ACREDITAN LA VERACIDAD DE LO QUE DENUNCIO POR ESCRITO EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DESDE EL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2011, EN CONTRA DEL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS. EN SU CARGO DE ADMINISTRADOR CENTRAL DE OPERACIÓN DE CANALES DE SERVICIO, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO”. (anexo constancia en copia simple).
    REITERO LO QUE EXPONGO AL LICENCIADO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA EN MI ESCRITO DE FECHA VEINTE DE DICIEMBRE DEL 2011: “SEÑOR LIC. FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, SE TRATA DE UN SERVICIO PÚBLICO PARA UNA CONTRIBUYENTE, SI NO HAY NADA QUE ESCONDER DELICTIVAMENTE EN EL SAT., DE INMEDIATO SE LE PROPORCIONA DICHA INFORMACIÓN A QUIEN SOLICITE EN SU LEGÍTIMO DERECHO, PARA ASÍ, REALIZAR LAS ACCIONES LEGALES ANTE LAS AUTORIDADES, SIENDO QUE LA AVERIGUACIÓN PREVIA UEDE/021/2007 Y LAS ACUMULADAS A LA MISMA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS EN EL EXTRANJERO, DEPENDIENTE DE LA SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CONSTITUYE LA PRUEBA QUE DEBE SER CONSIGNADA DE INMEDIATO ESTA INDAGATORIA ANTE UN JUEZ DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES DEL DISTRITO FEDERAL CON TODAS ESTAS EVIDENCIAS IRREFUTABLES, QUE DELATAN A LOS CULPABLES, AUTORES MATERIALES E INTELECTUALES, DE LOS DELITOS COMETIDOS EN MI PERJUICIO CON PREMEDITACIÓN, ALEVOSÍA Y VENTAJA, Y LO QUE SE RAMIFICA EN ENORMES AGRAVIOS A LA SOCIEDAD”.
    AL IGUAL, SOLICITÉ AL LICENCIADO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA EN EL ESCRITO EN COMENTO: “Pido a Usted de la manera más atenta, determine su actuación como el Titular de la Administración Pública Federal, como Presidente de la República Mexicana, instruyendo a la LIC. MARISELA MORALES IBÁÑEZ, Procuradora General de la República, para que le informe sobre las constancias probatorias que recibió de parte del LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, y realice las diligencias sobre la comprobación de la FALSEDAD en que pretenden hacer creer el que se registra mi nombre como supuesta accionista de empresas que desconozco, por lo que pido le entreguen a la Procuradora, Marisela Morales Ibañez, de parte del LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, del SAT, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el informe de qué años y con qué cheques aparecen los pagos de impuestos, la dirección que anotan como el domicilio fiscal, los montos económicos de dichos pagos y el concepto de los mismos, de qué bancos son los cheques, y los números de cuentas correspondientes, que hará valer el Código Federal de Procedimientos Penales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, para que reciba con carácter de urgente, mis cheques de pago de reparación de daños.
    TAMBIÉN SOLICITÉ POR ESCRITO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2011, AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, LIC. ALEJANDRO POIRÉ ROMERO: “LICENCIADO ALEJANDRO POIRÉ ROMERO, me dirijo a Usted, apoyándome en mis garantías constitucionales, con fundamento en los artículos 17, 20 Constitucional Apartado B, fracciones II y IV, lo concerniente al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, a decir: “Artículo 5, y la fracción VIII del mismo: Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a las garantías individuales dictando al efecto las medidas administrativas procedentes.
    Y lo que proveen los Artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: “Cuando alguna Secretaría de Estado o Departamento Administrativo necesite informes, datos o la cooperación técnica de cualquier otra dependencia, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos, atendiendo en lo correspondiente a las normas que determine la Secretaría de la Contraloría General de la Federación”; al igual lo que especifica el artículo 113 Constitucional de la Ley Federal de las Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Responsabilidad Patrimonial del Estado, que en un análisis de orden legal, se determina como la vinculación que existe entre el reconocimiento del Estado como persona jurídica colectiva, la unidad de acción de los órganos que integran al Estado, la clasificación de los hechos y actos jurídicos que le permiten cumplir con los fines que tiene a su cargo”.

    POR TODO LO EXPUESTO, ATENTAMENTE PIDO:
    PRIMERO.- COMUNICARSE CON LA PRONTITUD QUE ESTE CASO REQUIERE, CON LA C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL, LIC. GRACIELA MALJA AGUIRRE, PARA QUE LES CONFIRME DE LA CONSIGNACIÓN DE LOS DEFRAUDADORES DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A., DICTÁNDOLES EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, Y EL TRASLADO DE LOS MISMOS EL DÍA VIERNES TREINTA DE DICIEMBRE DEL DOS MIL ONCE, AL PENAL DE ALTA SEGURIDAD EL ALTIPLANO DEL ESTADO DE MÉXICO, SIN HABER NOTIFICADO DE ESTOS TRÁMITES A NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA, EN MI CARÁCTER DE OFENDIDA.
    SEGUNDO.- COMPROBARÁN LOS ACTOS DELICTIVOS EN QUE INCURREN SERVIDORES PÚBLICOS DEL ÁMBITO FEDERAL, EN PERJUICIO DE NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, (LA QUE SE SUSCRIBE, EN MI CARÁCTER DE OFENDIDA, Y EN ENORMES AGRAVIOS A LA SOCIEDAD); CON LO QUE, CON COPIA DE ESTOS TRÁMITES QUE USTEDES SOLICITEN Y ME HAGAN ENTREGA, PODRÉ PRESENTARME CON MI PROMOCIÓN ANTE LAS AUTORIDADES, PARA IDENTIFICARME COMO LA VERDADERA NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, PIDIENDO LA APLICACIÓN DE LA LEY A LOS RESPONSABLES Y EL PAGO DE REPARACIÓN DE DAÑOS PARA TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE SOMOS PERJUDICADOS, QUE TRASCIENDE EN IGUAL FORMA, LO QUE CORRESPONDE DE LA INDEMNIZACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.

    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTADO Y COMPROBADO CON DOCUMENTALES PÚBLICAS IRREFUTABLES QUE OBRAN EN PODER DE LA LICENCIADA MARISELA MORALES IBÁÑEZ, PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
    México, D. F., 3 de enero del 2012.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

    c.c.p. Licenciado Arturo Núñez Jiménez. Para conocimiento y pronta intervención.
    c.c.p. Periodista Carmen Aristegui Flores y toda la Opinión Pública.

  63. NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, PARTE QUEJOSA EN EL EXPEDIENTE P-306/2011-I
    AUTORIDAD RESPONSABLE: DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL. DANDO CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL DÍA DOS DE ENERO DEL DOS MIL DOCE, BAJO NOTIFICACIÓN PERSONAL, RECIBIDA EN MI DOMICILIO EL DÍA MARTES TRES DE ENERO DEL MISMO AÑO, POR LO QUE DESAHOGO EN TIEMPO Y FORMA, VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS AUTOS Y LO QUE CORRESPONDE DE MI PROMOCIÓN DEL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL ONCE, DONDE SOLICITO RECURSO DE REVISIÓN, PARA QUE EL SEGUNDO JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL, TRASLADE COPIA ÍNTEGRA DEL EXPEDIENTE P.306/2011-I, AL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL, QUIEN RESOLVIÓ EL EXPEDIENTE 137/2011, DE LA REVISIÓN PENAL DE MI JUICIO DE GARANTÍAS Y DERECHOS HUMANOS P.306/2011-I EN MENCIÓN.

    C. LICENCIADO ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA, JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL.
    P R E S E N T E .

    EXPEDIENTE: P-306/2011-I

    México, D. F., 5 de enero del 2012.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, bajo mi personalidad debidamente acreditada en autos, con domicilio que también se registra en el expediente P-306/2011-I de mi Juicio de Garantías y Derechos Humanos, por lo que atentamente, de conformidad al Acuerdo de fecha dos de enero del dos mil doce, dictado por usted C. Juez, y que no viene firmado por nadie, desahogo el mismo, bajo los fundamentos que constituyen la comprobación de la REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO, en función que la Autoridad Responsable no ha dado cumplimiento a mi derecho de petición dentro de lo que solicito en mis escritos del tres y quince de marzo del dos mil once, de manera urgente y extraurgente, y que dirijo precisamente al Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, por lo que atentamente comparezco y expongo, de forma congruente, fundada y motivada:

    HECHOS

    UNO.- Tal como señala el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 2 de la Ley Federal de la Responsabilidad Patrimonial del Estado, queda usted sujeto C. Juez al imperio de la ley: “Son sujetos de esta ley los entes públicos federales. Para los efectos de la misma, se entenderá por entes públicos federales, salvo mención expresa en contrario, a los Poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo de la Federación. Los preceptos contenidos en capítulo II y demás disposiciones de esta ley serán aplicables en lo conducente para cumplimentar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptadas por los entes públicos federales y por el Estado Mexicano en su caso, en cuanto se refiere al pago de indemnizaciones repetir contra los servidores públicos.

    DOS.- C. LICENCIADO ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA, C. Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal; está usted totalmente responsabilizado de conformidad a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, contando usted en el expediente P-306/2011-I, del Acuerdo del veintiocho de marzo del dos mil nueve (sellado cuatro de abril del 2011) que dicta la C. Agente del Ministerio Público de la Federación, LIC. ELSA OLIVA GARCÍA BADILLO, dentro del Acuerdo en mención que emite de la siguiente manera: “Asunto: Se rinde informe. C. LIC. GUSTAVO ARROYO ACOSTA, Subdelegado de Procedimientos Especiales.
    P R E S E N T E .

    Por este conducto y en atención al oficio sin número de fecha 15 de marzo del presente año solicitada por NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, toda vez que de la lectura de dicho escrito se desprenden hechos que pudieran ser constitutivos de delitos en contra de quien o quienes resulten responsables en Grupo Nacional Provincial, S. A., por la probable comisión el delito de FRAUDE y/o lo que resulte solicito se proporcione número de averiguación previa a fin de que se proceda a la investigación de los hechos denunciados.

    Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales conducentes.

    Y en la parte superior de dicho Acuerdo del 28 de marzo del dos mil nueve (2009), registran: A.P. PGR/DDF/SPE-II/1814/2011-04. Penales y Amparo. Delegación en el Distrito Federal. Subdelegación de Procedimientos Especiales. Mesa II-DDF. Oficio 15401/2011.

    Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales conducentes. Por lo que es procedente girar atento oficio al C. Subdelegado de Procedimientos Especiales de esta institución a fin de que se proporcione número de averiguación previa y se dé inicio a la indagatoria que nos ocupa.

    Así lo acordó y firma la Licenciada Elsa Oliva García Badillo, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa II-DDF, adscrita a la Subdelegación de Procedimientos Especiales que actúa con testigo de asistencia que al final firman para debida constancia de lo actuado.

    Verónica Olmos Velázquez Lic. Mariza Contreras Larumbe”.

    TRES.- MI DERECHO DE PETICIÓN, relaciona mis escritos urgentes y extraurgentes de los días tres y quince de marzo del dos mil once; de qué manera usted C. Juez, se atreve a dar por cumplida mi petición dentro de un compendio de pruebas documentales públicas, que ponen de manifiesto con toda claridad, que mis escritos en comento, es precisamente por negarme el Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, darle el curso correspondiente a mi petición, como sustento de mi denuncia penal de fecha 17 de febrero del 2011, por los delitos de FRAUDE GENÉRICO, SUPLANTACIÓN DE PERSONA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y CORRUPCIÓN, escrito de mi denuncia penal de fecha 17 de febrero del 2011, en contra de Grupo Nacional Provincial, S. A., y quien o quienes resulten responsables, y que por lo mismo anexé en copia simple en mi escrito del quince de marzo del dos mil once el oficio de fecha 15 de febrero del mismo año que me dirige el Administrador Central de Normatividad de Grandes Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda, Licenciado Gerardo Avitia Encinas.

    CUATRO.- Si cuenta usted en el expediente P-306/2011-I, con el Acuerdo del día 28 de marzo del 2009, y con sello de recibido del 4 de abril del 2011, es porque la Agente del Ministerio Público de la Federación, Licenciada Elsa Oliva García Badillo, expuso con toda corrección bajo su análisis y facultades como Titular de la Mesa II-DDF de la Delegación de la PGR en el Distrito Federal. Subdelegación de Procedimientos Especiales, mediante oficio 15401/2011, corresponde a que mi denuncia del 17 de febrero del mismo año en contra de Grupo Nacional Provincial, S. A., sin tener conocimiento la suscrita de las actuaciones sobre la averiguación previa PGR/DDF-SPE-II/1814/2011-4, es porque desde el mes de marzo del dos mil nueve, por delitos conexos se estaban investigando delitos cometidos en perjuicio de NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la suscrita, y bajo estas comprobaciones irrefutables, el Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, Autoridad Responsable de mi presente Juicio de Garantías, de conformidad al artículo 62, queda implicado delictivamente tal como especifica el artículo en mención: “Las sanciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica, capítulo IX. De las sanciones de los Agentes del Ministerio Público de la Federación, Agentes de la Policía Federal, Investigadora y Peritos, son sanciones por incurrir en causas de responsabilidad o incumplir las obligaciones a que se refiere los artículos 53 y 54 de esta ley”.

    CINCO.- LO QUE QUIERE DECIR, que de conformidad al artículo 62 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, son sanciones a que se refiere el artículo 56, fracciones I y II del presente ordenamiento y que son impuestas por: I. La Procuradora General de la República (en este caso), II. Los Subprocuradores, III. El Oficial Mayor, IV. El Visitador General, V. Los Coordinadores; los Directores Generales, los Delegados; los Agregados; los Titulares de las Unidades Administrativas Equivalentes.

    SEIS.- EL DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL, es conocedor de las facultades y atribuciones que le competen como Titular y como Delegado en el Área del Distrito Federal, lo que al recibir mis escritos del tres y quince de marzo del dos mil once, está perfectamente documentado de las actuaciones del Subdelegado de Procedimientos Especiales y de la C. Agente del Ministerio Público de la Federación que vengo refiriendo.

    SIETE.- Y NO REALIZÓ EL DELEGADO, y el Subdelegado de Procedimientos Especiales, ninguna sanción en contra de la Licenciada Elsa Oliva García Badillo, C. Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa II-DDF, porque cumplió cabalmente con las funciones de Agente del Ministerio Público de la Federación, en una continuidad de gestiones y trámites administrativos, tal como se comprueba con otra documental pública que también obra en autos del expediente P-306/2011-I, mediante Acuerdo del 8 de marzo del 2011, Acuerdo del LICENCIADO JORGE ARROYO ACOSTA y dirigido a la LICENCIADA ELSA OLIVA GARCÍA BADILLO, bajo el siguiente texto que transcribo: “Asunto: PGR/DDF/SPE-II/942/06-03., indicando lo siguiente: “Me permito remitir a usted oficio DDF/1664/2011, de fecha 3 de marzo del 2011, suscrito por el Licenciado Edmundo P. Garrido Osorio, Delegado en el Distrito Federal, en el que remite escrito de la C. Norma Esperanza Falcón Ruiz, mediante el cual se inconforma por la autorización de incompetencia en razón de la especialidad de la averiguación previa al rubro señalada misma que fue remitida a la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos”.

