Posteado por: elobservadorcampechano | julio 7, 2008

PREVARICATO LEGISLATIVO: COMPLICIDAD DEL IEEC

 

J. Demata Levy

A propósito del editorial del periodista Carlos Martínez Caamal, del pasado 27 de junio, en el que argumentó, muy atinadamente, que al parecer los legisladores de los tres principales partidos políticos ya llegaron a un acuerdo para que el tema de la remoción de los Consejeros Electores del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) y, mucho menos, de la redistritación electoral del Estado, no se ventile en la mesa de discusión de la Reforma Electoral, siendo esto último una obligación constitucional del órgano estatal electoral y no de los propios partidos políticos, a algunos de los cuales pudiera no convenirles la recomposición de la geografía electoral, ya que perderían espacios de representación popular, pero ello no es un impedimento para que la Institución asuma su obligación.

 Tratándose de un tema crucial en la actual coyuntura político-electoral del Estado, retomo algunos aspectos de esta problemática que son de vital importancia para la vida democrática del Estado, pero cuya discusión por parte de las autoridades, legisladores y representantes de los partidos políticas está siendo soslayada o, al menos, esa impresión o mensaje quieren enviar a los que todavía creemos en un cambio y en un trabajo legislativo e institucional congruente y bien intencionado, acorde con los grandes avances que ya se dieron y se siguen dando a nivel federal.

 Es así como, de nueva cuenta, las declaraciones de algunos legisladores locales demuestran en los hechos falta de congruencia y desprecio a la inteligencia de los campechanos, ya que no les importa en lo más mínimo el bienestar y el progreso del Estado ni la transformación que requiere nuestra vida política y nuestra democracia electoral, pues ello es la condición para el despegue socio-económico de la entidad; estos diputadillos de pacotilla únicamente actúan en función de sus muy particulares intereses, cien por ciento monetarios y para ello no les importa armar todo un “teatro legislativo”, ante los medios de comunicación y ante el mismísimo Congreso, y esto viene a colación con motivo de las declaraciones de algunos de estos representantes partidistas en las cuales pedían fervientemente la remoción de los Consejeros Electorales del Instituto Electoral del Estado de Campeche.

 En esta farsa participaron los partidos Acción Nacional, PRD, Convergencia y PT, e incluso, el mismo Poder Legislativo, quien se prestó a organizar un ciclo de “Conferencias Magistrales” sobre la reforma electoral, con la curiosa coincidencia de que dos de los conferencistas “estrellas” manifestaron en diversos eventos su total desacuerdo con la remoción de los Consejeros Electorales, alegando que con ello se “partidizan” los órganos electorales, lo cual, según ellos, iría en contra de la imparcialidad del próximo proceso electoral.

 Da la casualidad también que los dos investigadores que se prestaron a esta farsa, Lorenzo Córdova y Miguel Carbonell, también son “cartuchos quemados” del debate sobre la reforma energética, al asumir posturas tibias e indecisas, lo cual es doblemente censurable porque se trata de especialistas del derecho constitucional mexicano, quienes, por un lado, justificaron la procedencia de la iniciativa federal y, por el otro, manifestaron débilmente ciertas reticencias. Pertenecen al círculo de constitucionalistas jóvenes, burócratas universitarios y allegados al círculo en el poder, a los que, a propósito de su triste papel en el debate censuraba Arnaldo Córdova, al escribir:

 “Una línea permanente de la discusión se dio en torno a la interpretación de la Constitución. Me llamó la atención el que casi todos los defensores de la reforma fueran juristas de la Escuela Libre de Derecho, del ITAM, del CIDE y del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. Y me llamó la atención, no tanto por lo que dijeron, que fue uniforme, sino por el tipo de cultura jurídica que mostraron tener. Todos ellos son jóvenes y muestran el mismo sello.

