Posteado por: elobservadorcampechano | noviembre 20, 2008

REUNIÓN REGIONAL EN VILLAHERMOSA TABASCO, SOBRE “TRANSPARENCIA, CONTRALRÍA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN EL SURESTE MEXICANO

villa

En el marco de la Reunión Regional “Transparencia, Contraloría Social y Combate a la Corrupción en el Sureste Mexicano” organizado por el Grupo Ecológico de Tabasco “Santo Tomás”, participaron representantes de Comisiones de Transparencia de Tabasco, Campeche y Chiapas, en el cual se analizaron las reformas constitucionales de las entidades y el progreso que significa para los ciudadanos.

 En este evento participó el Diputado panista, José Antonio de la Vega Asmitia, con el tema: “El Acceso a la Información Pública y la Transparencia en Tabasco, una historia involutiva y de lento desarrollo” a continuación transcripción de su participación:

 El acceso a la información pública y la transparencia constituyen la principal novedad democrática de nuestro país en los últimos años, procurando hacer del dominio ciudadano el flujo de información de las instituciones que conforman el Estado mexicano.

Desde el año 2002 que se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con el objetivo de reglamentar una vertiente del derecho a la información, prescrito por el artículo 6º. Constitucional, y garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier entidad federal, se aceleró un proceso iniciado a la par de la reforma política del Estado Mexicano a fines de la década de 1970, que pretendía plasmar en la Constitución y en las leyes secundarias algunas garantías básicas de los ciudadanos con relación al derecho de audiencia, y concretamente con relación a la posibilidad de obtener una respuesta oportuna, por parte de las distintas dependencias gubernamentales, de forma clara y veraz.

Si bien es cierto que el estado de Jalisco publicó su ley de transparencia unos meses antes que la norma federal, también lo es que en el país el tema fue adquiriendo notoriedad a partir de las discusiones que desencadenó la iniciativa del ejecutivo federal en la materia.

Hoy en día todas las entidades federativas cuentan ya con una legislación en materia de transparencia y acceso a la información, siendo Chiapas, Hidalgo, Oaxaca y Tabasco, los últimos en publicarla. Además, recientemente se constitucionalizó el derecho de acceso a la información con la reforma al Artículo 6º. Constitucional publicada el 20 de julio de 2007.

No obstante, lejos de ser uniforme, la historia de la evolución del derecho de acceso a la información pública y la transparencia en las entidades federativas es una colección de sucesos en los que el secreto, la simulación y la opacidad se entremezclan para hacer de esta una historia más de sombras que de luces.

Dentro de este entramado, Tabasco no sólo se distingue por haber sido el último estado en haber tenido su ley de transparencia y acceso a la información, sino también en haber sido el último que permitió, más por obligación que por concesión, el pleno acceso de sus ciudadanos a la información pública, y actualmente viajar con apuros y confusión en el tren de la apertura informativa gubernamental, pues a la ya de por si insuficiente y tímida legislación aprobada en las últimas horas del sexenio de Manuel Andrade, se le introdujeron recientemente, por parte del Gobierno de Andrés Granier, elementos regresivos y contrarios al espíritu del nuevo texto del artículo sexto constitucional en materia de derecho de acceso a la información.

Para entender mejor esta situación, es preciso que repasemos, aunque sea someramente por cuestiones de tiempo, el sinuoso camino que ha tenido que transitar el pueblo de Tabasco para tener la posibilidad de disfrutar del derecho de acceso a la información que poseen y generan los entes públicos locales, aclarando de antemano que nuestro marco jurídico aún se encuentra muy lejos de garantizar el principio de máxima publicidad, el cual constituye el corazón de la transparencia y consiste en que todo acto de gobierno debe estar sujeto al escrutinio público.

LAS INSUFICIENCIAS DE LA PRIMERA LEY.

El 28 de diciembre de 2006 el pueblo de Tabasco fue objeto de la imposición, por parte del entonces gobernador Manuel Andrade Díaz y contando con la complacencia, y en muchos de los casos complicidad, de los miembros de la LVIII Legislatura, de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental que solo tomó en cuenta intereses personales y partidistas, no así los intereses verdaderos de la ciudadanía.

A más de cuatro años de distancia de la publicación de la norma federal y previendo que se encontraba a pocas horas de concluir su mandato, Manuel Andrade lejos de propiciar una ley que brindara transparencia y acceso a la información, impactando positivamente en la rendición de cuentas de las autoridades a la ciudadanía, influyó para que se aprobara una ley que no atacaba la opacidad en las políticas públicas y la aplicación de los recursos sino, por el contrario, dejaba muchos espacios para el abuso y la corrupción de los funcionarios.