    OCHO.- ACTUACIONES, que esclarecen que por ningún motivo debieron imposibilitar a la C. Agente del Ministerio Público de la Federación, LICENCIADA ELSA OLIVA GARCÍA BADILLO, dentro de sus funciones respectivas en la Mesa II-DDF; y teniendo usted C. Juez todas estas constancias probatorias, tratándose de mi derecho de petición conforme a mis escritos del tres y quince de marzo del dos mil once, tiene usted la facultad como Juez y Titular del Segundo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, para sopesar todas las evidencias del propósito que se da a conocer, que la C. Agente del Ministerio Público de la Federación pidió la autorización para integrar la averiguación previa conforme a lo que denuncié penalmente contra Grupo Nacional Provincial, S. A., y quien o quienes resulten responsables y que contando del día 17 de febrero del 2011 al 4 de abril del mismo año, la Autoridad Responsable ya tenía conocimiento de todas las actuaciones que vengo refiriendo y de la comprobación del cuerpo del delito, tal como lo señala el artículo 180 del Código Federal de Procedimientos Penales: “Para la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, el Ministerio Público y los tribunales gozarán de la acción más amplia para emplear los medios conducentes según su criterio, aunque no sean de los que menciona la ley, siempre que estos medios no sean contrarios a derecho. Los requerimientos que formule la Procuradora General de la República o el servidor público en quien se delegue esta facultad, o la autoridad judicial en su caso, de información o documentos relativos al sistema financiero, se harán por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, así como de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, en sus respectivas competencias. Los requerimientos de información o documentos de naturaleza fiscal, por conducto de la Unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que determine el Titular de dicha Secretaría.

    Y EN ESTE ÁMBITO DE RESPONSABILIDADES, dentro de todo lo actuado por usted C. Juez, en función de todas las documentales públicas integradas y desahogadas, para así realizar la Audiencia Constitucional por mi derecho de petición del Juicio de Garantías P-306/2011-I, es parte fundamental de toda prioridad, de conformidad al artículo 78 de la Ley de Amparo, requerir a la Autoridad Responsable, todas las pruebas documentales públicas que obran en su poder, con motivo de todas las actuaciones llevadas a efecto por la Licenciada Elsa Oliva García Badillo, tal como consta del auto de inicio que transcribo y que obra en autos de mi presente juicio de amparo en materia penal:

    “AUTO DE INICIO. En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las (10.38) diez horas con treinta y ocho minutos del día cuatro del mes de abril del dos mil once.

    TÉNGASE, por recibido el escrito de fecha 15 de marzo del 2011 suscrito por NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, por medio del cual formula denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito en contra de Grupo Nacional Provincial, S. A., y quien o quienes resulten responsables de la comisión de delitos de FRAUDE y lo que resulte, ilícito cometido en agravio de la denunciante NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, y visto lo anterior esta Representación Social de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 21 y 102 Apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 50 fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1º., 2º fracción I y II, 3, 6, 10, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 127 bis, 128, 136, 137, 168, 180, 181, 206, 220 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 3, 4, 20 y 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República ordena:

    INÍCIESE la citada averiguación previa, registrándose en el libro de gobierno que se lleva para tal efecto en esta Mesa Investigadora bajo el número A.P. PGR/DDF/SPE-II/1814/11.

    PRIMERA.- Practíquese todas y cada una de las diligencias que resulten necesarias para la debida integración y esclarecimiento de los hechos que se investigan en la presente averiguación previa, que conforme a derecho proceda y las que se deriven de las anteriores, sirviendo este proveído como auto de mandamiento en forma hasta su total resolución.

    CÚMPLASE.- Así lo acordó y firma la Licenciada Elsa Oliva García Badillo, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa II-DDF, de la Subdelegación de Procedimientos Especiales de la Delegación en el Distrito Federal, quien actúa en forma legal y con testigos de asistencia que al final firman y dan fe para la debida constancia legal.

    C. Mariza Contreras Larumbe C. Verónica Olmos Velázquez.

    RAZÓN.- En esta misma fecha y ante el personal actuante, toda vez que se radicó la averiguación previa PGR/DDF/SPE-II/1245/11, haciéndose las anotaciones de estilo en el libro de gobierno respectivo”.

    NUEVE.- DANDO SEGUIMIENTO AL DESAHOGO DE SU ACUERDO C. JUEZ, DEL DOS DE ENERO DEL DOS MIL DOCE: “Mediante escrito recibido en este Juzgado Federal el quince de junio actual, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, instancia de la que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, órgano que en sesión del treinta de septiembre del año que transcurre, confirmó la determinación recurrida”.

    FALSO DE TODA FALSEDAD, es la Autoridad Responsable, quien interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada por usted C. Juez, donde se me otorga el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos de la Autoridad Responsable, Delegado de la Procuraduría General de la República, manifestando agravios en su contra, que nunca han existido, supuesto que mi Juicio de Garantías P-306/2011-I, inicia con motivo de la transgresión de mis garantías individuales, consagradas en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la falta de respuesta de forma congruente, fundada y motivada, por todo lo que solicito punto por punto al Delegado de la PGR en el Distrito Federal, con motivo de mis escritos de petición urgente y extraurgente de fechas tres y quince de marzo del dos mil once; información del recurso de revisión que solicitó la Autoridad Responsable y que usted me hizo llegar bajo notificación a mi domicilio, por lo que en tiempo y forma, presenté mi petición al Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal del Distrito Federal, relacionando los hechos, el acto reclamado, sobre mi derecho de petición, que omite con premeditación, alevosía y ventaja la Autoridad Responsable, Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal.

    EN ESTE SEGUIMIENTO DE MIS ACTUACIONES ANTE ESE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MENCIÓN, se inicia la Revisión Penal 137/2011, donde resuelven en sesión de treinta de septiembre del dos mil once, que confirmó la SENTENCIA DEFINITIVA, dictada por usted C. Juez, donde se me otorga el amparo y protección de la Justicia Federal.

    POR LO QUE ADVIERTO, de la Ley Federal de la Responsabilidad Patrimonial del Estado, en que usted C. Juez está sujeto, tal como se especifica con el artículo 31 de la misma ley: “El Estado podrá repetir de los servidores públicos el pago de la indemnización cubierta a los particulares cuando previa substanciación del procedimiento administrativo disciplinario previsto en la Ley Federal de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se determine su responsabilidad, y que la falta administrativa haya tenido el carácter de infracción grave”.

    Y ESO ES PRECISAMENTE EN LO QUE USTED INCURRE, siendo que por todo lo expuesto en mi presente ocurso la Responsable no ha cumplido con mi derecho de petición, y que no satisface legalmente de acuerdo al artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunque haya remitido diversas constancias certificadas, recibidas en el Segundo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, habiéndome notificado personalmente de los Acuerdos recaídos a mis peticiones del 3 y 15 de marzo del 2011; SUPUESTO QUE USTED OMITE C. JUEZ, que el artículo 8º Constitucional, como es de explorado derecho, nuestro ordenamiento jurídico, lo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Por lo menos tres exigencias integran esta obligación. En primer lugar, la manifestación de la Administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No basta, por ejemplo, con dar una información cuando lo que se solicita es una decisión.

    CORRESPONDENCIA E INTEGRIDAD son fundamentales en la comunicación oficial. En segundo lugar, la respuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se plantea. El funcionario no sólo está llamado a responder, también debe esclarecer, dentro de lo posible el camino jurídico que conduzca al peticionario a la solución de su problema.

    Y USTED C. JUEZ, dentro del cumplimiento de sus funciones de que se dé cabal cumplimiento a mi derecho de petición, tal como usted indica en el Acuerdo del dos de enero del dos mil doce: “Por lo que para el efecto de restituir a la amparista de sus garantías violadas se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: “….que a la quejosa se le restituyan el goce de sus garantías violadas, conforme lo establece el artículo 80 de la Ley de Amparo, y como consecuencia de ello la Autoridad Responsable deberá dar respuesta a sus escritos presentados el 3 y 15 de marzo del 2011”.

    CON LO QUE QUEDA ACLARADO POR TODO LO ANTERIORMENTE VERTIDO, que la Autoridad Responsable no ha dado respuesta a los multicitados escritos de petición urgente y extraurgente de fechas 3 y 15 de marzo del 2011, REPITIÉNDOSE EL ACTO RECLAMADO.

    Finalmente, del Derecho de Petición: “La comunicación debe ser oportuna. El factor tiempo es un elemento esencial para la efectividad de los derechos fundamentales; de nada sirve una respuesta adecuada y certera, cuando ella es tardía”. (T-220.1994).

    TRASCENDENTAL EL ACTO RECLAMADO.- En esta parte el Licenciado Ignacio Burgoa Orihuela define el Acto Reclamado como: Cualquier hecho voluntario consciente, negativo o positivo, desarrollado por un Órgano de Estado, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o fácticas dadas y que se impongan imperativamente”.

    EN UNA PALABRA, está usted C. Juez cometiendo actos de corrupción.

    “Entendemos como corrupción a todo acto ilegal y no ético que viene como consecuencia del abuso del poder”. Este acto corrupto en que usted incurre como C. Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, es una actividad a través de la cual está usted implicado conforme al artículo 113 constitucional de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Responsabilidad Patrimonial del Estado, por lo tanto usted no puede ser Juez y Parte,
    porque es Usted un Servidor Público que impulsa una acción en contra de las leyes, normatividad y prácticas implementados, a fin de favorecer intereses particulares.
    Bajo esta exposición en mi presente ocurso en que doy cabal cumplimiento al desahogo de su Acuerdo de fecha dos de enero del dos mil dice, pido a usted atentamente:

    ÚNICO.- Que con motivo de lo informado por usted mediante Acuerdo del dos de enero del dos mil doce, se confirma su responsabioidad dentro de la Ley Federal de los Servidores Públicos y todo lo relativo a la responsabilidad Patrimonial del Estado, confirmándose la repetición del ACTO RECLAMADO, por lo que pido el Recurso de Revisión, de Acuerdo a los numerales 82, 83 fracción IV, 85 fracción II, 86, 88, 89, y demás relativos y aplicables de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional, para que usted C. Juez, con carácter de urgente, se sirva trasladar al Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal del Distrito Federal, copia íntegra del expediente P-306/2011-I de mi Juicio de Garantías y Derechios Humanos.

    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTADO Y COMPROBADO CON DOCUMENTALES PÚBLICAS IRREFUTABLES QUE SOLICITO SEAN REQUERIDAS CON CARÁCTER DE URGENTE AL DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL PARA QUE OBREN EN EL EXPEDIENTE DE MI PRESENTE JUICIO DE AMPARO.

    México, D. F., 5 de enero del 2012.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

    c.c.p.Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Expediente P-1115-10

  64. C. LICENCIADO LUIS EDUARDO ITURRIAGA VELASCO, DIRECTOR GENERAL DE LA VICEPRESIDENCIA JURÍDICA CONSULTIVA Y DE INTERMEDIARIOS. DIRECCIÓN CONSULTIVA. SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.
    P R E S E N T E .

    México, D. F., 10 de enero del 2012.

    EXPEDIENTE: C00.411.31.2”11”
    OFICIO: 06-367-II-1.1/00126.

    ASUNTO: NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA, DANDO RESPUESTA AL OFICIO INDICADO AL RUBRO DEL PRESENTE OCURSO FIRMADO POR USTED, POR LO QUE DOY SEGUIMIENTO LEGAL EN MI CARÁCTER DE OFENDIDA, BAJO LOS RAZONAMIENTOS, FUNDADOS Y MOTIVADOS DE CONFORMIDAD A MIS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, TODO LO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EL NUEVO REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.

     NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho en mi carácter de ofendida en este día martes 10 de enero del 2012, con domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones en Calle 3 No. 118, Col. General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c. p. 15000, México, D. F., correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

    Licenciado Luis Eduardo Iturriaga Velasco, me permito dar seguimiento bajo la consistencia legal que fundamento, el que mi asunto sobre lo que usted relaciona bajo distintos aspectos como el contenido del oficio 06-367-II-1.1/00126 por lo que, atentamente comparezco y expongo de forma congruente, fundada y motivada:

    UNO.- Dentro de su respuesta del oficio en mención, usted especifica de acuerdo a lo que la suscrita va relacionando de las funciones y la competencia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) “…el que es un Órgano Desconcentra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuyas funciones son supervisar de manera eficiente, que la operación de los sectores asegurador y afianzador se apegue al marco normativo, preservando la solvencia y estabilidad financiera de las instituciones para garantizar los intereses del público usuario, así como promover el sano desarrollo de estos sectores con el propósito de extender la cobertura de sus servicios a la mayor parte posible de la población. La CNSF se rige bajo lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Asociaciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y la del Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas”.

    POR LO QUE ME PERMITO ACLARARLE, que dentro de su respuesta a cada parte de lo que yo expongo, es incierto, confuso, manipulando conceptos jurídicos, como el indicar: “Al respecto he de señalar que en efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas, esta Comisión es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma que se sujeta a lo dispuesto por dicho ordenamiento legal, así como lo dispuesto en el Reglamento Interior expedido por el Ejecutivo Federal”.

    DOS.- DENTRO DE ESTA RESPUESTA, me permito señalarle que corresponde por lo dispuesto en el Reglamento Interior del día 5 de junio del 2008, de parte del Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, LICENCIADO MANUEL S. AGUILERA VERDUZCO.

    TRES.- PARA EVITAR, el que usted sustancie sobre criterios infundados lo que es totalmente de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Responsabilidad del Estado, me es preciso manifestarle lo siguiente del Reglamento Interno Reformado el cinco de junio del dos mil ocho:
    ARTÍCULO 17.- Las direcciones generales estarán integradas por los directores generales, los directores y los subdirectores de área, los jefes de departamento, los supervisores especializados, los inspectores supervisores, los jefes de sección, visitadores e inspectores y demás servidores públicos y personal administrativo que el servicio requiera y permita el presupuesto de la Comisión.
    Adicionalmente, la Dirección General Jurídica Consultiva y de Intermediarios estará integrada por los delegados y subdelegados regionales.
    Al frente de cada dirección general habrá un director general, quien será el titular de las atribuciones que en este Reglamento se asignan a la respectiva unidad administrativa.
    * Adicionado 20-02-2001
    * Adicionado 4-12-2003
    * Reformado 5-06-2008
    CUATRO.- LO QUE QUIERE DECIR, que usted omite con premeditación, alevosía y ventaja, que mi asunto legal del cual presenté mi escrito de petición extraurgente de fecha 29 de junio del 2011, y que va dirigido al Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Licenciado Manuel S. Aguilera Verduzco, es totalmente relacionado a lo que se da a conocer en el nuevo Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, reformado el día cinco de junio del dos mil ocho (2008), ya que se trata de una investigación dentro de una indagatoria que inicia en la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, por medio del AUTO DE INICIO del día cuatro fe abril del dos mil once, que dicta y registra la C. Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa II-DDF, Licenciada Elsa Oliva García Badillo, en función de mi escrito de denuncia penal de fecha 17 de febrero del 2011 (incluido como parte de mi petición de fecha quince de marzo del mismo año, que asigno al DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GNERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL).

    Denuncia penal en contra de Grupo Nacional Provincial, S. A., y quien o quienes resulten responsables por los delitos cometidos en mi perjuicio por los autores materiales e intelectuales de esa Empresa de Seguros, que se canalizan financieramente, fiscal y administrativamente en lo que se tipifica como Fraudes, Tráfico de Influencias, Abuso de Poder, Corrupción, Obstrucción a la Justicia con la Suplantación de mi persona, Falsificación de Documentos Públicos, Falsedad de Declaraciones y lo que se desprende en enormes agravios a la sociedad, con motivo de los seguros de vida individuales con inversión Línea Prisma, que contrataron los asegurados de mi Cartera de Trabajadores del ISSSTE y dependientes económicos de los mismos, clave 9893, mediante descuento por nómina de dicho instituto en el concepto 76, del 15 de julio de 1986 al 15 de mayo de 1988, (unidos con Carteras en ese mismo período, mediante pólizas de seguros de vida individuales con inversión Línea Prisma, de los asegurados de mi Cartera del ISSSTE, mediante la venta que realizaron a mis espaldas los defraudadores de Grupo Nacional Provincial, S.A. usando mi nombre con distintas claves a la 9893, expidiendo Grupo Nacional Provincial, S.A., POR TODA ESA VENTA QUE IGNORABA, cheques a mi favor por concepto de comisiones, bonos y premios, sin recibir la Suscrita, cheques ni pago alguno por ningún medio), y a partir del 15 de mayo de 1988 por medio de los pagos que de forma directa realizaron los asegurados de mi Cartera del ISSSTE a nivel nacional en mención, en oficina matriz y en las oficinas de servicio de Grupo Nacional Provincial, S. A., en toda la república mexicana, siendo que son pólizas de seguros de vida con inversión Línea Prisma, a veinte y cincuenta años de duración.