 Sustentan convicciones de moda en el mundo de las ciencias jurídicas, que tienden a desacralizar el derecho; el derecho para ellos son sólo palabras y la ley es totalmente manipulable (se le puede usar como se quiera y para cualquier fin). El fin del derecho para ellos no es juridicizar las relaciones sociales, como dicen los juristas italianos, sino ponerlo al servicio de los intereses privados, manipularlo, manejarlo como se hace con cualquier herramienta. Así, el derecho acaba perdiendo su valor normativo para quedar en simples fórmulas retóricas.

 Miguel Carbonell, del IIJ, quiso sacarse de la manga un as, siguiendo el razonamiento de un joven jurista del CIDE: el Congreso sí puede interpretar la Constitución, al citar el inciso F del artículo 72, que no establece, por cierto, facultades del Congreso, sino el proceso mismo de elaboración de las leyes. Dice el citado inciso: “En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación”. Donde está la sociedad, está el derecho, decían los antiguos; hoy podríamos decir, donde está el derecho está su interpretación”.
De ese tamaño son los “especialistas” que trajeron el Congreso y demás para justificar la no remoción de Consejeros y la no distritación del Estado, solamente faltó que dijeran que en Campeche no hace falta reforma electoral alguna y que todo está muy bien, ¿¿cuánto les pagaron??

 Y es que, a escasos dos meses del vencimiento de la fecha límite para realizar reformas en materia electoral en el Estado, ningún partido o legislador local ha convocado, con una iniciativa en tiempo y forma, a una reforma constitucional, que sería el primer paso para la reforma integral que se requiere, lo cual conllevaría tanto la remoción de los consejeros electorales actuales como sentar las bases y principios constitucionales para la adecuación del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado del Campeche (CODIPEC), y demás leyes secundarias, a la gran reforma electoral federal que se dio desde fines del año pasado. Esto nos da una idea de que la reforma electoral en Campeche, si es que se da, será una reforma “light”.

 O sea, en otras palabras, hasta el momento todo ha quedado en perversas intenciones, sin que se privilegien o se utilicen los procedimientos adecuados para una verdadera reforma del orden jurídico electoral, que incluiría, como ya dijimos, la reforma a la Constitución del Estado en esta materia, lo cual debía de ser el compromiso esencial de los actores políticos de oposición para enfrentarse al aparato estatal y al partido en el poder, empujando los cambios que tanto han pregonado, ahora nos damos cuenta, que sólo de dientes para fuera.

 Una prueba de lo anterior es la iniciativa de reforma presentada, con bombo y platillo, por el Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRD ante el Congreso del Estado, a la cual “solamente” le faltó la correspondiente iniciativa de reformas a la Constitución Local, ya que dicho legislador se limitó solamente a presentar cambios al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche (CODIPEC); por lo tanto, con la presentación de dicha Iniciativa de Reformas, se descarta automáticamente la remoción de los Consejeros Electorales, al no haber una propuesta congruente y en forma; ni de parte del PRD ni de parte de ningún otro partido político, para plantear este asunto mediante una Reforma a la Constitución Local; lo anterior demuestra cómo estos actores, cada uno por su lado, con fanfarrias y verborrea pura, han vociferado en contra de los Consejeros y demás autoridades electorales, asegurando que harían hasta lo imposible para su remoción, por no ser aptos ni creíbles para organizar los comicios del próximo año, que se anuncian como los más competidos de toda la historia político-electoral del Estado, en un pacto de sangre, ya decidieron negociar el destino del Estado en una reforma electoral que no toque a los Consejeros ni con el pétalo de una rosa, dejando servida la mesa para que se repartan el poder y las posiciones a su antojo y a sus muy particulares intereses.

 Porque no podía ser de otra forma, ¿o será que el diputado flaquito desconoce los procedimientos legislativos o finge ignorancia de las leyes, por no decir lo que es inocultable a la vista de todos: que ya llegó a un “acuerdo” ($) con la élite en el poder para que los Consejeros actuales no sean removidos de sus cargos?, ¿a cambio de qué? Ya sabemos, con la reciente aprobación de las Leyes del Transporte y de Vialidad del Estado cómo se negocia la aprobación de algunas leyes con las “valiosas” firmas de algunos padres “conscriptos”, ¿no es verdad Arturito?

