Posteado por: elobservadorcampechano | agosto 31, 2008

REVANCHISTAS Y FRÍVOLOS: CELINA CASTILLO CERVERA

 

Por Carlos Martínez

Uno de los requisitos que establece la Ley, para que una persona pueda ocupar el cargo de Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche es el de no tener parentesco con algún dirigente partidista a nivel nacional, estatal o municipal; otro requisito esencial (considero que el más importante de todos) es el de gozar de buena reputación personal y no haber sido condenado por delito alguno; esto último es para garantizar que el órgano electoral actúe como una institución democrática, transparente y, sobre todo, de una honestidad a toda prueba. Si estos requisitos no se cumplen es obvio que simplemente la actuación de esa Institución estará impregnada de ilegitimidad de origen, aún y cuando aparenten actuar bajo los principios de legalidad, objetividad, independencia, etc.

 Pues bien, cuando fueron nombrados los actuales Consejeros Electorales (fines de 2003), los legisladores se hicieron de la vista gorda y les valió un soberano cacahuate que la nominada a la Presidencia, Celina Castillo Cervera, no cumpliera con los requisitos de ley, pues hay que recordar que dicha funcionaria estuvo sujeta a un proceso penal federal por el delito de ROBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, denunciado por la Comisión Federal de Electricidad, razón por la cual nunca debió ser nombrada ni siquiera nominada al cargo de Consejera Electoral del Consejo General del IEEC y, mucho menos, al de Presidenta de ese organismo, por sus negros antecedentes; pero hay que recordar que fue propuesta por Jorge Carlos Hurtado Valdez, vía Carlos Felipe Ortega Rubio, entonces Secretario de Gobierno, y actual Presidente de la anacrónica Gran Comisión del Congreso del Estado; se pisotearon los principios y bases de la Constitución y de la ley electoral para dar lugar al más rupestre de los amiguismos y compadrazgos que siempre han caracterizado a los gobiernos priístas, y ahora a los panistas; los gobiernos de “cuates”, pues.

 De 2004 a la presente fecha, se han documentado innumerables violaciones a la Constitución, a la ley electoral y a los demás ordenamientos que regulan el trabajo y la operación del órgano electoral, las cuales se las han pasado por el arco del triunfo tanto la señora Presidenta como los advenedizos Consejeros Electorales, y todo ello está perfectamente documentado, al grado de que a la Presidenta la tildaron los legisladores de Convergencia de frívola (peyorativo que ahora les endilga a los partidos de oposición) y de agente de ventas de FORMAS FINAS, empresa que le surtió el material electoral de baja calidad al IEEC, a tres veces más de su valor real; siendo legisladora Nelly Márquez Zapata la llamó a cuentas para que informara de la aplicación de los recursos al Congreso del Estado; sin embargo, la mayoría priísta que la entronizó al cargo la ha defendido a capa y espada en pago a sus “buenos oficios” a favor del partido en el poder, y la prueba fue que en la reforma electoral no se contempló la remoción de los Consejeros Electorales, que habían cacareado tanto los legisladores de oposición, dejando pasar esta magnífica oportunidad para limpiar al Instituto Electoral de tanta podredumbre y corrupción.

 En esta reforma se esperaba, al menos una renovación escalonada para llegar a una elección limpia y transparente, en la cual la primera en salir hubiera sido la señora Presidenta, y no porque a nivel federal (IFE) así haya pasado, sino porque ante la opinión pública dicha funcionaria está muy desacreditada para representar a tan importante organismo; sin embargo, sólo se maquilló la Constitución, copiando lo menos riesgoso de la reforma electoral y todo lo demás quedó igual (no cambiaron nada de los tiempos electorales ni del monto tan desorbitante del financiamiento público, que a nivel federal disminuyó, y al tema de la redistritación se le dio una salida anticonstitucional, sin que ningún partido haya objetado mediante una acción de inconstitucionalidad, para algo tan evidente); todo lo anterior indica que prevalecieron los intereses de la partidocracia y del gobierno por sobre los intereses de los ciudadanos campechanos que quieren ver un órgano electoral libre de corruptos y violadores de la ley, que garantice procesos electorales creíbles y democráticos; ahora comprobamos que cuando los partidos de oposición, incluyendo al PAN, pidieron cambios y remoción de consejeros dentro del IEEC, fue sólo de dientes para fuera, porque por dentro se negociaba la permanencia de Celina Castillo Cervera y de los demás Consejeros del IEEC, ahora. Ojalá que los partidos de oposición no lloren durante el proceso lo que no supieron defender y hacer durante la reforma electoral.