    NUEVO REGLAMENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, REFORMADO EL DÍA CINCO DE JUNIO DEL DOS MIL OCHO, DE LO QUE USTED OMITE, PRETENDIENDO HACER CREER EL QUE NO TIENE COMPETENCIA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS DENTRO DE LO QUE SE INVESTIGA EN INDAGATORIAS DE MIS DENUNCIAS PENALES EN CONTRA DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. DENUNCIAS QUE SE HAN ACUMULADO A LA AVERIGUACIÓN PREVIA UEDE/021/2007, DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS EN EL EXTRANJERO, DEPENDIENTE DE LA SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR LO QUE SEÑALO:

    DEL NUEVO REGLAMENTO DEL CINCO DE JUNIO DEL DOS MIL OCHO:

    ARTÍCULO 18.- Corresponde a la Dirección General de Supervisión Financiera, de la cual dependen la Dirección de Inspección Financiera, la Dirección de Vigilancia Financiera y la Dirección de Supervisión Especializada, ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de los aspectos contables, financieros y administrativos (de las instituciones de seguros y fianzas) en los términos de las leyes y disposiciones administrativas aplicables, para lo cual tendrán las siguientes atribuciones: visitas de inspección; II.- Ordenar y practicar las visitas de inspección conforme al programa a que se refiere la fracción anterior, así como practicar las demás visitas de inspección previstas en las leyes aplicables; II Bis.- Practicar las visitas de inspección con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas derivadas de los artículos 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y demás disposiciones legales relacionadas con la materia, en el ámbito de competencia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
    I.- Formular para su aprobación, el programa anual de visitas de inspección previstas en las leyes aplicables.
    CINCO.- POR LO QUE REITERO: LIC. LUIS EDUARDO ITURRIAGA VELASCO, es usted un servidor público, que antepone intereses personales, por encima de los reglamentos, leyes orgánicas, las garantías individuales y sociales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, por lo que puntualizo que es correcta mi apreciación por lo que usted me da a conocer en el segundo párrafo del oficio 06-367-II-1-1/07520 de fecha 27 de junio del 2011, donde establecí apegado a derecho lo referente a mis escritos de fechas 11, 18 y 24 de enero, así como el del día 4 de febrero del 2011, que dirijo al Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la República Mexicana, al C. Jefe de Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y al Administrador General de Grandes Contribuyentes del mismo SAT, Dr. Juan Carlos Rizo León.
    ESTÁ USTED DEBIDAMENTE DOCUMENTADO DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.
    ARTÍCULO 7 de dicho Reglamento: De las sesiones de la Junta de Gobierno se levantarán actas que autorizarán el Presidente y el Secretario, y en ellas se asentarán con claridad y precisión las resoluciones y recomendaciones adoptadas.

    Compete al Presidente de la CNSF, comunicar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las resoluciones que apruebe la Junta, en los términos del artículo 108-C de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. Los vocales tendrán derecho a deliberar libremente y hacer constar en actas de manera textual, su opinión o voto particular sobre los asuntos que se traten. El Secretario podrá expedir, cuando así proceda, copia certificada de los documentos que obren en poder de la Junta.

    SEIS.- LIC. LUIS EDUARDO ESTÁ USTED TOTALMENTE EQUIVOCADO, porque de la narración de mis hechos que hago en mis escritos de referencia lo que pongo como parte importante de la defraudación fiscal en que incurren los delincuentes de cuello blanco de Grupo Nacional Provincial, S. A., tratándose de pólizas de seguros de vida en dólares que expiden fraudulentamente a mi nombre en dicha empresa de seguros, y habiendo solicitado la suscrita dentro de mi denuncia penal de fecha 17 de febrero del 2011 la participación de la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, la cual, por medio de mi escrito que les envié escaneado el día 11 de febrero del 2011, para que verificaran que Grupo Nacional Provincial, S. A., expide una póliza de seguro de vida en dólares de inicio por la suma asegurada de CINCO MILLONES DE DÓLARES, con pólizas adicionales en esa moneda, bajo la expedición del mismo número de la póliza de inicio y que concentra una suma asegurada de protección por fallecimiento de 500 millones de dólares, (independientemente de lo que generan de intereses la reservas Técnica y del Plan)
    ES DECIR, USTEDES QUE FUNGEN como un Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, están sujetos a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, del artículo 108 de la Ley Federal de Instituciones y Sociedades Mutualistas que en esos términos es un ordenamiento legal expedido por el Ejecutivo Federal y lo que corresponde al nuevo Reglamento reformado del 5 de junio del 2008, está expedido por el Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Licenciado Manuel S. Aguilera Verduzco; lo que atañe directamente a su responsabilidad Licenciado Luis Eduardo Iturriaga Velasco, para de inmediato desde que solicité con mi petición extraurgente de fecha 29 de junio del 2011, debieron comunicarse por los medios electrónicos que acostumbran con la Lloyd de Londres, para confirmar el reaseguramiento de las pólizas de seguros de vida en dólares que de manera delictiva emiten a mi nombre los autores materiales e intelectuales de dichos delitos en Grupo Nacional Provincial, S. A., y no únicamente registrar en el oficio 06-367-II-1.1/00126 de fecha 5 de enero del 2012: “Por otro lado, hacemos de su conocimiento que la Dirección General de Supervisión Actuarial de esta Comisión, manifestó que no cuenta con información respecto de la póliza de seguros emitida por el Grupo Nacional Provincial, S. A., a nombre de la C. Norma Esperanza Falcón Ruiz, al que hace referencia el escrito en cuestión”.
    SIETE.- LO QUE PARA COMPROBAR SU DICHO, exijo en mi carácter de ofendida, el que presente usted a la Procuradora General de la República, Licenciada Marisela Morales Ibáñez, la documentación que les remita sobre dicha información la misma Reaseguradora Lloyd de Londres, recordándole Licenciado Luis Eduardo Iturriaga Velasco que en iguales circunstancias sobre el particular el C. Jefe de Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, también cuenta con información sobre dicha póliza de seguro de vida en dólares que fue expedida a mi nombre de manera fraudulenta por Grupo Nacional Provincial, S. A., por la cantidad de inicio de suma asegurada de CINCO MILLONES DE DÓLARES, y que con los incrementos que fueron implementando con pólizas adicionales bajo el mismo número de póliza de inicio y que fueron emitiendo dichos defraudadores a mis espaldas, alcanza actualmente la suma de QUINIENTOS MILLONES DE DÓLARES.
    OCHO.- ASÍ ES QUE LICENCIADO LUIS EDUARDO ITURRIAGA VELASCO, por supuesto que dichos hechos ustedes no los pueden negar, porque es inadmisible que pretendan hacer creer mediante oficio 06-367-II-1.1/00126, que vengo refiriendo, el que no tengan en su haber de meses atrás, dicha información proporcionada a ustedes por la misma Reaseguradora Lloyd de Londres, ya que ustedes cuentan en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con la Dirección General de Supervisión Financiera, Dirección General de Supervisión de Reaseguro y de la Dirección General de Supervisión Actuarial.
    POR LO QUE QUIERO DEJAR BIEN ASENTADO, ES QUE NADIE LE CREE, Y PARA SU CONOCIMIENTO MI DENUNCIA EN SU CONTRA Y EN CONTRA DEL LICENCIADO MANUEL S. AGUILERA VERDUZCO, ES BAJO LA INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA ALTA COMISIONADA DE DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS EN MÉXICO, DONDE VAN A RENDIR CUENTAS CON TODOS LOS DOCUMENTOS REFERENTES A DICHAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE VIDA EN DÓLARES QUE DE MANERA DELICTIVA LOS DELINCUENTES DE CUELLO BLANCO DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A., EMITEN A NOMBRE DE NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA, EN MI CARÁCTER DE OFENDIDA, SUERTE PRINCIPAL DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA UEDE/2007 Y LAS ACUMULADAS A LA MISMA.
    NUEVE.- TODO ESTÁ MUY CLARO, son ustedes servidores públicos que infringen la ley con actos omitivos que conducen al delito de encubrimiento, respecto del robo que quieren realizar impunemente los que resulten culpables de la Administración Pública Federal irregular del gobierno del LIC. FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, en mi perjuicio en mi carácter de ofendida, para imposibilitar el que se me haga entrega de mis cheques de pago de reparación de daños y de la indemnización de la Responsabilidad Patrimonial del Estado.
    DIEZ.- RESULTAN TOTALMENTE ERRADOS, sus conceptos Licenciado Luis Eduardo Iturriaga Velasco, en sus exposiciones del oficio del 5 de enero del 2012 que usted dirige a mi nombre, de tal manera, que con carácter de urgente le pido cumpla usted con sus funciones de servidor público, remitiendo copia íntegra del expediente C00.411.31.2 “11” de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y todo lo relacionado al expediente 730(09)112595 respecto a la auditoría que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas practicó de inicio del mes de febrero de 1997 al mes de enero de 1998, a la Gerencia de Ventas Masivas de la Dirección General de Mercadotecnia de Grupo Nacional Provincial, S. A., donde consta el envío de información que dirige el Actuario Mario López Domínguez con fecha nuerve de octubre del dos mil (2000) al Contador Público Felipe Cristiani, en ese entonces Administrador Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente y Sector Financiero. Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo el siguiente texto: “Me refiero al oficio de fecha 17 de agosto del 2000, folio 375042-68, de la Coordinación de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, recibido en esta Comisión el día 1º de septiembre del mismo año, con el que dicha Coordinación envía copia de una petición dirigida al C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por la Señora Norma Esperanza Falcón Ruiz, solicitando se remita el expediente número 730(09)112595, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se destine a los fines fiscales correspondientes.
    Sobre el particular, me permito informarle que el expediente en mención corresponde a la Dirección General de Seguros y Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según se desprende de los oficios 366-IV-1068, de fecha 24 de febrero de 1997, oficio 366-IV-2786, de fecha 4 de junio de 1997 y oficio 366-IV-2099 de 21 de mayo de 1998 de los cuales le anexo copias y que se explican por sí mismos.
    No obstante lo anterior, me permito enviarle copia certificada de la documentación que obra en poder de este organismo, relativa a las auditorías actuariales (Tomo I y II) y financiera (Tomo III) practicadas por esta Comisión al Grupo Nacional Provincial, S.A., en relación con el asunto de la C. Norma Esperanza Falcón Ruiz, así como información enviada a esta dependencia por la ciudadana antes mencionada (Carpetas 1, 2, 3, 4 y 5).
    Por lo expuesto, esta Comisión pone a su disposición los documentos citados, para los efectos legales en el ámbito de su competencia.
    Lo anterior, con fundamento en los artículos 106, 108 fracción I y 110 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y 24 fracción II, 25 y 51 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
    Firma el Actuario Mario López Domínguez, Director General de Supervisión Actuarial. Dirección General de Supervisión Actuarial. Dirección de Inspección Actuarial. Subdirección de Inspección de Seguros de Personas. Oficio 06-367-III-3.2/13057 de fecha 9 de octubre del 2000”. (anexo constancia en copia simple).
    ONCE.- LICENCIADO LUIS EDUARDO ITURRIAGA VELASCO, QUEDA USTED DIRECTAMENTE RESPONSABILIZADO, conforme al artículo 113 constitucional de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Responsabilidad Patrimonial del Estado, junto con el Licenciado Manuel S. Aguilera Verduzco, como Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
    DOCE.- Y PARA QUE NO QUEDE DUDA, anexo también a mi presente ocurso copia del oficio 366-IV-7464, en relación al expediente 730(09)112595, oficio de fecha 19 de diciembre del 2000, que me dirige el Licenciado Ignacio López Merlo, Director de Seguros y Fianzas, de la Dirección General de Seguros y Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la siguiente información: “Se le hace saber que se remitió copia certificada del expediente 730(09)112595 a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para los fines fiscales correspondientes”.
    Oficio del 19 de diciembre del 2000 que complementa el Licenciado Ignacio López Merlo con el siguiente texto: “En virtud de lo anterior, con fundamento en lo previsto por el artículo 33 del Reglamento Interior de esta Secretaría y atendiendo la petición de la C. Norma Esperanza Falcón Ruiz, se le comunica que a través de nuestro oficio 366-IV-7463 de esta misma fecha (19 de diciembre del 2000) del que se le adjunta copia, se le hizo llegar a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente y Sector Financiero, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos, copias certificadas de las constancias que obran en el expediente 730(09)112595, relacionadas con su causa, para los fines a que haya lugar”.
    ESOS FINES LEGALES A QUE HAY LUGAR, se determinan con los resultados que arrojan la revisión de dicho expediente en el año dos mil uno en la Procuraduría Fiscal de la Federación bajo las instrucciones del LIC. GABRIEL REYES ORONA, (en ese entonces Titular de dicha Dependencia Oficial) en función de las auditorías practicadas a Grupo Nacional Provincial, S. A., y que precisamente constatan los fraudes cometidos en mi perjuicio por los autores materiales e intelectuales de dichos delitos en Grupo Nacional Provincial, S. A., y todo lo que se ramifica en enormes agravios a la sociedad, tal como se fundamenta mediante oficio 330-SAT-IV-B-11-846, del Servicio de Administración Tributaria. Administración General de Grandes Contribuyentes. Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes. Expediente GNP-921124.
    Oficio de fecha 17 de noviembre del 2000, que dirige el Licenciado Daniel Zavala Estrada, en ese entonces Administrador de Consultas y Autorizaciones “B”, que dirige al Contador Público Felipe Cristiani Romero, en mención, indicándole lo siguiente: “Con el presente se remite el escrito de la C. Norma Esperanza Falcón Ruiz del 14 de Agosto del 2000, dirigido al C. Subsecretario de Ingresos, mediante el cual presenta un planteamiento relativo a una evasión de impuestos por el manejo de los recursos monetarios evaluados en los dividendos por inversión de la cobertura básica, en base a un “sistema especial” de los seguros de vida con inversión Línea Prisma, implementados por Grupo Nacional Provincial, S. A., dentro del programa de la computadora central de esa aseguradora.
    Y ES DE TODA IMPORTANCIA LEGAL, el que se comprueba con la revisión del expediente 730(09)112595 en la Procuraduría Fiscal de la Federación,, que las pólizas de seguros de vida individuales con inversión Línea Prisma, fueron capturadas como si se trataran de los seguros de vida individuales con inversión en el sistema Dinámico Plus, (que no generan dividendos desde que inicia la venta de seguros de vida con inversión en el Sistema Dinámico Plus), tal como se registran las mismas anotando Grupo Nacional Provincial, S.A. en la carátula de dichas pólizas LÍNEA PRISMA, pero en la última hoja en la parte superior del renglón de Valor en Efectivo, incluyen la leyenda D/PLUS, porque así fueron capturadas para robarles los intereses que produce la reserva técnica y la reserva del plan, mermando el capital de los fondos de inversión de cada póliza LÍNEA PRISMA de los asegurados de mi Cartera del ISSSTE, informando el que se cancelaban por falta de pago, cuando cuentan con cantidades millonarias, derivadas de la participación de utilidades de la cobertura básicas del plan, tal como detallo en mi presente ocurso.
    Lo anterior, por considerarlo un asunto de su competencia de conformidad con el artículo 13, fracción XXXIX y Apartado B, fracción VII del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 1999”; con lo que ustedes como servidores públicos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas están obligados a proporcionar la información requerida por la suscrita mediante mi escrito de petición extraurgente de fecha 29 de junio del 2011, que dirijo a nombre del Licenciado Manuel S. Aguilera Verduzco; que dentro de un seguimiento legal deben unir acciones con personal de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la Secretaría de la Función Pública, de la Subcomisión de Examen Previo de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, supuesto que lo que solicito no es información de manera personal, es considerado dentro del sustento jurídico de mis averiguaciones previas configuradas dentro de mis denuncias penales en contra de Grupo Nacional Provincial, S. A., y quien o quienes resulten responsables, indagatorias que han sido acumuladas por delitos conexos a la número UEDE/021/2007 de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República.
    USTEDES COMO SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CNSF, ESTÁN OBLIGADOS POR MI DERECHO DE PETICIÓN, a darle curso a mi presente escrito de Petición Extraurgente con lo que PIDO de fecha 29 de junio del 2011, mediante lo integrado, desahogado y resuelto del expediente C00.411.31.2”11”, de la Dirección General de la Vicepresidencia Jurídica de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para remitir copia íntegra del mismo, directamente a la Procuradora General de la República Licenciada Marisela Morales Ibáñez y todo lo relativo a los oficios que hago referencia y anexo copia de los mismos en mi presente ocurso, para que se dé solución en lo que corresponde aplicar la ley a los defraudadores de Grupo Nacional Provincial, S. A., y cómplices delictivos de los mismos, mediante consignación ante un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales del Distrito Federal, con notificación a mi persona de dichos trámites, en mi carácter de ofendida, para que me presente ante las autoridades identificándome como la verdadera Norma Esperanza Falcón Ruiz, pidiendo la aplicación de la ley a los responsables y el pago de la reparación de daños para todos y cada uno de los que somos perjudicados y lo correspondiente a la indemnización de la Responsabilidad Patrimonial del Estado.
    EN ESTE ÁMBITO DE RESPONSABILIDADES, me refiero al artículo 8º constitucional: “Como es de explorado derecho, nuestro ordenamiento jurídico, supremo lo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Por lo menos tres exigencias integran esta obligación. En primer lugar, la manifestación de la administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No basta, por ejemplo, con dar una información cuando lo que se solicita es una decisión”.
    Y TAL COMO SEÑALA EL ARTÍCULO 8º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO: “Son sujetos de esta ley los entes públicos federales. Para los efectos de la misma, se entenderá por entes públicos federales, salvo mención expresa en contrario, a los Poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo de la Federación. Los preceptos contenidos en el Capítulo II y demás disposiciones de esta ley serán aplicables en lo conducente para cumplimentar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptadas por los entes públicos federales y por el Estado Mexicano en su caso, en cuanto se refiere al pago de indemnizaciones repetir contra los servidores públicos”.
    POR LO MISMO, SUBRAYO EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL GOBIERNO FEDERAL Y EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA QUE EXPONEN: BIEN COMÚN.
    Declaración del valor: “Asumo un compromiso irrenunciable con el bien común, que se refiere al bien de todos, sobre mis intereses particulares. Entiendo que el servicio público es patrimonio de todos los mexicanos y de todas las mexicanas y por tanto procuraré, el bien común por encima de los intereses particulares”.
    “El Código de ética del gobierno federal y el código de conducta de la Presidencia de la República forman parte de las actividades del programa operativo de transparencia y combate a la corrupción (POTCC), de la Secretaría de la Función Pública y que la Presidencia de la República está comprometida a cumplir”.
    SEÑOR LICENCIADO LUIS EDUARDO ITURRIAGA VELASCO, la justicias es la concepción que cada época y civilización tiene acerca del bien común.
    DEL NUEVO REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS:
    CAPÍTULO SEGUNDO
    DE LA PRESIDENCIA