Teóricamente, el acceso a la información pública facilita la construcción de un Estado honesto, eficaz y eficiente. Cuando lo servidores públicos están conscientes de que sus decisiones y comunicaciones pueden ser revisadas y analizadas por actores externos, sería de esperarse que su actuar público se fundamentara y documentara de mejor forma. De esta manera el acceso a la información se reflejaría en una mayor rendición de cuentas, robustecería el Estado de Derecho y desembocaría en un mejor desempeño gubernamental. La opacidad, por el contrario, se traduce en corrupción, pobreza y retraso en el desarrollo social y político de Tabasco.

En la legislación impulsada por Andrade, la limitante más importante versaba en la inexistencia de un órgano que regulara y sancionara la ley de transparencia; para lo cual el ente requería de independencia, autonomía y con facultades plenas para garantizar el respeto al derecho a la información.

De ninguna manera el diseño institucional que se había impuesto al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tabasco podía cumplir dicho cometido, pues un organismo de naturaleza jurídica descentralizada no puede actuar con la independencia requerida, principalmente con relación al Poder Ejecutivo, a donde se orienta la mayoría de las solicitudes de Acceso a la Información. Por otro lado, al ser un órgano del Poder Ejecutivo, se encontraba impedido para ejecutar resoluciones en contra de dependencias ajenas a dicho Poder o de diferente ámbito de Gobierno (Poder Legislativo, Judicial, Ayuntamientos, etc.) so pena de violentar el espíritu de la división de poderes en que se fundamenta nuestro marco constitucional y legal.

Otro aspecto que se omitió en la Ley Andrade fue disponer de un planteamiento más amplio respecto a la forma en que los sujetos obligados debían tener dispuesta la información al público.
Otra gran falla de la Ley Andrade radicaba en el hecho de que la facultad de clasificar la información correspondía al Titular del Sujeto Obligado, de común acuerdo con el Instituto, lo cual resultaba totalmente contrario al espíritu de creación del órgano garante. Recordemos que la naturaleza de dicha institución radica en garantizar la transparencia de la información, y bajo ninguna circunstancia podría ser partícipe del procedimiento de clasificación, ni mucho menos restringir la misma. Al contrario, su función principal es desclasificar la información si la misma no cumple con los requisitos de reserva.

De lo anterior era fácil inferir que la Ley Andrade no sólo se hizo procurando ocultar al máximo la información, sino también al vapor, descuidando aspectos institucionales que pusieron una camisa de fuerza a los ciudadanos para ejercer su derecho de acceso a la información.

Consciente de lo anterior, una de las primeras iniciativas que presenté en el Congreso Local fue para hacer del ITAIP un organismo autónomo y para evitar lagunas y resarcir errores de diseño institucional.

Después de un largo período en la “congeladora legislativa” mi iniciativa fue analizada en comisiones y aprobados algunos de sus aspectos, sobre todo a la luz de la Reforma al Artículo Sexto de la Constitución Federal y en conjunto con elementos de una iniciativa enviada por el Gobernador Andrés Granier, quien a pesar de que cuando aborda el tema se dice cotidianamente comprometido con la transparencia, propuso modificaciones que lejos de modernizar la ley Andrade, la hicieron retroceder en muchos aspectos.
LA CONTRARREFORMA GRANIERISTA.

Aprovechando la reforma al Artículo Sexto de la Constitución Federal el Gobernador Andrés Granier propuso una reforma que adicionaba un Artículo 4 bis a la Constitución Local y se le otorgaba autonomía constitucional al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Bajo este nuevo diseño institucional, se dotó al órgano garante para disponer con independencia respecto a los lineamientos que garantizaran el mejor cumplimiento de sus objetivos y poder sancionar a todo aquel funcionario de cualquier sujeto obligado, cuando incumpla con sus obligaciones de transparencia.

No obstante, al proponer en dicha coyuntura una reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, el Ejecutivo local si bien propuso correcciones a ciertos dilemas y problemáticas menores de la ley hasta entonces vigente, utilizó su oportunidad para restringir de manera dolosa muchas disposiciones que le obligaban a una mayor publicidad de sus actos de gobierno y, como resultado, se creó un entuerto que resulta, en muchos casos, un contrasentido a los principios democráticos.