 Y ya les dio el primer adelanto, pues ya segura y sentada en su caballo, Castillo Cervera confirmó el dicho de que “nadie puede negar las campanas de su parroquia”, y se dio el lujo de llamar, muy soberbia y prepotente como lo ha sido siempre, tildando de “revanchistas y frívolos” a todos los representantes de los partidos de oposición que le señalaron sus errores a los titulares de las direcciones ejecutivas del IEEC, al presentar informes con múltiples inconsistencias; en lugar de analizar y mejorar la presentación de dichos informes, la funcionaria de marras violó todo principio ético y echó por la borda su obligación de “velar por la unidad y cohesión” del órgano electoral, así como los principios de imparcialidad y tolerancia, pero lo más deplorable fue que ningún partido político rechazó con energía dichos calificativos de la prepotente Presidenta, ¿qué significado se le puede dar a lo anterior?, ¿por qué el silencio de los partidos de oposición ante tales calificativos?, ¿por qué el PRI no dijo ni pío?, ¿es que el regaño ni iba para ellos?

 Sólo cabe una explicación: la corrupción que impera al interior del IEEC, que ya hemos denunciado con anterioridad; los representantes de los partidos políticos reciben anualmente dos millones de pesos, que salen de nuestros impuestos y que el IEEC le paga religiosamente a cada representante de partido ante el Consejo General, mismos que se lo embolsan directamente, tergiversando el espíritu de esta disposición que contempla este financiamiento público para cubrir los gastos de las oficinas de representación, que en realidad no existen; ¿es esto corrupción o cómo se le puede llamar?
La frialdad y el autoritarismo con los que opera Castillo Cervera nos demuestra que para ella no hay ley ni autoridad por arriba de ella; el Consejo General y el Congreso del Estado, que debían llamarla a cuentas y contenerla en sus exabruptos, abuso del poder y ambiciones económicas, o han sido omisos y negligentes o se han confabulado bajo intereses inconfesables; los consejeros se han distinguido precisamente por ser “frívolos” y negligentes en su actuación; se la han pasado o justificando las posturas de la señora Presidenta (como la señora Cindy Saravia que hasta ahora “frívolamente” aprueba el financiamiento para su señor padre, en lugar de excusarse por haber conflicto de intereses), o elucubrando y distorsionando, como el señor Sánchez Preve, los objetivos de la redistritación electoral, tratando de confundir a la opinión pública entre lo que es un “reseccionamiento” y lo que es una “redistritación”, para cubrir el incumplimiento que han hecho a esta obligación del órgano electoral, que es realizar la redistritación en virtud de la enorme desigualdad que hay entre los electores de uno y otro distrito electoral, sirviéndole el citado Sánchez Preve solo de “patiño” y marioneta a la señora Presidenta; lo que los representantes de los partidos debían exigir es el soporte de todos los “rollos” que trimestral y anualmente se avientan los Directores Ejecutivos del IEEC, con la complacencia y la defensa a ultranza, como quedó demostrado, de la señora Presidenta y del “non plus ultra” que calienta la Secretaría Ejecutiva; ya está harto comprobado que hay ausencia de trabajado efectivo, en pro de la democracia y la transparencia electoral; con la mentada urna electrónica han querido justificar todo el presupuesto asignado para este año (52 millones de pesos), que por lo visto, en su mayor parte, han ido a parar a los bolsillos de los señores Consejeros y demás altos funcionarios del IEEC; ahora sólo falta que nos digan que se erogó una gran cantidad de recursos, como ya sucedió en otras ocasiones, para la propuesta de la reforma electoral, de la que presumen los Consejeros sus grandes “aportaciones”, cuando fue una copia mal hecha de la reforma federal; simple y llanamente, no hubo aportación alguna ni porque trajeron con lujo y gran pompa a “especialistas” del ámbito electoral, ¿cuáles fueron las aportaciones propias a la reforma estatal?, y sobre sus actividades e informes, ¿cuáles han sido sus logros y sus avances en acciones y en cifras en estos últimos cuatro y medio años de saqueo, de ineficiencia y de corrupción en el IEEC?

 Esperamos respuestas, pero no tipo formatos de la Junta General Ejecutiva.

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