    ARTÍCULO 12.- .- El Presidente es la máxima autoridad administrativa de la Comisión, y ejercerá sus funciones directamente o por medio de los vicepresidentes, directores generales, directores de área, delegados regionales, subdirectores de área, subdelegados regionales y demás servidores públicos de la propia Comisión, de conformidad con lo previsto en el presente Reglamento y en los acuerdos de delegación de atribuciones que a propuesta del propio Presidente, apruebe la Junta de Gobierno, mediante acuerdos delegatorios que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.

    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTADO Y DOCUMENTALES PÚBLICAS IRREFUTABLES QUE OBRAN EN POSESIÓN DE USTED LICENCIADO LUIS EDUARDO ITURRIAGA VELASCO, CON LO INTEGRADO, DESAHOGADO Y RESUELTO DENTRO DEL EXPEDIENTE COO.411.31.2”11” DE LA VICEPRESIDENCIA JURÍDICA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS QUE PIDO DE MANERA URGENTE SEAN REMITIDAS DIRECTAMENTE A LA LICENCIADA MARISELA MORALES IBÁÑEZ, PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA UEDE/021/2007, DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS EN EL EXTRANJERO.

    México, D. F., 10 de enero del 2012.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

    c.c.p. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Expediente P-1115-10
    c.c.p. Licenciado Arturo Núñez Jiménez. Para conocimiento y pronta intervención.
    c.c.p. Licenciado Javier Corral Jurado, Diputado Federal, Presidente de la Comisión de Gobernmación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Para conocimiento y pronta intervención.
    c.c.`p. Periodista Carmen Aristegui Flores y toda la opinión pública.

  65. LIC. JOSÉ ALBERTO BALBUENA BALBUENA
    TITULAR DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
    P R E S E N TE.

    México, D. F., 12 de enero del 2012.

    REFERENCIA: EXPEDIENTE P-1115-10 DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, PARA SER INTEGRADO, DESAHOGADO Y RESUELTO CON LA PREMURA QUE ESTE CASO REQUIERE.

     ASUNTO: NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA EN MI CARÁCTER DE OFENDIDA,(EXPEDIENTE 730(09)112595 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y VALORES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO) PIDIENDO SU PARTICIPACIÓN LIC. JOSÉ ALBERTO BALBUENA BALBUENA, DENTRO DE UN COMPENDIO DE EXPEDIENTES DE DISTINTAS DEPENDENCIAS OFICIALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DEL GOBIERNO DEL LICENCIADO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, EXPONIENDO LA QUE SE SUSCRIBE EN FUNCIÓN DE MIS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y MIS DERECHOS HUMANOS, POR LO QUE PRESENTO LOS HECHOS SOBRE LOS DELITOS COMETIDOS EN MI PERJUICIO, QUE DERIVAN EN DEFRAUDACIÓN FISCAL, LAVADO DE DINERO, SUPLANTACIÓN DE MI PERSONA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, TRÁFICO DE INFLUENCIAS, ABUSO DE FUNCIONES, QUE SE TIPIFICAN PENALMENTE, Y LO QUE CORRESPONDE DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, Y LO QUE SE RAMIFICA EN ENORMES AGRAVIOS A LA SOCIEDAD, CON LA COMPLACENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ÁMBITO FEDERAL.

     TODO COMPROBADO MEDIANTE AUDITORÍAS LLEVADAS A CABO DESDE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, HASTA LA ACTUALIDAD, (QUE HAN FAVORECIDO EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS BILLONARIOS A LA SHCP, NEGÁNDOME LAS ASUTORIDADES HACENDARIAS EL QUE SE INCLUYAN DICHOS RESULTADFOS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA UEDE/0212/2007 EN MENCIÓN). AUDITORÍAS DEBIDAMENTE INCLUIDAS, DESAHOGADAS, ACUMULADAS Y RESUELTAS EN EL EXPEDIENTE 730(09)112595, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y VALORES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN UN CONJUNTO DE DOCUMENTALES TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A., QUE COMPRENDE UN SINFÍN DE OMISIONES DELICTIVAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ÁMBITO FEDERAL CON LO QUE SE ESTABLECEN DE MIS DENUNCIAS PENALES EN CONTRA DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. Y QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, (RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL) DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA UEDE/021/2007 Y LAS ACUMULADAS A LA MISMA, DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS EN EL EXTRANJERO, DEPENDIENTE DE LA SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho en mi carácter de Ofendida, en este día jueves doce de enero del dos mil doce, (2012), con domicilio para oír y recibir toda clase de documentos en Calle 3 No. 118, Colonia General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c.p.15000, México, D. F., correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

    Estrategia Nacional para la Prevención y el combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo. Modificaciones a las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Mercado de Valores (Casas de Bolsa).

    PROPUESTA DEL EJECUTIVO FEDERAL, LIC. FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, para la Reforma y adición al Código Penal, Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, (que también comprende la Asociación Delictuosa de servidores públicos del ámbito federal con los que delinquen fiscal, financiera y administrativamente en Grupo Nacional Provincial, S.A.), Código Fiscal de la Federación y Leyes Financieras.

    ENTRE LA PROPUESTA de Ley del Ejecutivo Federal (del Gobierno del Licenciado Felipe Calderón Hinojosa), se ubica a los profesionales en materia de custodia y traslado de valores, donde quedan señaladas las inversiones de los asegurados en sus contratos de seguros de vida individuales con inversión que son registradas y se mantienen en custodia rindiendo ganancias sobre los intereses que generan de sus fondos capitalizables en la Casa de Bolsa Mexicana de Valores con sus respectivos documentos, sobre las cantidades que les deposita Grupo Nacional Provincial, S.A., reitero: en la Casa de Bolsa Mexicana de Valores, (de acuerdo a las Condiciones Generales de dichas pólizas) hasta el término del plan de las mismas, sobre los seguros de vida con inversión en distintos sistemas computarizados, que solicitan los asegurados de trabajadores y sus dependientes económicos de mi Cartera del ISSSTE a nivel nacional clave 9893, (de esta clave obtuve a través de una conciliación en los años 1991 y 1992, con Grupo Nacional Provincial, S.A., en el Departamento Jurídico, lo relativo a mil doscientas cincuenta y tres pólizas de mi Cartera del ISSSTE a nivel nacional clave 9893), denuncio penalmente a Grupo Nacional Provincial, S.A., de lo que se amplía de las ventas de cientos de miles de pólizas seguros de vida con inversión LÍNEA PRISMA y seguros de otros ramos de las Carteras de Asegurados en mención que los defraudadores de Grupo Nacional Provincial, S.A., (en el mismo período de venta del mes de julio de 1986, al mes de mayo de 1988, vendieron suplantándome, utilizando mi nombre con distintas claves a la 9893, expidiendo Grupo Nacional Provincial, S.A., cheques a mi favor por concepto de comisiones, bonos y premios por las ventas realizadas a mis espaldas, sin mi consentimiento, cheques que nunca recibí ni cobré por ningún medio).

    POR LO QUE, de conformidad al Código Fiscal de la Federación, la
    Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, el Reglamento Interno y la Ley Orgánica de la SCHP, debe usted solicitar con carácter de urgente (DE ACUERDO A SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES), a través de los medios electrónicos que tiene usted a su alcance, le pido su participación dentro de sus funciones, PARA QUE EN CUESTIÓN DE MINUTOS, Licenciado José Alberto Balbuena Balbuena, como Titular de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (pida usted directamente a la Reaseguradora Lloyd de Londres), constancia de la información que le fue proporcionada por la misma Reaseguradora en comento, desde el mes de febrero del dos mil once, al C. Jefe de Servicio de Administración Tributaria de la SHCP, Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, sobre pólizas de seguros de vida que de manera fraudulenta expide a mi nombre Grupo Nacional Provincial, S. A., con una suma asegurada de inicio de CINCO MILLONES DE DÓLARES, que con las pólizas adicionales en esa moneda que continuaron emitiendo fraudulentamente los delincuentes de cuello blanco de Grupo Nacional Provincial, S.A., POR LO QUE, alcanza actualmente una suma asegurada de protección por fallecimiento, de QUINIENTOS MILLONES DE DÓLARES. Información que debe ser integrada y desahogada en la A.P.UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma, de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, donde resulta ALEJANDRO BAILLERES GUAL (quien ocupaba el cargo de Director General de Grupo Nacional Provincial, S.A., hasta el día catorce de enero del dos mil once), y quien resulta ser uno de los autores intelectuales de dichos delitos, daños y perjuicios cometidos en mi contra, en mi agravio, CON PREMEDITACIÓN, ALEVOSÍA Y VENTAJA, por lo que solicito su participación para la consignación conforme a derecho de los que incurren en delitos federales en mi perjuicio en Grupo Nacional Provincial, S.A., (RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL) y en enormes agravios a la sociedad, tal como di a conocer por escrito al Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en mis escritos que dirijo a su nombre de fechas 11, 24 de enero y 10 de febrero del dos mil once, que obra en el expediente P-698/2011 de mi Juicio de Amparo y Derechos Humanos, del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa del Distrito Federal, que también le pido Licenciado José Alberto Balbuena Balbuena, solicite copia íntegra del expediente P-698/2011, donde se localizan las documentales públicas que dan certeza jurídica de lo que oculta de dichas pruebas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

    MESA REDONDA LAVADO DE DINERO
    Participación del Lic. José Alberto Balbuena Balbuena
    Titular de Inteligencia Financiera de la SHCP.
    PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, 23, DE FEBRERO DE 2011
    “La ponencia que quiero exponer versa precisamente sobre cuál es la posición de México en el mundo en relación a la lucha contra el lavado de dinero. (Asunto que corresponde respecto de lo que solicito en mi presente ocurso, en mi carácter de Ofendida, sobre su participación como Titular de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

    Al respecto ya el licenciado cesar Becker amablemente comentó sobre tres organismos en los que México de alguna u otra forma participa: uno es el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Lavado de Dinero), GAFISUD (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica) y GAFIC (Grupo de Acción Financiera del Caribe); de los cuales México es miembro de pleno derecho; en el último de los antes mencionados México participa como observador junto con otros países como son Canadá, Estados Unidos, España y Francia”.

    En ese orden, Grupo Nacional Provincial, S.A., obtiene tal como se comprueba de las auditorías acumuladas al expediente 730(09)112595 de la Dirección General de Seguros y Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que usted debe confirmar en igual forma, con los expedientes 700/42899 y acumulados al mismo, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, del expediente número J-5216/2000 y acumulados al mismo, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del expediente COO.411.31.2”11” de la Vicepresidencia Jurídica Consultiva y de Intermediarios. Dirección Consultiva. Subdirección Consultiva de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, del expediente GNP-921124 del contribuyente Mayor: Grupo Nacional Provincial, S.A., que mantienen en posesión en la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria. Administración General de Grandes Contribuyentes de la SHCP, DONDE SE COMPRUEBAN LAS RESPONSABILIDADES DE LOS CULPABLES, a base de la DEFRAUDACIÓN FISCAL, FRAUDES, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS TANTO PRIVADOS COMO PÚBLICOS, SUPLANTACIÓN DE PERSONA, Y LAVADO DE DINERO, fortunas, ganancias multimillonarias de procedencia ilícita, ilegal a base de fraudes, de robos, de dobles contabilidades cuyos enormes ingresos ilegales, fraudulentos que obtienen a través de los encubrimientos de servidores púbicos del ámbito federal, y que al igual que la delincuencia organizada que conocemos, (NO SOLAMENTE DE LO QUE SE DESPRENDE DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES DEL NARCOTRÁFICO, VENTA ILEGAL DE ARMA DE FUEGOS, PORNOGRAFÍA INFANTIL, TRATA DE PERSONAS, ETC.) se han ocultado por medio de lo que se conoce como lavado o blanqueo de dinero, para disponer de él como si se hubiese obtenido de manera lícita” (POR LO QUE ANEXO EN COPIA SIMPLE PARA UNA MAYOR COMPRENSIÓN, mi escrito de fecha 10 de enero del dos mil doce (2012), que dirijo al Licenciado Luis Eduardo Iturriaga Velasco, Director General de la Vicepresidencia Jurídica de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

    Artículo 108 Defraudación fiscal.
    Sanciones

    El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes:
    I. Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de $989,940.00. (II. Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda de $989,940.00, pero no de $1´484,911.00). III. Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de $1´484,911.00. Indeterminación de la cuantía, (como en este caso que estoy detallando sobre la defraudación fiscal en que incurre Grupo Nacional Provincial, S.A., asciende a un billón de pesos y fracción por lo que se auditó a esta Empresa de Seguros desde el mes de enero del año dos mil once hasta la actualidad). Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de tres meses a seis años de prisión.