 Por ello, los campechanos ya nos sabemos de memoria qué va a pasar con la reforma electoral en el Estado y con los señores Consejeros Electorales, a quienes se les ve muy seguros de sí mismos en estos días, que hasta se dieron el lujo de multar a la mayoría de los partidos políticos, ahora sí, sin acuerdos de por medio.

 Queda lejos aquél 2004, cuando el Partido Convergencia pidió juicio político en contra de Celina Castillo Cervera, Presidenta del IEEC, por haber violado la Constitución y el CODIPEC, al enviar recomendaciones a los demás Institutos Electorales del país para que contrataran con la Empresa FORMAS FINAS la compra de su material electoral, y a la cual tildaron de AGENTE DE VENTAS de dicha Empresa, más no pasó nada.

 De la misma manera, cuando la Diputada Nelly Márquez Zapata pidió la comparecencia de la Señora Presidenta del IEEC para que informara de qué manera se gastó el Presupuesto del 2006 y parte del 2007, obteniendo una rotunda negativa de esta funcionaria; tampoco pasó nada.

 Por último, cuando se han denunciado tantas irregularidades y corruptelas dentro del mismo órgano electoral, desde hace algún tiempo, debidamente documentadas y fundamentadas, tampoco pasó nada; entonces la conclusión lógica a la que llegamos es que o las autoridades, los legisladores y los actores políticos son o se han hecho cómplices, o algunos de ellos, por determinados intereses o circunstancias, de todas las violaciones e ilegalidades que se han dado dentro de esa tan desprestigiada Institución.

 Para rematar, la señora Celina Castillo, consciente o inconscientemente (sin que esto último la justifique o la absuelva de sus responsabilidades) demuestra su desconocimiento de la Constitución y de la ley, al asegurar que la redistritación es una responsabilidad del Instituto Federal Electoral, cuando la atribución en esta materia es exclusiva del órgano estatal, siendo ésta una función a cargo de la autoridad electoral del Estado, en la que no se requiere forzosamente la anuencia de todos los partidos políticos para que se lleve a cabo, ya que es una función técnica, no política; por lo tanto, la Presidenta y los Consejeros Electorales también han violado sistemáticamente el artículo 116 constitucional, por medio del cual protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley, al no cumplir con su obligación de redistritar el Estado, cuando de todos es sabido la enorme disparidad poblacional y, por tanto, de representación, que existe en los 21 Distritos Electorales del Estado. Baste mencionar tan sólo dos Distritos: los Municipios de Tenabo y Palizada, que con menos de 10,000 habitantes cada uno, tienen la misma representatividad en el Congreso que el Distrito VI de Campeche, por ejemplo, que cuenta con más de 30,000 electores.

 Esto independientemente de que, como dice el dicho, el pez por su boca muere, pues la señora Presidenta también ha sido muy liviana de palabras para presumir cada año que la redistritación electoral ahora sí va en serio, abultando con ello el monto anual del presupuesto del organismo (con razón tienen tantos millones acumulados para dilapidar en gasto corriente y en las reservas para la construcción del mega edificio del IEEC). ¿Es válido que un organismo tenga tantos remanentes, más lo que acumulan de las multas que les impone a los partidos, cuando hay tantas necesidades en los rubros de salud, educación, empleo, etc., en todo el territorio del Estado?