Por ejemplo, a raíz de la contrarreforma granierista se propone considerar como información mínima de oficio la totalidad de las percepciones económicas que reciben en especie o efectivo los servidores públicos, basándose únicamente en lo que establezca el capítulo de servicios personales. Pero, como hemos denunciado en diversos foros, existen otra serie de emolumentos que reciben, sobre todo los altos funcionarios de la Administración, que no se encuentran incluidos en el capítulo de servicios personales y, por ende, quedan exentos del conocimiento de la ciudadanía. Tan es así, que personalmente he solicitado a diversas dependencias me proporcionen el listado de servidores públicos y los montos que les son asignados mediante los llamados “bonos de fatiga laboral” y apoyándose en dicha disposición se me ha contestado que dichos montos son información restringida.

Por otro lado, se reformó la ley para que se considere como información pública sólo a las auditorías que realicen los órganos de control estatal o municipal, o el Órgano Superior de Fiscalización, pero en la primera ley se establecía que serían públicas “todas las auditorías”, incluyendo las de carácter externo.

Adicionalmente, se deja al arbitrio de los sujetos obligados establecer como información mínima de oficio sólo las sentencias, resoluciones y averiguaciones previas que considere “relevantes”, sin ningún criterio específico que determine qué debemos considerar como relevante y, por ende, dejando al libre albedrío la publicación de mucha información.

También la contrarreforma motivó la derogación del segundo párrafo del artículo 17 de la ley, que establecía: “En cada reunión de los Sujetos Obligados en que se discutan y adopten decisiones públicas deberá levantarse una minuta que deberá preservarse en los archivos oficiales.” Al eliminarse esta disposición se pierde la información relativa al proceso de toma de decisiones que afectan el entorno del ciudadano.

La contrarreforma también afectó el procedimiento de acceso a la información, pues estableció como limitante que el ciudadano tenga que interponer un escrito por cada información que requiera. Dejando al ciudadano con la carga de realizar un trámite inútil e ineficaz que complica el acceso al ciudadano y a la dependencia. Con esta disposición, la unidad de acceso debe contestar por cada información que se le requiere, fomentando la burocracia y la ineficiencia en la atención ciudadana. ¿Dónde queda el principio que establece que deberá haber procedimientos expeditos para el acceso a la información?

No obstante, lo más grave de la contrarreforma granierista fue posible dada la naturaleza del régimen político local y la fuerte propensión centralizadora en la toma de decisiones que caracteriza al gobierno actual, y que han hecho de los diputados priístas en el Congreso simples representantes que hacen hasta lo imposible por aprobar toda propuesta legislativa del Ejecutivo local, sin que medie examen riguroso sobre el tema de su parte, ni del cuerpo técnico del Congreso, aprovechando la mayoría que han logrado construir por métodos poco transparentes y de naturaleza distinta a la democracia.

En este contexto, un Diputado de la Fracción Parlamentaria del PRI se encargó de proponer un artículo Sexto Transitorio al Decreto 059, mediante el cual se aprobaron las reformas a la Constitución local en materia de Transparencia y Acceso a la Información, para diferir un año más el ejercicio del derecho a solicitar información y de la protección de datos personales.

Ello vulneró lo dispuesto por la norma constitucional, ya que se atacaba directamente el principio de máxima publicidad, y resultó un total contrasentido a la norma constitucional que, ya estando vigente y habiéndose aprobado en el mismo sentido en la constitución local, ahora debía satisfacer una nueva disposición que vulneraba los plazos originales, previstos para comenzar el 11 de febrero del 2008.

Ante este atropello, los Diputados del PAN y del PRD manifestamos nuestro desacuerdo con la propuesta y aprobación de dicha disposición y, actuando en consecuencia, interpusimos el 25 de enero de 2008 la acción de inconstitucionalidad número 40/2008, promovida en contra de los poderes legislativo y ejecutivo y demandando la invalidez del artículo Sexto Transitorio del Decreto 059.

El pasado 1 de septiembre de 2008, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad que dicha disposición era inconstitucional; porque disponía que las personas pudieran acceder al derecho de acceso a la información, así como al de protección de datos personales, hasta un año después de la entrada en vigor de la propia reforma.

Con todo y la rectificación que derivado de la decisión de la Corte tuvo que hacer el Ejecutivo Local, Tabasco ha sido el último en permitir que sus ciudadanos puedan ejercer plenamente su derecho a obtener información pública.

LAS DIFICULTADES DE LA PRÁCTICA.