    Restitución de lo defraudado
    Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un cincuenta por ciento; lo que no ha sucedido por los actos omitivos y de responsabilidad dentro de la ley federal de Servidores Públicos y de la Responsabilidad Patrimonial del Estado por estos hechos, de parte del Licenciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jefe de Servicio de Administración Tributaria.

    EL LAVADO DE DINERO, SU ENTORNO INTERNACIONAL Y ANÁLISIS DE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS QUE EN MEXICO LO HAN PREVISTO Y SANCIONADO.

    RESUMEN: El lavado de dinero no es un problema nuevo, puesto que manifiesta sus orígenes desde la ejecución de movimientos hostiles entre personajes del hampa, quien a través de negocios ilícitos ocultaban (y continúan) las cuantiosas ganancias que provenían de negocios ilícitos, prácticas que con el devenir temporal se ha convertido en un arte.

    MAESTRO ALEJANDRO BARRAGÁN GONZÁLEZ.

    SE COMPRUEBA: HOY EN DÍA EL LAVADO DE DINERO REPRESENTA UNA DE LAS MAYORES PREOCUPACIONES DE ORDEN MUNDIAL, PUES NO SOLAMENTE SE TRATA DE FRENAR LA INYECCIÓN DE CAPITAL SUCIO EN CAPITAL LIMPIO, SINO IR MAS ALLÁ, ESTO ES, NO SÓLO DETECTAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE EN SU ORIGEN ARROJAN LAS GANACIAS ILÍCITAS SINO COMBATIR A TRAVÉS DEL SISTEMA FINANCIERO LOS PROCEDIMIENTOS QUE COTIDIANA Y EFICAZMENTE SE UTILIZAN PARA BLANQUEARLO.

    OTRO DELITO EN QUE INCURREN CON TODAS LAS AGRAVANTES DE LA LEY, LOS QUE DELINQUEN EN GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A., y que usted va a verificar, Licenciado José Alberto Balbuena Balbuena, derivado de pagos de impuestos de gran cuantía económica, donde en Grupo Nacional Provincial, S.A., utilizan mi nombre en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como si se tratara mi persona como Contribuyente Mayor como persona moral, lo que solicité MEDIANTE PETICIÓN POR ESCRITO, para deslindar responsabilidades en la indagatoria UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma que vengo refiriendo. Reitero: mediante mi escrito de fecha catorce de septiembre del dos mil once, (con fecha de entrega al día siguiente) sobre esa información que me urge obtener en mi carácter de Ofendida, escrito de fecha 14 de septiembre del 2011 que dirijo al Secretario de Hacienda, LIC. JOSÉ ANTONIO MEDADE K., quien dio curso para tal fin, turnando este asunto al Licenciado José Antonio Hernández Ross, del Servicio de Información y Consulta de Contribuyentes, adscrito al SAT, y quien no da respuesta de lo que solicito, tratándose de un servicio público para una contribuyente, y que por supuesto pone en evidencia lo que ocultan, (CON APROBACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA, EL ANTERIOR, ERNESTO CORDERO ARROYO Y EL ACTUAL, JOSÉ ANTONIO MEADE K.), por lo que, de la manera más atenta, le solicito a usted, tome cartas en el asunto, para que logre la solución de estas maniobras gansteriles de los defraudadores, DELINCUENTES DE CUELLO BLANCO de Grupo Nacional Provincial, S.A., y me sean restituidos mis derechos en el goce de los mismos, tal como indica el artículo 182 del Código Federal de Procedimientos Penales, con lo que tendrá que proporcionarme la Procuradora General de la República, LIC. MARISELA MORALES IBÁÑEZ, copia del Acta Certificada del Aseguramiento de mis cheques de pago de reparación de daños, que obtiene de parte de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a partir de mi denuncia penal de fecha 18 de octubre del 2011, en contra del Licenciado José Antonio Hernández Ross.

    Documentos que le proveen LIC. JOSÉ ALBERTO BALBUENA BALBUENA la veracidad de lo que DENUNCIO Y RATIFICO POR ESCRITO UNA Y OTRA VEZ EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por lo que también es de toda importancia legal el que consulte el Expediente de la citada Institución, Mesa XII-DDF, de la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, con dirección en Plaza de la República No. 30 en esta ciudad, denuncia penal de fecha treinta de junio del dos mil once, que ratifiqué el día catorce de octubre del mismo año, en contra de ERNESTO CORDERO ARROYO, SALVADOR VEGA CASILLAS, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, Y EN CONTRA DE JAVIER LAYNEZ POTISEK; donde se enterará de las actuaciones ministeriales, que acreditan las prácticas y conductas delictivas de los que denuncio y señalo toda severidad, con fecha de mi escrito del día treinta de junio del dos mil once.

    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTADO Y COMPROBADO CON DOCUMENTALES PÚBLICAS IRREFUTABLES QUE SOLICITO EN MI CARÁCTER DE OFENDIDA, QUE CON CARÁCTER DE EXTRAURGENTES SEAN REQUERIDAS LASM MISMAS BAJO NÚMEROS DE EXPEDIENTES QUE SE LOCALIZAN TAL COMO INDICO EN MI PRESENTE OCURSO, SOLICITANDO RESPUESTA POR ESCRITO DE SU PARTE, PARA LA SOLUCIÓN CONFORME A DERECHO.

    México, D. F., 12 de enero del 2012.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

    c.c.p. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Expediente P-1115-10
    c.c.p. Licenciado Arturo Núñez Jiménez, Para conocimiento y pronta intervención.
    c.c.p. Periodista Carmen Aristegui Flores y toda la Opinión Pública.

  66. NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, PARTE QUEJOSA, PROMOVIENDO POR MI PROPIO DERECHO. EXPEDIENTE 177/2011-VII DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. AUTORIDADADES RESPONSABLES: JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LIC. ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, LICENCIADOS MANUEL S. AGUILERA VERDUZCO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, LUIS EDUARDO ITURRIAGA VELASCO, (NOMBRE COMPLETO), DIRECTOR GENERAL DE LA VICEPRESIDENCIA JURÍDICA CONSULTIVA Y DE INTERMEDIARIOS DE DICHA INSTITUCIÓN, RESPECTIVAMENTE. PROMOCIÓN PARA EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA SENTENCIA DICTADA POR LA C. JUEZ SEXTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, EL DÍA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL ONCE (2011) Y RECIBIDA EN MI DOMICILIO EL DÍA CINCO DE ENERO DEL DOS MIL DOCE. (2012). JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA CON EL ACTO RECLAMADO: LA ABSTENCIÓN POR PARTE DE DICHAS AUTORIDADADES DE INCURRIR EN OMISIÓN DOLOSA, E IRREGULAR, FALTANDO A SUS RESPONSABILIDADES COMO SERVIDORES PÚBLICOS, DE DAR CONSTESTACIÓN OPORTUNA ACORDE A LO QUE SE LOS SOLICITA, DE MIS ESCRITOS DE PETICIÓN DE FECHAS VEINTICUATRO DE ENERO Y VEINTINUEVE DE JUNIO DEL DOS MIL ONCE (2011), PRESENTADAS A LAS RESPONSABLES, PARA DAR DEBIDO CUMPLIMIENTO A MI DERECHO DE PETICIÓN.

    C. JUEZ SEXTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.
    P R E S E N T E.

    México, D. F., 19 de enero del 2011.

    EXPEDIENTE 177/2011-VII
    RECURSO DE REVISIÓN POR CONDUCTO DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, PARA TRASLADAR COPIA ÌNTEGRA DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL 177/2011-VII EN MENCIÓN, AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN TURNO DEL DISTRITO FEDERAL.

    LA QUEJOSA: NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita, personalidad debidamente acreditada en el expediente 177/2011-VII del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, y domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones en el orden registrado en el mismo expediente.

    QUE POR MEDIO DE MI PRESENTE PROMOCIÓN y con fundamento en lo correspondiente a los numerales 82, 83, fracción IV, 85, fracción II, 86, 88 y 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional, en tiempo y forma vengo a interponer el Recurso de Revisión en contra de la Sentencia de fecha diecinueve de diciembre del dos mil once y recibida constancia de la misma en mi domicilio el día cinco de enero del dos mil doce (2012), para que, bajo la disposición y el análisis correspondiente, mediante Acuerdo del Magistrado en turno, sea solicitada copia íntegra del Expediente Principal número 177/2011-VII (original), del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, por lo que atentamente comparezco y expongo de manera congruente, fundada y motivada:

    HECHOS

    UNO.- RELACIONANDO: “NUEVA AMPLIACIÓN de Juicio de Amparo de Conformidad y con fundamento a los artículos 21, 116, 12 y 146 de la Ley de Amparo, como parte constitutiva del desahogo de su Acuerdo C. Juez de fecha uno de de julio del dos mil once, recibido en mi domicilio el día cinco del mismo mes y año incluyendo a otros servidores públicos del ámbito federal como responsables, además del C. JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LIC. ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA”.

    DOS.- En un seguimiento que canaliza la presentación por escrito de la Sentencia de mi Juicio de Garantías 177/2011-VII Sentencia dictada por usted con fecha diecinueve de diciembre del dos mil once y recibida en mi domicilio el día jueves cinco de enero del dos mil doce. (SENTENCIA QUE NO VIENE FIRMADA POR NADIE) “RESUELVE: JÉSSICA VILLAFUERTE ALEMÁN JUEZ SEXTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL”, EN LO CONDUCENTE:

    (PRIMERO): “SE SOBRESEE el presente Juicio de Garantías 177/2011-VII, promovido por NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, en los términos señalados en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución”.

    (SEGUNDO).- “La Justicia de la Unión ampara y protege a NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, contra la Omisión reclamada al Presidente, Director General Jurídico Consultivo y de Intermediarios y Director General de la Vicepresidencia Jurídica, todos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por los motivos y para los efectos señalados en el último considerando de la presente sentencia”. POR LO QUE ESTOY INCONFORME, DEMANDANDO MI RECURSO DE REVISIÓN.

    TRES.- CON LO QUE QUIERO DEJAR ASENTADO CONFORME AL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE AMPARO: “A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, los funcionarios y autoridades tienen la obligación de expedir con toda oportunidad a aquellas, las copias y documentos que soliciten; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieron con esa obligación, la parte interesada solicitará del Juez, que requiera a los omisos. El Juez hará el requerimiento y aplazará la audiencia por un término que no exceda de los diez días; pero si no obstante dicho requerimiento durante el término de la expresada prórroga no se expidieren las copias o documentos, el Juez a petición de parte, si lo estima indispensable, podrá transferir la audiencia hasta en tanto se expidan y hará uso de los medios de apremio, consignando en su caso a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato”.

    CUATRO.- REITERO: “En relación a los Acuerdos que usted C. JUEZ SEXTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, hace mención en el proveído de fecha cinco de agosto de dos mil once, expuse: Autoridades Responsables. Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, LIC. MANUEL S. AGUILERA VERDUZCO y Director General de la Vicepresidencia Jurídica, Dirección Consultiva de Intermediarios de la misma Institución, LIC. LUIS ITURRIAGA VELASCO, (LUIS EDUARDO ITURRIAGA VELASCO, nombre completo) con domicilio para ser notificados en Plaza Inn, Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn, c.p.01020, México, D.F.

    “ACTO RECLAMADO: ENCUBRIMIENTO Y OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, debidamente comprobado al no dar las responsables el curso conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y al Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a las áreas correspondientes de dicha Institución, (CNSF) de conformidad a mi escritos de fechas 24 de enero y 29 de junio del 2011 que obran en el Expediente 177/2011-VII que dirijo al C. JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETRÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LIC. ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, LIC. MNAUEL S. AGUILERA VERDUZCO”. (Superior Jerárquico del Licenciado Luis Eduardo Iturriaga Velasco).

    Cuando con precisión las autoridades responsables a quienes atribuyo los conceptos de violación transgrediendo mis garantías constitucionales, (DEJÁNDOME EN UN TOTAL ESTADO DE INDEFENSIÓN) dichos escritos de petición que vengo citando en mi presente ocurso, y que describen sus funciones de responsabilidades de Servidores Públicos del ámbito federal, en una correlación de actuaciones y procedimientos en el Sistema Fiscal, Administrativo y Financiero, constan en el expediente COO.411.31.2”11” los documentos que ocultan, donde registran el traslado de las copias certificadas consistentes en las pruebas documentales públicas (por mi asunto) que enviaron las responsables desde el mes de octubre del dos mil once, a la LIC. MARISELA MORALES IBÁÑEZ, PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por el compendio del expediente C00.411.31.2”11” de la CNSF, para ser integradas y desahogadas en la averiguación previa UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma, de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, negándome y obstruyendo la justicia las responsables en mi perjuicio, al omitir darme respuesta a mis escritos de peticiones urgentes y extraurgentes, con dicha información, con la finalidad de imposibilitarme el que me presente ante las autoridades en mi CARÁCTER DE OFENDIDA, SUERTE PRINCIPAL respecto de mis averiguaciones previas de mis denuncias penales en contra de GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. Y QUIEN, O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES (RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL) con el número de causa penal de la consignación de los culpables, en referencia de la indagatoria UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma, ante el JUZGADO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES DEL DISTRITO FEDERAL donde turnaron las consignaciones de los ahora procesados penalmente, siendo que debo acudir para identificarme como la verdadera NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, solicitando la aplicación de la ley a los responsables el pago de la reparación del daño para todos y cada uno de los que somos perjudicados, y lo correspondiente de la indemnización de la responsabilidad patrimonial de estado.

    SEGUNDO JUZGADO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES DEL DISTRITO FEDERAL donde se les dictó el auto de formal prisión a los defraudadores, delincuentes de cuello blanco de Grupo Nacional Provincial, S.A., y de donde los trasladaron el día 30 de diciembre del 2011, al penal de Alta Seguridad EL ALTIPLANO, con sede en el Estado de México, sin ninguna notificación a la Suscrita, en mi carácter de Ofendida, Suerte Principal.

    ANEXO COPIA SIMPLE DE ESCRITO DE FECHA 10 DE ENERO DEL 2012, QUE DIRIJO AL LIC. LUIS EDUARDO ITURRIAGA VELASCO, JUNTO CON COPIA DEL OFICIO DE FECHA CINCO DE ENERO DEL MISMO AÑO, QUE ME DIRIGE EL LIC. LUIS EDUARDO ITURRIAGA VELASCO.

    CINCO.- ADEMÁS, “EL SOBRESEIMIENTO: Es un acto procesal proveniente de las autoridades jurisdiccionales que concluye definitivamente una instancia, pero esta terminación se efectúa sin haberse llegado al estudio del fondo del asunto”.

    BAJO LOS PRECEPTOS CONSTITUIDOS DE MI RECURSO DE REVISIÓN TAMBIÉN CUENTA: “Se aprueba el decreto por el que se modifica la denominación del Título Cuarto y se adiciona un segundo párrafo al artículo 113 constitucional, para quedar como sigue:
    Titulo Cuarto de las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado: Artículo 113.- La Responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases límites y procedimientos que establezcan las leyes”.
    SEIS.- LO QUE SE CONDUCE BAJO PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO.
    Que al proporcionarme respuesta la Responsable, LIC. LUIS EDUARDO ITURRIAGA VELASCO, mediante Oficio 06-367-II-1.1/00126 de fecha cinco de enero del dos mil doce, y recibido en mi domicilio al día siguiente, continué con el curso de mi DERECHO DE PETICIÓN, mediante mi escrito del día DIEZ DE ENERO DEL DOS MIL DOCE que dirijo al LIC. LUIS EDUARDO ITURRIAGA VELASCO, DIRECTOR GENERAL DE LA VICEPRESIDENCIA JURÍDICA CONSULTIVA Y DE INTERMEDIARIOS.DIRECCIÓN CONSULTIVA DE LA CNSF CON EL ASUNTO:

    “OFICIO 06-367-II-1.1/00126, EXPEDIENTE COO.411.31.2”11”, que especifica conforme a derecho: Norma Esperanza Falcón Ruiz, la Suscrita, dando respuesta al oficio indicado al rubro del presente ocurso, firmado por usted, por lo que doy seguimiento legal en mi carácter de Ofendida, bajo los razonamientos, fundados y motivados de conformidad a mis Garantías Constitucionales, todo lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el nuevo Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Responsabilidad Patrimonial del Estado”.

