Posteado por: elobservadorcampechano | febrero 10, 2008

Inexistencia, coartada de funcionarios para eludir entrega de información

Lujambio 

Asuntos comprometedores pueden ser ocultados en violación a la ley de transparencia
El recurso ha crecido 65% anual; en agosto de 2007 se habían acumulado 10 mil declaraciones

Elizabeth Velasco C.

En el gobierno de Felipe Calderón los servidores públicos han encontrado la coartada legal por excelencia para eludir la entrega de información sobre asuntos comprometedores: la declaración de “inexistencia” de documentos y/o registros oficiales.

De la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) en 2003 a la fecha, ese tipo de omisiones ha crecido en promedio 65 por ciento anual; sólo en agosto pasado se tenía un acumulado de 10 mil declaraciones de inexistencia, según datos del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

Juan Pablo Guerrero, comisionado del IFAI, destaca que las cifras podrían ser mayores, pues las actuales “están subestimadas”. En un análisis, indica que se desconoce el número real de inexistencias porque “los sujetos obligados (más de 240 dependencias y entidades del gobierno federal) contestan con frecuencia a través de un oficio, como si fuera respuesta positiva, donde en realidad confiesa que lo solicitado no existe”.

De esas inexistencias, Guerrero comenta que crecieron 122 por ciento en 2004 con respecto a 2003; 71 por ciento en 2005, 50 en 2006 y 30 por ciento en 2007. Aunque aparentemente se han reducido, “la falta de documentos también es causa creciente de quejas. Tan sólo el año pasado creció en 70 por ciento la cifra de recursos interpuestos ante el IFAI por la respuesta de inexistencia”, destaca Guerrero, reconocido por su labor en favor de la apertura y difusión de información gubernamental.

Actos deliberados de omisión

A esos actos de omisión se suma la práctica de los servidores públicos de evitar documentar temas comprometedores. Así lo constata una encuesta solicitada por el Centro Internacional de Estudios de Transparencia y el IFAI, donde se indica que de mil 221 funcionarios entrevistados, 25 por ciento confesaron su decisión de omitir el registro de procesos deliberativos de la gestión pública, y otro 30 por ciento “perciben” que se guardan menos documentos del quehacer gubernamental.

Sin embargo, el comisionado presidente del IFAI, Alonso Lujambio, opina que no debe “dimensionarse” el asunto, aunque -dice- “sí es un problema, pero no al grado de que provoque desánimo en la ciudadanía. Hay muchas declaraciones de inexistencia que se derivan por la inexistencia (sic) de procedimientos abiertos contra alguna persona”. Aunque, admite, no registrar algún acto de gobierno “supone eventualmente un acto ilegal o una irregularidad, si es un dato muy relevante”.

John Ackerman, especialista de la UNAM en transparencia, rendición de cuentas y derecho electoral, advierte que “si se baja la guardia, las leyes pueden provocar mayor opacidad”.

De acuerdo con la experiencia internacional, dice, “suele ser obvio que un servidor público trate de documentar lo menos posible las acciones de gobierno. Como sabe que los documentos vinculados con su gestión pueden ser solicitados en cualquier momento, el incentivo inmediato es generar menos registros.

“Y un ejemplo en México fue el caso del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB): a partir de que el IFAI gana un litigio para obligar a difundir los tema de las juntas de gobierno, los funcionarios del IPAB decidieron no elaborar versiones estenográficas de los asuntos y sólo registran las actas de asistencia.”
También, señala Ackerman, “cuando los correos electrónicos institucionales se declaran públicos, los funcionarios tienden a eliminarlos”.

Otros casos emblemáticos, cita Guerrero, son las declaraciones del presidente Felipe Calderón sobre las causas que provocaron la muerte en la sierra Zongolica a Ernestina Ascensión, y las deliberaciones y inexistencias sobre el ejercicio de miles de millones de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público distribuye a las entidades federativas en el contexto del ramo 28.

También, por parte de la Presidencia, las decisiones y deliberaciones respecto de los sucesos de San Salvador Atenco; el desafuero de Andrés Manuel López Obrador; el nombramiento, ratificación o no de los comisionados del IFAI; los documentos que Vicente Fox se llevó en su mudanza cuando dejó Los Pinos; el proceso de enajenación de Mexicana de Aviación, y otros. Y más recientemente la inexistencia que declaró la Procuraduría General de la República sobre el uso de casi 70 millones de dólares que recibió desde julio de 2007, aunque en noviembre pasado el IFAI le ordenó entregar esa información a este diario. Lo paradójico es que previamente la PGR había clasificado ésa y otra información por 12 años.
Al respecto, la comisionada María Marván señala que “preocupa” al IFAI que las dependencias primero declaren la reserva y después de ordenarles la entrega, tras obtener evidencias, se escuden en las inexistencias. “En esos casos simple y llanamente no pueden coexistir esas dos opciones”.


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