La decisión de la Corte permitió revertir una barbaridad jurídica, pero las disposiciones que el gobierno de Granier introdujo en la ley aún continúan presentes y han hecho que durante los primeros meses de vigencia plena de la norma estatal en materia de transparencia y acceso a la información pública, los procedimientos sean aún tortuosos y desmotiven a los ciudadanos, fomentando la ausencia de una cultura de participación democrática y de rendición de cuentas que sólo favorece el ejercicio discrecional del poder.

En lo personal, les puedo asegurar de que de 118 solicitudes de acceso a la información que he presentado ante diversas dependencias del Ejecutivo local, solamente el 44% se me ha entregado la información requerida y en el restante se ha declarado inexistente o restringida.

A estas cifras que muchos podrían considerar satisfactorias en virtud del corto plazo de vigencia del derecho y la falta de una cultura proclive a hacer de la transparencia la cotidianidad y no la excepción en el ejercicio de gobierno, resultan insignificantes, ante las diferencias de criterio e inconsistencias en los argumentos para negar la entrega de la información por inexistencia o por ser restringida.

Al respecto les puedo compartir, por ejemplo, que solicité las auditorías realizadas a diversas dependencias como la Gubernatura, la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, la Coordinación General de Desarrollo Social, que administra los programas “Te da más” y “Pedaleando para Transformar”, la Secretaría de Administración y Finanzas, el INVITAB, y otros, quienes me contestaron argumentando que era información reservada y con redacciones sorprendentemente similares. Lo más destacable es que, al parecer, SAPAET no recibió el boletín a tiempo o no fueron convocados a la reunión y me proporcionaron la información que las demás dependencias me habían negado.

Otro ejemplo, es que pedí los contratos que la Secretaría de Finanzas suscribió con la empresa “Argos” para el pago de “bonos de fatiga laboral” y se me negó argumentando que es información reservada, lo cual resulta sorprendente pues el propio Secretario públicamente reconoció que esos bonos de fatiga laboral estaban apegados a la ley y no se escondía nada detrás.

Con este tipo de reservas, parecería que si existen cosas que ocultar, además se deja de lado el planteamiento teórico que establece que la máxima publicidad sólo puede exceptuarse por la protección de intereses superiores de la comunidad, como por ejemplo: la seguridad nacional, la seguridad pública, las relaciones internacionales, la economía nacional, la vida, la salud o la seguridad de las personas y los actos relacionados con la aplicación de las leyes. Sin embargo, estas excepciones, como tales, deben ser interpretadas de manera restringida y su aplicación debe limitarse a lo estrictamente necesario para la protección de un interés público preponderantemente y claro.

CONCLUSIONES

En razón de lo anterior, es innegable que en Tabasco nos encontramos todavía muy lejos de ser ejemplos en materia de transparencia y acceso a la información, pese a que el discurso oficial maneje datos, hechos y situaciones alegres que sólo incrementan la desconfianza de la ciudadanía en sus autoridades.

Ya es hora de que dejemos de ser de los últimos estados en materia de transparencia y acceso a la información pública. Para ello, requerimos avanzar en varias vertientes, por ejemplo:

1. Encontrar formulas para cerrar el paso a los pretextos más socorridos para negar información.
2. Legislar para que el Gobernador del Estado sea considerado como un servidor público con derechos y obligaciones como cualquier otro y pueda ser sujeto de responsabilidades y sanciones respecto de las leyes estatales en materia de responsabilidades.
3. Afinar la categoría de datos personales, los mecanismos para protegerlos efectivamente y evitar que se conviertan en pretexto sancionado para no brindar información.
4. Flexibilizar los procedimientos de solicitud y entrega de la información, aprovechando las ventajas tecnológicas como el correo electrónico y el internet. Hasta ahora, no es posible realizar solicitudes de información vía electrónica pretextando la espera del INFOMEX. Pero me pregunto, y los correos electrónicos institucionales, ¿para qué están?
5. Localizar, lo que se considere y se trata como secretos, para confrontar su validez y pertinencia a la luz de los principios constitucionales.

La transparencia y el acceso a la información pública no son favores, ni concesiones del gobierno, sino garantías individuales a las que constitucionalmente tenemos derecho. El derecho a saber y la libertad de informar representan elementos que habilitan para crear ciudadanía. A todos nos corresponde vigilar su adecuado cumplimiento y desarrollo por el bien común de nuestra sociedad.


Responses

  1. ABURRIDO TODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


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