 Se descartó de un plumazo la reciente propuesta del PAN para la insaculación de los consejeros distritales, lo cual, desde mi punto de vista, sería un procedimiento más democrático, tomando en cuenta que los Consejeros Distritales y Municipales deben tener por Ley conocimientos de la materia electoral (lo que es una evidente contradicción tratándose de los Consejeros Electorales del Consejo General, a los cuales no les exige este requisito la Ley, una de las razones por la que existe tanto advenedizo en ese órgano electoral); con la insaculación, se evitaría, aunque sólo fuera en parte, la proliferación de recomendados, parientes, juniors y todo el “lumpen” que cada tres años ingresa a los procesos electorales, palomeados previamente en el Cuarto Piso, y con la venia y complacencia de la Presidenta y demás Consejeros Electorales del Consejo General del IEEC, quienes se hacen de la vista gorda a cambio de que se les conserven sus privilegios y prebendas de “máxima autoridad”, aunque sean unos ignorantes de la materia electoral. Con la insaculación y mediante una convocatoria abierta y democrática en la cual pueda comparecer cualquier ciudadano que acredite plenamente los requisitos de ley, los conocimientos suficientes y la imparcialidad e independencia que se requieren para desempeñar honestamente el cargo, ningún partido, funcionario o político colocaría a sus incondicionales en estos cargos, para sus muy particulares intereses personales o partidistas, pero, como era de esperarse, el PRI y Convergencia se opusieron (y es muy probable que la Presidenta y los Consejeros también); lógico, ellos son algunos de los que se han visto beneficiados con esta situación, a costa de la falta de legalidad, imparcialidad, certeza, transparencia y democracia que deben imperar en los procesos electorales.

 Por otra parte, la insaculación de los Consejeros Distritales y Municipales es una propuesta que muy bien se puede plasmar en la Ley, ahora que se quiere realizar una reforma electoral integral, aunque el Código actual no lo prohíbe y muy bien se podría implementar mediante acuerdo del Consejo General, en base a los principios rectores del Instituto y del proceso electoral.

 Algún leguleyo de los que abundan en partidos políticos y en el IEEC pudiera decir “¡Sacrilegio!, lo que no está permitido por la Ley, está prohibido y no se puede hacer”; hay que recordar que el propio Tribunal Federal Electoral (TRIFE) utilizó el método de la insaculación cuando en Yucatán, durante el cacicazgo de Víctor Cervera Pacheco, el Congreso del Estado, dominado por cerveristas, incurrió en desacato ante el TRIFE, por lo que éste, ni tardo ni perezoso, procedió a la insaculación de los aspirantes al cargo y mediante este método eligió a los Consejeros Electorales que habrían de fungir en la elección, para terminar con los manejos antidemocráticos del Ejecutivo y del Legislativo de ese Estado. Además, la insaculación ya está prevista para los funcionarios de casilla en la Ley, lo cual avala la legalidad y el cariz democrático de este sistema.

 Y regresando al punto, con todo respeto a los partidos políticos representados en el Congreso del Estado, ya basta de jugar con los intereses ciudadanos; ya no se puede seguir sangrando económicamente al Estado, en detrimento de la ciudadanía y de las clases menos favorecidas de la población, en las que existe un gran número de campechanos en pobreza extrema; otra medida sería que se pudiera llevar a cabo es ya no tener a tantos parásitos en el órgano electoral, sobre todo en años no electorales, y hablamos no sólo de los servidores públicos adscritos al órgano electoral, desde los Consejeros hasta el último trabajador de base, sino también de los representantes acreditados por los partidos políticos, ya que éstos reciben más de un millón de pesos al año sólo por asistir una vez al mes a las sesiones del Consejo General del IEEC, y otro millón de pesos para gastos de las supuestas “oficinas” de representación, que simple y llanamente no existen; esta cantidad también la reciben y se embolsan los representantes partidistas ante el Instituto Electoral del Estado; en resumen, cada representante de partido recibe 24 mil pesos mensuales, lo que hace un total de más de 2 millones de pesos anuales, que muy bien se pueden utilizar para la realización de obras de beneficio social en las comunidades del Interior del Estado, en donde tanto se necesita.

 Todo ello es una muestra más del pacto  diputados-partidos-IEEC. Y aún hay más.


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