    DOCUMENTAL PÚBLICA QUE PRESENTO, SIENDO QUE NO DESISTO DE MI JUICIO DE GARANTÍAS, JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 177/2011-VII por lo que pido a ustedes SEÑORES MAGISTRADOS, sean requeridas con la premura que este caso requiere, copias íntegras de mis pruebas que me niegan las responsables con premeditación, alevosía y ventaja, del Expediente COO.411.31.2”11”, del Expediente SO-0138/2011-BIT, del Órgano Interno de Control en el SAT, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que les solicito Señores Magistrados con carácter de extraurgente las requieran a las autoridades responsables de mi presente JUICIO DE GARANTÍAS P-177/2011-VII, EN MATERIA ADMINISTRATIVA, autoridades de la CNSF y del Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria, con pleno conocimiento del C. JEFE DE SRVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, que las mantienen en posesión en la Vicepresidencia Jurídica Consultiva y de Intermediarios de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, tal como indico de manera clara, congruente y motivada en mi presente RECURSO DE REVISIÓN en materia administrativa, para que formen parte de la resolución respectiva, con número de expediente que ustedes le asignen y puedan RESOLVER SIN CONTRATIEMPO ALGUNO, EN EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN TURNO DEL DISTRITO FEDERAL.

    El nivel de los principios fundamentales de una ética mínima, que son universalmente válidos para toda acción humana; Los criterios normativos de una ética de la función pública, que son comunes para los tres poderes del Estado, y que forman parte del campo de la ética política

    CADUCIDAD DE LA INSTANCIA: Es la falta de interés jurídico por parte del quejoso, en el negocio judicial, o los vicios de que está afectada la acción deducida.

    LO QUE NO CORRESPONDE A MI PERSONALIDAD JURÍDICA DE QUEJOSA, SIENDO QUE NO DESISTO NI HOY NI NUNCA DE MIS DERECHOS LEGALES Y MIS DERECHOS HUMANOS, Y POR LO QUE SOLICITO A USTEDES MI RECURSO DE REVISIÓN, BAJO COMPROBACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE PRUEBAS DOCUMENTALES PÚBLICAS que han sido revisadas dentro de los expedientes 700/42899 de la Procuraduría Fiscal de la Federación, y lo integrado, investigado y desahogado en el número 1171/2007-PL, Varios, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constancias probatorias que identifican con toda probidad las responsabilidades en que incurren servidores públicos del ámbito federal, pruebas que vengo refiriendo en el presente ocurso y que deben formar parte de mi Recurso de Revisión. No obstante lo anterior, en igual forma, en función de todas las averiguaciones previas sobre mis denuncias penales que he presentado y ratificado por escrito en contra de GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. S.A., en la Procuraduría General de la República y en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, donde he ratificado por escrito todas mis promociones dirigidas a los Titulares de la Procuraduría General de la República, en distintos años, SIN HABER RESUELTO DICHAS AUTORIDADES EN BASE A MIS PRUEBAS.

    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTADO Y COMPROBADO CON DOCUMENTALES PÚBLICAS IRREFUTABLES QUE SOLICITO SEAN REQUERIDAS CON CARÁCTER DE URGENTE A LAS RESPONSABLES, Y OBRAR EN CONSECUENCIA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAY LUGAR.

    México, D. F., 19 de enero del 2011.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

    c.c.p. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ExpedienteP-1115-10

  67. LIC. JOSÉ ALBERTO BALBUENA BALBUENA
    TITULAR DE INTELIGENCIA FINANCIERA, DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
    CONSTITUYENTES NÚMERO 1001 Edif. C 1. COL. BELÉN DE LAS FLORES, MÉXICO, D.F.
    P R E S E N T E.

    México, D. F., 23 de enero del 2012.

    DENUNCIA Y PETICIÓN EXTRAURGENTE DE NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA, EN MI CARÁCTER DE OFENDIDA.

    ASUNTO: DANDO CONTINUIDAD A MI ESCRITO DE FECHA DOCE DE ENERO DEL DOS MIL DOCE QUE DIRIJO A USTED. DENUNCIO PENALMENTE, FISCAL, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVAMENTE POR EL DELITO DE OCULTAMIENTO IMPROCEDENTE, (DELITOS FEDERALES CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MI PERJUICIO Y EN AGRAVIO DE LA SOCIEDAD) A LA LICENCIADA MARISELA MORALES IBÁÑEZ, PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y QUE ENMARCA SU RESPONSABILIDAD COMO TITULAR DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA REALIZAR ACCIONES URGENTES SIN PRIVILEGIO ALGUNO Y SUSTENTAR JURÍDICAMENTE ESTE HECHO ESTOS DELITOS QUE SEÑALO CON TODA CLARIDAD EN DEFENSA DE MIS DERECHOS LEGALES Y MIS DERECHOS HUMANOS DENTRO DE LOS PROCESOS PENALES FEDERALES QUE ESTÁN SIENDO SUJETOS EN EL PENAL DE ALTA SEGURIDAD EL ALTIPLANO CON SEDE EN ALMOLOYA, ESTADO DE MÉXICO, (LOS DEFRAUDADORES, AUTORES MATERIALES E INTELECTUALES, DELINCUENTES DE CUELLO BLANCO DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.), REFIRIÉNDOME PRECISAMENTE DE LOS DELITOS DE FRAUDES, EN UN ORDEN FISCAL, FINANCIEROS, DE LAVADO DE DINERO Y LO QUE RESULTE EN COMPLICIDADES DELICTIVAS CON SERVIDORES PÚBLICOS DEL ÁMBITO FEDERAL, EN PERJUICIO DE NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA, (SUERTE PRINCIPAL) Y LO QUE SE GENERA EN MÚLTIPLES AGRAVIOS A LA SOCIEDAD EN PERJUICIO DE LOS INTERESES PÚBLICOS FUNDAMENTALES, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y LO QUE RESPECTA EN AUTORÍA INTELECTUAL DE LAVADO DE DINERO EN QUE INCURRE CON PREMETIDACIÓN, ALEVOSÍA Y VENTAJA, MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, QUIEN ESTÁ IMPLICADA PENALMENTE, POR LA AUTORÍA INTELECTUAL DE LA SUPLANTACIÓN DE NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA BAJO MI PERSONALIDAD DE OFENDIDA, (AVERIGUACIÓN PREVIA UEDE/021/2007 Y LAS ACUMULADAS A LA MISMA, DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS EN EL EXTRANJERO, DEPENDIENTE DE LA SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA)) POR LO QUE PIDO LA APLICACIÓN DE LA LEY EN IGUAL FORMA, PARA TODOS Y CADA UNO DE LOS AUTORES INTELECTUALES QUE RESULTEN, BAJO COMPROBACIÓN EXPRESA DE DOCUMENTALES PÚBLICAS TAL COMO EXPONGO Y PRESENTO, DE FORMA CONGRUENTE, FUNDADA Y MOTIVADA.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho y bajo mi más estricta responsabilidad en mi carácter de Ofendida en este día lunes 23 de enero del 2012, con domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones en Calle 3, No. 118, Colonia General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c.p. 15000, México, D.F., correo electrónico: norma:_efr7@yahoo.com.mx

    PRUEBAS DOCUMENTALES PÚBLICAS TAL COMO DETALLO QUE SON DE SU INCUMBENCIA PARA TURNARLAS AL JUZGADO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES CON SEDE EN EL ESTADO DE MÉXICO EN QUE SE DESARROLLAN LOS JUICIOS CORRESPONDIENTES EN CONTRA DE LOS AUTORES MATERIALES E INTELECTUALES DE LOS DELITOS QUE MENCIONO EN EL ASUNTO DE MI PRESENTE OCURSO, SIN PERMITIR OMISIONES, CORRUPCIÓN, NI NINGUNA OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA.

    A.- Expediente 512/2001 del Procedimiento Administrativo en contra de Arturo Cabrera Garrido, C. Agente del Ministerio Público de la Federación. Procedimiento Disciplinario que concluyó la LIC. ADRIANA GEUGUER DOSAMANTES tal como doy a conocer mediante Oficio del ocho de noviembre del dos mil uno. Oficio No. DRB/17/5171/2001, (anexo constancia en copia simple) que me dirige la entonces Directora LIC. ADRIANA GEUGUER DOSAMENTES del Área de Responsabilidades. Dirección de Responsabilidades de la Contraloría Interna en la Procuraduría General de la República. Expediente del que pido sea requerido copia íntegra del mismo, como una evidencia irrefutable de la forma perversa que de tiempo atrás pretendían los defraudadores de Grupo Nacional Provincial, S.A., fabricarme distintos delitos y todo se les revirtió. Delitos que demostré los cometieron los que delinquen en base a auditorías practicadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Procuraduría Fiscal de la Federación a Grupo Nacional Provincial, S.A., con motivo de los seguros individuales con inversión Línea Prisma, (auditorías acumuladas al expediente 730(09)1122595 de la Dirección General de Seguros y Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que vengo refiriendo), comprobando con toda veracidad que los defraudadores son los delincuentes de cuello blanco de Grupo Nacional Provincial, S.A., quienes actualmente están siendo procesados penalmente como prueba de ello y que bajo lo que corresponde al Código Federal de Procedimientos Penales debo ser notificada sin excusa ni pretexto alguno por las autoridades de la Procuraduría General de la República para que se me haga entrega del número de causa penal de dichos procesos en mi carácter de Ofendida.

    (Con la aclaración que la dirección que asignan al Oficio DRB/17/571/2001, (que me dirige la Licenciada Adriana Geuguer Dosamantes) conforma uno de los domicilios particulares de familias, que en su momento proporcioné a las autoridades para que me remitieran la correspondencia dirigida a mi nombre, (por mi seguridad personal) debido a tantos servidores públicos del ámbito federal que se confabulan para perjudicarme con los defraudadores de Grupo Nacional Provincial, S.A.)

    B.- POR LO QUE ES IMPORTANTE REFERIR: El Licenciado Arturo Cabrera Garrido, a quien aplicaron la sanción correspondiente de conformidad a los artículos 47 y 49 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, como Agente del Ministerio Público de la Federación, en ese entonces Titular de la Mesa XV-DDF, de la Subdelegación de Procedimientos Especiales de la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal. (Debido a la conducta fuera de toda legalidad del LIC. ARTURO CABRERA GARRIDO en la integración de mi averiguación previa 2095/RN/98); indagatoria que también ratifiqué por escrito con fecha trece de junio del dos mil en la MESA XI-DDF ante la C. Agente del Ministerio Público de la Federación LIC. JULIETA ERIKA ZAVALA VÁZQUEZ, adscrita a la misma Subdelegación de Procedimientos Especiales en mención.

    C.- Denuncia penal de fecha dos de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A., y quien o quienes resulten responsables, A.P.2095/RN/98 que elevé mediante ampliación de dicha denuncia por escrito del día doce de diciembre y presentada al día siguiente con fecha trece de diciembre del dos mil, misma que ratifiqué el día 18 de enero del 2001, ante la C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBICO DE LA FEDERACIÓN, LIC. PATRICIA GÓMEZ PRADO, quien la turna por incompetencia a la Unidad Especializada de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República, donde detallo de las responsabilidades de servidores públicos del ámbito federal de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la entonces SECODAM, Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, actualmente Secretaría de la Función Pública, quienes ocultan las pruebas irrefutables de los FRAUDES GENÉRICOS cometidos en mi perjuicio por los defraudadores de Grupo Nacional Provincial, S.A. y lo que se desprende en enormes agravios a la sociedad donde se localizan a los asegurados de mi Cartera del ISSSTE a nivel nacional clave 9893, (pruebas que sustentan jurídicamente mis averiguaciones previas en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de General de la República que he presentado y ratificado por escrito de mis denuncias Penales en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A., en contra de MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, implementadas sobre las auditorías practicadas a la citada Empresa de Seguros, acumuladas al expediente 730(09)112595 de la Dirección General de Seguros y Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que es una de las pruebas documentales públicas que presenté bajo documentación oficial de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para ser requeridas por las autoridades de la Procuraduría General de la República para la consignación de los responsables con notificación a NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la suscrita Suerte Principal, bajo mi personalidad de Ofendida, para presentarme ante las autoridades identificándome como la verdadera NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, pidiendo el deslinde le las culpabilidades, la aplicación de la ley a los mismos y el pago de reparación de daños. LO QUE NUNCA HAN REALIZADO LAS AUTORIDADES TITULARES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA AL ESTAR EN CONTUBERNIO CON LOS DEFRAUDADORES DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A, Y LO DISPUESTO A COMPROMISOS PERSONALES QUE SOMETEN A LAS AUTORIDADES BAJO CONSIGNAS DESDE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DESDE EL PERÍODO DE GOBIERNO DE VICENTE FOX QUESADA.

    D.- REITERO: Mi denuncia penal en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A., y quien o quienes resulten responsables. Asunto Legal de Norma Esperanza Falcón Ruiz, completamente ajeno a la ambición enfermiza de MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, quien de tiempo atrás ha maquinado actuaciones en mi contra, por lo que, también es considerada una delincuente que ha intervenido con abuso de poder para imposibilitar se llegue al final de mi asunto con la entrega a mi persona de mis cheques de pago de reparación de daños, comprando conciencias, corrompiendo a las Instituciones y a quienes las dirigen, arrastrando a un desprestigio total a la Institución Presidencial.

    MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, debe ser castigada con todo el peso de la Ley.

    E.- POR LO QUE, EN ESTA PRIORIDAD, EL LIC. ARTURO CABRERA GARRIDO, debe ser presentado por usted LIC. JOSÉ ALBERTO BALBUENA BALBUENA, en los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el Estado de México donde están siendo juzgados los delincuentes, defraudadores de Grupo Nacional Provincial, S.A., y declare el LIC. ARTURO CABRERA GARIDO lo que a derecho corresponde ante los Jueces, para deslindar todas las responsabilidades que dejan en claro lo que se desprende de los delitos de fraudes genéricos, suplantación de persona, falsificación de documentos públicos, falsedad de declaraciones, que con abuso de autoridad, concurren con ocultamientos improcedentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en la Procuraduría General de la República, en la Procuraduría Fiscal de la Federación, incurriendo en delitos las autoridades que resulten responsables de manera fiscal, financiera y de lavado de dinero junto con los defraudadores de Grupo Nacional Provincial, S.A., cometidos en mi perjuicio y como consecuencia legal, en enormes agravios de los asegurados de mi Cartera del ISSSTE a nivel nacional, clave 9893, y de las distintas claves que utilizaron con mi nombre los autores materiales e intelectuales de dichos delitos en Grupo Nacional Provincial, S.A., vendiendo seguros en varios ramos a nivel nacional, todo a mis espaldas, sin mi consentimiento, FRAUDULENTAMENTE, expidiendo Grupo Nacional Provincial, S.A., cheques a mi favor por concepto de comisiones bonos y premios, que no he recibido ni cobrado por ningún medio; por lo que pido JUSTICIA, caiga quien caiga, se trate de quien se trate y pase lo que pase, porque la justicia no se compra, la justicia es para todos.

    F.- DELITOS FEDERALES QUE COMPRUEBAN LAS COMPLICIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETAARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO BAJO LAS RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBICA EN MI ESCRITO DE PETICIÓN DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL ONCE QUE DIRIJO A LA LIC. MARISELA MORALES IBÁÑEZ, PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA: “C. LICENCIADA MARISELA MORALES IBAÑEZ, ME ESTÀN CITANDO A TRAVÉS DE UN OFICIO QUE ME HACEN LLEGAR POR CORREO ORDINARIO, QUE LLEGA EL DÍA DE AYER, 14 DE DICIEMBRE DEL 2011, (A LAS SEIS DE LA TARDE), PARA QUE COMPARECEZCA EL DÍA MARTES TRECE DE DICIEMBRE DEL 2011). LO QUE CONSTITUYE LA TRANSGRESIÓN DE FORMA IRREGULAR, ILEGAL, DE MIS GARANTÍAS INDIVIDUALES, (POR LO QUE TENDRÁN QUE PAGARME LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ACONTECEN ESTOS HECHOS) REFERENTE A RATIFICAR MI DENUNCIA PENAL DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2011 EN CONTRA DEL LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, DE MANERA IMPROCEDENTE, ANTEPONIENDO EL DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL (QUE VENGO REFIRIENDO), INTERESES PERSONALES, A LA CORRECTA FORMALIDAD QUE ESPECIFICA EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, para las notificaciones sobre citatorios para comparecencias, ratificación de denuncias, que las autoridades de la Procuraduría General de la República, deben hacer entrega con ocho días de anticipación; por lo cual, solicito su proceder, su actuación imparcial, como Titular de la Procuraduría General de la República, para que me presenten la notificación de manera personal, para tener el documento de recibido, que garantiza el que estaré ante el C. Agente del Ministerio Público de la Federación, sin ningún problema, compareciendo el día convenido”.

    G.- Hasta el día de hoy lunes 23 de enero del 2012, no he recibido citatorio alguno para que ratifique mi denuncia penal en contra del LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS. Situación irregular, que le solicito LIC. JOSÉ ALBERTO BALBUENA BALBUENA, pida por escrito a la Procuradora Licenciada Marisela Morales Ibáñez, que en igual forma por escrito informe a usted, la causa motivo y razón, de tal hecho que denota el que no justifican su actuar improcedente en la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal bajo este seguimiento, supuesto que el LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS proporcionó gradualmente a la Procuradora en comento desde el mes de octubre del dos mil once, las pruebas documentales públicas que han utilizado los defraudadores de Grupo Nacional Provincial, S.A., para fabricarme delitos, registrándome en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en calidad de Causante Mayor, como persona moral.

    H.- POR LO QUE PIDO QUE ESAS PRUEBAS DOCUMENTALES PÚBLICAS SEAN INTEGRADAS Y DESAHOGADAS EN LOS EXPEDIENTES DE LOS PROCESOS PENALES FEDERALES QUE SE LLEVAN A CABO EN CONTRA DE LOS DEFRAUDADORES DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.

    TÍTULO TERCERO DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
    CAPÍTULO ÚNICO ACCIÓN PENAL
    Artículo 136
    “ARTÍCULO 136.-EN EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, CORRESPONDE AL MINISTERIO PÚBLICO
    I.- PROMOVER LA INCOACIÓN DEL PROCESO PENAL;
    II.- SOLICITAR LAS ÓRDENES DE COMPARECENCIA PARA PREPARATORIA Y LAS DE APREHENSIÓN, QUE SEAN PROCEDENTES;
    III.- PEDIR EL ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE BIENES PARA LOS EFECTOS DE LA REPARACION DEL DAÑO; (que es exactamente lo que realizó la Procuradora General de la República mediante las pruebas documentales públicas que le ha hecho entrega el Licenciado José Antonio Hernández Ross a la Licenciada Marisela Morales Ibáñez, en función de los cheques de pago de reparación de daños que me corresponde obtener, bajo constancia que solicito como Ofendida, de la entrega a mi persona, de la copia del Acta Certificada de este trámite, y lo que exijo como la restitución de mis derechos en el goce de los mismos).
    IV.- RENDIR LAS PRUEBAS DE LA EXISTENCIA DE LOS DELITOS Y DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS INCULPADOS;
    V.- PEDIR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES RESPECTIVAS; Y
    VI.- EN GENERAL, HACER TODAS LAS PROMOCIONES QUE SEAN CONDUCENTES A LA TRAMITACIÓN REGULAR DE LOS PROCESOS”.
    E.- Aseguramiento por parte de la Licenciada Marisela Morales Ibáñez como Procuradora General de la República de mis cheques de pago de reparación de daños.
    “ARTÍCULO 182-A. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES: LA AUTORIDAD JUDICIAL O EL MINISTERIO PÚBLICO QUE DECRETEN EL ASEGURAMIENTO DEBERÁN NOTIFICAR A LA INTERESADA DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU EJECUCIÓN, ENTREGANDO O PONIENDO A SU DISPOSICIÓN, SEGÚN SEA EL CASO, UNA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO ANTERIOR, PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.
    EN DICHA NOTIFICACIÓN SE APERCIBIRÁ A LA INTERESADA NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, (POR MI PROPIO DERECHO) PARA QUE NO ENAJENE O GRAVE LOS BIENES ASEGURADOS.
    EN LA NOTIFICACIÓN DEBERÁ APERCIBIRSE A LA INTERESADA EN ESTE CASO (NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA, EN MI CARÁCTER DE OFENDIDA) QUE DE NO MANIFESTAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN UN TÉRMINO DE NOVENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA NOTIFICACION, LOS BIENES CAUSARÁN ABANDONO A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL.
    I.- MOTIVO POR EL CUAL, para evitar esa CANALLADA, he presentado mis distintos Juicios de Amparo, Juicios de Garantías y de mis Derechos Humanos en Materia Penal y en Materia Administrativa POR MI DERECHO DE PETICIÓN en Juzgados de Distrito de Amparo del Distrito Federal desde el mes de febrero del dos mil once (2011), en contra de autoridades del ámbito federal JUICIOS DE GARANTÍAS Y DERECHOS HUMANOS que certifican las omisiones constitutivas de delitos comprendidos en las Responsabilidades de la Ley Federal de los Servidores Públicos y de la Responsabilidad Patrimonial del Estado, y que también son parte de mi Expediente P-1115-10 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
    J.- OTRA PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA: La Bitácora 42 de la Secretaría de la Función Pública, contiene mi denuncia por escrito de fecha dieciocho de octubre del dos mil seis, directamente en contra de MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX y el seguimiento de lo que corresponde en contra del entonces Secretario de Gobernación, el extinto JUAN CAMILO MURILLO TERRAZO, a quien denuncié por escrito desde el día dieciocho de enero del dos mil ocho en dicha Dependencia Oficial, Secretaría de la Función Pública, ratificando MI DFENUNCIA por escrito en la Mesa VIII-RO, (al intentar delictivamente JUAN CAMILO MURRILLO TERRAZO, MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX Y VICENTE FOX QUESADA, el que se me culpara de delitos que no he cometido, pero que se les revirtieron con la misma fuerza y están registrados dichas complicidades delictivas en la A.P.PGR/DDF/SZO/VIII/115/2008, de la Subdelegación Zona Oriente de la PGR., misma que turnaron al Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República, cuyos resultados fueron incluidos como sustento jurídico en la Averiguación Previa PGR/DDF/SZO/RO/VIII/115/2008, y en la Número UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR., (lo ocultan en la Subdelegación Zona Oriente de la Procuraduría General de la República, manteniendo dichas autoridades DE FORMA IMPROCEDENTE EN RESERVA la indagatoria PGR/DDF/SZO/VIII/115/2008 desde el cinco de agosto del dos mil nueve, por lo que le pido LIC. JOSÉ ALBERTO BALBUENA BALBUENA de acuerdo a sus facultades y atribuciones, acuda a la Mesa VIII-RO, de la Subdelegación Zona Oriente de la Procuraduría General de la República, para que le proporcionen copia de las constancias probatorias que identifican a MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX, como toda una delincuente maniobrando, manipulando con ABUSO DE PODER Y TODA LA MALDAD QUE LA CARACTERIZA para que se me fabricaran delitos con la aprobación de VICENTE FOX QUESADA.
    TODO SE LES VINO ABAJO, por lo que también provee el informe que proporciona a la Secretaría de la Función Pública en el mes de agosto del dos mil cuatro el entonces Secretario de la Defensa Nacional, GENERAL RICARDO CLEMENTE VEGA GARCÍA, reiterando la confirmación del GENERAL en la Secretaría de la Función Pública. General Ricardo Clemente Vega García que cito en el presente ocurso, constatando nuevamente su confirmación por escrito en el mes de junio del año dos mil seis, sobre la confiscación que realizó a MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX el día cuatro de agosto del año dos mil cuatro en una de las cabañas de la Residencia Oficial de los Pinos, sobre una parte en efectivo, del monto económico del pago de reparación de daños además de documentos, de lo que nos corresponde por legítimo derecho a todos y cada uno de los que somos perjudicados por delitos de FRAUDES cometidos CON TODAS ALAS AGRAVANTES DE LA LEY, por Grupo Nacional Provincial, S.A. (RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL); dejando lo confiscado el General Ricardo Clemente Vega García desde el mes de agosto del año dos mil cuatro, en el Banco de México, como resguardo en el Banco de México, (mientras concluyen las actuaciones en ese año, en la Procuraduría General de la República mediante las consignaciones de los culpables, presentándonos en los Juzgados con el número de causa penal, (nunca me lo han proporcionado) RECLAMANDO LA APLICACIÓN DE LA LEY A LOS RESPONSABLES, y el que se nos haga entrega de los cheques de pago de reparación de daños lo que se comprueba mediante los resultados que proveen las distintas auditorías practicadas a Grupo Nacional Provincial, S.A., hasta el año dos mil once, motivo por el cual estos delincuentes, MARTHA SAHAGÚN JIMÉNEZ DE FOX y compinches, se han empecinado en seguir delinquiendo para obstaculizar mediante sobornos, el que se nos haga entrega de los cheques de pago de reparación de daños a todos y cada uno de los que somos perjudicados y lo correspondiente de las indemnizaciones de la Responsabilidad Patrimonial del Estado.
    K.- LIC. JOSÉ ALBERTO BALBUENA BALBUENA, ES URGENTE el que se comunique de inmediato con el GENERAL RICARDO CLEMENTE VEGA GARCÍA, para que también a usted le proporcione copias de sus informes sobre estos hechos. El General Ricardo Clemente Vega García se localiza en los Estados Unidos de Norteamérica donde pidió asilo en el año del dos mil siete, y cuya dirección y teléfonos se los proporcionará el Presidente de la Comisión de la Defensa Nacional en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; supuesto que los informes en comento también se localizan en la indagatoria UEDE/021/2007 pero separada en un tomo que no lo dan a conocer, de común acuerdo con autoridades de la Procuraduría General de la República.
    POR LO QUE ENFATIZO DE SUS FUNCIONES: “Usted Licenciado José Alberto Balbuena dispuso sus actividades del cargo de Titular Inteligencia Financiera de la SCHCP a partir del 1 de enero de 2011 y por lo cual, quien debe corregir las deficiencias del sistema fiscal, financiero, bajo la responsabilidad de implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal, Asimismo, atenderá los problemas referentes a lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. TAL COMO INDICA SHCP Licenciado José Alberto Balbuena, tiene usted gran experiencia en los sectores público, financiero y académico, lo cual es ideal (según la SHCP) de fortalecer la estrategia del Gobierno Federal en la lucha del Estado contra el crimen organizado. Publican:
    “Antes de la nueva disposición, Balbuena era representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Washington para tratar asuntos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; asimismo, fungió como enlace del gobierno mexicano con el Departamento del Tesoro y con varias agencias gubernamentales de Estados Unidos. Cabe mencionar que el próximo dirigente de la UIF es representante de México ante los Grupos de Acción Financiera Internacional, el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica y el Grupo de Acción Financiera del Caribe.
    En cuanto a sus estudios, José Alberto Balbuena es Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM y del Departamento de Derecho del ITAM, anteriormente trabajó para la Procuraduría Fiscal de la Federación como Director General de Asuntos Financieros, Director General Técnico de Proyectos Normativos y Director General de Legislación y Consulta. Asimismo, es maestro en Derecho por la Universidad de Chicago y con estudios en Administración de Empresas en Madrid, prestó sus servicios en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la supervisión de bancos nacionales, extranjeros y grupos financieros.

    PROTESTO DECIR LA VERDAD CON LO MANIFESTADO Y COMPROBADO CON DOCUMENTALES PÚBLICAS QUE MANTIENEN EN POSESIÓN EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA UEDE/021 DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS EN EL EXTRANJERO DE LA PGR., QUE PIDO LAS REQUIERA EN CALIDAD DE PRIORIDAD DENTRO DE SUS FUNCIONES, PARA QUE SE NOS HAGA ENTREGA DE LOS CHEQUES DE PAGO DE REPARACIÓN DE DAÑOS A TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE SOMOS PERJUDICADOS Y LA INDEMNIZACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.
    México, D. F., 23 de enero del 2012.
    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.

    c.c.p. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Expediente P-1115-10
    c.c.p. Licenciado Arturo Núñez Jiménez. Para conocimiento y pronta intervención.
    c.c.p. Periodista Carmen Aristegui Flores y toda la Opinión Pública.

  68. NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ
    VS
    QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES

    LICENCIADO RAFAEL MORGAN RÍOS
    SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN RESPECTIVA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
    PRESENTE

    México, D.F., 25 de enero del 2011.

    AVERIGUACIÓN PREVIA PGR/DDF/SPE-IV/5691/11-11
    OFICIO: 48360 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL ONCE Y RECIBIDO EN MI DOMICILIO POR CORREO ORDINARIO, EL DÍA CATORCE DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO. (ANEXO CONSTANCIA)

    ASUNTO EXTRAURGENTE: NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA EN MI CARÁCTER DE OFENDIDA, DENUNCIO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ME CAUSAN DEJÁNDOME SIN NINGÚN RECURSO DE DEFENSA CON PREMEDITACIÓN, ALEVOSÍA Y VENTAJA, CONTRA QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, DE CONFORMIDAD A LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, MEDIANTE OFICIO 48360. EXPEDIENTE AP/PGR/DDF/SPE-IV/5691/11-11 DE FECHA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL ONCE, (2011), QUE ME FUE ENVIADO POR CORREO ORDINARIO Y RECIBIDO EL DÍA QUINCE DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO, EN EL DOMICILIO QUE ANOTO PARA RECIBIR TODA CLASE DE DOCUMENTOS Y NOTIFICACIONES (PARA PRESENTARME A RATIFICAR EL DÍA TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE) REFERENTE AL ESCRITO DE MI DENUNCIA PENAL EN MI CARÁCTER DE OFENDIDA, DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2011 EN CONTRA DEL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, ADMINISTRADOR CENTRAL DE OPERACIÓN DE CANALES DE SERVICIO, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEL SAT, DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO). OFICIO EN COMENTO QUE FIRMA LA LICENCIADA MAGNOLIA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA MESA IV-DDF, ADSCRITA A LA SUBDELEGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LA DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL. SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO DE DICHA INSTITUCIÓN.

    NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, promoviendo por mi propio derecho y bajo mi más estricta responsabilidad en mi carácter de Ofendida, con domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones, en Calle 3, No. 118, Colonia General Ignacio Zaragoza, Delegación Venustiano Carranza, c.p.15000, México, D. F., correo electrónico: norma_efr7@yahoo.com.mx

    LICENCIADO RAFAEL MORGAN RIOS, es de toda prioridad deslindar las responsabilidades mediante una respuesta en tiempo y forma que solicito de su parte, DE LO QUE SE COMPRUEBA CON DOCUMENTALES PÚBLICAS, que mediante actos fuera de toda legalidad, omiten proporcionarme por escrito en la Procuraduría General de la República, acorde a lo que solicito mediante escrito del día quince de diciembre y entregado al día siguiente, dieciséis de diciembre del dos mil once que dirijo a nombre de la Titular Licenciada Marisela Morales Ibáñez, Procuradora General de la República, donde en la hoja número dos, doy a conocer lo siguiente: “Licenciada Marisela Morales Ibáñez, me están citando a través de un oficio que me hacen llegar por correo ordinario, que llega el día de ayer catorce de diciembre del dos mil once. (A LAS SEIS DE LA TARDE), (para que comparezca el día martes trece de diciembre del año que cito)”

    POR LO QUE ATENTAMENTE COMPAREZCO Y EXPONGO, DE FORMA CONGRUENTE, FUNDADA Y MOTIVADA:

    UNO.- EN ESTE ORDEN: Con escrito de denuncia de fecha 17 de octubre del 2011, demandé y ratifiqué por escrito para Juicio Político en el Área Jurídica de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión al mismo servidor público del ámbito federal, LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, que vengo refiriendo. Denuncia de lo que no han informado nada al respecto hasta este día miércoles veinticinco de enero del dos mil once a NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita, los Diputados Federales integrantes de la Subcomisión de Examen Previo de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de lo que se deduce que la LIC. MARISELA MORALES IBÁÑEZ, Procuradora General de la República con motivo de mi Denuncia para Juicio Político en comento, informa a los Diputados Federales de sus actuaciones como Titular de la PGR, en función de las consignaciones de los que delinquen en Grupo Nacional Provincial, S.A., que ha venido realizando mediante las pruebas que le ha turnado desde el mes de octubre del dos mil once, el mismo servidor público, LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, sin notificar nada al respecto a NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, en mi carácter de Ofendida.

    JUICIO POLÍTICO
    Procedencia del juicio político
    Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos señalados por el artículo 110 de la Constitución redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

    JUICIO POLÍTICO UNIDO CON LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO: Sobre el tema de la Responsabilidad Patrimonial del Estado, expone el LIC. GENARO GÓNGORA PIMENTEL: “Ha sido uno de los capítulos fundamentales del Estado actual de Derecho y será, sin duda, uno de los protagonistas de mayor relevancia en el desarrollo de la nueva era del derecho en el siglo XXI.

    La obligación del Estado de resarcir a los gobernados por los daños que les cause, ha sido incorporada y regulada sistemáticamente en numerosos países de tradición administrativa y en muchos otros que, sin serlo, y de acuerdo con los principios propios de sus instituciones, la han consagrado como consecuencia de la convicción de que los particulares no están obligados a soportar ciertos sacrificios patrimoniales”.

    DOS.- Expuse en mi demanda del 17 de octubre del 2011 para Juicio Político contra el LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS: “QUE DE CONFORMIDAD A LOS ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES, SOBRE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, VENGO A DEMANDAR PARA JUICIO POLÍTICO, AL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, EN SU CARGO DE ADMINISTRADOR CENTRAL DE OPERACIÓN DE CANALES DE SERVICIO, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A CONTRIBUYENTES, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AL TRANSGREDIR MIS DERECHOS CONSITUCIONALES, LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES Y SOCIALES, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANAN, EN PERJUICIO DE LOS INTERESES PÙBLICOS FUNDAMENTALES O DE SU BUEN DESPACHO, Y LO QUE SE DESPRENDE EN AGRAVIO DE LA SOCIEDAD”., POR LO QUE FUNDAMENTO Y MOTIVO CON LOS SIGUIENTES:

    H E C H O S

    A).- AL INCURRIR EL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, (QUE VENGO REFIRIENDO), EN UNA RESPONSABILIDAD MAYOR, OMITIENDO CON DOLO, ABUSO DE AUTORIDAD, Y OCULTAMIENTO EXPLÍCITO, (TRATÁNDOSE DE UN ASUNTO TAN DELICADO), POR LO QUE EXPONGO AL NUEVO SECRETARIO DE HACIEDA, LIC. JOSÉ ANTONIO MEADE, K., EN MI ESCRITO DE PETICIÓN EXTRAURGENTE DE FECHA CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL ONCE, QUE RELACIONA EL CONOCER DE ACUERDO A LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, EL QUE SE ME INFORME POR ESCRITO, DE QUÉ MANERA TIENEN REGISTRADA A NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA, EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA, EN MI CALIDAD DE CONTRIBUYENTE, QUE CONJUNTA LA EVIDENCIA INEQUÍVOCA, (EL QUE PRETENDEN EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y LO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ADMIMISTRACIÓN TRIBUTARIA DE DICHA INSTITUCIÓN), (A TRAVÉS DE FRAUDES Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, DEFRAUDACIÓN FISCAL Y LO QUE RESULTE DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO), EL QUE PUEDA RECLAMAR JUDICIALMENTE EL PAGO DE REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS DE LOS QUE DELINQUEN EN GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. SIENDO QUE AL NEGARME DICHA RESPUESTA, CONFIRMAN LO QUE DENUNCIO DENTRO DEL CONTENIDO DE MI ESCRITO DE PETICIÓN EXTRAURGENTE DE FECHA CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL ONCE, DIRIGIDO AL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO MEADE, K., COMO NUEVO SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

    TRES.- (CONTINUANDO C0N MI DENUNCIA DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2012 QUE PRESENTO A USTED, LIC. RAFAEL MORGAN RIOS), REITERO: SOBRE LA RESPUESTA QUE SOLICITO DE MI ESCRITO DE PETICIÓN EXTRAURGENTE, FECHADO CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL ONCE, DIRIGIDO AL NUEVO SECRETARIO DE HACIENDA, LICENCIADO JOSÉ ANTONIO MEADE K., Y QUE ABARCA CON LA RESPUESTA MANIPULADA DE LA CONDUCA ILÍCITA DEL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, mediante Oficio fechado cinco de octubre del dos mil once, (que hice entrega copia del mismo en el Área Jurídica de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con mi escrito para Juicio Político del 17 de octubre del 2011, en contra de este servidor público y en igual forma junto con mi escrito de denuncia penal de fecha dieciocho de octubre del mismo año; escrito de denuncia penal que asigno a la LIC. MARISELA MORALES IBÁÑEZ, Procuradora General de la República); Oficio DE RESPUESTA de fecha 5 de octubre del 2011, que me dirige el LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, oficio número 700-03-00-00-00-2011-061182, que confirma el que, en el SAT, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siguen encubriendo a los defraudadores fiscales y de lavado de dinero de Grupo Nacional Provincial, S. A.

    CUATRO.- ACTOS Y OMISIONES CONSTITUTIVOS DE DELITOS, QUE DENUNCIO CONTRA QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, cometidos en mi contra, (suerte principal) con premeditación, alevosía y ventaja, y lo que se ramificas de los enormes perjuicios en agravio de la sociedad, permaneciendo el Licenciado José Antonio Hernández Ross, de forma improcedente, en la red de corrupción e impunidad de las Instituciones de la Administración Pública Federal del gobierno que encabeza el LIC. FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, simple y llanamente, al enlazarse en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como cómplices delictivos de los defraudadores, delincuentes de cuello blando de Grupo Nacional Provincial, S. A., (Socios Capitalistas), que intentan TOMAR COMO ES COSTUMBRE A SUS CHIVOS EXPIATORIOS para no ser consignados ante un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Distrito Federal, por parte de las autoridades de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, bajo instrucciones de la Titular de dicha Institución, LIC. MARISELA MORALES IBÁÑEZ.

    CINCO.- EN ESTE ÁMBITO DE OCULTAMIENTOS IMPROCEDENTES, dentro de las actuaciones de la indagatoria UEDE/021/2007 y las acumuladas a la misma de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, (POR DELITOS CONEXOS) de tal manera, que de conformidad al Código Federal de Procedimientos Penales, se une, se acumula, bajo lo que denuncio y solicito en mi ratificación del día viernes catorce de octubre del dos mil once, en la Mesa XII- de la Subdelegación de Procedimientos Especiales, en la Delegación de la PGR, en el Distrito Federal, sobre mi denuncia penal de fecha treinta de junio del dos mil once, por el delito de FRAUDES, SUPLANTACIÓN DE MI PERSONA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, TRÁFICO DE INFUENCIAS Y LO QUE RESULTE, de mi denuncia penal de fecha treinta de junio del dos mil once, dentro de la averiguación previa PGR/DF/SPE-XII/4008/11-08 y las acumuladas a la misma, en contra de los Licenciados: ERNESTO CORDERO ARROYO, SALVADOR VEGA CASILLAS, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y CONTRA EL DR. JAVIER LAYNEZ POTISEK.

    INDAGATORIA PGR/DF/SPE-XII/4008/11-08, que se instruye en la Mesa XII-DDF, de la Subdelegación de Procedimientos Especiales. Procedimientos Penales y Amparo de la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, por parte del LIC. EDUARDO BERDÓN TOLEDO, como agente del M.P. de la Federación, reitero una y otra vez: cumplimentada con la número UEDE/021/2007, de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, que PROMUEVO CON MI RATIFICACIÓN ANTE LA C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, LIC. VLADIMIRA VELÁZQUEZ ESCUDERO, EN ESE ENTONCES TITULAR DE LA MESA IV DE DICHA UNIDAD ESPECIALIZADA. RATIFICACIÓN DE NORMA ESDPERANZA FALCÓN RUIZ LA SUSCRITA, DEL DÍA TRES DE MAYO DEL DOS MIL SIETE, DE MIS DENUNCIAS PENALES QUE SUSTANCIAN DISTINTAS INDAGATORIAS QUE CON OTROS NÚMEROS SE ACUMULAN A LA INDAGATORIA UEDE/021/2007 que cito y señalo con toda severidad para que los que resulten responsables se les aplique la ley, con la destitución de los cargos que ocupan y las inhabilitaciones correspondientes.

    SEIS.- POR LO QUE, no queda duda alguna, el LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, en su cargo de Administrador Central de Operación de Canales de Servicio, del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, manifestándose dentro de las responsabilidades, en que lo señala el Código Penal Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito público, la Legislación Penal dentro del Juicio Político, el Reglamento y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y como constancia de lo mismo, por medio del oficio en mención de fecha cinco de octubre del dos mil once, con una claridad del LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, sobre sus responsabilidades de servidor público, manifestando en dicho oficio:……..”en relación con lo dispuesto por el artículo 33, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, esta Administración Central de Operación de Canales de Servicios, a manera de orientación”.

    SIETE.- Eludiendo, OMITIENDO EL LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, lo que debe proporcionarme como una prueba documental pública que canaliza el monto económico que ocultan en el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, (SAT) sobre los impuestos que supuestamente NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, la Suscrita, ha realizado, EN CALIDAD DE QUÉ, COMO PERSONA FÍSICA O COMO PERSONA MORAL, DE QUE AÑOS, SOBRE QUE MONTOS ECONÓMICOS, SE TRATA, PAGADOS CON QUÉ NÚMEROS DE CHEQUES, DE QUÉ BANCOS, DE QUÉ CUENTAS, CON QUÉ DOMICILIO FISCAL, POR QUÉ CONCEPTO.

    OCHO.- EL PROCESO DE JUICIO POLÍTICO, debe originarse en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, llamada a cumplir el papel de Acusadora. Las penas imputables son la destitución del cargo, que puede ir acompañada con la inhabilitación correspondiente para ocupar cargos en un número determinado de años en los tres órdenes de servicio de los tres poderes de la unión, además de las sanciones económicas y lo conducente de la responsabilidad patrimonial del Estado.

    NUEVE.- Sin menoscabo de esas sanciones, que corresponden a su responsabilidad política, el funcionario culpable quedará sujeto al enjuiciamiento, condena y castigo por los tribunales ordinarios de justicia para EL JUZGAMIENTO DE SU RESPONSABILIDAD PENAL por los delitos que hubiere cometido con ocasión o por el ejercicio de su cargo. Los mejores sistemas de enseñanza y corrección, lo constituyen las revisiones, que requiere una investigación de las raíces; por lo que pido a Usted sin más preámbulos, LIC. RAFAEL MORGAN RIOS de acuerdo a sus facultades y atribuciones, requiera con carácter de extraurgente dicha información con los documentos que acrediten lo que se le está solicitando al LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ROSS, siendo que es responsabilidad de las autoridades hacendarias, proporcionar el servicio público eficiente, sin ocultamiento alguno en un asunto que converge en delitos federales que pretenden imputarme los defraudadores de Grupo Nacional Provincial, S.A., y que por el contrario, corresponde actuar en la Procuraduría General de la República en base a estas pruebas, de lo contrario son cómplices de conductas improcedentes de los que delinquen en el delito de lavado de dinero, en Grupo Nacional Provincial, S.A.

    QUE SI POR EL CONTRARIO EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBOICA, HAN CONSIGANDO PENALMENTE POR ESTOS DELITOS FEDERALES (LO QUE USTED VA A COMPROBAR LIC. RAFAEL MORGAN RÍOS QUE ASÍ LO HAN LLEVADO A CABO, SOBRE LOS AUTORES MATERIALES), QUE SE LO HAGAN SABER POR ESCRITO A NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, LA SUSCRITA, EN MI CARÁCTER DE OFENDIDA.

    SI OCULTAN ESTOS HECHOS, LO QUE PRETENDEN ES OBSTRUIR LA JUSTICIA, IMPOSIBILITÁNDOME QUE RECIBA EL NÚMERO DE CAUSA PENAL DE LOS PROCESOS PENALES DE LOS CULPABLES, Y POR CONSIGUIENTE, DEJARME EN UN TOTAL ESTADO DE INDEFENSIÓN PARA PRESENTARME ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES, IDENTIFICÁNDOME COMO LA VERDADERA NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ, PIDIENDO LA APLICACIÓN DE LA LEY A LOS QUE DELINQUEN, Y EL PAGO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO, PARA TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE SOMOS PERJUDICADOS, Y LO CORRESPONDIENTE DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.

    La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. Debe tenerse claro que concorde lo que crea una persona, la responsabilidad ejercerá según las conveniencias y necesidades respecto a esa persona. Una vez que pasa al plano ético, profesional, (puesta en práctica), se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas de la manera más positiva e integral, siempre en pro del mejoramiento laboral, social, cultural y natural.

    La persona responsable es aquella que actúa conscientemente siendo él la causa directa o indirecta de un hecho ocurrido. Está obligado a responder por alguna cosa o alguna persona. También es el que cumple con sus obligaciones o que pone cuidado y atención en lo que hace o decide. En el ámbito penal, culpable de alguna cosa, acto o delito. En otro contexto, es la persona que tiene a su cargo la dirección en una actividad.

    DIEZ.- ANEXO EN COPIAS SIMPLES:
    1.-Escrito de fecha 15 de diciembre del 2011 que dirijo a la Licenciada Marisela Morales Ibáñez, Procuradora General de la República.
    2.- Constancia referente al Oficio 48360. Expediente: AP/PGR/DDF/SPE-IV/5691/11-11.

    “Los principios de legalidad y de responsabilidad patrimonial del Estado constituyen, sin duda, los dos grandes soportes estructurales del derecho administrativo, cuyo equilibrio amenazado siempre por el peso inicial de las prerrogativas del Poder, depende, de su correcto juego.

    Ahora bien, es importante precisar que toda lesión que se cause al interés patrimonial privado debe ser reparado, ya que no es justo que dicha afectación sea soportada por el titular del bien jurídico dañado”.

    LIC. GENARO GÓNGORA PIMENTEL.

    DICHO DE OTRA MANERA: Que la Licenciada Marisela Morales Ibáñez, de conformidad al artículo 182 del Código Federal de Procedimientos Penales, con carácter de urgente, esta semana, me haga entrega con copia a Usted, de una copia del Acta Certificada del aseg